Author: Ignacio Ruiz

La recesión económica comienza a mostrar sus impactos en el mercado laboral: se perdieron 120 mil puestos de trabajo netos entre diciembre y marzo del 2024. A su interior, los asalariados públicos y privados registraron, en conjunto, una pérdida de casi 165 mil puestos de trabajo (-96 mil y -69 mil, respectivamente). Por su parte, el cuentapropismo sumó alrededor de 40 mil empleos, lo cual modero el impacto sobre el empleo agregado.

El desplome de la actividad económica durante el primer trimestre no se tradujo en una caída sustancial del empleo asalariado del sector privado, excepto en el caso de la construcción. En parte, esto responde a que los costos asociados a los cambios en el personal desincentivan a las empresas a reaccionar rápidamente a los vaivenes económicos, recurriendo en primera instancia a medidas como suspensiones, recorte de horas y/o turnos.

No obstante, la magnitud y la extensión de la recesión es un llamado de atención, especialmente considerando que la construcción, la industria y el comercio concentran alrededor del 45% del empleo registrado del sector privado. En la medida que las ventas no se recuperen y la demanda continúe deprimida, es probable que el clima otoñal en el empleo se vuelva más frio.

Un mercado laboral formal de otoño

Recientemente, se publicó la información referida a marzo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que muestra la evolución del empleo formal en el paísEn marzo, cayó casi 1% en el nivel de empleo, siendo el empleo registrado (el público cayó 2,7% i.a. y el privado 1,1% i.a.) el principal factor que explicó esta contracción. 

Sin embargo, lo más relevante es analizar la dinámica de los últimos meses para echar luz sobre el impacto de la recesión actual en el trabajo formal. En este sentido, desde el último pico de actividad en agosto pasado, se perdieron casi 83 mil puestos de trabajo formales netos (-0,6%).

De todas formas, si acotamos el análisis a lo que va del año, la caída se hace algo más profunda (-0,9% desde diciembre), implicando una destrucción de más de 120 mil puestos de trabajo. A su interior, los asalariados públicos y privados registraron, en conjunto, una pérdida de casi 165 mil puestos de trabajo (-96 mil y -69 mil, respectivamente). Por su parte, el cuentapropismo registrado -principalmente monotributo-  sumó alrededor de 40 mil empleos, lo cual modero el impacto sobre el total del empleo formal.

El ajuste del sector público no solamente impactó en la planta del Estado, sino también en el sector de la construcción producto de la parálisis de la obra pública (tampoco la obra privada siguió un sendero muy diferente en el recesivo primer trimestre). En este sentido, se perdieron más de 42 mil empleos formales en este sector, representando una caída del 10%. Los otros sectores que más se vieron afectados en el comienzo del año fueron actividades empresariales (-11 mil empleos formales) y la industria (-10 mil), principalmente afectada por el freno en la actividad textil, metalmecánica, entre otras industrias ligadas a la construcción.

Por lo tanto, el desplome de la actividad económica durante el primer trimestre no se tradujo en una caída sustancial del empleo asalariado del sector privado, excepto en el caso de la construcción. En parte, esto responde a que los costos asociados a los cambios en el personal desincentivan a las empresas a reaccionar rápidamente a los vaivenes económicos, recurriendo en primera instancia a medidas como suspensiones, recorte de horas y/o turnos, por ejemplo.

No obstante, la magnitud y la extensión de la recesión es un llamado de atención, especialmente considerando que la construcción, la industria y el comercio concentran alrededor del 45% del empleo registrado del sector privado. En la medida que las ventas no se recuperen y la demanda continúe deprimida, es probable que el otoñal clima en el empleo se vuelva más frio.

¿Llegará a tiempo la recuperación de la actividad?

Excluyendo el aporte del sector primario, los indicadores adelantados de abril y mayo sugieren un pequeño rebote en la economía en el inicio del segundo trimestre. Sin embargo, la recuperación de la actividad será lenta y la pregunta es si será suficiente para sostener el nivel de empleo, o bien las empresas adecuarán sus perspectivas a un contexto macroeconómico que, además de recesivo, todavía resulta difuso.

Por el lado del gobierno, las expectativas están puestas en la aprobación de la Ley Bases que, entre otras cosas, impulsará las inversiones. No obstante, todavía no resulta claro qué tan beneficiosas serían las mismas para la industria nacional, dado que la apertura a importaciones podría desplazar del mercado a proveedores nacionales, perjudicando el nivel de empleo en el sector industrial (aunque lógicamente podría compensarse, al menos parcialmente, con un incremento en otros sectores.). Esta tendencia se refuerza con el énfasis en el superávit fiscal que sostiene el gobierno, que asegura que no habrá una expansión del gasto que pueda dinamizar sectores vinculados a la obra pública y la construcción.

De todos modos, buena parte de la demanda interna dependerá de lo que ocurra con el consumo de las familias En este sentido, la fuerte pérdida del salario real (que incluso subestima el impacto sobre el poder adquisitivo de los aumentos de las tarifas de servicios públicos) de los primeros meses del año se recuperará muy lentamente dado que la dinámica salarial se ha plegado a la tendencia de la inflación -lo que evitará que en el corto plazo se recupere del golpe de comienzos de año-. A esto se le suma el impacto que pueda tener la pérdida de empleo en los hogares, variable que seguramente es más relevante dentro del segmento informal de la economía.

De hecho, diversas encuestas de opinión pública marcan que crece sustancialmente la preocupación por el desempleo. Más allá del impacto efectivo que esto pueda tener sobre el indicador, significa que la recesión y la incertidumbre acerca del futuro que sufrieron las empresas en el primer trimestre se esté moviendo hacia las familias en las últimas semanas. En unos y otros, la imposibilidad de ver con claridad el rumbo económico puede afectar sus decisiones de inversión y consumo, con el riesgo de “boicotear” la incipiente recuperación.

Los salarios de la economía crecieron 10,3% en marzo y acumularon una suba de 45,5% en el primer trimestre. Con una inflación del 51,6% para el mismo periodo, la pérdida acumulada en términos reales se ubica en torno al 4%. Sin embargo, el índice esconde ciertas particularidades.

Incluso en el sector más beneficiado (trabajadores formales del sector privado) por los ajustes salariales prácticamente mensuales durante el verano, la rápida desaceleración de la inflación no fue suficiente para que el poder de compra se recomponga del golpe generado a finales del año pasado.

En este contexto, la fijación de salarios en función de la dinámica descendente de los precios impedirá que a lo largo del año los ingresos recompongan el poder adquisitivo perdido. Así como los shocks inflacionarios se trasladaron rápidamente a la dinámica salarial durante los últimos dos años (producto de paritarias de corta vigencia), ahora ocurre lo contrario tras la súbita desinflación de estos últimos meses.

Los salarios de la economía crecieron 10,3% en marzo y acumularon una suba de 45,5% en el primer trimestre. Con una inflación del 51,6% para el mismo periodo, la pérdida acumulada en términos reales se ubica en torno al 4%. Sin embargo, el índice esconde dos consideraciones.

En primer lugar, una cuestión técnica con los salarios de los trabajadores no registrados: este indicador se calcula utilizando la información de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora trimestralmente el INDEC, motivo por el que es un indicador que tiene cierto rezago. Puntualmente, el dato publicado para marzo corresponde a los salarios del cierre del año pasado, por lo cual no tienen incorporado el nuevo piso nominal impuesto tras la devaluación. En este sentido, posiblemente la caída real de los salarios fue levemente menor a lo reflejado por el índice general para los tres primeros meses del año.

Entonces, al tomar únicamente la información de los trabajadores formales, observamos que durante los primeros tres meses del año los del sector privado registrado experimentaron una mejora de 50,5% (muy cerca de la inflación acumulada), mientras fue de apenas 43,2% para los del sector público.

Si bien la diferencia es considerable, no debería ser una sorpresa: las remuneraciones a los trabajadores públicos (incluso pese a ser una línea del gasto no tan significativa) fueron una de las partidas que sufrieron una “licuación” desde el cambio de mandato.

Por su parte, la segunda consideración es más analítica: quedarse con la dinámica del primer trimestre de los trabajadores formales resulta incompleto. Tan sólo con sumar diciembre, el deterioro del poder adquisitivo supera 15% (y alcanza 18% si sumamos noviembre), valores que son incluso más bajos para los trabajadores públicos (pierden más de 20% respecto a diciembre y casi 25% con relación a noviembre).

¿Qué implica esto? Incluso en el sector más beneficiado (trabajadores formales del sector privado) por los ajustes salariales prácticamente mensuales durante el verano, la rápida desaceleración de la inflación no fue suficiente para que el poder de compra se recomponga del golpe generado a finales del año pasado.

En este contexto, la fijación de salarios en función de la dinámica descendente de los precios impedirá que a lo largo del año los ingresos recompongan el poder adquisitivo perdido. Así como los shocks inflacionarios se trasladaron rápidamente a la dinámica salarial durante los últimos dos años (producto de paritarias de corta vigencia), ahora ocurre lo contrario tras la súbita desinflación de estos últimos meses. Esta dinámica se reflejada en nuestro relevamiento de paritarias del sector privado.

En este sentido, resulta difícil pensar que una lenta recuperación del salario real en los próximos meses sea un factor que colabore con una rápida recuperación de la economía. Si bien la baja en las tasas de interés podría parcialmente compensar esta situación, la escasa previsibilidad de los ingresos -a lo que además se podrían sumar problemas en el empleo- pesará más a la hora de las decisiones de gasto en los hogares.

Dentro del programa económico delineado por las autoridades, no parece obvio que al Gobierno le convenga validar una abrupta recuperación del poder adquisitivo. La marcada desaceleración de la inflación y la nominalidad en la economía se debe en buena parte a la profunda recesión. Por ende, una recuperación vía mejora del poder adquisitivo podría operar en sentido contrario.

Por el lado de la oferta, los aumentos salariales comenzarían a impulsar los costos, lo cual se sumaría a los mayores costos operativos asociados al encarecimiento de los servicios públicos. En cuanto a la demanda, la recuperación del poder de adquisitivo podría impulsar el consumo, dando un mayor espacio a las empresas para trasladar la suba de costos a los precios.

Sector público y construcción: los más afectados

Recientemente, se publicó la información referida a enero del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que muestra la evolución del empleo formal en el país. Si bien se observó en el primer mes del año un crecimiento del empleo del 2% i.a., su avance se explica por una suba superior al 5% i.a. del cuentapropismo. Más allá de esa particularidad, lo más relevante es analizar la dinámica de los últimos meses para echar luz sobre el impacto de la recesión en el trabajo formal.

En este sentido, desde el último pico de actividad en octubre pasado, se perdieron apenas 40 mil puestos de trabajo formales netos (-0,3%). Este número esconde algo de heterogeneidad: hay más de 50 mil trabajadores independientes (gracias al aumento observado en enero), un descenso de casi 50 mil asalariados privados, prácticamente explicado en su totalidad por la construcción, y unos 30 mil asalariados públicos menos.

Tal como se podía prever, el mayor impacto del cambio de gobierno fue en los trabajadores públicos, que cayeron 1% en enero, una magnitud que no se veía desde mediados de 2014. Junto a los asalariados privados (-0,5% en el primer mes del año) sumaron una pérdida de 66 mil puestos de trabajo. Descontando la cuarentena, estos números son de los mayores en casi 10 años, ya que en otros episodios de contracción del empleo privado, el sector público permanecía estable.

Volviendo a los asalariados privados, el principal factor que explica la caída del empleo es la construcción, sector que sufrió la pérdida de casi 42 mil puestos desde octubre pasado (la mitad de ellos en enero, una magnitud prácticamente inédita para un mes puntual, como se ve en el gráfico), producto no sólo de la parálisis en la obra pública sino también de la elevada incertidumbre y el fuerte incremento del costo de la construcción, especialmente post-devaluación.

Por su parte, si sumamos la industria, el comercio y otros servicios como la hotelería, restaurantes, transportes y comunicaciones la pérdida del empleo es de menos de 15 mil puestos en enero, evidenciando que el fuerte del costo en términos del empleo en el sector privado fue capturado por la construcción y su lógica dependencia del sector público.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

Si bien creemos que en general el ajuste en el mercado laboral se hará por precios (salario real) en vez de cantidades (puestos de trabajo) a lo largo del primer trimestre, la contracción del empleo en el sector público y la construcción seguramente seguirá siendo importante. No tanto la profundidad de la recesión sino su duración será el factor que determine cuales son otros sectores asalariados que comienzan a tener dificultades, que podría afectar a ramas industriales puntuales -más dependientes de importaciones, obra pública o consumo interno- y servicios no esenciales como hotelería y restaurantes, sensibles a los vaivenes del poder adquisitivo.

Sin embargo, tal como anticipábamos, este deterioro será compensado en buena forma por el cuentapropismo: los trabajadores independientes crecieron casi 2% en enero. En lo que respecta al empleo informal, modalidad relevante en el contraído sector de la construcción, veremos si el ajuste a lo largo de la primera parte del año viene por cantidades (despidos) o por precios (caída del salario real). De todos modos, la recuperación del empleo asalariado no dependerá solamente de unas golondrinas sino de que efectivamente se perciba una recuperación de la actividad en el horizonte.

La tasa de desempleo alcanzó 5,7% de la Población Económicamente Activa en el último trimestre del 2023, continuando en los menores registros desde el reinició de la publicación en 2016. En los últimos cuatro años, la tasa de desempleo cayó significativamente.

Al mismo tiempo se observó una participación en el mercado de trabajo récord. Este fenómeno -en combinación con el descenso de la tasa de desempleo- implica que el empleo creció. Sin embargo, esto no fue necesariamente por los buenos motivos: creció significativamente la informalidad y el empleo público, modalidades que se destacaron por encima del magro avance del empleo asalariado formal.

Esperamos que la pobre situación del mercado de trabajo empeore durante 2024, especialmente en los primeros meses del año. Por este motivo, esperamos un aumento del desempleo combinado con un incremento de modalidades de empleo de baja calidad.

¿Qué ocurrió en el mercado de trabajo en el cuarto trimestre?

El INDEC informó las principales tasas del mercado de trabajo del cuarto trimestre de 2023, donde se registró un nuevo récord de participación en el mercado laboral: alcanzó 48,6% de la población. Comparando con el último trimestre del año previo, el aumento fue de 3%, bien por encima del crecimiento vegetativo (debajo de 1%).

Tal como ocurrió a lo largo del 2023, la mayor participación fue absorbida por el empleo: la cantidad de ocupados creció 3,5% i.a. Esta vez, las distintas modalidades exhibieron una expansión relativamente homogénea: los asalariados informales aumentaron 4,4% i.a., los formales 3,3% i.a. y los cuentapropistas 2,6% i.a. Como resultado, la tasa de desempleo se mantuvo en 5,7% de la Población Económicamente Activa, el menor valor desde que se reinició la publicación de la serie a mediados de 2016.

El descenso del desempleo maquilla cuatro años sin demasiados resultados

Tomando el promedio del año, la tasa de desempleo fue de 6,1%, reflejando así una caída de casi 4 p.p. respecto del promedio de 2019. Probablemente, la mejora de este indicador pueda ser el principal dato para rescatar de la gestión del Frente de Todos en lo que refiere al mercado laboral.

La crisis de que tuvo lugar en 2018-19 y afectó sustancialmente el poder adquisitivo, volcó a una masa de trabajadores al mercado laboral con el objetivo de apuntalar los alicaídos ingresos familiares. Luego de cuatro años, la participación continuó en alza (+1,8%, considerando el crecimiento de la población), demostrando que esa necesidad no desapareció y que hay una mayor permanencia en el mercado de trabajo.

Justamente, parte de esta necesidad se observa en la poca creación de empleo de calidad. El crecimiento del 6% (neto del crecimiento poblacional) de los ocupados en los cuatro años fue traccionado por una suba superior al 11% de los trabajadores informales, mientras que los ocupados del sector formal apenas subieron un 5%. Además, dentro del sector registrado el incremento se explicó mayormente por el sector público, que registró un aumento de 13,5%.

Por su parte, esta baja calidad del empleo, basado en la informalidad y la absorción del sector público, se agrava si se analizan los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dicha información sugiere que, desde la salida de la pandemia, los programas de empleo jugaron un rol importante a la hora de suscitar la mencionada baja del desempleo: hasta el tercer trimestre del año (últimos microdatos disponibles), estimamos que la tasa de desempleo podría haber sido 2 p.p. mayor si excluimos el impacto de los programas, lo cual refleja su relevancia para sostener un bajo nivel de desocupación. Este punto abre un signo de interrogación para 2024 tras el fuerte ajuste fiscal implementado por el gobierno, donde los programas de empleo forman parte de los gastos bajo la mira de las autoridades.

¿Qué esperamos para 2024?

El impacto inicial de la devaluación y la recesión económica tendrá resultados claros sobre el mercado de trabajo. Por el lado de los puestos de trabajo, la parálisis en algunos sectores (como los ligados a la obra pública, por ejemplo) y la caída de la demanda provocará una destrucción de empleo que, por el momento, no sería generalizada. Sin embargo, habrá que esperar para ver con claridad cuál es el efecto final de las medidas del gobierno respecto al empleo público.

Por otro lado, teniendo en cuenta la aceleración de la inflación y su efecto sobre los ingresos, es de esperar que tanto los nuevos desempleados, como personas que estaban inactivas (no trabajaban ni buscaban empleo) vuelvan a insertarse en empleos de baja calidad: la situación socio-económica es lo suficientemente mala como para esperar conseguir un empleo deseable.

Por este motivo, esta nueva potencial masa de desocupados no implicaría necesariamente un sustancial incremento en el desempleo. Incluso en un escenario crítico, es de esperar que parte de la pérdida de empleo formal migre hacia puestos de trabajo informales y cuentapropistas, caracterizados por ser de menor calidad. Este cambio, si bien no es deseable, puede ser un factor que contenga el incremento del desempleo.

A modo de cierre, este abrupto deterioro del mercado de trabajo (tanto desde la óptica del empleo como de los salarios) es la otra cara de la moneda de haber evitado una espiralización nominal y, en todo caso, una condición necesaria para que el gobierno logre, más temprano que tarde, una recesión suficiente para moderar la dinámica inflacionaria.

A través del acortamiento de la vigencia de las paritarias, los salarios lograron seguir de cerca la inflación durante buena parte de 2023 tras los sucesivos shocks que golpearon la economía. No obstante, esto se terminó con la aceleración de la inflación en el último bimestre, que llevó a que casi la totalidad de los sindicatos que monitoreamos llegue en rojo al cierre del año.

La inflación promediará 20% mensual entre diciembre y marzo, periodo para el cual prevemos que el salario real caiga en torno a 10%. En este contexto, ¿los salarios se indexan a la creciente nominalidad o la recesión derivada de la caída del poder adquisitivo contendrá el avance de los precios?

Creemos que se dará una combinación de ambas cosas, en donde la recesión convivirá con acuerdos salariales que harán más lenta la eventual desaceleración de la inflación. Todo este proceso tendrá costos -sociales y políticos- que estos se combinarán con un latente riesgo de espiralización en tanto el oficialismo tenga dificultades en llevar a cabo su plan fiscal-monetario u obtener al menos una parte de las reformas propuestas en el DNU o la Ley “Ómnibus” enviada al Congreso.

¿Cómo terminó el poder adquisitivo en 2023?

Uno de los factores más distintivos del 2023 fue el sostenimiento del consumo privado, que estimamos creció en torno al 1%, en un año en el que la inflación superó el 200%. Resumidamente, dos factores principales explican este fenómeno: el primero es la inexistencia de un vehículo que incentive consumir menos para ahorrar -tasas de interés reales en general negativas, expectativa de inflación creciente y poco acceso a una reserva de valor, como el dólar- en un escenario en el que el nivel de ingresos reales se sostenía de la mano de una dinámica salarial que, hasta octubre, no sufrió, en general, una gran pérdida frente a la inflación.

Esto tuvo lugar a través del acortamiento de la vigencia de las paritarias y sus constantes renegociaciones, que permitieron que los salarios del sector formal sigan de cerca la creciente nominalidad tras los sucesivos shocks que elevaban los pisos de la inflación. El gobierno anterior, ávido de encontrar un andamio para la actividad en la previa electoral vio con buenos ojos este encadenamiento, al costo de imprimir una mayor inercia inflacionaria a lo largo del año.

Así, los salarios formales, con contramarchas, llegaban a octubre con relativas buenas perspectivas. Sin embargo, la aceleración de la inflación del último bimestre llevó a que casi la totalidad de los sindicatos que seguimos -muchos de los cuales se encuentran en el siguiente gráfico- llegue en rojo al cierre del año.

El cambio de gobierno no sólo implicó una fuerte devaluación del tipo de cambio. La corrección de precios relativos también incluye la “liberación” de muchos precios -eliminación de acuerdos, prepagas, combustibles, telecomunicaciones- y el aumento de tarifas de servicios públicos, de las cuales tenemos apenas novedades concretas de los primeros movimientos en el transporte público. Todo este conjunto garantiza varios meses con inflación de dos dígitos. En particular, prevemos que entre diciembre y marzo la inflación promedie 20% mensual.

En este escenario, ¿hay espacio para que vuelva la dinámica del año pasado y las paritarias sigan de cerca la inflación?

¿Estalla el verano?

Dada la inflación esperada -que como mencionamos promediará 20% mensual entre diciembre y marzo-, para que el poder adquisitivo no se erosione en los próximos meses los salarios deberán correr al mismo ritmo. Si bien las ya aceitadas paritarias jugarán su papel en los próximos meses, morigerando el deterioro del poder adquisitivo, salir “empatados” de este proceso parece difícil: solamente el salto de la inflación en diciembre dejará perdidas del orden del 10% en términos reales.

En esta situación, veamos por qué es crucial lo que suceda con los salarios. En un extremo, si los salarios se indexan de facto y logran no perderle pisada a los precios, la inercia inflacionaria no sólo no se cortaría, sino que además, estará latente el riesgo de una pronta espiralización precios-salarios. Este escenario de inestabilidad nominal primero minaría la popularidad del Gobierno -porque la inflación se estacionaría en niveles elevados, por encima del 20%- y también su credibilidad para llevar adelante un plan de estabilización exitoso, en el que eventualmente resultaría más difícil desindexar la economía.

No obstante, bajo el manto de ausencia de regulación e incumbencia del Estado, y con la premisa de que las negociaciones salariales en definitiva son acuerdos entre privados, este es un escenario que podría tener lógica económica para parte del oficialismo. De hecho, voces a favor de la dolarización lo consideran deseable porque prepararía el terreno para sostener el poder adquisitivo -y el humor social- en la transición a un futuro cambio de régimen.

Por el contrario, en el otro extremo está la recesión como contenedor de los precios. La inflación desacelerará como resultado de una demanda agregada débil, que será la consecuencia, principalmente, de un desplome del poder adquisitivo (el consumo privado explica cerca del 70% del PIB). En este sentido, cuanto mayor sea la diferencia en la velocidad a la que corren los precios respecto a los salarios, más grande será el efecto recesivo y posiblemente más rápida la desaceleración de la inflación. Además, la amenaza del desempleo y una eventual apertura comercial podrían ser ingredientes en esta dirección, ya que podrían mantener a raya las demandas de recomposición de algunos sectores.

Si bien el Gobierno podría pensar en el lado positivo de este aspecto -menor pérdida de competitividad cambiaria tras la devaluación de diciembre, pudiendo mostrar una mayor desaceleración terminando el verano-, la otra cara de la moneda será una recesión -mayor en tanto más grande sea la disparidad entre los precios y los salarios- que condicione el humor social a los pocos meses de comenzado el mandato. Por esta razón es que el (ab)uso de los salarios como ancla será un problema para el oficialismo, que ya tiene que lidiar con un tejido social muy deteriorado desde el inicio del mandato.

Consideramos que el camino a desandar contendrá elementos de cada escenario. Pese a que el Gobierno no ha esbozado una pauta salarial -lo cual tiene sentido en tanto el conjunto de medidas aisladas no constituye un programa de estabilización-, las demandas salariales no se hacen esperar: habrá una combinación de paritarias bimestrales/trimestrales que buscarán “ganarle” a los precios, con otras de ajustes mensuales -algunas virtualmente indexadas-, donde seguramente también proliferen las sumas fijas para compensar un alicaído poder de compra.

Sin embargo, todo esto no será suficiente, y el poder adquisitivo de mínima perderá un 10% de su valor durante el verano, por lo que el efecto de la recesión -y el ancla salarial- también jugará su papel en estos meses.

No conocemos cómo saldrá el experimento, pero sí sabemos que tendrá costos -sociales y políticos- y que estos se combinarán con un latente riesgo de espiralización en tanto el oficialismo tenga dificultades en llevar a cabo su plan fiscal-monetario u obtener al menos una parte de las reformas propuestas en el DNU o la Ley “Ómnibus” enviada al Congreso.

Por este motivo, la resistencia de un precio relativo a ajustarse, en este caso los salarios, será uno de los factores que complicará una rápida desaceleración de la inflación y, al mismo tiempo, el costo a pagar por el Gobierno para no profundizar la crisis -con todas las dudas que esto ocasionará sobre los pasos a seguir- y la conflictividad social.