Author: Ignacio Ruiz

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La inflación rozó 6% en septiembre ¿lo peor ya pasó?

¿Cómo fue la inflación en septiembre?

El INDEC anunció que la inflación nacional alcanzó 5,9% en septiembre, 1,9 p.p. por encima de agosto. De esta forma, la inflación acumula 37,7% en lo que va del año y 53,5% en los últimos doce meses.

A diferencia de lo que sucedió el mes pasado, la categoría que más creció durante septiembre fue Estacionales (+8,5%) como resultado de significativos aumentos en indumentaria (inicio de la temporada de verano) y verduras. Por su parte, el IPC Núcleo, que excluye en su cálculo precios Regulados y Estacionales y por lo tanto,es más sensible a los vaivenes cambiarios, trepó 6,4% (acelerándose 1,8 p.p. en relación al mes pasado). Por último, los precios Regulados subieron 3,4%, contenido por el congelamiento tarifario anunciado por el gobierno.

¿Qué pasó en los últimos dos meses?

Tras este dato, durante el bimestre agosto-septiembre la inflación trepó a los dos dígitos (+10%), incluso considerando que el salto cambiario tras las PASO afectó solamente a la segunda mitad del mes. No es casualidad que la última vez que esto había ocurrido fue luego del salto cambiario de fines de agosto de 2018 (la inflación superó 12% en los dos meses posteriores), debido al significativo impacto del tipo de cambio en el sistema de precios.

Si bien la dinámicas cambiaras fueron similares en ambos casos, existen algunas diferencias. En primer lugar, el año pasado la depreciación del Peso se dio en un momento en el que se estaban corrigiendo tarifas, lo que también impulsó la inflación. Por otra parte, hay que recordar que durante la primera mitad de agosto la inflación se movía en línea con la desaceleración de los meses previos (en torno al 2% mensual).

En consecuencia, pese a la ausencia de incrementos tarifarios y al hecho que la aceleración inflacionaria de agosto-septiembre está más vinculada a lo que sucedió luego de las PASO, el dinamismo de los precios fue similar. Esto fortalece la idea de que el sistema de precios se está volviendo más vulnerable a shocks externos, con precios que se ajustan a una mayor velocidad. Resta agregar que la profundización de la crisis habría impedido que los precios sean superiores en estas últimas semanas.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

 

De no mediar nuevos saltos cambiarios, prevemos que la desaceleración de la inflación sea lenta. Esto se debe a que todavía tendrán lugar cambios en precios relativos como consecuencia del reciente salto cambiario. Adicionalmente, los ajustes salariales -vía bono o paritarias- también ejercerán presiones sobre los costos. Esto llevará a optar por trasladarlos a precios o bien absorberlos, lo que parece cada vez menos probable en una estructura de costos crecientes con elevado costo de financiamiento. Por otro lado, la incertidumbre acerca de las medidas a tomar por el próximo gobierno también podría jugar un rol entre octubre y noviembre. Por caso, si se espera un congelamiento de precios, es probable que se den aumentos anticipándose a una política de este tipo en los próximos meses.

En definitiva, en el último trimestre la inflación mensual no perforaría el 3%, dándole un piso de 52-53% a la inflación anual. Así, 2019 marcará un nuevo récord de nominalidad desde el inicio de la Convertibilidad en 1991.

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El balance fiscal choca con la desinflación

El gasto público será una preocupación para el próximo gobierno

Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno redobló sus esfuerzos en ajustar las cuentas públicas. De esta forma, se planteó una exigente meta de equilibrio fiscal primario para 2019, consistente con la eliminación del financiamiento del BCRA al Tesoro y un crecimiento nulo de la base monetaria. Sin embargo, la profundización de la crisis tras las PASO, que erosionó la recaudación por enfriamiento de la actividad, y las políticas orientadas a apuntalar el consumo en un contexto de caída de los ingresos reales deterioraron el balance primario de Hacienda. Esto impidió alcanzar la meta de equilibrio fiscal incluso considerando los ajustadores acordados con el FMI (el año finalizará con un rojo operativo en torno al 0,7% del PBI).

Mirando hacia 2020, el Gobierno entrante contará con pocos grados de libertad para elegir su política fiscal: con los mercados privados de crédito cerrados, una negociación con el Fondo pendiente y una baja demanda de pesos, difícilmente podrá recurrir al endeudamiento y la emisión para relajar su restricción de presupuesto. En consecuencia, deberá achicar nuevamente el déficit.

Si bien creemos que se utilizará el aumento de ingresos para achicar el rojo operativo, como por ejemplo mediante una suba de las retenciones o un incremento en el impuesto a los bienes personales (representa apenas 0,4% de la recaudación tributaria nacional), esto no será suficiente. Resultará también necesario atender la dinámica de algunos gastos para que su evolución no se convierta en un peso que el Estado no pueda afrontar. Considerando que las erogaciones en jubilaciones, asignaciones y pensiones son inflexibles -estas partidas se actualizan automáticamente por inflación siempre que no se realice un cambio en la fórmula de cálculo de movilidad- y que la obra pública ya se encuentra en niveles muy bajos -pasó de 2% del PBI en 2016 a la mitad en 2019-, los subsidios económicos, que actualmente representan en torno a 2% del PBI, surgen como una variable clave para el rumbo de las finanzas públicas.

Dos de cada tres pesos que salen por esta partida corresponden a subsidios energéticos, que pagan parte del costo de generación, transporte y distribución de electricidad y de la extracción e importación de gas. Por este motivo, la decisión que se tome sobre este gasto no será neutral en términos de precios. Además, una política que impulse la inflación evitaría que se incremente el gasto en jubilaciones y asignaciones, ya que una desaceleración de los precios impulsaría el peso de las prestaciones sociales. El problema entonces, es que la consolidación fiscal y el ataque a la inflación son objetivos contrapuestos.

El dilema del próximo gobierno

Una de las características de la gestión de Cambiemos fue el esfuerzo por una paulatina eliminación del atraso tarifario. En los últimos cuatro años, tuvo lugar una importante recomposición del precio relativo de los Servicios Públicos, que crecieron por encima de la inflación y pasaron a representar una mayor porción de los gastos de las familias.

A pesar de esta dinámica, al haberse “dolarizado” los contratos con las empresas proveedoras de tales servicios, el salto en el tipo de cambio implica que el Estado sigue aumenta las tarifas o continúa haciéndose cargo de una parte significativa del costo de la energía.

Además, tras el ajuste del primer semestre del año, el gobierno suspendió la actualización tarifaria en la segunda mitad de 2019 con el afán de pronunciar la desaceleración de la inflación en la previa electoral. Esto incrementó la brecha cubierta por Hacienda. A modo de ejemplo, tras el reciente salto cambiario, los costos medios de generación eléctrica saltaron 35%, en tanto que el precio afrontado por los consumidores permaneció sin modificaciones.

Siguiendo el cronograma de aumentos vigente -que pauta una suba por semestre-, el próximo gobierno tendrá que enfrentar el dilema de validar fuertes aumentos tarifarios -correspondientes a este semestre y al próximo-, o bien incrementar el gasto en los subsidios económicos. Bajo el primer escenario, se encarecerían las tarifas a pagar por los hogares y los costos de producción de algunos otros bienes y servicios, ya que algunos usuarios no residenciales también fueron alcanzados por el congelamiento. En suma, esto ubicará la inflación a la zona de 4% mensual durante los primeros meses del 2020, incluso en un contexto de estabilidad cambiaria. En caso contrario, sostener el congelamiento implica reiniciar una dinámica de atraso tarifario -financiado con emisión- lejos de las elecciones legislativas de 2021.

La decisión final también dependerá de factores ajenos a la voluntad del gobierno entrante. Por caso, la aparición de financiamiento externo -por ejemplo, a través de China- o un reencauzamiento de las relaciones con el FMI podrían permitir una política fiscal algo más laxa en lo inmediato. Por otra parte, la formalización de un acuerdo precios-salarios que involucre a los empresarios y a los sindicatos podría modificar la dinámica inflacionaria en general y tarifaria en particular durante los primeros meses de la gestión.

Inflación hoy o mañana

En conclusión, al poco tiempo de asumir el próximo gobierno se presentará ante el desafío de reconocer una mayor inflación, con los elevados costos sociales y políticos que esto implica, u optar por aumentar los subsidios económicos, alimentando el desbalance fiscal. La solución a este dilema deberá darse en el marco de un plan económico integral, que abarque objetivos acerca de la deuda pública, los precios y el crecimiento.

Sin embargo, la posibilidad de contener la inflación “pisando” las tarifas sólo será válida en lo inmediato: un atraso significativo no es sostenible fiscalmente. Si se mantuvieran fijados los precios del gas y la electricidad hasta las elecciones legislativas de 2021, el peso de estos en la canasta de consumo de los hogares volvería al nivel posterior a los primeros aumentos de 2016, desandando gran parte de la recomposición realizada por la actual administración. Como resultado, el costo de los subsidios crecería rápidamente, engrosando un gasto que nadie está dispuesto a financiar y, por lo tanto, gestando una nueva corrección que tendrá lugar más temprano que tarde. De esta manera, la dicotomía se reduce a cuándo y en conjunción con qué políticas aumentarán los servicios públicos.

 

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Un gabinete amplio en lo general pero propio en lo escencial

Un aspecto de la transición es la aparición (siempre en trascendidos) de nombres para integrar un eventual Gabinete de Alberto Fernández. Si bien es cierto que nunca está cerrado el asunto hasta que se hagan los anuncios oficiales correspondientes, tenemos el caso de algunos nombres cuyo papel en la campaña nos da algún grado de certeza respecto del rol que ocuparán en un eventual Gobierno de Fernández.

En ese sentido, la evidencia y los trascendidos coinciden que es altamente probable que Santiago Cafiero, quien hoy oficia de Jefe de Campaña de Alberto Fernández, sea el eventual Jefe de Gabinete; que Eduardo “Wado” de Pedro sea el Ministro de Interior, que Felipe Solá sea el Canciller y que Daniel Arroyo sea el Ministro de Desarrollo Social.

La designación de Wado de Pedro como Ministro del Interior no es un detalle menor pensando que ese cargo es el nexo entre el Presidente y los Gobernadores. Si Fernández pretende consolidar su autonomía recostándose en los Gobernadores, es curioso que el vìnculo entre ellos dentro del equipo de Gobierno vaya a ser justo la persona de mayor confianza de CFK que Fernández tenga en su gabinete.

La designación de Felipe Solá como canciller también es un dato interesante para anticipar la orientación de la política exterior. Es cierto que Fernández viene advirtiendo que la prioridad de su política exterior será el fomento del comercio exterior, pero también es cierto que el perfil de Felipe Solá permite interpretar que hay una intención de Fernández de tener a alguien que morigere la sospecha que prevalece en el exterior respecto del rol y la injerencia de Cristina Kirchner en su Gobierno.

En materia económica, si bien el propio Fernández dijo públicamente que “todavía tenía algunas dudas”, sí confirmó que está pensando en alguien que viene trabajando en sus equipos y allí aparece la posibilidad de que sea Matías Kulfas, quizá uno de los dos economistas de mayor confianza del candidato (la otra es Cecilia Todesca).

En todo caso, lo que va asomando es un perfil de gabinete en el que se resaltan algunas particularidades: 1) estará conformado por figuras representativas de los diferentes espacios que integran el Frente; 2) prevalecen los dirigentes jóvenes o sin antecedentes ministeriales (no aparecen nombres de ex ministros ni de dirigentes consagrados -salvo la excepción de Felipe Solá-); y 3) en áreas que Fernández considera sensibles (como lo son Economía, Jefatura de Gabinete -incluida la relación con los Medios- y Justicia), el eventual Presidente se inclinaría por gente de confianza.

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La industria no se recuperará en 2019

¿Cómo le fue a la industria y la construcción en agosto?

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) cayó 6,4% i.a. en agosto y de esta manera acumuló un retroceso de 8,1% i.a. en los primeros ocho meses del año. Además, luego de exhibir un repunte durante julio, el salto cambiario post-PASO implicó una caída de 2,8% en la medición desestacionalizada. Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) retrocedió 5,9% i.a. durante agosto (-8% i.a. en el acumulado) pese a exhibir un avance de 0,4% en la serie desestacionalizada.

¿Qué hay detrás de estos números?

Luego de que en julio estos indicadores mostraban caídas interanuales menores a 2% luego de más de un año, la crisis desatada en las semanas posteriores a las PASO paralizó la actividad económica en un contexto de elevada incertidumbre cambiaria y financiera. De hecho, los únicos rubros que crecieron fueron el Textil (+1,4% i.a.) -como consecuencia de una la baja base de comparación- y Alimentos y Bebidas (+0,4% i.a.) – gracias al avance de casi 40% de la molienda, ligado al crecimiento del sector agropecuario tras la sequía del año pasado-. No obstante, ambos exhiben una variación negativa en el acumulado anual. Más aún, 7 de los 16 rubros mostraron contracciones interanuales de dos dígitos, destacándose el deterioro en la producción de medios de transporte, maquinarias y equipos.

Como se mencionó, la nueva incertidumbre cambiaria que provocó, entre otras cosas, la ausencia de precios para realizar transacciones durante algunos días sepultó cualquier intento de recuperación de la industria. Desconocer el costo de reposición de los stocks impidió la realización de operaciones frenando procesos productivos, a la vez que el capital de trabajo de muchas empresas perdió valor tras la depreciación del Peso y la desvalorización de instrumentos financieros como los Fondos Comunes de Inversión. Estos factores también afectaron la construcción, que si bien mostró una mejora en términos desestacionalizados, refleja expectativas desfavorables: no hay empresas del sector encuestadas que prevean un aumento de la actividad en los próximos tres meses.

¿Qué esperamos para la industria en los próximos meses?

La aceleración de la inflación y, en el mejor de los casos, la interrupción en la mejora de los ingresos reales provocará una retracción en el alicaído consumo de las familias, a la vez que la incertidumbre en relación a las medidas que tomará próximo gobierno pospone cualquier tipo de inversión productiva. Conjuntamente, estos factores echaron por tierra las expectativas de las empresas del sector. La mitad de las mismas prevé que la demanda interna caerá en el corto plazo, cuando esta cifra apenas superaba un tercio hace dos meses. La fallida recuperación de cara a las elecciones podría desencadenar un nuevo reacomodamiento de los recursos de las empresas, que implicaría un aumento de suspensiones y/o recortes de horas extras, en principio. En consecuencia, el deterioro de empleo fabril difícilmente se detenga en lo que queda del año.
Asimismo, esta contracción del consumo doméstico no estaría compensada por mayores ventas al exterior: solo una de cada cuatro firmas consultadas cree que crecerán, en línea con lo comunicado dos meses atrás. Por lo tanto, en el corto plazo no se espera una reacción significativa de las exportaciones que permita colocar el stock no vendido localmente.

En definitiva, los factores que propiciaron esta dinámica permanecerán latentes en lo que resta del año, por lo que seguramente la industria y la construcción vuelvan a exhibir un retroceso significativo. El probable cambio de gobierno tampoco traería soluciones rápidamente, ya que incluso en un escenario optimista, los ingresos reales tardarán en repuntar mientras que tendrán que existir señales que fomenten la inversión productiva.

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La pobreza superó el 35% en el primer semestre

¿Cuántos pobres hay en Argentina?

Según INDEC, la pobreza alcanzó a 35,4% de la población durante el primer semestre de 2019, por lo que casi 16 millones de argentinos se encuentran en esta situación (+3,7 millones en relación a la primera mitad de 2018). Por su parte, la indigencia trepó a 7,7% de la población (3,5 millones de personas, aproximadamente 1,3 millones más que la primera mitad del año pasado). Vale recordar que, estadísticamente, la población indigente se incluye dentro de la población pobre.

Adicionalmente, la pobreza en menores de 14 años alcanzó 52,6% (más de 10 p.p. en relación al primer semestre de 2018). En contraposición, la pobreza en adultos mayores fue de 10,4% (+4,5 p.p. en la comparación interanual).

 

Asimismo, la brecha de pobreza fue de 39,3%. Esto significa que los pobres ganan en promedio casi 40% menos de lo que precisan para dejar de serlo. Este dato rondaba el 36% en el primer semestre de 2018. Sin embargo, más interesante resulta analizar lo sucedido con una familia que percibe, por ejemplo, dos salarios equivalentes al mínimo y dos AUH. En este caso, durante la primera mitad del año pasado los ingresos habrían sido 14% superiores a la línea de pobreza, mientras que la suma percibida en el primer semestre de 2019 quedó 4% por debajo de dicho umbral.

¿Por qué aumentó la pobreza?

Como se vio en el ejemplo previo, el avance de la pobreza es la consecuencia de la caída de los ingresos reales. Este fenómeno afectó en mayor medida a hogares en situación de vulnerabilidad, cuyos miembros están más asociados al empleo informal y de elevada inestabilidad. Además, al no estar regidos por ningún convenio, los trabajadores no registrados tienen dificultades para proteger su ingreso ante los aumentos de precios. Producto de la ausencia de paritarias, durante la primera mitad del año, el salario del sector privado no registrado cayó casi 14,5% i.a. en términos reales (un retroceso 4 p.p. mayor que los trabajadores formales).

Si nos enfocamos en el 40% de la población de menores ingresos, los ingresos individuales mostraron un deterioro de 15,2% i.a. durante la primera mitad del año. En muchos hogares, la pérdida del poder adquisitivo implicó que más miembros del hogar salgan en búsqueda de empleo para apuntalar los ingresos familiares. Sin embargo, esto no fue suficiente: el ingreso total familiar cayó 14,9% i.a. en términos reales. En consecuencia, la mayor participación el mercado laboral no se tradujo en un mayor poder adquisitivo para este sector y resultó en un mayor nivel de pobreza.

¿Aumentará la pobreza en el segundo semestre de 2019?

La segunda mitad del año comenzó con una nueva aceleración inflacionaria que erosionará los ingresos reales en un contexto de crisis económica. Como resultado, es probable que pese a trabajar más -por el momento, el empleo informal continúa creciendo-, nuevos hogares (y personas) caigan por debajo de la línea de pobreza, la cual rozará el 40%. Algo similar ocurrirá con la indigencia. En la medida que los saltos inflacionarios tengan origen en la cuestión cambiaria, los alimentos tenderán a encarecerse y por lo tanto, más personas tendrán dificultades económicas para acceder a los mismos.

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Otra vez pasaron cosas

¿Qué pasó con la actividad en julio?

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) exhibió un incremento de 0,6% i.a. julio y encadenó el tercer mes consecutivo en terreno positivo. Considerando además que la medición desestacionalizada reflejó un incremento de 1,2% mensual, la economía se encontraba en su punto más alto del año iniciado el tercer trimestre. Sin embargo, más allá de esta mejora, acumuló una contracción de 2,1% i.a. en los primeros siete meses del año y las perspectivas para los próximos meses no son alentadoras.

¿Qué factores explicaron el crecimiento?

Durante julio 7 de 15 ramas de actividad exhibieron un avance. Sin embargo, apenas dos aportaron un crecimiento significativo al agregado. En primer lugar, el sector Agropecuario creció 20% i.a. gracias a que todavía se observa el efecto de la cosecha récord de este año respecto a la sequía de 2018, la cual genera una baja base de comparación. Por otro lado, Explotación de Minas y Canteras trepó casi 3% i.a. de la mano del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

También se debe destacar la recuperación de Hoteles y Restaurantes (+1,9%), el cual se explica por un mayor turismo en el país –tanto de residentes como de extranjeros-, fenómeno directamente relacionado al mayor tipo de cambio real alcanzado tras la depreciación del Peso en 2018. De hecho, el último mes de crecimiento del sector había sido en mayo del año pasado (corrigieron a la baja el dato de junio de este año), antes de que la inestabilidad cambiaria reinara en la economía argentina.

Por otro lado, los dos sectores más importantes exhibieron un significativo recorte en la dinámica negativa que venían mostrando. Es el caso de la Industria y del Comercio. En el primer caso, la contracción fue de 2% i.a., mientras que el retroceso de la actividad comercial fue de “apenas” 1,3% i.a., resultando en ambos casos la menor caída-en términos interanuales- de los últimos 14 meses. Esta dinámica se vincula a una mayor actividad fabril en ramas ligadas al agro y a la continuidad de la desaceleración de la inflación que se dio hasta julio y que permitió en el margen una leve mejora del poder adquisitivo. En este sentido, un contexto relativamente más estable promovió algunos gastos de mayor plazo, que se reforzó con la extensión de los créditos ANSES y el programa Ahora 12.

 

¿Qué esperamos para lo que resta del año?

Lamentablemente, esta dinámica se vio interrumpida tras el resultado de las PASO. La consecuente volatilidad cambiaria llevó a la inflación a la zona del 4% mensual (acumulará alrededor de 10% entre agosto y septiembre) y volvió a erosionar el poder adquisitivo de las familias. Asimismo, la alta inestabilidad nominal y creciente incertidumbre política, paralizan muchas de las transacciones, con su impacto negativo en la actividad comercial e industrial. De esta forma, es esperable que dichos sectores vuelvan a acelerar sus caídas.

A pesar de que se anunció un paquete de medidas tendientes a reducir el impacto de la aceleración de la inflación sobre el consumo de las familias, el mismo tendrá un impacto acotado. La quita del IVA a algunos alimentos aliviará el costo de llenar el changuito, mientras que la suba del mínimo no imponible permitirá una mayor dolarización de la clase media-alta. Por su parte, el bono de ARS 5000 a trabajadores privados en octubre, si bien alcanzará a unos 6 millones de trabajadores, tendrá cierta flexibilidad en la forma de pago debido a la situación de las empresas -especialmente PyMes-, por lo que cumplirá un rol paliativo ante la caída del salario real. De todos modos, tal como ocurrió el año pasado, servirá para evitar una reapertura de paritarias inmediata y llegar a diciembre/enero, cuando efectivamente tengan lugar las cláusulas de renegociación.

De este modo, la economía carecerá de elementos para crecer en lo que resta del año. El impulso del Agro luego de un año de sequía se ira diluyendo en los próximos meses, a la vez que la mayor producción de Vaca Muerta no será determinante en el corto plazo. Adicionalmente, si bien el turismo podrá continuar su expansión, su impacto en la actividad es muy limitado. En consecuencia, la economía se contraerá en torno al 2,7% i.a. en 2019, dejando un importante arrastre negativo para el 2020.

 

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El bono a privados frenó presiones para renegociar acuerdos

Al igual que sucediera en 2018, el Gobierno firmó un decreto para establecer una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado de $ 5.000.

Las negociaciones no fueron fáciles ya que ambas partes tuvieron que ceder en varios aspectos. Aunque el bono será de carácter obligatorio, la UIA anunció que quienes no puedan pagarlo, no lo haran (como sucedió con el bono de 2018) y logró cierta flexibilidad para contemplar la posibilidad de pagar el bono en cuotas. El sector sindical aceptó que los bonos se adecúen caso por caso, y que se puedan incorporar a las negociaciones paritarias futuras. Lo que sí evitó es que se puedan absorber en cuotas paritarias ya acordadas, algo que sí sucedió en 2018.

El bono de $5000 deberá ser abonado en octubre, aunque podrá ser abonado “en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes”. El pago del bono no podrá compensar cuotas pendientes de la paritarias preacordadas, pero sí podrá ser usado como parte de pago en una paritaria futura o para absorver aumentos que los empleadores hubiesen otorgado, unilateralmente o por acuerdo de manera extraordinaria a partir del 12 de agosto de 2019. Si bien el bono será obligatorio y no remunerativo, por lo que quedará excento de cargas sociales, sí sumará para el cálculo del impuesto a las ganancias.

Por otro lado, los acuerdos paritarios firmados por los grandes gremios lograron soportar la escalada inflacionaria de agosto gracias a las cuotas percibidas en julio -y agosto inclusive-. Sin embargo, si la inflación permance alta en septiembre, volverá la presión de los gremios para renegociar los acuerdos si pretenden continuar acompañando el proceso inflacionario.
Los choferes de la UTA y los mercantiles de Comercio ya se encuentran negociando una recomposición salarial para el último tramo del año, mientras que SMATA y la UOCRA deberán hacer lo mismo ya que tienen acuerdos cortos. El resto de los gremios cuenta con un acuerdo cerrado pero, teniendo en cuenta estimaciones inflacionarias, deberán negociar una recomposición para no quedar relegados.

 

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El presupuesto se aprobaría después del 10 de diciembre

La Ley de Administración Financiera establece en su artículo 26 que el Poder Ejecutivo debe presentar el proyecto de ley de Presupuesto General a la Cámara de Diputados, antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá, culminando la denominada etapa de formulación presupuestaria.  Por este motivo, el actual Gobierno envió el texto correspondiente al Presupuesto 2020.

Sin embargo,  el hecho de que el actual Gobierno difícilmente siga gobernando a partir del 10 de diciembre hace que el texto definitivo muy probablemente se apruebe una vez que haya un nuevo Gobierno electo, o en todo caso, haya un Gobierno que asuma funciones y que haya tenido la posibilidad de planificar presupuestariamente el 2020.

 

De hecho, en los últimos 15 años, los Presupuestos aprobados en años electorales suelen ser aprobados más tarde (72 días después de ser presentados en promedio) que los aprobados en años NO electorales (62 días después). Lo curioso es que 5 de los últimos 15 años fueron recesivos, sin embargo, solo el Presupuesto 2019, aprobado el año pasado, contempló en la proyección de gastos una caída del PBI.

Por el lado opositor, no se recibió con mucho compromiso el texto del proyecto de Presupuesto elevado por el oficialismo, por tener demasiadas inconsistencias en su armado, según señalaron dirigentes de diferentes bloques. La relación entre la desaceleración de la inflación y el resultado fiscal, o la dinámica de las exportaciones con el tipo de cambio proyectado son ecuaciones que no resultaron demasiado creíbles para los opositores.

Esto hace pensar que el texto sufrirá importantes cambios antes de ser aprobado, que deberán provenir de quien luego del 27 de octubre -si es que la elección se resuelve allí-, sea el que tenga que asumir la responsabilidad de gobernar durante todo el año próximo.

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La inflación superará el 5% en septiembre

Según el IPC GBA Ecolatina, la inflación fue de 6,7% entre la primera quincena de septiembre e igual período de agosto. De esta manera, en los treinta días posteriores al salto cambiario post-PASO, la dinámica inflacionaria fue similar al registrado en el mismo lapso temporal tras la suba del dólar de fines de agosto de 2018, cuando el avance de los precios fue de 6,9%.

Sin embargo, durante la aceleración inflacionaria del año pasado también tuvieron lugar correcciones tarifarias. Esto explica parte de la discrepancia del IPC Núcleo. Teniendo en cuenta los treinta días posteriores al shock cambiario, este indicador llegó a 8,3% en la primera quincena de septiembre de este año, cuando alcanzó 7,6% en la segunda mitad de septiembre pasado.

Los capítulos que más sufrieron el stress cambiario fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (+12,8%), Indumentaria (+10,6%, también afectado por el inicio de la temporada) y Esparcimiento (+10,4%). El capítulo más importante del índice, Alimentos y Bebidas, arrojó un aumento fue de 7,3%. Tal como se había observado al cierre de agosto, los supermercados mostraron caída en los precios de los productos sin IVA, mientras que en el canal tradicional (autoservicios, almacenes, supermercados de barrio), los aumentos fueron muy significativos.

Estimamos que la inflación se ubique en 5,6%. Esta dinámica será la consecuencia de una desaceleración en el crecimiento de los precios en la segunda quincena del mes, la cual se podría extender al último trimestre del año en tanto prevalezca la estabilidad cambiaria. Incluso de cumplirse este supuesto, esperamos que la inflación anual supere el 50% en 2019.

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La caída del salario real: cuando la realidad supera las expectativas

La sorpresiva inflación y sus ingratas sorpresas

El salario real de los trabajadores formales cayó 12% a lo largo de 2018. Esta dinámica respondió a una aceleración inflacionaria imprevista al momento del cierre de las paritarias. Durante el segundo trimestre, se estimaba una suba de precios cercana a 25% para el año, sirviendo de guía para los acuerdos salariales. Sin embargo, por las sucesivas disparadas del dólar la misma acumuló casi 50% en el total anual. Por su parte, la pérdida de los trabajadores informales, sin negociaciones colectivas, fue aún mayor (14%).

Así, pese a las recomposiciones, cláusulas gatillo y bonos de compensación pautados, el poder adquisitivo arrojó su mayor retroceso desde 2002. Este desenlace llevó a que las paritarias de este año buscaran ponerle un piso al deterioro en la mayoría de los casos, e incluso alcanzar una recomposición en los sectores menos golpeados por la crisis. En un año electoral, otro desenlace tan negativo no parecía posible.

Sin embargo, el resultado de las elecciones primarias de agosto quebró la calma cambiaria. Con el nuevo salto del dólar, cercano al 25% en esta oportunidad, la inflación se aceleró y superará las estimaciones anteriores. Por caso, las proyecciones de inflación para este año del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central pasaron de 40% en el segundo trimestre a 55% el mes pasado. Aunque la recesión, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos residenciales y de combustibles y la quita del IVA a algunos productos de la canasta básica atenuarán el traslado a precios de la depreciación del peso, lo cierto es que la inflación llegará por lo menos a 50% este año. Dado que casi ninguna paritaria acordó una suba similar a este valor, la pérdida de poder adquisitivo se repetirá en 2019. Ahora bien, ¿de qué magnitudes estamos hablando?

Justo cuando esto se estaba poniendo divertido

En la primera mitad del 2019 (junio es el último dato disponible), los salarios reales acumularon una caída de 2% en relación al cierre de 2018. No obstante, producto de la desaceleración inflacionaria, la pérdida de poder adquisitivo venía morigerándose y, según nuestras estimaciones, habría mostrado una recuperación en julio, que prácticamente neutralizó el deterioro de los meses anteriores.

Esta mejora continuaba en los primeros días de agosto, de modo que los ingresos parecían volver a terreno positivo luego de más de un año en rojo. Sin embargo, la disparada del tipo de cambio y la posterior aceleración inflacionaria dieron por tierra con este avance. Lamentablemente, los próximos meses no permitirán revertir la pérdida sino que la agravarán. Según nuestras proyecciones, el salario real de los trabajadores formales caería cerca de 7% a lo largo de 2019.

Dicho esto, vale resaltar que los bonos compensatorios son no remunerativos, de modo que, si bien representarán un ingreso adicional, no tendrán impacto en esta estadística. En el mismo sentido funcionará la devolución de aportes patronales y del impuesto a las ganancias de agosto y septiembre, que si bien aumentará el ingreso de los trabajadores no hará lo mismo con el salario real. Como resultado, la contracción del consumo sería menor que la del salario real, más aun considerando el impacto progresivo de los bonos de suma fija (a diferencia de los ajustes salariales, proporcionales a la remuneración, los bonos son fijos para todos sus perceptores) y la mayor propensión al gasto de los hogares de menores recursos.

En resumen, la situación de los trabajadores se deterioró de manera significativa en el último año y medio, al igual que la situación macroeconómica y de las empresas. Sin embargo, la pérdida no fue igual para todos. Mientras que los trabajadores pautan sus ingresos en contratos a plazo, usualmente, los empresarios ajustan sus precios mes a mes, conforme a la evolución de sus costos. Por lo tanto, esta discrepancia entre la inflación esperada y la efectivamente materializada tuvo mayores repercusiones sobre el poder de compra de los asalariados, aumentando el impacto de la crisis en este sector.

Los riesgos de tanta pérdida

La vorágine cambiaria y financiera que se desató luego de la elección primaria de agosto provocó que la economía argentina perdiera sus principales referencias nominales por algunas semanas. Concretamente, la disparada del tipo de cambio parecía no tener techo y las intervenciones del Banco Central no lograban frenar las tensiones.

Sin embargo, luego de la imposición del control de cambios, las presiones sobre la divisa cedieron sensiblemente y la economía ingresó en un sendero de mayor estabilidad y previsibilidad. Con estos límites, las capacidades del sector privado de generar una escalada del dólar son acotadas, por lo que las depreciaciones sorpresivas e inesperadas del peso, con su correlato inflacionario, también deberían serlo. No obstante, en esta economía tan frágil, con retiro de depósitos privados en dólares y bajo stock de Reservas internacionales, no es posible garantizar tamaña afirmación.

En este marco, si el mercado cambiario se estabiliza, es posible que los sindicatos comiencen a buscar paliar las pérdidas de los últimos meses y cubrirse ante futuras aceleraciones inesperadas de la inflación. En este escenario, aparecen dos salidas posibles para los trabajadores tras dos años de aceleraciones inflacionarias no esperadas: un acortamiento generalizado de los contratos o, directamente, una indexación de los salarios.

Sin embargo, estas alternativas endurecen la inercia e incrementan sensiblemente los riesgos de espiralización, de modo que no son óptimas para el conjunto de la economía. No obstante, su contrario, aceptar tamaña pérdida del salario real tampoco lo es. Por lo tanto, el próximo presidente electo deberá convocar a un acuerdo de precios y salarios a fin de recomponer los ingresos reales con el menor impacto inflacionario posible. Un resultado tan deseable como difícil de lograr.