Author: Ignacio Ruiz

El impacto positivo que la crisis tuvo inicialmente sobre la imagen del presidente pareciera esfumarse con el paso del tiempo. La aparición de una amenaza de dimensiones desconocidas y que estaba afectando a todo el mundo desdibujó las diferencias políticas y produjo una extraordinaria empatía inicial con Fernández, pero la desaparición de parte de ese temor inicial (en parte por el propio éxito de la estrategia sanitaria del Gobierno) y el desgaste que producen las dificultades económicas, han vuelto a dibujar las diferencias políticas y ello ha afectado la buena imagen ganada por el presidente.

Esta dinámica que tiende a volver al estado pre-pandemia que se registra en la imagen del presidente pueden responder a tres fenómenos:

1) La amenaza va perdiendo parte de sus atributos atemorizantes: ya no es nueva, ya es propia, y si se quiere, se sabe que se sale, como están saliendo otros países. Como hoy forma parte de la normalidad, posiblemente ello contribuye a que disminuya el temor.

2) La disputa política salió del shock inicial y retomó su dinámica: lentamente los actores retomaron sus lugares en la disputa; el oficialismo criticando a la oposición y la oposición criticando al oficialismo. Ello fue produciendo que la opinión pública tienda a retornar a su posicionamiento político pre-pandemia.

3) El impacto de la pandemia-cuarentena sobre la economía: el deterioro de la actividad económica está afectando la situación económica personal de buena parte de la población y ello empieza a habilitar cierta mirada crítica sobre el accionar del Gobierno. Sobre todo en materia económica, donde los niveles de aprobación de lo hecho por el Gobierno son menores que en el orden sanitario.

Esa suerte de desgaste, producida sobre la alta valoración pública obtenida por el presidente al comienzo de la crisis, ocurre simultáneamente con la menor aprobación de las medidas adoptadas para combatir la pandemia y para mitigar el impacto de la cuarentena en la economía, que vienen cayendo desde comienzos de la crisis. La aprobación de las medidas que tomó el Gobierno para enfrentar la pandemia han caído de 78,7% a fines de marzo a 58,1% a fines de mayo, reduciéndose el diferencial positivo de aprobación de las medidas sanitarias de +74,4 p.p a 39,0 p.p. Del mismo modo, en el último mes se ha visto reducido el nivel de apoyo a la respuesta económica que el Gobierno dio en relación a la pandemia. En este caso, de un 47,6% que aprobaban las medidas económicas adoptadas para mitigar el daño de la pandemia a fines de abril, registramos un 38,3% que aprobaban esas medidas a fines de mayo.

Todas estas caídas, la de la imagen del presidente, la de la aprobación de las respuestas sanitarias a la pandemia y las de la aprobación de las medidas económicas, tienen un patrón común y es el retroceso de estos indicadores entre los votantes opositores, que son los que explicaron el crecimiento de comienzos de la crisis. El desafío será sostener los niveles actuales de popularidad, en un contexto donde la crisis económica empieza a asomar en el debate público y probablemente sea el tema protagónico de lo que venga.

En un contexto de alta incertidumbre, el proceso paritario se encuentra virtualmente suspendido y la discusión salarial se encuadra en la emergencia. La parálisis producida por la pandemia y la incertidumbre de cuándo culminará, ya provocó que los gremios comiencen a acumular pérdidas frente al avance de la inflación en una época del año clave, ya que entre marzo y mayo suelen vencer los acuerdos paritarios anuales.

Sanidad, que opera en una de las áreas esenciales, es el único gremio de los denominados “grandes” que logró renegociar su paritaria este mes y lo hizo de manera trimestral, fórmula que logró buenos resultados para los gremios que la aplicaron en 2019. Habrá que ver si la mayoría intenta seguir el camino del gremio conducido por Daer y buscarán acuerdos cortos en un contexto muy incierto.

Por su parte, los sectores no esenciales, solo discuten suspensiones y cómo proteger puestos de trabajo. Es en este sentido que el gobierno prorrogó la prohibición de despidos por el plazo de 60 días.

Esta decisión surge como respuesta a la demanda del Consejo Directivo de la CGT (una versión ampliada para integrar a sectores sin representación en ese órgano), que se reunió para discutir los detalles de la grave situación económica que atraviesa el país. Además, el Gobierno dio una respuesta positiva tras el reclamo por la asistencia financiera a las obras sociales que están haciendo frente a la pandemia y están sufriendo una merma en su recaudación por la caída de la actividad económica. Por su parte, el pedido para que se exima de ganancias a los trabajadores de los sectores esenciales no recibió el visto bueno del Ejecutivo, aunque el Congreso si eximió a los trabajadores de la Salud.

La preocupación de la dirigencia sindical no solo estuvo centrada en el presente sino también en el futuro y allí surgió con fuerza la necesidad de que el post-pandemia sea discutido entre los trabajadores y los sectores empresarios en un marco que bien podría ser el Consejo Económico y Social. El Gobierno prometió enviar el proyecto de ley al Congreso en los próximos días. Por lo pronto, los dirigentes del Consejo Directivo de la CGT se reunieron con funcionarios del Gobierno (Claudio Moroni y Cecilia Todesca) con quienes hablaron de acciones necesarias para la recuperación económica. Allí se planteó a la necesidad de crear un Comité de Crisis, se pidió fortalecer la ayuda estatal para pagar sueldos y se descartó encarar cualquier tipo de reforma laboral y del sistema de salud (como había trascendido en días previos).

Luego de un largo impasse donde el Congreso quedó sin funcionar producto del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, ambas Cámaras retomaron actividades utilizando mecanismo de funcionamiento remoto. Entendiendo que esta dinámica podía alterar la dinámica de los debates, oficialismo y oposición acordaron que el funcionamiento estaría acotado, en un comienzo, a discutir iniciativa consensuadas y relacionadas a la emergencia por la pandemia de Covid-19 en Argentina. Fue así que se sancionaron proyectos que tenían como objetivo atender las dos caras de la crisis –la sanitaria y la económica- con diferentes medidas que buscan mitigar los efectos negativos de la pandemia:

1) Exención transitoria del impuesto a las ganancias: Este proyecto, que ya cuenta con sanción en ambas cámaras -por lo que solo resta su promulgación para tener carácter de ley-, apunta a aliviar a los trabajadores de las siguientes áreas: personal de la salud, fuerzas de seguridad, actividad migratoria, aduanera y bomberos en el marco de la emergencia económica y sanitaria. La exención sería retroactiva al 1 de marzo y tendría vigencia hasta el 30 de septiembre. La medida puede prorrogarse en caso de que la situación lo amerite.

2) Programa de protección al personal de salud: la iniciativa crea el Fondo de Protección del Personal de Salud, con el fin de efectuar la adquisición de bienes, servicios y equipamiento necesarios para garantizar la protección del personal de salud durante la emergencia. Las compras deben basarse en evidencia científica y en el análisis de información estratégica de salud. Las compras realizadas por este fondo no están ajenas al régimen de contrataciones de la administración nacional, debiendo proceder en todos los casos bajo el principio de transparencia y posterior publicación y control de sus gastos por los organismos correspondientes. El Fondo de Protección del Personal de Salud estará integrado por: los recursos que se asignen a través de la ley de presupuesto de la Administración Nacional o los que asigne el Jefe de Gabinete, para lo que efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias; los aportes no reintegrables propuestos por organismos multilaterales, de cooperación, gobiernos extranjeros u Organizaciones no Gubernamentales; y donaciones, legados subsidios u otras formas de asistencia financiera y económica.

Así como hay proyectos de ley relacionados a la pandemia que están siendo tratados, también existen iniciativas que han sido anunciadas, pero que no se materializaron en una iniciativa formalmente presentada, y que han generado polémica. La iniciativa más controversial que fue propuesta en los últimos días es la de la diputada Vallejos, la cual consiste en que el Estado pueda tomar parte de las empresas a las cuales se encuentra asistiendo en medio de la cuarentena. Si bien es un proyecto que por ahora no se convirtió en un texto concreto, ya recibió el apoyo de legisladores del oficialismo y de algunos funcionarios como Claudio Moroni. En cuanto al contenido del eventual proyecto, la diputada afirmó que no sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos.

Otro proyecto del que se habla hace ya varias semanas y que aún no ha sido presentado es el Impuesto a las grandes fortunas. El proyecto apuntaría a que tributen los patrimonios que están por encima de 3.000.000 de dólares, aunque esto podría ser revisado y modificado. El Gobierno estima que esto impactaría a 12.000 personas físicas. El impuesto sería excepcional, progresivo, y se espera recaudar aproximadamente 3.000 millones de dólares. El hecho de que se traten de iniciativas polémicas y no presentadas, plantea el interrogante de si se tratan de iniciativas que realmente tienen el objetivo de ser discutidas y aprobadas, o si solo sirven para ser capitalizadas en el debate público, como capital simbólico para los propios seguidores.

Continuando con la tendencia, en mayo registramos por primera vez que la preocupación por la situación económica personal superó a la preocupación por el coronavirus, justo cuando se registra un crecimiento de casos y muertes. Vale aclarar que el trabajo de campo se hizo mayoritariamente en un momento donde el promedio diario de casos era de 157, pero en todo caso este dato nos marca que, de la mano de la cuarentena, la situación económica personal se fue complicando, impulsando una mayor preocupación económica.

En este sentido, también las preocupaciones ciudadanas parecieran “normalizarse” a las tendencias precedentes. Después de que en abril la preocupación por la salud tocara niveles máximos, cayó casi 14 p.p. en mayo y se ubica tercera con 20,9%, dejando la preocupación por el desempleo al tope del ranking (25,7%). La preocupación por la corrupción, que ya se ubicaba en segundo lugar, se mantuvo en el mismo lugar en mayo, alcanzando el nivel del 24,8%.

Por otro lado, que preocupe más la economía que el virus puede provenir de cierto optimismo que dominaba la opinión pública hasta el momento del trabajo de campo. Consultados sobre cómo será la situación de la pandemia en la Argentina, dos de cada tres consideran que la situación aquí será más
leve que en otros países, marcando que hay una mirada optimista de la situación sanitaria. Esto también puede explicar que la mayoría (53,8%) de los encuestados esté demandando flexibilizar la cuarentena, mientras que un 42,3% sostiene que hay que mantenerla igual o incluso volver a hacerla más rígida. Veremos cómo impacta en la opinión pública el crecimiento de casos y muertes de estos últimos días posteriores al trabajo de campo, y ello afecta la mirada que la gente tiene sobre la cuarentena.

Pero en todo caso, más allá de que prevalecía un cierto optimismo sobre la situación sanitaria en Argentina y que ello pudiera estar impulsando una mayoritaria demanda de flexibilizar las restricciones de la cuarentena; no es menos cierto que con el paso del tiempo bien pudiera estar produciéndose un agotamiento de la predisposición de la gente de permanecer encerradas en sus hogares. Quizá la demanda de una mayor flexibilidad en las medidas sanitarias no obedece tanto al optimismo de la gente, sino al agotamiento de la gente al encierro. Una buena medida para evaluar ello será observar si esa demanda se mantiene con más casos y más muertes.

La historia nos enseña que cuando aparece una amenaza exterior, se fortalece el sentimiento de comunidad por solidaridad de padecientes, y emerge el fenómeno de unión nacional. Todos nos encolumnamos detrás de quien tiene la tarea de protegernos, del comandante en jefe de esa batalla. Algo de eso le sucedió a Alberto Fernández, que tomó la medida más protectora posible: cuarentena obligatoria.

En la medida que la sociedad se fue familiarizando con la amenaza y le fue perdiendo un poco el miedo, emergió la posibilidad de mirar con un sentido más crítico lo que estaba haciendo el presidente. Eso habilitó la posibilidad de que Alberto Fernández sufriera cierto desgaste por la forma en que está administrando esta crisis, lo que podría explicar la caída en la imagen del Presidente registrada durante abril.

No obstante, también hubo ciertos traspiés que cometió el Gobierno en la gestión de esta crisis que pudieron haber afectado la imagen del presidente. Entre ellos, encontramos el caos en el pago de jubilaciones y planes sociales en marzo, los sobreprecios en la compra de alimentos, liberación de presos para aliviar la situación en los penales, lentitud en la implementación de la asistencia social e idas y vueltas con algunas decisiones (salidas reacreativas).

Lo interesante es que, al enumerar los principales traspiés, se encuentra con un patrón común en todos los errores: problemas de coordinación entre áreas de Gobierno o intra-áreas de Gobierno. Esta dificultad puede ser un reflejo o síntoma de un padecimiento de base, que no es otra cosa que la dificultad que enfrentó el Frente de Todos (una coalición electoral) para transformarse en el equipo de todos (una coalición de gobierno).

La compartimentación de las áreas de Gobierno que se observó en la etapa de designación de autoridades ha provocado problemas de funcionamiento, que han quedado en evidencia en cada uno de los errores cometió el Gobierno en la gestión de esta crisis. Algo de todo esto también puede explicar cierto desgaste en la imagen del presidente, incluso cuando sigue mostrando un saldo positivo muy alto.

Para entender lo que el presidente puede perder del apoyo ganado puede servir observar qué apoyo ganó con esta crisis, porque posiblemente allí estará la eventual pérdida de disiparse la amenaza del coronavirus y de volver a la “normalidad”. Si se analiza la composición de la imagen de Alberto Fernández, se encuentra que buena parte de la mejora se explica por votantes de otras fuerzas políticas, seducidos por gestión de la crisis.

La pregunta que cabría hacerse es si esa simpatía ganada entre votantes opositores no está impulsada por el deseo que pudiera anidar en esos votantes de que Alberto Fernández no sea Cristina Kirchner. La pregunta subsidiaria que cabria hacerse es, qué sucederá cuando pase la crisis y se vuelva a ver un mayor protagonismo de Cristina Kirchner. Las respuestas las tendremos cuando vuelva algo de normalidad al proceso político.

La relación entre el Gobierno y los principales gremios de la CGT registró en los últimos días una fuerte tensión que no estuvo vinculada a la situación del empleo o de los salarios, sino a la realidad que atraviesa el subsistema de salud integrado por las obras sociales sindicales. La razón del conflicto fue el criterio que el Gobierno estableció para distribuir recursos adeudados a las obras sociales por reintegros para cubrir tratamientos médicos de alta complejidad, justo cuando la pandemia del Covid-19 está poniendo en jaque a la prestación de salud sindical.

La situación que atraviesan las obras sociales sindicales es delicada, ya que recibieron un doble shock (caída de ingresos por caída de aportes, más incremento del gasto para hacer frente a la pandemia), en un momento donde sus finanzas se encontraban ya golpeadas por los retrasos en los reintegros que debía hacer el Estado para cubrir los gastos afrontados para atender tratamientos de alta complejidad, muchos de ellos en respuesta a fallos judiciales que beneficiaban a los afiliados.

Según el cálculo de los propios gremios, al comienzo del año, el Estado les adeudaba a las obras sociales sindicales unos $ 15.000 millones, lo que
motivó que la CGT pusiera especial énfasis en que al frente de la Superintendencia de Seguros de Salud pudiera ser nombrado alguien de su confianza (David Aruachuan). Finalmente, la designación de Eugenio Zanarini , de confianza de Ginés González García despertó la sospecha en el mundo sindical de que la intención del Gobierno no era devolver rápido lo adeudado.

Hace unas semanas, el propio González García les adelantó a los gremios que
había en elaboración un plan de ayuda para las obras sociales para volcar unos $ 20.000 millones al sistema, número que coincide con la caída de la recuadación de las propias obras sociales.

Sin embargo, la tensión escaló en los últimos días cuando el Gobierno informó cómo se iban a distribuir unos $ 4.000 millones de pesos en concepto de reintegros por lo adeudado ya que se veían beneficiadas obras sociales que, si bien tenían más trámites pendientes, no eran las que más afiliados tenían para cubrir pensando en la emergencia de la pandemia. Esto se sumó a la tensión iniciada a fines de marzo cuando el Gobierno repartió unos $ 2.800 millones y benefició a Hugo Moyano: el Sindicato de Camioneros recibió unos $ 258 millones teniendo menos afiliados que otros gremios como UOM, Gastronómicos, UATRE y UOCRA, que recibieron sumas inferiores.

El Gobierno logró bajar la tensión con dos decisiones simultaneas: 1) redefinir el criterio de redistribución de los fondos para beneficiar a las obras sociales más grandes y necesitadas; 2) duplicar los compromisos de devolución de fondos (a los $ 4.000 millones se sumarán otros $ 4.000 millones en el corto plazo, compuestos por dos pagos de $ 2.000 en mayo y en junio).

Resta saber si el Gobierno cumplirá este compromiso y volcará recursos adicionales al sistema de obras sociales para afrontar la crisis. En todo caso, queda claro que la pandemia del Covid-19 hará que la relación entre el Gobierno y los gremios no solo pase por precios y salarios, sino también por la salud de las obras sociales.

A principios de abril, un grupo de diputados del Frente de Todos perteneciente a la rama sindical presentó un proyecto de ley para crear un impuesto extraordinario llamado “Impuesto Patria”. El mismo consistía por un lado en un impuesto “Único a los Bienes Personales” y por otro lado un “Impuesto a las Ganancias” que afectaría tanto a personas humanas como jurídicas. En este último caso, la propuesta era gravar a toda “persona humana o jurídica cuya rentabilidad neta supere los 50 millones de pesos”, lo que terminaría alcanzando a un número importante de contribuyentes. El proyecto jamás trascendió, ya que no había motivos para pensar que el oficialismo tomara como propia esa iniciativa.

El tema escaló en la discusión pública cuando en el marco de una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky, el presidente Fernández se entera de un eventual proyecto de ley que Máximo Kirchner y otros legisladores del oficialismo (entre ellos Carlos Heller), para crear un impuesto extraordinario para las personas físicas que habían ingresado al último blanqueo realizado durante la presidencia de Macri. El presidente afirmó que el proyecto le resultaba más coherente que una reducción salarial a la dirigencia política, en un contexto donde la oposición reclamaba públicamente que el Gobierno redujera los salarios de los funcionarios públicos. Con el correr de los días el proyecto fue madurando en el seno del bloque oficialista de la cámara baja, y, finalmente, el presidente terminó de darle su aval al comunicar una reunión suya con Heller y Máximo Kirchner. Como al día de hoy la iniciativa no tiene texto (su contenido aún surge de trascendidos, muchos de ellos del propio oficialismo), aquí damos cuenta del contenido del proyecto según esos trascendidos:

En principio, independientemente de la discusión de la escala y el alcance del gravamen, habría voluntad mayoritaria de aprobar el proyecto porque parte de la oposición estaría a favor, o no tiene voluntad de oponerse. En donde disienten los diferentes espacios políticos es en cuál debería ser el destino de lo recaudado. Entre las diferentes propuestas se destacan: