Author: Ignacio Ruiz

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El déficit fiscal superó 3% del PBI en seis meses

 ¿Cuál fue el resultado de las cuentas fiscales en junio?

El Sector Público Nacional no Financiero tuvo un déficit primario superior a ARS 250.000 millones en junio, equivalente a -1% del PBI. De este modo, el rojo operativo rozó los ARS 900.000 millones en la primera mitad del año y ya acumula -3,3% de PBI.

Por su parte, el pago de intereses fue de ARS 35.000 millones el mes pasado, llevando el déficit financiero a la zona de ARS 288.000 millones (-1,1% del PBI). De esta forma, en el primer semestre se observó un rojo financiero de casi ARS 1.200.000 millones (-4,5% del PBI), superando el valor acumulado durante todo 2019.

¿Continuó creciendo la diferencia entre los ingresos y los gastos?

En primer lugar, hay que decir que la dinámica interanual de ingresos y gastos no continuó con la tendencia divergente de los últimos dos meses, más afectados por la cuarentena. Si bien la diferencia fue muy significativa, menos de 8% y más de 70%, respectivamente (o -25% i.a. y +8% i.a., si descontamos la inflación), fue menor a la de los últimos meses.

En este sentido, se debe señalar que el principal componente del gasto, las prestaciones sociales, treparon 78,5% i.a. (+32,5% i.a. real) impulsadas por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que conjuntamente concentraron casi ARS 100.000 millones durante junio. En cierta medida, esta dinámica se vio compensada por una menor asistencia a las provincias, que no superó los ARS 20.000 millones (menos de la mitad del monto promedio transferido durante abril y mayo).

En igual sentido, los gastos de capital cayeron más de 25% i.a. en términos nominales. Se ve entonces que el aumento de las erogaciones está siendo impulsado por las políticas para paliar el impacto de la cuarentena en la sociedad, a la par que otros gastos están en rojo. No obstante, no es claro al momento qué parte de este gasto “extra” seguirá una vez superada la pandemia.

Párrafo aparte merecen los subsidios económicos, de carácter permanente y que treparon casi 90% i.a. en términos nominales, impulsados por las transferencias a las compañías energéticas (+114% i.a.). Si bien el precio internacional de los commodities del rubro continúa por debajo de los niveles de inicios de año, congelar las tarifas desde mediados de 2019 está implicando un costo importante para el Estado Nacional y enciende algunos interrogantes sobre la persistencia del congelamiento tarifario en el segundo semestre.

En lo que respecta a los ingresos totales, se observó un avance de 26% i.a. de los recursos tributarios. Aunque esto representa una caída real mayor al 10% respecto de junio de 2019, el deterioro se relajó respecto de abril y mayo, cuando la contracción había alcanzado (15,8% i.a. y 1,6% i.a.). Siguiendo con la tendencia observada en mayo (el EMAE avanzó 10% contra el piso de abril) la actividad habría seguido recuperándose en junio, aunque todavía muy por debajo de los niveles pre-cuarentena.

Adicionalmente, las rentas de la propiedad (-20,5% i.a., -44% i.a. real) se vieron afectadas por las medidas de alivio financiero para las familias, que consistió en la suspensión del pago de las cuotas por créditos otorgados de la ANSES, mientras que los recursos de capital exhibieron una contracción de casi 80% i.a. debido mayormente a la elevada base de comparación, que responde a la venta de activos de empresas públicas registrada en junio del año pasado por casi ARS 45.000 millones. Vale destacar que, si excluimos este concepto, los ingresos totales habrían crecido cerca de 20% i.a.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

La dinámica fiscal del segundo semestre no dependerá exclusivamente de lo que suceda con la cuarentena y la asistencia financiera y sanitaria necesaria para hacer frente a la pandemia. Esto se debe a que su extensión pone cada vez más de manifiesto un plan para diseñar la recuperación.

Por ejemplo, tal como algunos funcionarios deslizaron, es probable que sea necesario mantener algún tipo de prestación social que reemplace parcialmente el IFE en la post-pandemia debido a las dificultades que tendrán muchos trabajadores en “recuperar” sus puestos de trabajo, incluso en el mediano plazo. La vigencia de esta asistencia a las familias, dada su relevancia, dificultará una rápida desinflación de las prestaciones sociales pasada la cuarentena. En la misma línea, por el momento el gobierno pretende evitar un ajuste tarifario que reduzca las transferencias a las empresas de servicios públicos.

En definitiva, la duración y magnitud del aumento del gasto depende de las condiciones que resulten de la cuarentena. El impacto sobre las capacidades del sector privado, que afectan el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo, y en consecuencia, reducen los ingresos laborales y sostienen la pérdida del poder adquisitivo, será, al menos parcialmente, compensado por el estado.

El problema es que el financiamiento no podrá ser a través de una rápida recuperación de la recaudación: las complicaciones en el mercado de trabajo producto de la cuarentena también afectarán a los ingresos. El impacto será directo, a través de la erosión de los tributos de la seguridad social ante el desplazamiento de las negociaciones paritarias hacia el cierre del año -en el mejor de los casos-, y la pérdida de puestos de trabajo formales; e indirecto, producto de un menor dinamismo del poder adquisitivo, al considerar también las dificultades que enfrenten trabajadores cuentapropistas e informales. Por otro lado, la eventual moratoria fiscal -de la que no se conocen detalles- podría también limitar la recuperación de los ingresos públicos.

Por lo tanto, el mayor gasto, con los mercados de créditos todavía cerrados, debe ser financiado a través de una creciente emisión monetaria, algo que no carece de riesgos en una economía que acumula presiones inflacionarias hace varios años y cuya moneda carece de confianza.

En definitiva, esperamos que el déficit fiscal continúe creciendo en la segunda parte del año, llegando a la zona de 6,5-7% del PBI. Los esfuerzos necesarios para contener las implicancias del aislamiento en la economía dejarán su lugar a los orientados a apuntalar la demanda interna en un contexto social que ya se prevé crítico.

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Crece la preocupación por la economía y el desempleo

Luego de experimentar un abrupto incremento positivo como consecuencia de la respuesta que dio ante la crisis sanitaria que disparó el coronavirus, la valoración del desempeño del Gobierno finalmente vuelve a acomodarse en los valores vistos a principio de año, ratificándose la tendencia observada en los estudios anteriores. La imagen positiva se ubica en julio en 42,3% mientras que la imagen negativa hace lo propio en 41,3%. La imagen positiva cayó 22 p.p. en los últimos 3 meses, luego del pico de abril de 64,3%.

Esta volatilidad tuvo su correlato en las preocupaciones en los últimos cuatro meses debido a la incertidumbre que generó el efecto de la pandemia y la cuarentena. El registro de este mes marca a la preocupación por el desempleo como la máxima intranquilidad de la sociedad, ubicándose en 27,8%. La última vez que esta preocupación lideró el ranking fue en octubre de 2017. La preocupación por la corrupción, que yace en la porción de la sociedad que es opositora al Gobierno, se ubica segunda con un 24,6%. Más abajo se encuentra la salud, que descendió casi un 50% desde el overshooting visto en abril, quedando cuarto lugar la preocupación por la inflación.

Por lo tanto, en el momento sanitario más crítico, la preocupación ciudadana por la pandemia frente a la preocupación por la economía arroja uno de los diferenciales más altos del registro: un 52,9% afirma estar más preocupado por la situación económica que por el COVID, mientras que a la inversa encontramos un 44,6%. Si bien habría más motivos para estar preocupados por el coronavirus hoy que a fines de marzo, la situación económica entró en una dinámica de deterioro que termina preocupando más a la gente de lo que preocupa el virus en su peor momento de la pandemia en Argentina.

En este sentido, en un contexto donde aumenta la cantidad de casos que se registran diariamente de coronavirus, se mantiene la tendencia mayoritaria de flexibilizar la cuarentena. Un 53,9% afirma que la flexibilizaría, un 23,6% afirma que la endurecería, y un 17,1% que la sostendría como está. La tendencia ratifica que la cuarentena pudo ser efectiva para contener la situación sanitaria, pero que no es una opción viable mantenerla en el tiempo de manera “indefinida”.

En síntesis, en el peor momento de la pandemia, se observa más preocupación por la economía, menos predisposición a la cuarentena y menor evaluación de lo hecho por el Gobierno.

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Fernández perdió el capital político ganado al inicio de la pandemia

El impacto positivo que la crisis tuvo sobre la imagen del presidente ha quedado atrás, y en junio la imagen de Alberto Fernández volvió a los niveles que tenía antes de que comience la crisis por el coronavirus. La tendencia lo venía anticipando, y finalmente se dio esta circunstancia que puede ser
explicada por factores propios y ajenos. En los propios hay que anotar el natural desgaste que gestionar una crisis de estas características acarrea, sobre todo entre los votantes ajenos, que con el paso del tiempo internalizan la novedad y se permiten una mirada crítica sobre cómo se administra la situación.

En este punto se pueden mencionar todos los traspiés que se fueron dando y que fueron minando la popularidad ganada: sobreprecios en la compra de alimentos, desorganización en la forma de otorgar la ayuda, liberación de presos, enojos del Presidente con la gente, falta de cumplimiento de la cuarentena de funcionarios, junto con otras medidas polémicas que se tomaron en este tiempo, como la expropiación de Vicentín.

Entre los factores ajenos hay que mencionar la natural forma y los tiempos en que la opinión pública metaboliza las novedades shockeantes en el escenario, como si luego de acusar el golpe, todos quisieran volver a ubicarse en el lugar que estaban ubicados precisamente antes del shock: si se observa la evolución de la imagen positiva del Presidente, se pude apreciar cómo en su composición, se produjo una caída significativa de apoyo o popularidad entre los votantes ajenos, como si la volatilidad de la popularidad se explicase por un movimiento entre el universo de votantes opositores, de votantes en blanco, o de votantes ausentes.

Si a fines de marzo un 35,5% de los que tenían imagen positiva de Fernández no eran votantes del Frente de Todos, a fines de junio ese porcentaje
bajó a 25,2%. El 65% de la caída de casi 15 p.p. en la imagen positiva de Fernández, obedece a la pérdida del apoyo de votantes opositores, que lo
dejaron con una popularidad más exclusivamente basada en el apoyo de sus propios votantes.

Esto se da en un contexto en el que la grieta condiciona la mirada sobre la pandemia. En el inicio de la pandemia en la Argentina, allá por mediados de marzo, había cuatro variables que incidían en la forma en que la gente miraba la realidad, aportando heterogeneidad en sus respuestas: rango etario, área geográfica, tipo de ocupación y perfil político. Esta ultima fue la variable que se fue haciendo más heterogénea con el paso del tiempo, reflejando mucho contraste en las respuestas.

El posicionamiento político es hoy la variable que más incidencia tiene en la forma que la gente ve los acontecimientos en esta pandemia. Por un lado, a los votantes de Macri les preocupa más la economía, son menos optimistas de cómo se va a desarrollar la pandemia en la Argentina, demandan más flexibilidad en la cuarentena (tienen menos predisposición a la misma) y lógicamente desaprueban mayoritariamente el accionar delgobierno frente a la pandemia. Por otro lado, a los votantes de Fernández les preocupa más el coronavirus, son más optimistas de cómo se va a desarrollar la pandemia en la Argentina, demandan más rigidez en la cuarentena (tienen más predisposición a la cuarentena) y lógicamente aprueban mayoritariamente el accionar del
gobierno frente a la pandemia.

La variable política incidió en el resto de las variables. Por ejemplo, los adultos mayores, que históricamente mostraron una tendencia favorable hacia Juntos por el Cambio, al inicio de la pandemia comenzaron teniendo mucha preocupación por el virus, tendían a aprobar el accionar del gobierno y a reclamar más rigidez en las medidas contra la pandemia. Pero lentamente, su posicionamiento político fue incidiendo para producir cambios en esa mirada.

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2002 y 2020, ¿más coincidencias que un anagrama?

En 2020, el PBI global caerá casi 5% según las proyecciones del FMI, experimentando la mayor contracción desde la Gran Depresión que comenzó en 1929. Sin embargo, habrá comportamientos muy heterogéneos entre países. Lamentablemente, la economía argentina será una de las que más sufrirá a nivel global (la sexta, según el Fondo), incluso a pesar de no ser uno de los países más golpeados por el COVID-19 a términos sanitarios -al menos hasta ahora-.

Este pobre desempeño se explica por la fragilidad económica previa a la pandemia: dos años seguidos en recesión, inflación en la zona del 50% y una caída del salario real cercana al 20%. Como resultado, la crisis del Coronavirus nos llevará a un retroceso del PBI de dos dígitos en el promedio anual. Para peor, con el dato del EMAE de abril (-26,4% i.a.), el piso de actividad de la crisis 2018-2020 ya superó al de 2001-2002. Con este dato, se reavivaron algunos fantasmas de aquel momento. Ahora bien, ¿tienen asidero? Comparar ambos períodos nos ayudará al respecto, sobre todo para entender similitudes y diferencias y la posible forma de la recuperación.

Empecemos por los puntos en común: ambas crisis serán las dos recesiones más profundas de los últimos cien años (según nuestras estimaciones el PIB caerá este año aún más que en 2002). Sin embargo, al comparar las trayectorias aparecen más diferencias que semejanzas.

En la crisis anterior, la caída del PBI empezó en la segunda mitad de 1998, durando cuatro años y agravándose progresivamente. Si bien el deterioro se aceleró a fines de 2001 producto del colapso de la Convertibilidad (default y devaluación), el declive fue paulatino a lo largo de los años. En cambio, en 2020, la recesión se profundizó abismalmente producto del Coronavirus y las restricciones a la producción y a la demanda para contener los contagios. Dicho esto, vale remarcar que esta crisis se agudizó por factores extraeconómicos (Pandemia/Cuarentena).

Por las características propias de una economía sin inflación -el nivel general de precios incluso retrocedió 3,4% entre 1998 y 2001-, el ajuste recayó en la crisis anterior casi íntegramente sobre las cantidades, algo que no pasó en la situación actual, donde el mismo también incluyó a los precios. A modo de ejemplo, en ese entonces el desempleo llegaba al 18,4%, mientras que este año promediaría 13%. Sin embargo, entre 1998 y 2001, la caída del poder adquisitivo fue acotada, producto de la dificultad de bajar salarios nominales, aún en un contexto deflacionario, a la par que entre 2018 y 2019 esta variable acumuló un retroceso de 20% y perdería no menos de un 5% adicional este año.}

Dicho esto, vale remarcar que la crisis anterior comenzó por el lado de la demanda y se agravó constantemente por problemas vinculados al consumo y la inversión, mientras que en esta coyuntura se sumaron los problemas de oferta: empresas que producirían más pero que por la cuarentena y sus restricciones no lo están pudiendo hacer. En consecuencia, la caída esta vez será mucho más heterogénea a nivel sectorial -ramas esenciales, exceptuadas y no esenciales, por caso-, mientras que a comienzos de siglo el deterioro fue más homogéneo (menos dispar).

Pasado este punto, se observa que no hay tantas semejanzas entre la crisis de 1998-2002 y la que comenzó en 2018 y se agravó este año, ¿pasará lo mismo con la recuperación?

Para diagramar la reactivación, hay que pensar en sus posibles motores. Desde 2002, las exportaciones fueron uno de los pilares de la recuperación, impulsadas por la mejora del tipo de cambio real y un contexto externo favorable, que apuntalaba también la recaudación vía retenciones. En este sentido, un sector público con superávit primario y sin pagos de deuda por el default fue un driver esencial, impulsando la inversión y el consumo por el lado estatal. Sumando la elevada capacidad ociosa del aparato productivo, pudimos crecer sin tensiones por el lado inflacionario, al menos hasta 2006-2007.

Actualmente, la situación es distinta. Por un lado, porque el sector público tendrá un déficit muy elevado, de mínima superior al 6% del PBI en 2020. Para peor, no está claro cómo lo financiará: si bien la expansión de la base monetaria se atenuó en las últimas semanas, producto de la esterilización vía LELIQs y pases, a la par que se abrió algo de espacio para que el Tesoro Nacional colocara deuda en pesos, no queda claro cuánto espacio habrá para seguir con estas políticas de absorción en el corto plazo. En consecuencia, si el mayor déficit fiscal producto de la pandemia/cuarentena no se ajustara rápidamente, se reactivarían las tensiones cambiarias (suba de las cotizaciones paralelas, mayores expectativas de devaluación y menores excedentes de dólares en el mercado oficial).

Por otro lado, aparece la cuestión nominal: pasada la mega devaluación, la suba de precios entre 2003 y 2006 fue baja y previsible, fortaleciendo el crecimiento. En cambio, en este contexto, habrá riesgos latentes y permanentes por este frente: liquidez excedente, tarifas que se atrasan, presiones cambiarias y de recomposición salarial, más la elevada inercia preexistente, amenazarán constantemente la baja -transitoria- observada en la inflación.

Por su parte, el frente externo tampoco parece tan prometedor como a principios de siglo. Si bien el superávit comercial de bienes llegaría a niveles récord este año, lo haría por un desplome de las importaciones y no por un avance de las exportaciones, que también caerían en el corto plazo producto de la menor actividad global (principalmente de Brasil, nuestro primer socio comercial, al menos hasta 2019). En consecuencia, tendríamos un saldo comercial en máximos, pero un flujo (suma de exportaciones e importaciones) en mínimos. Pensando en la producción local y sus posibilidades de recuperación, esto no representa un motor sino más bien un freno.

Asimismo, el tipo de cambio real, que se encontraba en niveles altamente competitivos a la salida de la crisis de 2002, en la actualidad está en línea con el promedio histórico y por debajo de éste si descontamos la elevada presión tributaria y las retenciones. Además, pese a las fuertes restricciones a la compra de divisas (incluso para importar bienes) el BCRA no logra acumular reservas netas y existen amenazas latentes en el frente inflacionario y en el plano internacional (depreciación de las monedas emergentes y avalancha de importaciones ante demanda internacional deprimida). Por lo tanto, el frente cambiario no será el motor de antaño y pude convertirse en un foco de tensión.

Otro aspecto que puede condicionar la recuperación es que estamos en plena negociación de la deuda pública ley extranjera, con un final todavía abierto. Cerrado este capítulo resta aún discutir el repago de la deuda con el FMI. Por lo tanto, la incertidumbre en este frente no se disipará en el corto plazo. En cambio, pasado el primer cuatrimestre de 2002, el efecto negativo del default comenzó a diluirse, para luego, en plena fase expansiva, poder reestructurar exitosamente la deuda en 2005. En consecuencia, no tenemos los motores del 2002 pero sí algunos problemas adicionales.

No obstante, no todos los puntos son negativos: la crisis actual posee un grado elevado de “inducción”, ya que responden a restricciones productivas para contener contagios del Coronavirus. No por inducidas estas caídas son menos reales, pero sí serían menos persistentes: el deterioro abrupto debería revertirse a medida que la cuarentena se flexibilice/levante. Ahora bien, una vez pasado este rebote, la reactivación, posiblemente, será más lenta y dificultosa que la de la crisis de 2001-2002. Superar la pandemia y la negociación de la deuda son condiciones necesarias, pero no suficientes para volver a crecer; lamentablemente, estas últimas todavía son signos de interrogación.

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La construcción con la mayor destrucción de empleo

Continúa el deterioro del empleo formal

En abril, primer mes de cuarentena plena, se perdieron 185 mil empleos registrados (una caída de 1,6% en relación al mes previo), alcanzando un récord desde el inicio de la serie en 2012. Si a este número le sumamos la dinámica de marzo (que también fue parcialmente afectado por el aislamiento) se obtiene que una pérdida superior a 270 mil, lo que equivale a una caída del 2,3% del total de los puestos de trabajo formales.

A excepción de los asalariados públicos, cuyo nivel de empleo se mantuvo estable en abril (-0,1% respecto a marzo), el resto de las modalidades de contratación exhibieron significativas caídas. Si agrupamos a los trabajadores independientes (monotributistas, autónomos) y asalariados de casas particulares se observó una contracción de 2% en relación al mes previo, mientras que los asalariados privados, tipicamente asociados al empleo de calidad, mostraron un retroceso de -2,2% (casi 130 mil puestos de trabajo). Esto implica que 7 de cada 10 puestos de trabajo que se perdieron en abril se correspondieron a empleos de calidad.

Los sectores con más restricciones con las mayores caídas

De todos modos, cabe destacar que la dinámica no fue homogénea hacia dentro de este último sector. Como era de esperar, aquellas ramas productivas mas afectadas por las restricciones a la circulación -y mas presentes en los centros urbanos- fueron las que exhibieron el mayor deterioro: el empleo formal en la construcción cayó 11,1% (15,1% si incluimos a marzo) y en hoteles y restaurantes cayó 7,7% (9,2% al contabilizar desde el inicio de la cuarentena). Así, la mitad de los asalariados privados que perdieron su empleo estaban trabajando en estos sectores.

Las dificultades que tuvo el gobierno en las primeras semanas de la cuarentena para asistir a las empresas más perjudicadas por el aislamiento social puede haber sido un factor que haya acelerado la pérdida de empleo en estos sectores.

Por su parte, el comercio y la industria, los sectores que ocupan mas personas, apenas mostraron un retroceso de 1,1% en abril. Vale decir que todavía no se posee información más desagregada hacia dentro de estas ramas, pero es de esperar que los sectores productivos menos esenciales hayan sido los más perjudicados.

La destrucción de empleo y la post-pandemia

Asumiendo que el empleo público pasará la crisis sin mayores sobresaltos y que los trabajadores independientes podrán sufrir un recorte en sus ingresos pero podrían retomar sus actividades en la medida que las restricciones se vayan relajando -como está ocurriendo en gran parte del país-, la dinámica del empleo formal dependerá de lo que suceda con los asalariados privados, que explica más de la mitad de los anteriores.

En este sentido, las relaciones laborales que cesaron entre marzo y abril podrían ser solo la punta del iceberg. En mayo el 17% de las empresas de los aglomerados urbanos aplicaron suspensiones (+3 p.p. que en abril, según informa la Encuesta de Indicadores Laborales) siendo que aún para entonces la cuarentena se extendía cada dos semanas, fomentando una expectativa de paulatino relajamiento.

Luego, la extensión por tres semanas en junio implicó reconocer que por casi un mes muchas actividades continuarían prohibidas, especialmente en los grandes centros urbanos, a lo que se le sumó en julio la vuelta atrás de la cuarentena en AMBA. Si bien la situación sanitaria en el interior del país puede permitir que las autoridades den luz verde a más actividades, el pesimismo viene porque la región metropolitana de la capital del país explica alrededor de un 40% del empleo formal.

En consecuencia, no hay muchos indicios que sugieran un freno en la destrucción de empleo asalariado privado, especialmente si la ayuda del gobierno a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) comienza a limitarse. Así, incluso con un decreto que prohíbe los despidos, puede haber destrucción de empleo. Esta paradoja se explica por el eventual el cierre de empresas, y si bien el éxito en el control de la pandemia es una condición necesaria para la recuperación económica, el daño en en aparato productivo limitará el rebote y tendremos otra primavera sin brotes verdes.

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La pandemia demora las paritarias

Las consecuencias que está produciendo la pandemia del Covid-19 sobre la actividad económica imposibilita la discusión sobre acuerdos salariales. Sin certidumbre sobre cuánto durará el vendaval y cual será el impacto sobre los puestos de trabajo, se vuelve difícil discutir actualizaciones salariales. Pero esto no implica que los salarios puedan ir desactualizándose frente a una inflación que se desacelera, pero sigue su curso.

En este sentido,  el gobierno, junto a las autoridades empresarias y sindicales están pensando en algún tipo de acuerdo de suma fija una vez que pase la pandemia. Esto tendría lugar especialmente en los gremios que integran el grupo de actividades esenciales (Camioneros, Bancarios, Sanidad, etc.), pero todo estará supeditado a qué tan arrasada quede la economía luego de la tormenta perfecta que resultó ser la pandemia.

Sobre estas negociaciones se suma la falta de acuerdo para el pago de aguinaldos. Luego de idas y vueltas, la Unión Industrial Argentina (UIA) resolvió anunciar que las empresas que la integran pagarán el aguinaldo “entre la fecha legal correspondiente y no más allá del 30 agosto, mediante las cuotas y/o adelantos que las circunstancias permitan”. En una misiva dirigida al ministro Claudio Moroni, solicitaron que “se contemple esta situación, evitando inspecciones o sanciones por la adecuación aludida que no es imputable a las empresas o empleadores sino a las circunstancias mismas”.

Todo esto se da en un contexto en el que se empieza a evidenciar un proceso de destrucción de empleo. Este es otro factor que advierte sobre una conflictividad laboral que irá creciendo en los próximos meses, de la mano de
las consecuencias negativas que la pandemia, y las medidas adoptadas para combatirla, tienen sobre la actividad económica y el ingreso de los trabajadores.

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96,827%

¿Qué significa este numero?

Fue la variación interanual del gasto primario durante el mes de mayo, que rozó los ARS 580.000 millones (+37% i.a. en términos reales). Al comparar las erogaciones contra los casi ARS 330.000 millones que representaron los ingresos totales (+2,4% i.a, -28,5% en términos reales) se obtiene el déficit fiscal del quinto mes del año: ARS 251.287 millones (-0,9% del PBI), acumulando un rojo operativo de ARS 636.000 millones en lo que va del año (-2,3% del PBI).

Por su parte, el pago de intereses superó los ARS 55.000 millones el mes pasado, provocando un déficit financiero de ARS 308.000 millones (-1,1% del PBI), que alcanzó ARS 900.000 millones (-3,2% del PBI) durante los primeros cinco meses de 2020.

De todos modos, resulta curioso que la variación interanual del gasto primario (que da lugar al título de la nota) es la misma (en sus tres primeros decimales) que la del mes de abril. Por lo tanto, si bien la situación crítica requerirá un gasto creciente, cabe preguntarse ¿La expansión interanual del gasto primario alcanzó un tope? ¿Se aplanó la curva?

La lupa sobre las prestaciones sociales

Lo primero a destacar es que más allá de los contratiempos que está sufriendo AMBA, lo más probable es que lo peor de la cuarentena ya haya pasado en gran parte del territorio nacional. Esto puede comenzar a aliviar presiones sobre las Prestaciones Sociales (+97,8% i.a.), que representa casi dos tercios del gasto primario y cuyo incremento en mayo fue motorizado principalmente por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). La vuelta a una vida más normal y a los trabajos permitirían, en principio, comenzar a focalizar esta asistencia en el AMBA.

Asimismo, el gobierno prorrogó la sanción de una nueva ley de movilidad. El aumento por decreto establecido para junio (+6,1% para jubilados y perceptores de beneficios sociales) también contendrá, marginalmente, el crecimiento del gasto social por esta vía en el segundo semestre.

De todos modos, el gasto también dependerá de la dimensión de otras variables. Por un lado, están los Subsidios Económicos (+180% i.a. en mayo), impulsados por los energéticos (+210% i.a.). El reciente anuncio de que no habrá correcciones tarifarias hasta fin de año -cumpliendo para entonces año y medio de congelamiento- sugieren que este número seguirá trepando.

Por otro lado, la situación fiscal de las provincias no ayuda. El deterioro de ingresos propios y coparticipables implica una mayor asistencia del Tesoro, que alcanzó los ARS 45.000 millones (+500% i.a.) producto de refuerzos a comedores y a hospitales provinciales el mes pasado.

¿Y qué pasará con el déficit fiscal?

Por más que el gasto primario aminore la marcha en los próximos meses, el déficit fiscal continuará en ascenso en lo que resta del año producto de una recesión que ya está erosionando los ingresos públicos fuertemente. Los ingresos tributarios apenas superaron los ARS 300.000 millones en mayo, exhibiendo así una caída cercana a 30% i.a. en términos reales.

Esta dinámica se revertirá muy lentamente en tanto la actividad económica retome cierto dinamismo pero tendrá un techo no muy elevado: la cuarentena en AMBA será un lastre para el rebote de la actividad en la totalidad del territorio. Esto no sólo implica una caída de la recaudación vía IVA o Ganancias, sino que también pone en jaque a los ingresos a través de la Seguridad Social. La pérdida de empleo y la ausencia de paritarias continuarán deteriorando los ingresos reales del Tesoro.

La menor recaudación no solo es un problema en sí mismo debido a que muestra una pobre expectativa sobre la actividad económica, sino que la diferencia entre los ingresos y los gastos está siendo financiada vía emisión monetaria. Un creciente déficit estará ligado a una mayor emisión y no queda claro que acciones tomará la autoridad monetaria para absorber el excedente monetario una vez que comience la (lenta) recuperación, lo que sin duda es una fuente de preocupación en una economía con una inflación elevada.

Por lo tanto, la extensión de la cuarentena llevará al déficit primario por encima de 3% del PBI hacia el cierre del primer semestre. Asumiendo que los mayores esfuerzos se habrán concentrado en el segundo trimestre, esperamos que finalice el año en la zona de 6% del PBI.

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La expropiación de Vicentin, un campo de batalla política

La decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa exportadora de cereales y oleaginosas Vicentín S.A.I.C. se transformó rápidamente en un tema dominante de la agenda pública, convirtiendose en una discusión que excede incluso al propio tema específico en cuestión. Si bien la primer parte de la decisión (intervenir) se materializó a través de un DNU, la expropiación debería proceder con una Ley.

Si finalmente se envía el proyecto, la iniciativa no tendría problemas de ser aprobada por el Senado, el oficialismo tiene mayoría allí. Pero debería aprobarse antes del viernes 3 de julio, o en su defecto, renovarse el acuerdo para seguir funcionando de manera mixta (remota y presencial), para lo cual se necesitará el apoyo de la oposición. Es improbable que esto suceda para tratar esa iniciativa.

En caso de sortearse los escollos del Senado, el Gobierno encontraría dificultades en Diputados, donde se requerirá apoyo de algún sector opositor. Como el oficialismo no cuenta con uno de sus Diputados (De Mendiguren pidió licencia sin renunciar a su banca para que no asuma un dirigente opositor que lo sucedería), hoy tendría 118 votos: falta conseguir 11 diputados para obtener el quórum y poder sesionar, para luego garantizarse la mitad más uno de los votos presentes.

Siendo que en lo que va del año el oficialismo ha logrado contar con el apoyo del bloque de Unidad Federal para el Desarrollo y el voto del Movimiento Popular Neuquino, se podría decir que al oficialismo le faltan conseguir 2 votos más. Una opción es que los acompañe la izquierda, pero la dupla Del Caño y Del Plá ya anunciaron que ellos irán detrás de su propia iniciativa de expropiación, sin indemnización.

Otra alternativa es buscar votos en el bloque de Consenso Federal, en particular el de los diputados de Córdoba que responden al Gobernador Juan Schiaretti. Si bien es un apoyo que han logrado obtener en otras discusiones, la dificultad está vez está en que se trata de un proyecto que ya despertó el rechazo de gran parte del sector agropecuario, y esa sensibilidad podría hacer retraer el apoyo que Schiaretti quiera darle a la iniciativa sabiendo la presión que ejercerán los representantes del campo en su provincia. Por último, aparece la posibilidad de acordar con los diputados de Consenso Federal para sancionar otra iniciativa que evite la expropiación. Sin embargo, esto requerirá que, consiente de la dificultad para avanzar, el oficialismo entienda que tiene que negociar y ceder en sus pretensiones.

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Crecen los contagios pero preocupa la economía

El crecimiento de los casos de coronavirus en Argentina no hizo que la preocupación por la situación sanitaria sea superior a las preocupación por la situación económica. Esta le preocupa más al 52% de los encuestados mientras que un 43,7% inclina su mayor preocupación por el coronavirus.

Una explicación posible es que el 60% es optimista respecto a la situación sanitaria y cree que la misma va a desarrollarse en Argentina de un modo más leve que en otros países.

Además, pese al aumento de la cantidad de casos que se registran diariamente se mantiene la tendencia mayoritaria de flexibilizar la cuarentena. Un 53% afirma que la flexibilizaría, un 22,6% afirma que la endurecería, y cerca del 20% la sostendría como está. Se trata de otro síntoma que ratifica la idea de que la cuarentena, como medida sanitaria, es un recurso no renovable que debe ser utilizado por un espacio limitado de tiempo,y que se registran diferentes niveles de agotamiento de la opinión pública con las medidas de confinamiento.

Por lo tanto, existiendo hoy más motivos para estar preocupado por el coronavirus y reclamar medidas más rígidas en términos sanitarios, la opinión pública pareciera ir en sentido contrario. Asumiendo que la gente tiene las mismas ganas de sentirse seguro desde el punto de vista sanitario que a fines de marzo, solo el agotamiento económico, social, emocional y psicológico de la cuarentena como medida sanitaria puede estar detrás de su preocupación por la situación económica, creyendo que la pandemia no va a ser tan grave en el país y que  flexibilizaría la cuarentena en medio de lo que puede ser el pico.

En este escenario, la valoración de las medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la pandemia del covid-19 continúan la tendencia decreciente iniciada al comienzo de la crisis: la valoración positiva pasó de rozar 80% a fines de marzo a 50% a inicios de junio. Sin embargo, todavía registra diferencial positivo frente al 28% que desaprueba las medidas adoptadas (el resto se para en el punto medio o no contesta).

La misma película se observa en la evaluación de las medidas económicas para mitigar los daños de la pandemia: desde fines de abril, la valoración positiva viene en descenso y la negativa en ascenso. De hecho, en junio la valoración de las medidas económicas muestran un diferencial negativo por primera vez (45,5% las desaprueba y 37,9% las aprueba, registrando el nivel de aceptación más bajo hasta el momento).

La dinámica de la valoración de las medidas también se verifica en la imagen
que la opinión pública tiene del presidente. Luego de registrar un impacto muy positivo en su imagen al comienzo de la crisis, la imagen de Alberto Fernández registra valores más parecidos a los registrados previamente a la pandemia, con un 49,7% de valoración positiva y un 38% de imagen negativa.

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El empleo en los tiempos de cuarentena

¿Qué pasó con el mercado laboral en el primer trimestre del año?

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) informó que en el primer trimestre del año el empleo registrado cayó en promedio 1,2% i.a. Esta dinámica fue peor para los asalariados privados que retrocedieron 2,8% i.a. En cambio, la masa de trabajadores independientes (autónomos y monotributistas) se mantuvo estable, a la vez que los asalariados públicos avanzaron 1,2% i.a.

Si bien la estadística aun no contiene el grueso de la cuarentena más restrictiva (vigente durante abril), observar la serie desestacionalizada permite tener una referencia de como venía el mercado laboral formal al momento de decretarse el aislamiento social. A contramano de lo sucedido en la comparación interanual, los más perjudicados fueron los trabajadores independientes (-3,3%, casi 80 mil puestos de trabajo) en contraposición a los asalariados (-1% y +0,1% para el caso de los privados y públicos, respectivamente).

En consecuencia, se observa que entre marzo y diciembre pasado el empleo registrado cayó 1,2%, lo que equivale a una pérdida de casi 150 mil puestos de trabajo. Vale destacar que este es el mayor registro para tres meses consecutivos, incluso superando los meses superiores a los saltos cambiarios de 2018 y 2019.

¿Y qué pasó con el salario real en el período?

Contrariamente a lo sucedido durante el gobierno de Cambiemos, en el que el deterioro del mercado laboral se debía en mayor medida a la pérdida del poder adquisitivo que a la de empleo, en el primer trimestre del año el mercado de trabajo mostró una contracción en los puestos formales pero no del salario real. Esto se debe al incremento salarial “solidario” decretado el gobierno y pagado en los primeros meses del año, que prácticamente borró el rojo del poder adquisitivo en la comparación interanual durante febrero y marzo.

Nunca sabremos el impacto en el nivel de precios de esta medida una vez fijadas las paritarias, o si esto no hubiera ocurrido porque los incrementos hubieran moderado las demandas de recomposición de los trabajadores: a las pocas semanas, la pandemia y la cuarentena modificaron la discusión.

¿Qué esperamos para el segundo trimestre?

El inicio de abril complejizó más las perspectivas del mercado laboral. De acuerdo a información de AFIP, las restricciones a la circulación y el impedimento a ejercer la mayoría de las actividades provocaron un desplome de aportantes al SIPA: la masa compuesta por asalariados dependientes, autónomos y monotributistas cayó 21,5% i.a. (casi 2 millones de cotizantes). Si bien esta comparación corresponde a los últimos doce meses, este indicador había retrocedido 3% i.a. en el primer trimestre del año, por lo que indudablemente hubo una aceleración de la caída durante el pasado abril.

Vale aclarar que este número no está directamente ligado a los ceses laborales ya que la ausencia de ingresos puede haber engrosado la masa de trabajadores sin capacidad transitoria de aportes, sea por cuenta propia o de sus empleadores. En cualquier caso, esto demuestra que una parte considerable de los puestos de trabajo formales estuvieron en la cuerda floja durante abril.

El gobierno tomó nota de esto y el acto reflejo fue prohibir los despidos. Luego, a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) destinó a la fecha más de ARS 180 MM (alrededor de 0,6% del PBI) con el objeto de aliviar la situación financiera de asalariados y cuentapropistas, muchos imposibilitados de desplazarse y desarrollar sus actividades. El pago de una parte del salario a trabajadores cuyas empresas hayan mostrado una caída significativa en la recaudación real y los créditos a tasa 0% para autónomos y monotributistas fueron las medidas más significativas.

Por este motivo, creemos que muchos de los puestos de trabajo que se vieron afectados por la cuarentena y la caída de las ventas subsistieron lo peor de la cuarentena. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de todos los empleos vinculados a actividades que no tienen una fecha clara de retorno, asociados al esparcimiento, entretenimiento, gastronomía, turismo masivo, entre otros.

Asimismo, la ayuda del gobierno no fue tan general y veloz (en principio se trató de canalizar la asistencia a través de los bancos, sin éxito y se pusieron requisitos excluyentes en términos de ingresos) como se hubiera deseado, por lo que incluso con la prohibición de despidos, el cierre de empresas podría haber impactado y seguir afectando el nivel de empleo. Es decir, un deterioro en el asalariado privado estará más vinculado al cierre definitivo de empresas, algo que es deseable evitar a la hora de pensar la recuperación económica. La negociación de algunos sindicatos de diferir una porción del salarios para aquellos empleados imposibilitados de trabajar, parece ser una medida más acertada en pos de la conservación de los puestos de trabajo, elevando la probabilidad de ocurrencia de una rápida recuperación.

Por su parte, si bien mayo, junio serán meses con un mayor dinamismo en la actividad, esta se recuperará lentamente y aun con perspectivas inciertas, por lo que el impacto sobre el mercado laboral formal continuará siendo limitado: el empleo también tiene que pasar el invierno, y frenar la destrucción del mismo será considerado un alivio. Contemplando que la mejora no ocurrirá en tanto no se avizoren una mejora en las expectativas económicas, lo que no se verificará hasta entrado el segundo semestre, prevemos que en promedio el 2020 arrojará un deterioro cercano a 3% i.a. en los puestos de trabajo formales, afectando a medio millón de personas.