Un nuevo año para el olvido

¿Qué pasó con la actividad en septiembre?

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) exhibió una caída de 2,1% i.a. y de 1,6% mensual en la medición desestacionalizada. Como resultado, el tercer trimestre promedió una contracción del 1,8% i.a. y los primeros nueve meses del año un retroceso del 2,3% i.a. Pese a esto, el nivel de actividad del tercer trimestre fue mayor que en el segundo (+0,6%), debido a que hasta las PASO (julio y primera mitad de agosto) la economía transitaba por un periodo de leve reactivación.

En lo que respecta a las distintas ramas de actividad, entre julio y septiembre se destacó el crecimiento del sector primario. Por caso, el sector Agropecuario creció 14,3% i.a., mientras que Minas y canteras avanzó 2,9% i.a. De hecho, sin contar al agro, el PBI hubiera cedido 2,5% i.a. durante el tercer trimestre del año. De esta forma, la performance de este sector no fue suficiente para compensar el derrumbe de la Industria (-4,6% i.a.) y la Construcción (-4,7% i.a.), por lo que la producción de Bienes cayó (-1,1% i.a.). Por su parte, el desempeño de los Servicios (-2,2% i.a.) fue peor como resultado de la contracción en Comercio (-5,5% i.a.) e Intermediación financiera (-14,9% i.a.)

¿Qué hay detrás de este retroceso?

Durante la primera mitad del trimestre, es decir, hasta mediados de agosto, los principales indicadores económicos continuaban la tendencia iniciada unos meses atrás. En un marco de calma cambiaria, la desaceleración de la inflación y parcial recuperación del poder adquisitivo, la actividad -cosecha récord mediante- comenzaba a mostrar -de la mano de un puñado de sectores- una mejora en términos interanuales.

Sin embargo, el resultado electoral de las PASO disparó una corrida cambiaria que desencadenó una creciente incertidumbre financiera. La inestabilidad nominal resultante debilitó las referencias en el sistema de precios e imposibilitó la realización de transacciones que se hubieran llevado a cabo en condiciones normales, comprometiendo la cadena de pagos y el capital de trabajo. En un contexto de ausencia (o encarecimiento) de financiamiento, esto implicó una situación de parálisis en el aparato productivo.

Si bien en el transcurso de septiembre las aguas comenzaron a calmarse, el golpe ya había sido acusado. Pese a las medidas tomadas por el gobierno (bonos y exención impositiva en ingresos y en algunos productos de la canasta alimentaria) el impacto inflacionario del salto cambiario, en un contexto de elevada incertidumbre por el devenir de la economía en los próximos meses, redujo el consumo de las familias y enterró cualquier atisbo de recuperación para el resto del año. Si bien las principales ramas, como la Industria y el Comercio, recortaron su caída en el noveno mes del año, esto se debió a cuestiones estadísticas y no a una mejora real de la actividad.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

En lo que respecta al último trimestre de 2019, prevemos una continuidad en el deterioro de la actividad. Por un lado, esto se debe a que los efectos del nuevo salto cambiario continuarán impactando en la economía real: la aceleración de la inflación volvió a deteriorar el alicaído poder adquisitivo de los ingresos y en consecuencia, el consumo privado no logrará revertir la dinámica del último año.

Adicionalmente, el temor a un nuevo salto cambiario tras las elecciones a fines de octubre llevó a una fuerte dolarización durante el mes, restringiendo el ingreso disponible para consumo, y así ralentizando la recuperación tras el shock cambiario.

Por último, el debilitamiento de la demanda interna también estará influida por la incertidumbre acerca de las políticas a tomar por el próximo gobierno, que limita la inversión productiva y repercute con mayor dureza en la construcción, la actividad inmobiliaria y el sector financiero, en un mercado de crédito muy limitado.

De todas formas, el sector primario (especialmente el Agro) continuará con cierto dinamismo, en tanto su actividad está más vinculada al comercio exterior que a la demanda doméstica y experimentan condiciones intrínsecas favorables. Las ramas proveedoras de estos sectores también podrán tener una relativa buena performance en lo que queda del año, aunque limitadas por el contexto económico general.

Estos elementos no serán suficientes para torcer el rumbo en los próximos meses y la actividad se contraerá casi 4% i.a. en el último trimestre del año. En consecuencia, ratificamos nuestra proyección de que el PBI en promedio caerá 2,7% en 2019, dejando un arrastre negativo cercano a 0,8% para el próximo año.

Deuda y salario real: ¿intereses irreconciliables?

Tipo de cambio real y poder adquisitivo, una relación inversa

El próximo presidente asumirá con una situación delicada, no solo en términos económicos sino también financieros y sociales. Por caso, en 2020 habrá que pagar servicios de deuda en moneda extranjera con acreedores privados por USD 21.000 millones, en un escenario donde las opciones de financiamiento escasean. Además, el salario real acumulará dos años de caídas significativas y la pobreza se acercará al 40%. Por lo tanto, será tan importante honrar los pasivos como mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, reconciliar ambos objetivos será complejo, e incluso podría resultar contradictorio. Sin acceso a los mercados de crédito, será fundamental obtener un superávit comercial de bienes y servicios récord para evitar un default en el corto plazo: los dólares netos, y genuinos, que lleguen por esta vía saldrán en concepto de pagos a acreedores financieros, cancelando deuda pública en moneda dura.

Para que el ingreso de divisas comerciales se acerque a los USD 21.000 millones será necesario tener un tipo de cambio real competitivo. Este “dólar caro” apuntalaría las exportaciones, en especial aquellas vinculadas al sector industrial, a la par que desalentaría algunas importaciones, favoreciendo el intercambio entre nuestra economía y el resto del mundo, es decir, favoreciendo la acumulación de dólares comerciales.

Producto de la elevada inflación interna y la reciente depreciación de muchas monedas de la región (Brasil, Chile, Bolivia), la única forma de evitar un nuevo atraso cambiario es que, como mínimo, la depreciación nominal del tipo de cambio oficial acompañe al incremento de precios mes a mes. Dado que el dólar es uno de los principales determinantes de la inflación en nuestro país, esto eliminaría la posibilidad de desaceleración sensible de esa variable.
La recuperación del salario real no depende solo de las paritarias, donde se negocian los salarios nominales -de los trabajadores formales-, sino también de la inflación. Por lo tanto, la mejora del poder de compra y el pago de servicios de deuda entrarían en conflicto el año próximo: alcanzar y sostener un tipo de cambio competitivo y estable, en el corto plazo, permitiría conseguir los dólares necesarios para honrar los compromisos asumidos, pero entraría en contradicción con una mejora de los ingresos reales.

¿Callejón sin salida?

Sin embargo, este problema podría sortearse reabriendo los mercados y consiguiendo financiamiento externo. Una vuelta al crédito externo permitiría relajar las necesidades de superávit comercial y, de esa manera, compatibilizar una mejora del poder adquisitivo vía atraso del tipo de cambio real cumpliendo las obligaciones de deuda en moneda extranjera. Sin embargo, la única forma de volver a conseguir financiamiento es mostrando un sendero fiscal consistente con el repago de los compromisos asumidos.

En 2019, el déficit primario rozaría el 1% del PBI. Este sendero fiscal consistente exigiría, de mínima, un equilibrio de los gastos y los ingresos operativos. Por lo tanto, en este escenario, el ajuste debería endurecerse en 2020. Una vez más, en este punto reaparecen los conflictos: ¿de dónde saldrá el dinero para garantizar este resultado? ¿Aumentarán impuestos? ¿Se recortarán gastos?

En este sentido, Alberto Fernández sostuvo recientemente que algunos sectores -minero, petrolero, agropecuario- tendrían que hacer mayores esfuerzos, dando la pauta de que podrían aumentar las retenciones a las exportaciones. En la misma línea, durante la campaña, afirmó que incrementaría la alícuota sobre los bienes personales, agravando el tributo a los patrimonios.

Sin embargo, no alcanzaría con estos gravámenes para cerrar la brecha fiscal, de modo que también deberían recortarse algunos gastos. En este marco, podría continuar el recorte de subsidios, lo que implicaría que las tarifas de servicios públicos, congeladas en los últimos meses, se actualizarían nuevamente. Asimismo, esta lógica de austeridad fiscal impediría incrementar los gastos en prestaciones sociales, es decir, jubilaciones y asignaciones, más allá del ajuste que les corresponderá por la inflación pasada. Por lo tanto, una baja importante de la pobreza, y especialmente de la indigencia, tendría que esperar otro año.

Aun con este sendero fiscal, las posibilidades de que los mercados de crédito se reabran en el corto plazo son bajas, sobre todo en la magnitud en que nuestro país lo necesita. En consecuencia, conviene seguir analizando opciones.

Todos tienen que ceder

Si descartamos la posibilidad de hacer roll-over de los pagos de deuda con el sector privado en 2020, aún nos queda una alternativa para que el peso del ajuste no recaiga exclusivamente sobre un actor social: repartir los costos. Por caso, se podría reestructurar de manera acordada los pagos de deuda con los tenedores privados, lo que relajaría las necesidades del superávit comercial, es decir, de ganar competitividad cambiaria, y permitiría atenuar la pérdida de salario real. En igual sentido, esta reestructuración recortaría las exigencias del sendero fiscal consistente, dando lugar a que el ajuste de las cuentas públicas sea paulatino.

En este escenario, las tensiones dejarían de ser quién pierde para determinar cuánto: todos cederían, pero no en los mismos niveles. Esta distribución de las pérdidas no dejaría a nadie contento, pero tampoco a nadie “demasiado enojado”, de modo que parece ser la opción más redituable tanto en términos económicos como políticos.

En consecuencia, es probable que la conciliación de intereses sea el camino adoptado. Lamentablemente, en este caso se tratará de cómo minimizar y repartir las pérdidas y no de maximizar ganancias. Veremos qué tensiones sociales y políticas aparecen en el camino; cuanto menores sean, es decir, cuanto mayor sea el consenso, menores serán los daños.

Se definen los liderazgos en el Congreso

Con las elecciones resueltas, los diferentes espacios políticos se encuentran traduciendo los votos en poder, es decir, definiendo los lugares de intervención en el futuro ciclo político. En este sentido, uno de los espacios en disputa son los lugares de liderazgo en el Congreso, como lo son las autoridades institucionales del Congreso y los lugares de conducción de los diferentes bloques legislativos.

En la Cámara de Diputados la autoridad institucional recaerá en el líder del Frente Renovador y Diputado Nacional electo Sergio Massa quien será el Presidente del cuerpo, como se lo habían prometido cuando se cerró el acuerdo político para que se incorpore al Frente de Todos.

La composición final que adquirirá la Cámara de Diputados vuelca el protagonismo de la dinámica legislativa en los dos bloques más grandes: Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ambos bloques -al igual que la Cámara-, estarán bajo la conducción de legisladores de la Provincia de Buenos Aires. Es que al bonaerense Sergio Massa se suma Máximo Kirchner, quien será el conductor del bloque oficialista del Frente de Todos. Esta postulación es la consecuencia de una decisión que tomó el Presidente electo de ofrecerle a Agustín Rossi la titularidad del Ministerio de Defensa, en vez de la titularidad del bloque en la cámara baja, una decisión que bien pudiera estar en línea con lograr un mejor entendimiento entre la futura autoridad de la Cámara (Massa) y el conductor del bloque del Frente de Todos (Kirchner), ya que la relación entre Massa y Rossi no era la más aceitada.

Por el lado opositor, el interbloque de Juntos por el Cambio estará conducido por Cristian Ritondo, en un acuerdo alcanzado, no sin tensiones, por los principales actores del PRO (Macri, Vida y Larreta) y con el radicalismo. Las tensiones están al interior del bloque de la UCR, donde hay dos aspirantes a la conducción: Mario Negri (Córdoba) quiere repetir y alega que tiene el apoyo de la mayoría del bloque, y Alfredo Cornejo (Mendoza) que viene de ganar su provincia y reclama un espacio que nunca tuvo el sector del radicalismo más díscolo que tuvo Mauricio Macri.

En el Senado las dudas vienen por el lado del oficialismo debido a la dificultosa tarea de lograr unidad de criterios entre la ex Presidenta y los Senadores que responden a liderazgos territoriales (Gobernadores), que no quieren perder terreno a la hora de discutir liderazgos. La tensión se volvió explícita cuando Carlos Caserío (Presidente del bloque de Senadores que hoy se referencian en los Gobernadores) advirtió que: “Somos dirigentes. Siempre hay una diferencia entre dirigente y empleado: nos gusta dirigir nuestras ideas, es la base de la política. Si yo fuese una persona que sólo acata órdenes, no hubiese aceptado trabajar con Alberto Fernández”, remarcó Caserio.

Bajar la inflación y generar empleo, las principales demandas

Un dólar calmo y un buen resultado electoral -en función de lo esperado- para el Gobierno en las elecciones generales producen cierta estabilidad en la valoración del desempeño de un Gobierno que empieza a transitar las últimas semanas antes de entregar el poder. Si bien la imagen negativa se mantiene por encima del 50%, en noviembre la imagen positiva logra superar el 30% acercándose a los valores previos a la crisis de abril-mayo 2018.

En esta línea, tampoco se visualizan grandes cambios en materia de preocupaciones, al registrarse una leve baja de la preocupación por la inflación y un acotado incremento de la preocupación por el desempleo. En conjunto, las preocupaciones económicas superan el 70% de las menciones, lo que refleja la prevalencia de los temas económicos en la agenda pública.

De todos modos, el dato es la creciente preocupación por el empleo. En noviembre, la preocupación por la pérdida de empleo supera por primera vez en todo el ciclo la barrera del 30%. Al mismo tiempo, la preocupación por la corrupción toca nuevamente el mínimo de todo el ciclo Macri. Toda una señal del impacto del proceso económico sobre el clima de opinión.

En efecto, las principales demandas para el gobierno entrante son bajar la inflación y generar empleo. Los esfuerzos de la gestión deberán estar enfocados en estos resultados para evitar una pérdida precipitada de popularidad y que la expectativa se transforme rápidamente en frustración. Algo similar le sucedió a Mauricio Macri, al perder un tercio de su popularidad en el comienzo de su gestión con los aumentos de tarifas y la consecuente inflación. El paralelismo con el comienzo de la gestión Macri es muy útil ya que en las demandas ciudadanas, especialmente en materia económica, se mantienen, con un claro predominio de la demanda por bajar la inflación.

Una elección más pareja equilibró el escenario político

Hay casos en los que las expectativas condicionan la realidad más que la propia realidad, y el reciente resultado electoral puede ser un ejemplo de ello. Ante la expectativa de que las elecciones podían presentar un triunfo amplio de Alberto Fernández, el resultado más estrecho de lo esperado parece haber sido asumido más como una victoria por quien perdió, que por quien finalmente se alzó con el triunfo electoral.

Esto no es solo una sensación, sino que efectivamente el resultado más parejo de lo esperado produjo una distribución del poder mucho más equitativa de la que hubiera surgido con una diferencia similar a la de la PASO. Este escenario equilibrado obligará al ganador a ofrecer resultados (satisfacer la demanda de sus votantes), y le presentará al perdedor la posibilidad de ser opositor no tanto tiempo.

En definitiva, si bien la realidad puede haber cambiado mucho en materia económica en estos últimos cuatro años, la caracterización del escenario político se mantuvo al márgen de esta dinámica. Una forma interesante de observar esto es comparando el posicionamiento del electorado argentino en octubre de 2015 (la anterior elección general a presidente), con la que nos acaba de dejar el reciente comicio.

En este sentido, se observa una suerte de estabilidad en el escenario político: el único cambio significativo se produjo con la reducción del porcentaje de gente que estaba posicionada en el centro del escenario (entre las opciones kirchnerista-peronista y macrista-antikirchnerista), es decir los votantes de Massa de 2015, que se produce en beneficio de los extremos: Fernández suma 11% más que Scioli y Macri suma 6% más que su propia performance en 2015. Esta configuración deja claramente un formato bipartidista de competencia política, con dos grandes espacios que concentran más del 88% de los apoyos y que definitivamente serán los que efectivamente animen la disputa política en los próximos 4 años.

En este punto, cabe preguntarse: ¿será duradera en el tiempo esta configuración? Hay dos motivos que así lo sugieren.

1) El resultado electoral, y en particular el de Roberto Lavagna, debería ser aleccionador respecto de las escasas posibilidades que ofrece esta configuración política que se ha adquirido en los últimos años, a los que buscan transitar el camino del medio. Ello debería funcionar como un desincentivo para la defección de alguno de los actores de esos dos grandes espacios.

2) La relación equilibrada que presenta el actual formato debería funcionar como un desincentivo a la defección, porque para todos los actores que integran estos dos grandes espacios, la opción de ruptura representa una suerte de carta de defunción de su propio espacio. El que se tiente con abrirse, sabrá que no solo mata al espacio que deja, sino que también queda sin chances el que busca formar. En algún punto, todos están forzados a convivir juntos o morir separados.

Sin embargo, como siempre estará para todos a disposición la opción de la ruptura para castigar maltratos, a pesar de que ello signifique la intrascendencia política. El riesgo de despechados políticos siempre existirá y esa será un desafío para la conducción de los espacios (deberá siempre primar la paciencia), y una amenaza que podría afectar la salud de ambos espacios, que tratarán de evitarlo.

En conclusión, el resultado electoral ha dejado un escenario más equilibrado de lo esperado y ello le asigna mayor relevancia a la amenaza de una pérdida de popularidad precipitada que pudiera afectar al futuro Gobierno por la crisis económica. Esa amenaza lo obliga a dar respuesta a las demandas ciudadanas relativamente rápido, porque así como un 15% del electorado decidió cambiar su posicionamiento y favoreció el triunfo 48%-40%, otro pequeño cambio en sentido inverso bien pudiera provocar un nuevo cambio en sentido contrario y obturar la consolidación de este nuevo ciclo. Este es el riesgo al que se enfrentará Fernández, ya que una victoria más ajustada exigirá resultados rápido para que el círculo vicioso de magros resultados que afecten la unidad del oficialismo y los debilite de cara al 2021 no sea vuelva difícil de revertir.

Los acuerdos paritarios cortos resultaron más efectivos

Luego de que 2018 la inmensa mayoría de los grandes gremios perdió ampliamente contra la inflación, este año algunos de ellos optaron por negociar acuerdos cortos, sean trimestrales, cuatrimestrales o semestrales.

A 60 días de terminar el año, queda claro que la decisión de monitorear los acuerdos con mayor frecuencia fue una herramienta muy útil para los gremios.  Los abanderados de la iniciativa y mejores parados frente a la inflación son SMATA -que aún debe negociar su cuarto trimestre-, Bancarios, UOCRA y Camioneros –que deberá renegociar a fin de año el tramo de enero a junio-.  Asimismo, en lo que respecta a los acuerdos largos, Alimentación y Sanidad fueron los que exhibieron las mayores subas. Por su parte, si bien UTA, UOM, UPCN, Luz y Fuerza y la Unión Ferroviaria son los más atrasados, muchos tienen cláusulas de revisión que les permitirá, acercarse a la inflación en este 2019.

En este sentido, repasemos algunos convenios recientemente acordados.

 

En este contexto crítico para los trabajadores, es relevante realizar un diagnóstico del movimiento sindical, y en este sentido, se observa que el objetivo de la unidad empieza a tropezar con los primeros obstáculos.

La unidad de todo el arco sindical no será tan fácil de lograr en el marco de los apoyos al futuro Gobierno de Alberto Fernández. A contraposición de lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era fácil ponerse de acuerdo cuando todos estaban siendo perjudicados, ahora será difícil lograr cuando no todos sean beneficiados del mismo modo, o peor aún, cuando siquiera todos son beneficiados. Este será el desafío para Alberto Fernández una vez que pase la euforia por el retorno del peronismo al poder.

Por lo pronto, es posible pensar que el sindicalismo de extracción peronista efectivamente pueda encontrar los canales que conduzcan a la unidad, pero se ve muy difícil que esa unidad pueda trascender los límites de la Central más importante del país e incluya a los sectores sindicales disidentes de la CTA. Sobre todo, por las primeras reacciones que hubo por parte de la CGT.

De hecho, como prueba de la predisposición a la unidad que reina entre el arco sindical cegetista, en el acto de asunción de Juan Manzur hubo presencia de todos los sectores sindicales, pero hubo una ausencia destacada: la del Camionero Hugo Moyano.

Esta ausencia generó suspicacias, ya que luego del rencuentro el 24 de septiembre pasado en la sede de UPCN, donde los dos principales sectores sindicales tuvieron su cumbre en pos de la unidad, la actitud de Moyano ha dejado traslucir alguna tensión que no fue disipada entre ambos bandos.
En este sentido, Moyano tiene varios motivos para recelar de la unidad que pide Alberto Fernández. En primer lugar, cree que los dirigentes de la CGT quieren relegar a Pablo Moyano de la posibilidad de ocupar un lugar en la conducción de dicha central. En segundo lugar, Moyano todavía sigue herido por la falta de reconocimiento que tuvo su actitud combativa frente a Macri en las listas de candidatos de la reciente elección. Por último, cree que la CGT no está dispuesta a avanzar en la incorporación de los trabajadores de la economía popular a la CGT (movimientos sociales) y la reunificación de la CGT y la CTA.

En la medida que esto último no suceda, Moyano tendrá motivos y razones para liderar un sector alternativo a la CGT que tenga una relación paralela con el Gobierno de Alberto Fernández para conseguir beneficios por su cuenta. Sobre todo, porque este sector se referencia claramente en la figura de Cristina Kirchner, y ello podría ser un factor político determinante para mantenerse al margen del nuevo liderazgo de Alberto Fernández.

El Congreso espera definiciones

La última fase del proceso electoral terminó definitivamente de apagar el funcionamiento del Congreso. La política en general se encuentra avocada a la resolución de la disputa electoral y a la espera de que el resultado redistribuya el poder entre los actores y se pueda volver a constituir una autoridad política en condiciones de retomar el proceso de toma de decisiones.

El vacío de poder que produjo el resultado de las PASO (con un presidente en ejercicio debilitado y un virtual presidente electo sin poder formal), dejó sin capacidad de toma de decisión a la política, en un momento donde la economía anda a la deriva. Para volver a tener condiciones políticas que ejerzan el gobierno de la situación, deberá cerrarse el proceso electoral y reconstruirse la autoridad decisional. Frente a las urgencias económicas, el desafío será reconstruir esa autoridad durante la transición que habrá necesariamente entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre. De no producirse la coordinación necesaria, el poder de decisión solo se reconstituirá el 10 de diciembre próximo.

De esta manera, el Congreso estará a la expectativa de las definiciones políticas y podría entrar en acción en tanto se puedan coordinar acciones durante la transición o después del 10 de diciembre cuando se inicie el nuevo ciclo político.

Los temas que alimentarán la agenda parlamentaria seran de índole económica que podrían ser discutidos en momentos separados o todos juntos dependiendo de la velocidad con la que se restituya el proceso de toma de decisión. Entre ellos se encuentra la ley de Presupuesto 2020, reformas impositivas y laborales, reestructuración de deuda y modificaciones a la carta orgánica del BCRA.

Independientemente de los plazos y de la cantidad de temas, otro aspecto destacado será la modalidad de tratamiento de las iniciativas que formen parte de la agenda parlamentaria post elecciones. Es probable que por la urgencia y por la utilidad política de diluir algunos temas urticantes, se busque la modalidad de “Paquete de Iniciativas Económicas”, que consiste en un  tratamiento conjunto para que temas menos polémicos (Presupuesto 2020), se superpongan a otros más polémicos (Impuestos u otras reformas que puedan tener costos políticos).

Es claro que la modalidad del tratamiento legislativo dependerá de la urgencia que imponga la necesidad de tener definiciones. De todos modos, gozando de mayorías necesarias para sancionar leyes, también es posible que veamos un tratamiento conjunto de todos los temas para facilitar el trayecto de la discusión en el Congreso. Nada que en la Argentina no se haya visto.

Nuevo paso atrás de la actividad

¿Qué pasó con la actividad en agosto?

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) exhibió una caída de 3,8% i.a. en agosto y de 1% en la medición desestacionalizada. Como resultado, acumuló una contracción de 2,3% i.a. en los primeros ocho meses del año y aún lo peor está por venir.

En lo que respecta a las distintas ramas de actividad, se destacó el crecimiento del sector primario. Por caso, el sector Agropecuario creció 6,5% i.a., mientras que Minas y canteras avanzó 3,8% i.a. No obstante, no fue suficiente para compensar el derrumbe de la Industria (-6,6% i.a.), por lo que la producción de Bienes cayó (-3,2% i.a.). Por su parte, los Servicios mostraron un retroceso significativo (-4% i.a.), como resultado de que el Comercio y la actividad de Intermediación financiera aceleraron su caída (-8,8% i.a. y -16,4% i.a., respectivamente).

¿A qué se debió esta contracción?

Si bien no hay información acerca del desempeño de la actividad durante los primeros diez días de agosto, se puede decir que, en términos generales, los principales indicadores económicos continuaban la tendencia iniciada unos meses atrás. En un marco de calma cambiaria, la desaceleración de la inflación y parcial recuperación del poder adquisitivo, la actividad comenzaba a mostrar -de la mano de un puñado de sectores- una mejora en términos interanuales.

Sin embargo, el resultado electoral de las PASO fue el detonante de una corrida cambiaria que desencadenó una creciente incertidumbre financiera sobre la segunda mitad de agosto, congelando los incipientes brotes verdes en la actividad. De hecho, la inestabilidad nominal, debilitó las referencias en el sistema de precios e impidió la realización de transacciones que se hubieran llevado a cabo en condiciones normales. Esta dinámica comprometió no solo la cadena de pagos, sino que puso en riesgo el capital de trabajo, lo que en un contexto de ausencia de financiamiento llevó a una situación de parálisis en el aparato productivo. El golpe se sintió en todos los sectores pero fue de mayor importancia en la industria, el comercio y el sector financiero, actividades centrales en la economía argentina (en conjunto concentran el 40% del PBI).

Desde el lado de la demanda tampoco llegaron buenas noticias. El impacto inflacionario del salto cambiario, en un contexto de elevada incertidumbre por el devenir de la economía en los próximos meses, redujo el consumo de las familias. Por caso, la confianza del consumidor (UTDT) cedió 5,2% i.a., a la vez que las ventas minoristas de CAME se desplomaron 20% i.a. en agosto.

¿Qué esperamos para lo que resta del año?

Al contrario de lo esperado a comienzos del año, la economía tendrá sus peores meses hacia el final del 2019. La principal causa será una debilitada demanda interna. La aceleración de la inflación y el consecuente deterioro de los ingresos reales -las medidas tomadas por el gobierno no serán suficientes para revertir esta tendencia- reducirá el consumo privado, dinámica que impactará negativamente en la actividad comercial e industrial. Al mismo tiempo, el elevado costo de financiamiento y la incertidumbre acerca de las políticas a tomar por el próximo gobierno frenan cualquier tipo de inversión productiva, lo que repercute con mayor dureza en la construcción, la actividad inmobiliaria y el sector financiero, con un mercado de crédito muy limitado.

De todas formas, el sector primario (especialmente el Agro y Minas y Canteras impulsado por Vaca Muerta) continuará con cierto dinamismo, en tanto su actividad está mas vinculada al comercio exterior que a la demanda doméstica y experimentan condiciones intrínsecas favorables. Las ramas proveedoras de estos sectores también podrán tener una relativa buena performance en lo que queda del año, aunque con ciertas limitaciones por la falta de crédito.

Estos elementos no serán suficientes para torcer el rumbo en los próximos meses, y en consecuencia, la economía se contraerá en torno al 2,7% i.a. en 2019, dejando un importante arrastre negativo para el 2020.

¿Cuáles son las expectativas sobre un potencial gobierno de A. Fernández?

En caso de confirmarse el resultado de las PASO el próximo 27 de octubre, estaremos frente a un nuevo cambio de ciclo político, en un contexto donde el actual atraviesa una situación de desprestigio como consecuencia de los malos resultados económicos mostrados por la gestión Macri.

En lo que respecta al actual Presidente, solo un 28,3% considera que su gestión mejoró en algo la realidad del país, mientras que un solo un 11,3% considera que mejoró mucho la realidad del país y un 17,0% que la mejoró poco. Por el lado negativo, un 61,8% considera que Mauricio Macri empeoró la realidad del país, siendo que un 10,5% cree que la empeoró un poco y un 51,3% que cree que la empeoró mucho. Esto arroja un diferencial negativo de 33,5 p.p.

De producirse un eventual triunfo de Alberto Fernández, la expectativa que la gente tiene sobre esa eventual gestión es positiva. Un 50,5% de los encuestados creen que afectará positivamente sobre la realidad del país (un 26,1% dice que la mejorará mucho y un 24,4% que la mejorará poco), mientras que un 32 ,6% cree que la afectará negativamente (un 8% cree que la empeorará poco y un 24,6% cree que la empeorará mucho).

En perspectiva, la valoración que se hace a la distancia en el tiempo de la gestión de Cristina Kirchner arroja un diferencial levemente positivo. Un 45,9% considera que mejoró poco o mucho la realidad del país, mientras que un 40,5% considera que su gestión empeoró poco o mucho la realidad del país, dejando un diferencial positivo de 5,4 p.p.

Por otra parte, más de la mitad de los que consideran que Cristina Kirchner tendrá una alta injerencia en un eventual Gobierno de Alberto Fernández, consideran que Cristina Kirchner empeoró mucho la realidad del país. Es decir, aquellos que tienden a considerar que Cristina Kirchner tendrá elevada injerencia son los que peor imagen tienen de ella. Asimismo, el 32,5% (del 45,9%) que consideran que Cristina Kirchner mejoró poco o mucho la realidad del país, tienden a pensar que tendrá nula influencia en un eventual Gobierno de Alberto Fernández.

En definitiva, y posiblemente influenciada por el clima de opinión imperante por estos días, la opinión pública afronta con moderado optimismo la posibilidad de que Alberto Fernández asuma la presidencia el próximo 10 de diciembre.

 

La inflación alcanzaría 4,5% en octubre

Según el IPC GBA Ecolatina, la inflación fue de 4,7% entre la primera quincena de octubre e igual período de septiembre. De esta manera, en los sesenta días posteriores al salto cambiario post-PASO, los precios exhibieron un avance de casi 12%, magnitud levemente inferior a la registrada en los dos meses posteriores a la suba del dólar de fines de agosto de 2018, cuando el avance de los precios fue de 12,7%.

De hecho, el IPC Núcleo, que excluye en el cálculo los bienes y servicios Regulados y Estacionales, y por lo tanto es más sensible a los vaivenes cambiarios, creció 5% en el período y 13,7% tras las PASO, un avance 1,5 p.p. mayor al de los sesenta días posteriores al salto cambiario del año pasado. Esto sugiere una adaptación más rápida del sistema de precios ante shock externo de magnitud.

 

En el período bajo análisis, los capítulos que mostraron un mayor dinamismo fueron Transporte y comunicaciones (debido a los incrementos en seguros, comustibles y teléfono), Equipamiento y mantenimiento del hogar (aumentos en electrodomésticos y artículos de limpieza), Otros bienes y servicios (cigarrillos y artículos de tocador) e Indumentaria (inicio de la nueva temporada de verano).

En lo que respecta a la totalidad de octubre, prevemos que la suba de precios se ubique en la zona del 4,5%. En este sentido, incluso en un contexto de estabilidad cambiaria en los próximos meses, la desaceleración de la inflación será lenta. Esto se debe a que todavía tendrán lugar cambios en precios relativos como consecuencia del reciente salto cambiario, a la vez que los ajustes salariales -vía bono o paritarias- también ejercerán presiones sobre los costos. Por otro lado, la incertidumbre acerca de las medidas a tomar por el próximo gobierno también podría jugar un rol entre octubre y noviembre: si se espera un congelamiento de precios, es probable que se den aumentos anticipándose a una política de este tipo en los próximos meses.

Por lo tanto, en el último trimestre la inflación mensual no sería inferior al 3%, dándole un piso de 53% a la inflación anual.