Author: Ignacio Ruiz

Heterogeneidad en la caída

El retroceso del salario real en los últimos dos años fue indudablemente una de las razones que explica la derrota de Cambiemos en las elecciones pasadas. Las turbulencias cambiarias de 2018 -que tuvieron su pico en abril y agosto de dicho año, así como la depreciación del Peso tras el resultado de las PASO fueron factores que aceleraron la inflación.

Siempre que las subas de precios sean imprevistas, no alineadas con los aumentos salariales pautados, el principal resultado es el deterioro del poder adquisitivo. Si bien durante los últimos años se instauraron las cláusulas de renegociación ante una inflación efectiva mayor a la esperada (como ocurrió en 2018 y 2019), la suba de salarios terminaron corriendo detrás del alza de los precios. Por caso, el salario real de la economía cayó en promedio 6,3% en 2018 y exhibirá una contracción media superior a 8% en 2019, producto de una inflación mayor a la esperada. Por supuesto, el deterioro no fue homogéneo: el poder de compra promedio de los trabajadores registrados (-6,2% en 2018 y – 8% en 2019) fue menor que el de los informales (-6,3% y -13%), quienes no son alcanzados por las negociaciones paritarias y encuentran dificultades para mejorar sus condiciones en un contexto recesivo e inflacionario. Por su parte, menos deteriorados fueron los ingresos de los perceptores de la AUH y de los jubilados (en torno al 5% en 2018 y casi 2% en 2019), quienes lograron acotar la caída del poder adquisitivo gracias a la fórmula de movilidad, que otorgaba ajustes trimestrales.

Ahora bien, como el gráfico lo demuestra, incluso en el caso de muchos trabajadores formales, a priori quienes más pueden proteger el valor real de su ingreso, el poder adquisitivo cerró el año mayoritariamente en rojo. Por caso, los trabajadores de sectores vinculados al sector textil (y calzado), uno de los más afectados por la recesión, mostraron el peor desempeño, aunque también gremios más amplios como Comercio o UOCRA (Construcción) también experimentaron un caída del poder adquisitivo durante todo el 2019. En el mejor de los casos se encuentran los encargados de edificios, que a través de sucesivos ajustes mensuales logran, en muchos meses, ganarle a la inflación.

De todos modos, más allá del derrotero de cada sector en particular, la pérdida de los ingresos reales fue generalizada y tuvo su correlato en el consumo, el cual acumula una caída superior al 10% (en términos desestacionalizados) desde el pico del primer trimestre de 2018. La sostenida depresión de la demanda interna es uno de los factores que demora la recuperación de la actividad. En este marco cobra relevancia el plan para “poner plata en el bolsillo de la gente (de menores ingresos)”, que no solo fue una plataforma electoral del oficialismo, sino que es necesario para frenar la caída del consumo. Veamos entonces cuales son las herramientas del gobierno para ello, así como las limitaciones del caso.

Consumo en el bolsillo de la gente de menores ingresos

El nuevo gobierno tomó nota de la delicada situación económica y rápidamente dio marcha atrás con algunas de sus slogans electorales. La apremiante situación fiscal, así como el riesgo de una aceleración de la espiral precios -salarios en un contexto de elevada inercia inflacionaria, echaron por tierra cualquier demanda social desmedida.

En palabras del ministro Guzmán, el punto inicial es la búsqueda de un resultado fiscal equilibrado, o que al menos sea percibido como sostenible en las prontas renegociaciones con acreedores. En este marco, una de las primeras medidas fue un aumento de impuestos que representará aproximadamente 1,5% del PBI. Por el lado de las erogaciones, se suspendió por seis meses la fórmula de movilidad que actualizaba trimestralmente los ingresos de las prestaciones sociales (jubilados y AUH), que representan el 60% del gasto público e implicaba un fuerte aumento del mismo en caso de desacelerarse la inflación.

De todos modos, tanto los perceptores de la AUH como los jubilados que ganan menos de $20.000 (aproximadamente la mitad de los mismos) percibirían bonos de suma fija en los meses de diciembre y enero que ayudarán a recomponer su poder adquisitivo. Mas aun, estos sectores tienen una mayor probabilidad de recibir nuevos incrementos de otorgarse nuevas compensaciones. En este sentido, la exclusión del bono a jubilados que cobran por encima de $20.000 representa, pese a la suspensión de los ajustes por movilidad, una medida progresiva, dado que quienes reciben recursos son los que menores ingresos tienen. Por otro lado, refleja que la política de ingresos, en el inicio del año, estará destinada a apuntalar el poder adquisitivo de los sectores más postergados, poseedores de una elevada propensión al consumo. En esta misma línea se puede ubicar a la Tarjeta Alimentaria para beneficiarios de AUH.

Esta dinámica también se encuentra en la reciente decisión de otorgar un bono de $7000 a asalariados del sector privado ($3000 en enero y $4000 en febrero). Este monto, en términos porcentuales, representa una mayor parte del salario de los trabajadores con menores ingresos, quienes también gastan una mayor proporción del mismo. Estos serán los que tengan más posibilidades de apuntalar su poder adquisitivo en el inicio del año. Si bien el bono no reemplazará los aumentos ya pautados para estos meses, se busca desanimar presiones sindicales que puedan derivar en una reapertura anticipada de las paritarias que afecte un eventual acuerdo de precios y salarios.

La lógica del gobierno es que la transferencia de recursos a los sectores más bajos dinamizará su consumo en los primeros meses del año. Por su parte, la clase media y alta, solo incrementará su consumo en caso de encontrar facilidades de financiamiento, o a través del gasto de ahorros, en su mayoría dolarizados. En definitiva, esta variable podría encontrar un aliciente en los próximos meses, pero no iría de la mano de un marcado aumento del poder adquisitivo, pese al deterioro de los últimos dos años.

¿Será suficiente?

La mayor incógnita es acerca del efecto neto de esta política de ingresos. Si bien elevar el ingreso de sectores que consumen una gran parte del mismo fomenta el consumo, el congelamiento de ingresos que recae sobre parte de los jubilados y el aumento impositivo al cual se enfrentará la clase media y alta (que tampoco experimentarán una mejora real de sus ingresos), son factores que ponen en duda si la política de ingresos emprendida es suficiente para reactivar el consumo y evitar que otros sectores reduzcan su gasto compensando los estímulos al mismo.

Por otro lado, el plan dista de ser generalizado. Los trabajadores independientes o asalariados no registrados, una parte significativa de la masa salarial, no tendrán ningún beneficio. En estos casos, la paulatina mejora de la actividad y la desaceleración de la inflación serán los mecanismos que puedan darle aire a estos trabajadores en los próximos meses.

Fuerte heterogeneidad en los deciles de ingresos

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), durante el tercer trimestre de 2019, únicamente la población que pertenece a los dos deciles de ingreso mas altos (ganan mensualmente por encima de $23000) lograron darle pelea a la dinámica inflacionaria. Considerando que el aumento de precios fue superior al 54% en relación a igual trimestre de 2018, solamente el decil de ingreso más alto logró ganarle a la inflación, tras percibir una mejora promedio de 62% en sus ingresos (+5,1% i.a. en términos reales). Muy cerca quedó el noveno decil (el segundo mas alto), cuyo aumento medio fue de casi 51% i.a., lo que arrojó una pérdida de algo más de 2% i.a. del poder adquisitivo.

En cambio, lo sectores medios (entre $10000 y $23000 por mes) y bajos (menos de $10000 por mes), vieron sus ingresos medios aumentar en un 44% y 40,5%, respectivamente, en relación al tercer trimestre del año pasado. Teniendo en cuenta la dinámica que adquirieron los precios en el período, la pérdida real fue de 6,5% i.a. y 9% i.a. en cada caso.

¿Qué hay detrás de estos números?

Dentro de los ingresos, se incluyen tanto los no laborales como los laborales. En el primer grupo, las principales son las jubilaciones, que se ajustaron en función de la fórmula de movilidad vigente, recientemente interrumpida por el actual gobierno. Este ajuste, si bien corría de atrás a la inflación en momentos de aceleración inflacionaria, permite, al ser trimestral, una rápida actualización de las prestaciones, por lo que los beneficiarios no permanecen largos períodos con una pérdida significativa de su poder adquisitivo.

La preponderancia de las jubilaciones dentro de los sectores de mayor ingreso en la sociedad (más del 30% de los ingresos del décimo decil son no laborales) fue uno de los factores que permitió que estos alcancen una dinámica similar a la de la inflación. En cambio, los jubilados que perciben menos que $20000, están más distribuidos en los sectores medios (deciles 5 a 8), por lo que no hay un impacto significativo en algún decil en particular.

El otro factor que explicó el fenómeno en cuestión fueron los ingresos laborales, que en el caso de los sectores más altos, usualmente se ajustan vía paritarias. Esto ocurre porque en este nivel de ingreso 9 de cada 10 trabajadores está registrado, y si bien dentro de este grupo hay personas independientes (principalmente profesionales), no alcanzados por las negociaciones colectivas, es elevada la probabilidad que hayan percibido de alguna forma incrementos salariales. Esta caracterización ayudó a que, en los estratos más altos, la pérdida del poder adquisitivo sea limitada en relación al resto de la población.

Como contracara, en lo que refiere a los sectores de menores ingresos, se observa que solo 3,5 de cada 10 trabajadores de los cuatro primeros deciles poseen un puesto de trabajo formal, por lo que el impacto de las paritarias en estos grupos es visiblemente menor. Curiosamente, los ingresos de este grupo de trabajadores se contrajeron más de 10% i.a. en términos reales, incluso por encima de lo que cedió el poder adquisitivo de los ingresos totales del sector (9% i.a.). La vigencia de la AUH en estos sectores, que ajustaba de la misma forma que las jubilaciones, puede explicar esta discrepancia.

Adicionalmente, el impacto de la inflación en los distintos sectores de la sociedad es diferente. Por caso, la población que pertenece a los deciles más bajos son quienes gastan una mayor parte de su ingreso en alimentos y servicios públicos, erogaciones difícilmente eludibles en el mes a mes. Si tenemos en cuenta que estas agrupaciones evolucionaron por encima del Nivel General, es de esperar que el poder adquisitivo haya mostrado incluso un mayor deterioro que lo observado en la medida que nos enfocamos en los deciles mas bajos.

¿Cuáles son las implicancias?

Lo que rápidamente se observa es que únicamente los sectores de mayores ingresos lograron mantener su poder adquisitivo prácticamente inalterable en un contexto de elevada e inesperada inflación. Si bien gran parte de esto se debe a los distintos mecanismos que sostienen los ingresos reales (paritarias y ajuste por movilidad), un efecto adicional se vincula a la cantidad de niños por hogar, que crece en la medida que nos movemos a deciles de menores ingresos. Es decir, por mas que trabajadores de distintos ingresos se vean beneficiados por las mismas paritarias, la mejora tiene que ser repartida en más personas en aquellos hogares de menores recursos. En el extremo, esta es una de las causas de que la tasa de pobreza en menores de edad sea sosteniblemente mayor que en el resto de la sociedad.

Por otro lado, uno de los puntos mas controversiales del paquete de medidas enmarcado bajo la Ley de Solidaridad fue la interrupción del ajuste por movilidad jubilatoria. En su reemplazo, aquellos jubilados que perciben hasta $20000 tendrán un bono de suma fija de $5000 a ser pagados en diciembre y enero, a la espera de nuevas sumas fijas en el primer semestre. Un análisis de la distribución del ingreso muestra que quienes cederán poder adquisitivo en los primeros meses del 2020 serán los jubilados de los dos deciles mas altos, quienes en el pasado, gracias a la fórmula vigente habían logrado aumentos casi a la par que los precios.

Habrá que esperar si el gobierno decide aplicar una modalidad similar para las paritarias, en la que los aumentos correspondientes se enfoquen en aquellos sectores cuyo poder adquisitivo se deterioró más en los últimos meses.

Pese a la crisis, el empleo continúa creciendo

El PBI cayó 1,7% i.a. en el tercer trimestre de 2019 y, pese a la mejora en términos desestacionalizados (+0,9% en relación al segundo trimestre del año), acumula una contracción de 2,5% en el acumulado del año. Sin embargo, tal como viene sucediendo, el deterioro de la actividad económica fue acompañado por una mejora en el nivel de empleo. Según la Encuesta Permanentes de Hogares (EPH) -que releva información de 31 aglomerados urbanos-, la tasa de ocupación se ubicó en 42,6% (+0,1% p.p. en relación a igual trimestre de 2018) lo que se corresponde con un aumento de 1,2% en la cantidad de puestos de trabajo.

A su vez, la tasa de desocupación alcanzó 9,7% de durante el tercer trimestre del año (+0,7 p.p. en la comparación interanual). El incremento en conjunto de la cantidad de ocupados y desempleados se corresponde con una expansión de la Población Económicamente Activa (PEA), que avanzó 2% i.a. en el período de referencia. Esto significa que mas personas participaron del mercado laboral pero no todas pudieron conseguir un empleo.

¿Qué hay detrás de la generación de empleo?

En momentos de crisis, el aumento de la PEA se explica por el efecto trabajador adicional. Esto ocurre cuando un nuevo miembro de la familia se incorpora al mercado laboral ante la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo. En este sentido, la caída superior al 7,5% i.a. del salario real durante el tercer trimestre de 2019 es un factor que explica este comportamiento.

Como se mencionó anteriormente, la mayor cantidad de participantes del mercado laboral se tradujo en una mayor cantidad de desempleados, pero también en una expansión de los ocupados. Sin embargo, durante el tercer trimestre el empleo asalariado formal en la población de referencia cayó 0,5% i.a. Esto implica que la expansión del empleo guardó unicamente relación con la creación de puestos de trabajo de baja calidad. De hecho, si se suman los asalariados informales y los trabajadores por cuenta propia, actividades asociadas a una mayor precariedad y menores remuneraciones, se encuentra que exhibieron un aumento superior al 5% i.a.

Por lo tanto, si bien la crisis no provocó un significativo aumento en el desempleo, esto se debió a una proliferación de puestos de trabajo más inestables (informales o independientes) y/o con baja carga horaria (la masa de subocupados creció 10%). Por este motivo, como los trabajadores pretenden obtener mejores empleos, con mayor seguridad laboral y remuneraciones, imponen, junto a los desocupados, una mayor presión sobre el mercado laboral. Esto implica que, en sintonía con la caída de los salarios reales, permanece elevada la cantidad de personas que demandan un empleo para salir de la desocupación o cambiar la ocupación actual, con el fin apuntalar sus ingresos y/o abandonar la informalidad.

¿Qué esperamos para lo que resta del año y el inicio de 2020?

La inestabilidad cambiaria y financiera tras las PASO, así como la demora por parte del nuevo gobierno en anunciar medidas económicas concretas extendió la incertidumbre económica en los últimos meses. En consecuencia, prevemos que la situación en el mercado laboral en el último trimestre no sea muy distinta a lo observado en los primeros nueve meses, ya que la tendencia creciente del empleo será el resultado de puestos de trabajo informales o del cuentapropismo, en un contexto en el que pocas ramas de la actividad consolidan un avance. Asimismo, la profundización de la crisis podría desalentar la participación en el mercado de trabajo ante la perspectiva de no conseguir un empleo, lo que podría, en el margen, contener un avance sustantivo de la tasa de desempleo.

En lo que respecta a los primeros meses del año que viene, consideramos que una mejora en la actividad, alimentada por la expansión del consumo en el corto plazo, favorecerá la creación de empleo. Sin embargo, en tanto esta recuperación no se perciba como permanente, la probabilidad de que el empleo de calidad -principalmente asalariados formales- crezca será acotada, especialmente teniendo en consideración que la necesidad de cumplir un sendero fiscal equilibrado y sostenible no da espacio a un aumento significativo del empleo público.