Gobierno de emergencia a la espera de resultados

En tiempos de tormenta la visibilidad siempre se reduce y algo de eso pareciera estar pasando en el escenario político argentino. Las urgencias económicas, encabezadas por la necesidad de reestructurar una deuda “insostenible” en los términos utilizados por el FMI hacen que sea difícil planificar el largo plazo y diseñar un plan integral de Gobierno con políticas públicas que tengan una mirada a 5 o 10 años de plazo.

Esta es una realidad que difícilmente pueda ser rebatida frente al argumento de que nada puede planificarse si se desconoce el nivel de compromisos de pago de capital e intereses que quedará en pie luego de la negociación con los acreedores externos. No obstante, también es una excusa que encuentra este Gobierno para no tener plan, o lo que es lo mismo, para tener uno que solo mira al cortísimo plazo. Algo de ello se vio reflejado en el discurso del presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso.

Cuando Fernández tuvo que determinar un intervalo temporal para su propuesta de gobierno, habló de dos años. “Hoy vengo a proponer (…) un conjunto de acciones colectivas para el período 2020-2021”, afirmó el presidente en el Congreso, dejando evidencia que en Argentina el largo plazo son 2 años. Un cortoplacismo que se explica en parte por la serie de desequilibrios macroeconómicos que viene sufriendo el país y que ocuparon a los últimos gobiernos en casi exclusivamente en perseguir un único -y modesto- objetivo: el de evitar una crisis más profunda. Además, esta visiónm se explica por la existencia de ciertos condicionamientos políticos que obligan a este Gobierno a ganar la elección de medio término (2021), porque, si bien es un presidente que gobierna en mayoría, el Frente de Todos es de todos si es un frente para la victoria, y probablemente no siga siendo de todos frente a una derrota.

La mencionada elección definirá en gran parte (sea con una derrota del oficialismo o con una victoria) si su Gobierno será simplemente un período de transición hacia otra instancia política o si en realidad se trata del inicio de un ciclo político de largo plazo.

La clave para entender este condicionamiento político está en el origen de este proceso político: Fernández no tuvo otra fuente de autoridad política que la de haber sido seleccionado por CFK como candidato de la unidad. No había territorialidad ni popularidad que avalara esa candidatura, que si bien luego posibilitó la unidad posterior del peronismo, fue una unidad condicionada por la elección que ya había realizado CFK, poseedora de los votos para impedir el triunfo. Una unidad constituida sobre una propuesta: ganar sin discutir el nombre del candidato impuesto.

En el fondo, la virtud de Alberto es la de representar una opción de triunfo. Que este finalmente haya sido el desenlace, no impide que el resto de los actores hayan declinado sus aspiraciones. Y así como el triunfo produjo la unidad, la derrota pudiera provocar la fractura.

En el delicado equilibrio que originó el Frente de Todos, la popularidad de Fernández y sus posibilidades de ofrecer un triunfo en la elección de 2021 son factores determinantes para administrar la relación de interdependencia entre el costo de seguir perteneciendo al Frente y el beneficio de defeccionar, cuya secuencia lógica se explica en el gráfico siguiente.

Es decir, si la popularidad de Fernández desciende por falta de resultados y eso repercute en las posibilidades de triunfo del oficialismo en 2021, algunos miembros de la alianza podrían ver crecer el costo y reducir los beneficios de permanecer en la coalición, aumentando el riesgo de defección. Para evitar estas tensiones, Fernández necesita ofrecer un sendero de triunfo.

Esta particularidad del proceso político debería ser considerada por los acreedores externos, ya que les toca negociar con un presidente que necesita, independientemente de las necesidades generales de alivio, que el acuerdo no le complique el tránsito hacia esa elección legislativa. Por ello quizá la variable crítica no sea tanto la quita (capital o intereses) que se  acuerde, sino el nivel de alivio temporal que permita que los resultados de gestión aparezcan antes de octubre de 2021. Sea como fuere, mientras esa negociación sucede, seguiremos transitando este tiempo de Gobierno en emergencia a la espera de los resultados que traiga el ministro Guzmán, una síntesis perfecta de lo que acontece en el escenario político hoy.

El salario real cayó 9,5% en 2019

¿Qué pasó con los salarios en 2019?

El INDEC informó que los salarios en la economía avanzaron 2,6% en diciembre, por lo que, contemplando la dinámica de los precios (+3,7%), la pérdida del poder adquisitivo fue superior a 1% en el último mes del año.

De este modo, los salarios crecieron 40,9% durante el año pasado (+39,3% en promedio), impulsados por las remuneraciones de los trabajadores formales (+43,8%, +41,2% en promedio), donde acotadamente se destacaron los asalariados del sector privado (+44,3%, +41,1% en promedio) por sobre los del sector público (+42,9%, +41,4% en promedio). Por su parte, los trabajadores informales quedaron muy rezagados, ya que experimentaron un incremento de apenas 29,5% (+31,9% en promedio) en sus ingresos laborales.

Si contemplamos el aumento del nivel de precios y utilizamos la evolución promedio del salario real, que suele ser más informativa que la comparación punta a punta para captar la dinámica del poder adquisitivo a lo largo de un período de tiempo, se obtiene que la caída del poder adquisitivo en promedio fue de 9,5% i.a. en 2019. La caída media fue menor para los trabajadores registrados (-8,3% i.a.), mientras que los no formales sufrieron un desplome promedio de 14,1% i.a. en sus ingresos laborales. Por su parte, el salario medido en dólares retrocedió más de 20% i.a. en promedio durante el año pasado.

Así, el salario real en 2019 encadenó su segundo año consecutivo en retroceso y, tras ubicarse en rojo en tres de los cuatros años de Cambiemos, alcanzó un nivel 15% menor al promedio de 2015. Acuerdos salariales que continuamente quedaron desfasados ante las sucesivas sorpresas inflacionarias fueron la principal causa de esta dinámica.

¿Qué ocurrirá en 2020?

Los aumentos otorgados por decreto en el comienzo del año serán un paliativo ante la evolución del poder adquisitivo en los últimos meses, especialmente si la desaceleración de la inflación de enero se sostiene en los primeros meses del año. Sin embargo, en tanto estos incrementos más sean absorbidos por las paritarias -ya sea por las cláusulas gatillo o las propias negociaciones del año- menos abrupta será la recuperación del salario real.

En este escenario, en ausencia de una elevada volatilidad del tipo de cambio, la inflación promediará 2,5% mensual y, si bien podría acelerarse levemente en la segunda mitad del año cuando las tarifas de servicio público se descongelen luego de un año, se lograría una mayor estabilidad nominal que, al menos, evitaría grandes pérdidas del poder adquisitivo. Sin embargo, vale destacar el caso de los trabajadores informales, que al carecer de mecanismos legales para proteger sus ingresos reales en una economía que se recuperará muy lentamente, pueden tardar en sentir el repunte del poder adquisitivo que experimenten los empleados registrados.

En consecuencia, el incremento de los salarios nominales rondaría el 40% en 2020, levemente por encima de la inflación. Sin embargo, como resultado del arrastre negativo del año pasado, la recuperación será paulatina, por lo que prevemos que el salario real cierre el año con un nuevo retroceso, pero esta vez de 0,5% i.a. en promedio.

El gasto primario vuelve a crecer sobre los ingresos totales

¿Cómo comenzaron el año las cuentas públicas?

El Sector Público Nacional no Financiero tuvo un déficit primario de casi ARS 4.000 millones durante enero de 2020, y de este modo, el resultado primario fue de -0,01% del PBI. Si bien este dato es cercano al equilibrio, se debe recordar que enero suele ser un mes superavitario, ya que la recaudación tributaria en este mes tiene el impulso del aguinaldo.

En esta línea, se destaca que por primera vez en los últimos 24 meses, el gasto primario (50,6% i.a.) creció por encima de los ingresos (40,3% i.a.) en la comparación interanual. Mientras las primeras casi empardan la inflación (-1,5% i.a. en términos reales), la recaudación quedó bastante rezagada (-8,2% i.a. deflactada). Por un lado, esto se corresponde a que el adelanto de exportaciones en diciembre pasado concentró los derechos de exportación en dicho mes. Asimismo, parte de los ingresos no tributarios mostraron un decrecimiento, debido a la elevada base de comparación en Otros Ingresos Corrientes y la ausencia de ingresos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) a ANSES en el caso de los Ingresos de Capital.

Por su parte, el pago de intereses fue de ARS 87.000 millones en el primer mes del año, un crecimiento de 13,5% i.a. De este modo, descontando el aumento de los precios, se observa una caída superior al 25% i.a. de los mismos, que prácticamente compensa la dinámica exhibida por el resultado primario y tiene como consecuencia un déficit financiero de casi ARS 91.000 millones (-0,3% del PBI), que resulta equivalente en términos reales al registrado en enero de 2019.

¿Qué hay detrás del mayor crecimiento del gasto?

El avance de los gastos del primer mes del año fue traccionado por el crecimiento de las Prestaciones Sociales (+62,1% i.a., +6% i.a. en términos reales), dinámica asociada a la elevada inercia que trae la movilidad jubilatoria en los últimos doce meses. Por su parte, en enero los programas sociales exhibieron un fuerte aumento tras el bono a jubilados y al comienzo de la implementación de la tarjeta alimentaria, medidas que conjuntamente superaron los ARS 25.000 millones. Esto implicó un aumento de gasto primario, que en ausencia de estas asignaciones, habría crecido en torno al 41%, en sintonía con los ingresos fiscales.

Por otro lado, tras algunos meses de caída en términos reales, se observó un avance en los subsidios económicos (+15,4% i.a.). En este caso, la causa fue la cancelación de deudas correspondientes a 2019, por lo que los subsidios a la energía saltaron casi 50% i.a. en un contexto en el que las tarifas están congeladas hace más de seis meses.

En lo que respecta a los ingresos, el ritmo de los mismos fue marcado por los Ingresos Tributarios, que cayeron casi 10% i.a. en términos reales tras aceleraciones en las contracciones del IVA neto de reintegros y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (-19% i.a. y -10% i.a., descontando el aumento del nivel de precios, respectivamente). La recesión, que se refleja en las menores transacciones, importaciones y en la alicaída masa salarial real de la economía explica esta tendencia negativa. Por el contrario, se debe mencionar el incremento en Rentas de la Propiedad, que creció más de 43% i.a. deflactado tras el incremento en las transferencias a las provincias, que engrosan los recursos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).

¿Qué esperamos para los próximos meses?

El compromiso de asumir un proceso de austeridad fiscal durante 2020, tal como lo anunció el ministro Guzmán será fundamental de cara a la renegociación de la deuda con los acreedores privados y para evitar, en un contexto de inflación inestable, una excesiva emisión monetaria que cubra el eventual déficit de las cuentas públicas, considerando la incapacidad de obtener financiamiento.

Un primer paso fue el incremento de la presión tributaria tras la sanción de la Ley de Solidaridad Social (mayores retenciones a las exportaciones, incremento de la tasa estadística, aumento de bienes personales y nuevos tributos, como el impuesto PAIS). Sin embargo, a través de la suspensión de la fórmula de movilidad incluye un afinamiento en las erogaciones que representa más del 60% del gasto primario y poseen en un fuerte componente inercial.

En este contexto, el aumento de 2,3% más una suma fija de $1500 a jubilados, así como un incremento de 13% en las Asignaciones Universales en marzo implica un crecimiento cercano al 10% en lo referido a las Prestaciones Sociales, en contraposición al 11,6% que hubiera correspondido con la fórmula previa. Anualizando el ahorro fiscal del mes, el recorte rondaría 0,6% del PBI.

De este modo, velando también por evitar tensiones en el plano monetario y cambiario, ya que una política fiscal muy expansiva también podría ser desestabilizadora, el oficialismo busca demostrar interés en alcanzar un sendero fiscal equilibrado, aceptado por los acreedores y la sociedad. No obstante, el éxito de la estrategia está condicionada a la estabilización de la actividad económica: si el consumo privado no repunta en los próximos meses y los ingresos tributarios comienzan a crecer por debajo de los gastos -revirtiéndose la dinámica de los últimos dos años-, el gobierno tendrá dificultades para hacer creíble su estrategia de cara a las próximas negociaciones con los acreedores. En este marco, y considerando la elevada presión impositiva -que conlleva un mayor riesgo de evasión-, el descongelamiento de tarifas, la continuidad de los aumentos por decreto a los jubilados, pueden ser cartas a jugar durante la segunda mitad del año.

¿La desaceleración de la inflación es sostenible?

¿Qué sabemos de la inflación en lo que va del año?

El resultado de las PASO y el consecuente salto cambiario llevó la inflación a la zona del 4% mensual en el último cuatrimestre de 2019. En gran parte, esto se correspondió al impacto que tiene la propia dinámica del dólar en el nivel de precios, aunque también ayudó un comportamiento precautorio de las empresas ante la posibilidad de un acuerdo de precios y salarios tras el cambio de gobierno.

Si bien los lineamientos generales en materia económica están atados a la reestructuración de la deuda, las primeras decisiones dieron cuenta que controlar la inflación, al menos en el corto plazo, es un objetivo no menor para el gobierno. En este sentido, se anunció el congelamiento de las tarifas de Servicios Públicos hasta junio, del Transporte Público hasta mayo, a la vez que se mantuvo estable la cotización del dólar oficial durante los primeros días de la gestión. Asimismo, se suspendieron aumentos en prepagas y, tras negociar con laboratorios, se alcanzó una baja en el precio de los medicamentos (que revirtió parcialmente el aumento de casi 10% en la previa del acuerdo). Por el contrario, las presiones sobre los costos siguen vigentes a través del aumento salarial otorgado por decreto ($4000 a asalariados registrados del sector privado), que implicaría una suba de 5,5 % del costo laboral, según estimaciones del Ministerio de Trabajo.

La combinación de los incrementos precautorios en el cierre del 2019 y la vuelta al ancla tarifaria y cambiaria en los primeros 45 días de este año trajo buenos resultados en materia de precios. La inflación nacional se desaceleró a 2,3% en enero -en parte ayudada por la salida del índice de los bonos pagados en diciembre a los encargados de edificios y personal doméstico- y, según el IPC GBA Ecolatina, la tendencia continuaría a la baja: el avance de los precios fue de 2,2% entre la primera quincena de febrero e igual período de enero.

No obstante, un hecho significativo es que la inflación en alimentos no cede. A contramano de lo que sucedió con el nivel general, las subas de los alimentos y bebidas durante el primer mes y medio de 2020 es superior al de los últimos meses del año pasado. Una de las principales causas de esta dinámica fue la reimposición del IVA en algunos alimentos de la canasta básica, que por su significativo peso traccionaron el índice. Asimismo, también se observó durante enero un avance en el precio de la carne, que por cuestiones asociadas al ciclo ganadero pospuso el traslado a precios del salto del tipo de cambio.

En este sentido, tras la disparada del dólar de agosto pasado, la inflación en el último cuatrimestre del año fue de 11,7%, levemente por encima del avance de los alimentos y bebidas (+11,3%), cuyo precio es muy sensible a la dinámica cambiaria. En cambio, pese a la estabilidad en la cotización de la divisa durante los primeros dos meses del año, el aumento de los alimentos duplicaría el del nivel general (8% vs 4,5%, según nuestras estimaciones preliminares) en este período.

Esta reversión refleja la regresividad del proceso inflacionario perjudicando en mayor medida a los hogares más vulnerables, quienes ocupan una mayor proporción del gasto en alimentos. Este fenómeno también podría limitar el efecto expansivo sobre el consumo de la política de ingresos progresiva -priorizando aumentos de sumas fijas en lugar de porcentuales-que está llevando a cabo el gobierno justamente en favor de los sectores más postergados.

¿Desaceleración transitoria o permanente?

La reciente baja en la inflación aparece como una buena noticia de cara a las próximas negociaciones paritarias, un instrumento clave para lograr contener la nominalidad de la economía. Sin embargo, el uso del ancla cambiaria y tarifaria en pos de este objetivo también desprende otros interrogantes.

En primer lugar, muestra que la calma cambiaria es central para moderar la suba de precios. Esto no es ninguna novedad, pero pone de manifiesto que complicaciones en las negociaciones de la deuda presionarían sobre dólar oficial imponiendo un límite al proceso de desinflación. En este sentido, el deslizamiento del tipo de cambio en las últimas ruedas, especialmente si se sostiene en las próximas semanas, es una prueba de fuego para la dinámica inflacionaria: una depreciación lenta pero sostenida evita el atraso cambiario impidiendo que la inflación mensual perfore el 2%.

Por otro lado, incluso en un escenario favorable en términos de la renegociación, el congelamiento tarifario -a priori vigente hasta mayo/junio- resulta difícil de sostener. Eventualmente, el gobierno deberá permitir que los Servicios Públicos y los combustibles suban a un ritmo similar al de los costos, a fin de evitar que el peso de los subsidios económicos crezca. Además, considerando que en el año próximo se celebran las elecciones de medio término, es probable que el oficialismo quiera concentrar estos ajustes durante el segundo semestre de 2020.

Estos elementos reflejan que la tregua inflacionaria es frágil. Incluso en el mejor de los casos -éxito en la renegociación y estabilidad cambiaria- se vería afectado por la necesidad de mostrar austeridad fiscal limitando los subsidios económicos, al menos en la segunda mitad del año.

A fin de contrarrestar el impacto directo y de segunda ronda de estos eventuales aumentos, el gobierno cuenta con dos cartas. Por un lado, todavía mantiene caudal político y buenas relaciones con los sindicatos, por lo que de mantenerse una inflación “aceptable”, sin bruscas aceleraciones, podría transitar el año sin demandas salariales que presionen excesivamente sobre los costos empresariales. En segundo lugar, la baja del costo del financiamiento tras la aparición de líneas de crédito subsidiadas para empresas podría colaborar en un contexto de lenta recuperación de las ventas.

En definitiva, considerando los riesgos y limitaciones del uso del ancla cambiaria y tarifaria para atacar la inflación se deberá echar mano a otras herramientas para continuar con un proceso sostenible de desaceleración de la inflación. En cambio, el exceso en la utilización de alguno de los elementos disponibles será más un impedimento que un facilitador para alcanzar la estabilidad nominal en el futuro.

El Ejecutivo impulsa cambios en los regímenes jubilatorios especiales

Luego de anunciar que la movilidad jubilatoria del primer trimestre del año contiene un recorte sobre el aumento previsto por la ley de movilidad anterior, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar algunos regímenes previsionales especiales.

Se trata de regímenes denominados “de privilegio”, que atienden la situación previsional de trabajadores del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Servicio Exterior. Son regímenes que, además de tener algunas disposiciones más beneficiosas que el régimen previsional general (se jubilan con menor edad, por ejemplo), se componen de trabajadores activos que cobran sueldos muy por encima de la media. El Gobierno incluyó un diagnóstico de estos regímenes en el proyecto, señalando la situación deficitaria. Aquí los detalles de la iniciativa:

Disposiciones comunes para ambos regímenes:

El proyecto establece que el haber inicial será equivalente el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de los cargos. De esta manera se modifica la disposición que hoy esta vigente que establece que el haber inicial corresponde al 82% del último cargo al momento de jubilarse. Este cálculo también aplica en caso de sobrevenir la invalidez antes de cumplir los requisitos antes mencionados.

Para poder corregir el déficit del régimen previsional en cuestión, la iniciativa establece un incremento de los aportes de quienes están en el desempeño de sus funciones de 7 puntos porcentuales sobre la remuneración total percibida

Modificaciones al régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del poder judicial y del ministerio publico:

El proyecto fija los alcances del nuevo Régimen, incluyendo a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, pero excluyendo al Presidente, al Vicepresidente y a los Jueces de la Corte Suprema de la Nación, quienes quedan comprendidos en el régimen ya vigente para esos cargos.

Por otro lado, se sube la edad jubilatoria para el personal alcanzado de 60 a 65 años utilizando una escala gradual y progresiva. De manera adicional al requisito de los 30 años de aporte, se incorporan nuevos requisitos para acceder a la jubilación: 1) la acreditación de 20 años mínimos de desempeño en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, 2) que 10 años hayan sido continuos o 15 discontinuos siempre que el cese se produzca en esa actividad, y 3) que se produzca el cese definitivo en el ejercicio de su actividad.

Modificaciones al régimen jubilatorio para funcionarios del servicio exterior de la nación:

El proyecto aclara que la prestación de servicios en lugares considerados peligrosos o insalubres no será computada doble para acreditar requisitos de años para el beneficio previsional. Además, al igual que con el Régimen para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, se incrementa la edad jubilatoria a 65 años. Esto se hará de manera gradual, a razón de 1 año adicional por cada año transcurrido de la entrada en vigencia de la ley

La recaudación real volvió a terreno negativo en enero

¿Qué pasó con la recaudación en enero?

Según informó AFIP, la recaudación tributaria ascendió a ARS 527.000 millones en enero y creció 44,9% i.a. Sin embargo, la evolución fue inferior a la del nivel de precios -continuará por encima del 50% i.a. durante el primer mes del año-, por lo que los ingresos mostraron un deterioro de 6% i.a. en términos reales.

Los tributos que exhibieron un mejor desempeño fueron los vinculados al comercio exterior. Los Derechos de Importación y Exportación crecieron 69,7% i.a. (+10% i.a. deflactado) y 54,0% i.a. (empardando la inflación), respectivamente. Por su parte, la recaudación vía IVA DGA, que grava los productos que ingresan por aduana trepó casi 90% i.a., un avance superior al 20% en términos reales. Sin embargo, este último representa alrededor del 30% del total de los ingresos por IVA, que, debido a la pobre perfomance del consumo interno (el IVA interno cayó más de 12% i.a. en términos reales), mostró un avance de casi 49% i.a. (-3,5% i.a.) deflactado. Otro indicador que refleja la dinámica de las transacciones es el Impuesto al Crédito y Débito en cuenta corriente, que se incrementó 47% i.a. (-4,6% i.a.).

Por último, se debe mencionar que el debut del Impuesto PAIS implicó una recaudación de poco mas de ARS 3.000 millones, apenas 0,6% de los recursos tributarios del mes. Este monto es significativamente menor a lo esperado, considerando además que estacionalmente enero implica un mayor consumo de residentes en el exterior.

¿Por qué la recaudación real volvió a terreno negativo en enero?

Luego de pasar más de un año en rojo -a excepción de agosto 2019-, la recolección impositiva exhibió en el último bimestre del año pasado una mejora respeto a la inflación en la comparación interanual. Sin embargo, como se mencionó, esta relación se revirtió en el primer mes del 2020.

Esta dinámica se da luego del adelanto de operaciones de comercio exterior tras el resultado electoral que generó una significativa desaceleración en el crecimiento de los Derechos de Exportación, así como una contracción en los Derechos de Importación. La incertidumbre acerca de las medidas -o la magnitud de las mismas- en los últimos meses del año pasado provocó un adelanto de las exportaciones -para evitar gravámenes más elevados, un comportamiento que a posteriori tuvo sentido- y un incremento en las importaciones -ante temores de mayores trabas-.

Al mismo tiempo, los ingresos reales por Seguridad Social también volvieron a exhibir un retroceso de dos dígitos en el primer mes del año (-10,2% i.a.), tras un desplome en los Aportes Personales: pasó de promediar -2,2% i.a. en el último bimestre del año pasado a una caída de casi 10% en enero 2020. Asimismo, la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social y Reactivación Productiva, a través de un relajamiento de la presión impositiva sobre las PyMes, podría haber contribuido negativamente en la recolección de tributo.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

En tanto la actividad económica no repunte, gran parte de la recaudación tributaria continuará creciendo por debajo de la inflación. El IVA interno y los ingresos por Seguridad Social, tributos atados a las ventas y a la dinámica del mercado laboral (tanto puestos de trabajo como remuneraciones) tendrán una lenta recuperación. En el primer caso, podría observarse un recorte de la caída como resultado de la vuelta del IVA a algunos alimentos de la canasta básica, así como la paulatina implementación de la tarjeta alimentaria. De todos modos, la política de ingresos llevada adelante por el gobierno, basada en el incremento de los ingresos en hogares de bajos recursos podría no ser eficiente por dos motivos: la existencia de comercios de proximidad no registrados y la posible sobrecompensación tras la demora en la mejora del poder adquisitivo de otros sectores.

Por lo tanto, mejoras en la recaudación vendrán de la mano de los ya establecidos aumentos en alícuotas, como es en el caso de los Derechos de Exportación, Tasa Estadística (que afecta a las importaciones) y Bienes Personales, o la creación de nuevos gravámenes, como el Impuesto PAIS. Dado lo limitado del impacto agregado de estos cambios, resulta también necesario seguir de cerca lo que suceda con el gasto público en pos de lograr un resultado primario sostenible.

Clima de cautela y moderado optimismo

Para describir el clima de opinión observado en nuestro primer estudio nacional luego de la asunción de Alberto Fernández como presidente, utilizamos dos términos: cautela y moderado optimismo.

La cautela es porque pareciera ser este un inicio de ciclo donde la habitual buena expectativa se encuentra contenida por la dificultad del presente y la frustración del pasado. Siendo muy conscientes de las dificultades económicas que se atraviesan, esta parece ser una opinión pública que viene sufriendo sistemáticamente la frustración de sus ilusiones de recuperación, y que ahora prefiere esperar resultados para volver a creer.

Por su parte, en relación al moderado optimismo, ocurre un hecho que pareciera repetirse  de la etapa kirchnerista, y que había desaparecido en tiempos de Macri: la opinión pública tiende a tener mejores expectativas sobre el futuro personal que sobre el futuro del país. Pareciera que la gente confiara más en lo que la política le pueda dar a su futuro personal, que lo que pueda hacer con el porvenir del país.

De hecho, los optimistas sobre el futuro del país decrecieron 5,7 p.p. respecto de marzo de 2016, mientras que los optimistas sobre el futuro personal subieron 6,2 p.p. en relación a esa misma fecha.

Por otro lado, se observa que el principal canal de evaluación sobre el Gobierno podría ser el resultado en materia de desinflación. A pesar de lo urgente que es resolver el tema de la deuda, la permanente suba de precios continúa siendo la principal preocupación ciudadana, al reducir la capacidad de compra de los salarios y afectando calidad de vida de los ciudadanos.

El contraste entre lo urgente para el país (resolver la reestructuración de la deuda) y lo preocupante para la opinión pública, se vuelve un desafío para el Gobierno, porque sin fondos ni acceso al crédito externo, se debe encontrar una salida para el tema para luego ver las condiciones iniciales sobre las cuales diseñar la política económica que busque soluciones a la situación doméstica.

Para ambos temas (deuda e inflación), el mes de marzo pudiera ser crítico. En el primer caso, porque el Gobierno se autoimpuso el 31 de marzo como fecha límite para resolver la reestructuración de sus pasivos. En el segundo, el mes cobra relevancia debido a que la opinión pública vuelve a concentrarse en sus problemas cotidianos, vuelve a su rutina anual y se reinicia el ciclo escolar. Estacionalmente, es un mes complicado para la inflación, momento en que la gente pudiera estar haciendo una primera evaluación sobre los resultados en materia de desinflación, y consecuentemente, sobre los resultados de gestión del nuevo Gobierno.

Con sumas remunerativas y sin cláusulas gatillo

EN 2019, la mayoría de los gremios quedaron mejor parados frente a la evolución de la inflación en relación a lo sucedido el año previo. En particular, Bancarios y SMATA, con paritarias que comienzan en enero y finalizan en diciembre, pudieron ganarle la carrera a los precios en el acumulado del año. A ellos se le suma la UOCRA, que, si bien finaliza su acuerdo en marzo, tuvo revisiones trimestrales y se encuentra muy bien parado con los aumentos pautados. Por su parte, Gastronómicos, Sanidad y Alimentación también cerraron el 2019 apenas por encima del IPC, pero sus acuerdos vencen entre mayo y junio. Finalmente, los más damnificados resultaron ser Comercio, la UOM, y UPCN, aunque, al igual que Camioneros, todos ellos se encuentran renegociando sus acuerdos con ánimo de revertir lo perdido hasta el momento.

Por su parte, la delicada situación fiscal que atraviesan las Provincias les impidió acompañar la decisión del Gobierno nacional de otorgar un bono de compensación salarial de $ 4.000 a cuenta de la negociación paritaria futura. De hecho, la mayoría de ellas evalúa discutir las Paritarias 2020 con estatales otorgando sumas fijas y sin utilizar cláusulas gatillo. Aquí un panorama de lo que sucede en cada Provincia:

En lo que respecta a las negociaciones paritarias 2020, el gobierno tiene el desafío de “poner en marcha la economía”, apelando a una reasignación de ingresos en favor de segmentos de menores recursos (tanto activos como pasivos) al mismo tiempo que intenta frenar la inercia inflacionaria, a través de la continuidad del congelamiento tarifario y tratando de contener la puja distributiva. Es por ello que ha empezado a enviar señales para modelar el proceso paritario buscando que se cumplan dos cuestiones esenciales: 1) el otorgamiento de sumas fijas y no de aumentos porcentuales y 2) eliminar de toda discusión salarial la implementación de mecanismos indexatorios del estilo de cláusulas gatillo.

Estos criterios fijados por Fernández colaboran en dos aspectos al Plan del Gobierno: por un lado, ayudan a contener la puja distributiva, pero por el otro permiten no fijar aumentos anuales porcentuales que afecten las expectativas inflacionarias, que debería ir confluyendo a la baja hacia fin del corriente año. La “desporcentualización” del proceso paritario en el comienzo de año, es decir en tiempos donde el Gobierno está tratando de reacomodar los compromisos de deuda pública, es de gran ayuda para contener la puja distributiva y evitar que las expectativas inflacionarias afecten la evolución de los precios.

Uno de los primeros gremios en adecuarse a estos parámetros fijados por el oficialismo para el proceso paritario fue la Asociación Bancaria que determinó aumentos de suma fija para los meses de enero y febrero, a cuenta de lo que se determinará en las negociaciones que retomarán en marzo.

Donde sí desconoció la Bancaria la pauta oficial de negociación, fue en el cierre de la paritaria 2019, donde en compensación por la aplicación de la cláusula gatillo, se acordó una recuperación del salario en términos porcentuales de 3,8%, en consonancia con el nivel de inflación anual conocido días atrás.

De todas maneras, el Gobierno pretende que desde la propia CGT se produzca alguna declaración de postura al respecto y se promueva como criterio propio que todos los gremios se atengan a encarar durante el primer cuatrimestre negociaciones salariales por sumas fijas a cuenta de lo que se negocia más adelante. Una decisión que tiene el objetivo de postergar la puja distributiva para luego que el Gobierno finalice el proceso de renegociación de la deuda externa y empiece a fijar los parámetros centrales de su plan económico.

En definitiva, como en otras áreas, en materia laboral las principales acciones de Gobierno parecieran estar suspendidas hasta que se termine de clarificar el escenario en materia de deuda. En la medida que esos cimientos se consoliden, se podrán levantar el resto de las paredes del programa económico.

La agenda legislativa arrancará el año con la deuda como protagonista

De cumplirse la voluntad del oficialismo, el 29 de enero iniciará el año legislativo en el marco de las sesiones extraordinarias (extendidas hasta fines de febrero). El Gobierno buscará debatir los proyectos de Consenso Fiscal y la suspensión de las jubilaciones de privilegio en primer término, aunque también podría incorporarse un primer texto que trate la renegociación de la deuda con acreedores externos y el FMI para poder garantizar la sustentabilidad de los compromisos.

El ministro Martín Guzmán ya presentó el texto antes de que el mismo ingresara en la Cámara de Diputados y volvió a dejar en claro que el Gobierno tiene la voluntad de pagar la deuda, pero para que eso ocurra el país necesita crecer primero. El texto del proyecto no agrega ningún elemento nuevo respecto de las condiciones en las que el Gobierno de Alberto Fernández enfrentará la negociación con los acreedores. Tampoco ofrece ningún elemento que permita dilucidar cuál será la oferta que el Gobierno le hará a los acreedores.

La verdadera intención del oficialismo con este proyecto enviando al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias, es buscar apoyo político para fortalecer las condiciones de negociación del Gobierno frente a sus acreedores. El proyecto, que solo consta de 9 artículos, se resume brevemente en el siguiente cuadro:

La intención del Gobierno es que el texto se trate en el recinto de la Cámara de Diputados entre el 29 y el 30 de enero. Por este motivo, deberá apurar el debate en las comisiones y darle un tratamiento exprés, similar a lo sucedido con el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación de la Economía.

Por su parte, la oposición (Juntos por el Cambio y otros bloques menores) aclararon que están dispuestos a apoyar al Gobierno en las gestiones por lograr una renegociación que le de sostenibilidad al perfil de la deuda pública nacional, por lo que no se habría impedimentos para que la Ley de apruebe. No obstante, resta saber si el apoyo será explícito (votando a favor del proyecto) o implícito (absteniéndose entendiendo que el proyecto es redundante de las facultades ya otorgadas por la Ley de Emergencia). De todos modos, la oposición buscará que el ministro Guzmán vaya al Congreso para debatir la iniciativa, y explicar las bases de la renegociación.

Expectativas estables tras las primeras medidas

En materia de expectativas sobre el futuro del país, los optimistas se estabilizan en torno al 37%, cifra que surge del núcleo de votantes de Fernández. Por su parte, el 31,2% cree que el país estará peor dentro de un año, mientras que el restante 31,6% se reparte entre la incertidumbre y la sensación de que la situación no cambiará. Es muy probable que estos últimos se inclinen al optimismo o al pesimismo con el correr de los meses.

En cuanto a la expectativa sobre el futuro personal de cada encuestado, el optimismo continúa su tendencia alcista comenzada hace ya un año (donde los niveles de optimismo se encontraban por el piso), y se ubican en un 40,5%. Al mismo tiempo, la incertidumbre y el pesimismo crecieron un poco con respecto a la última medición, y ambas se ubican en torno al 20%. En este sentido, cabe destacar que los niveles de incertidumbre en las respuestas son los más altos del registro (desde marzo de 2016). Nuevamente, se espera que esta variable defina hacia un sesgo optimista o pesimista con el correr de los meses.

Por otro lado, se observa que las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández tuvieron una evaluación levemente favorable. Mientras que el 39% de los encuestados cree que las medidas que tomó el gobierno son positivas, el 36,9% cree que son negativas y el 19,4% las calificó como “regulares”.

Lo interesante es que si se indaga según el voto de los encuestados en la última elección general, se observa con mucha razonabilidad que el mayor rechazo a las medidas económicas de Fernández se da entre los votantes de Mauricio Macri, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, mientras que el núcleo del apoyo radica en losvotantes oficialistas. Dentro de la oposición, los votantes de Del Caño son los que demuestran mayor nivel de apoyo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, mientras que los votantes de Lavagna son los que muestran menor rechazo a las mismas.