El Índice de Precios al Consumidor Ecolatina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires mostró un crecimiento de 3,2%, entre la primera quincena de agosto y el mismo periodo de julio. Proyectamos que la inflación se mantenga en niveles elevados, cerrando agosto en torno a 3,1%, con precios regulados traccionando el índice y los precios estacionales funcionando como contrapeso.
Mientras el debate público se encuentra convulsionado por la aparición de los Cuadernos de Centeno, Nación y Provincias continúan las conversaciones para lograr (¿antes de fin de agosto?) la firma de un pre-acuerdo de Presupuesto 2019 que tenga contemplados los compromisos de reducción del déficit fiscal asumidos con el FMI. La aspiración del Gobierno Nacional es lograr un acuerdo antes que termine agosto y poder firmar un documento con la mayoría de las Provincias (estiman que se podría lograr ese acuerdo con 18 mandatarios, descartando a los más díscolos), que le otorgue fortaleza al texto de Presupuesto 2019, que deberá ser presentado en el Congreso el 15 de septiembre próximo.
Mientras se dio inicio a la discusión del pliego de la postulante para Procuradora General de la Nación, Dra. Inés Weinberg de Roca, y cuando se apresta a discutir en el recinto el proyecto de Extinción de Dominio para recuperar bienes de la corrupción, la atención este mes en el Congreso estuvo focalizada en el tratamiento por parte del Senado de la media sanción de Diputados sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente fue rechazado por el Senado por 38 votos en contra y 31 a favor.
En parte como respuesta al escándalo sobre la existencia de “aportantes truchos” en la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. El proyecto propone modificaciones sustanciales a la ley vigente (impulsada en 2009 por el kirchnerismo luego de la derrota con Francisco De Narváez), permitiendo los aportes de empresas nuevamente y la bancarización de todos los aportes para garantizar mayor transparencia.
En un contexto marcado por el escándalo de las revelaciones de los “Cuadernos de Centeno” sobre coimas en la realización de obra pública, y después de mucho tiempo de haber recibido la media sanción de Diputados, el Senado retomó la discusión sobre la extinción de dominio. Si bien no hubo acuerdo final sobre el texto final a impulsar, sí se acordó llevar la discusión al recinto. Cambiemos, el Interbloque Argentina Federal y el Frente para la Victoria-PJ firmaron dictámenes por separados.
El Gobierno podría incorporar en su agenda legislativa en los próximos días, dos nuevos proyectos: uno orientado a modificar el mecanismo que establecía en qué momento se podrían ajustar los balances de las empresas por inflación para la contabilidad en el pago de impuestos; y otro que busca modificar el marco regulatorio de la obra pública para flexibilizar las condiciones para rescindir los contratos, en virtud de la complicaciones judiciales que podrían tener que enfrentar las empresas del sector, ante el escándalo de las coimas en la obra pública del Gobierno anterior.
Al momento no empeoraron los principales indicadores de los bancos.
La desconfianza en el Peso no se extendió a los bancos: no hubo retiro de depósitos privados en los últimos meses. Por la dolarización de activos, hubo un aumento de la participación de los denominados en moneda extranjera y se redujeron en pesos.
El salto cambiario frenó la expansión del crédito privado en el segundo trimestre. Por el aumento en el costo de financiamiento, el enfriamiento de la actividad, y la mayor incertidumbre (financiera y cambiaria), los préstamos profundizaron su caída en julio.
Hasta ahora la crisis cambiaria impactó más en la economía real (inflación y recesión) que en el sistema financiero local. Por el momento, el descalce de monedas y plazos, la liquidez y la morosidad de las entidades bancarias, muestran solidez.
El salto cambiario se tradujo en un rápido enfriamiento de la actividad y recalentamiento de los precios, pero no provocó una corrida bancaria. Mientras que el efecto negativo sobre la producción y la cadena de pagos no supere los límites previstos al momento (recesión en 2018, recuperación en 2019), los temores respecto a una corrida bancaria lucen excesivos.
Sin embargo, no se puede descartar por completo si caemos en un escenario pesimista.
El impacto del caso de los cuadernos de Centeno en el escenario político
La aparición de los denominados “Cuadernos de Centeno”, que por estas horas sacude la realidad política, se trata de un hecho de magnitud, que podría provocar cambios importantes en el futuro del escenario político. Pero por su naturaleza jurídica, habrá que ir mensurando en virtud de los avances que se vayan produciendo en el terreno judicial, de la consistencia de las denuncias y de la validez del material probatorio. Mientras procedemos a sujetar con pinzas la información que va apareciendo, podemos sacar algunas conclusiones preliminares sobre el caso:
No necesariamente. En la medida que se vaya confirmando la validez de las pruebas, podría ir consolidándose el famoso “techo bajo” (imagen negativa) de CFK, que la condiciona para una segunda vuelta. Seguramente tendrá impacto sobre su imagen y se acotarán sus posibilidades de crecer en intención de voto. Pero paradójicamente, la propia debilidad de CFK puede ser el mejor incentivo para que decida ir por su candidatura: la mejor defensa judicial de CFK podría ser mostrar que aún tiene votos. Podría concluirse entonces, que Cristina estará mas obligada a ser candidata que antes, y eventualmente, el Gobierno no debería preocuparse por que esto genere que CFK se corra del escenario. ¿Y podrá ser candidata? Seguramente sí. Por tiempos procesales, no se estima que esta causa se lo impida.
Parcialmente sí. El gran beneficio es que remueven de la agenda pública temas económicos, y por unos días la opinión pública y los medios van a estar entretenidos con este caso, mientras se atraviesa el “invierno” económico de la recesión. Pero el hecho de que una empresa muy cercana a la familia Macri (IECSA, dedicada a la obra pública) esté involucrada, podría también generar costos. Pero debe resaltarse que estos temas consolidan con firmeza el “anti-kirchnerismo”, un sector social que el Gobierno representa muy bien, sin otros espacios políticos que le hagan competencia en ello. Es decir, esto ayuda a consolidar el núcleo duro de Cambiemos. Por lo pronto, desde el Gobierno ya empezaron a trabajar -desde el punto de vista comunicacional- la idea que este tipo de avances judiciales se dan porque está Cambiemos en el Poder, tratando de consolidar la idea fuerza de su estrategia comunicacional: “la Argentina cambió”
La sospecha vigente hoy en los “pasillos” de la política, es que el Juez Claudio Bonadío (a cargo de la investigación) y el Fiscal Carlos Stornelli (a cargo de la investigación) por ser figuras muy cercanas al peronismo no-kirchnerista, están actuando (si es que hay alguna motivación política), más por intereses de este sector político que por intereses del Gobierno. Pero el beneficio para el Peronismo Federal podría ser relativo. Al limitar el crecimiento de CFK, esto ayudaría al Peronismo no-K a resolver uno de los problemas principales que tiene por delante: empezar a construir apoyos en la Provincia de Buenos Aires donde domina CFK (el Peronismo no-K sabe que su principal dificultad es la falta de apoyo en el Gran Buenos Aires y esto lo ayudaría a revertir el problema). Pero es prematuro concluir que ese debilitamiento se producirá. Además, por el lado negativo, este hecho difícilmente ayude a desarmar la grieta K – Anti K que es tan dañina para los intereses del Peronismo no Kirchnerista.
Por tratarse de un hecho sujeto a los avances procesales en la causa, habrá que ir evaluando las consecuencias en la medida que se avance con la investigación, pero indudablemente se trata de un hecho que podría impactar en el escenario electoral de 2019, relativizando parcialmente el dominio del factor económico sobre el resultado electoral. Quizá no sea excluyentemente la Economía el factor motivador del voto en 2019 y eso podría ser una buena noticia para el Gobierno.
Según datos del Estimador Mensual Industrial de INDEC, la producción industrial registró en junio 2018 la mayor caída (-8,1% i.a.) desde agosto de 2002 y acumula en el primer semestre del año un magro avance de 1% i.a.
De esta forma, producto del salto cambiario y la suba de tasas, casi la totalidad de las ramas -a excepción de industrias metálicas- mostraron caídas en su nivel de producción. Aquellas que venían dando impulso a la producción manufacturera (automotriz, minerales no metálicos) comenzaron a resentir su ritmo de producción y se acoplaron a la tendencia negativa que ya presentaban ramas más rezagadas como textil, refinación de petróleo, sustancias y productos químicos o mismo la metalmecánica.
De esta manera, mientras la producción manufacturera había crecido a un ritmo de 3,1% en los primeros cuatro meses del año, en mayo y junio revirtió la tendencia (-1,2% i.a. y 8,1% i.a., respectivamente).
El impacto de la depreciación del Peso entre fines de abril y junio de 2018 explica la caída de las principales ramas fabriles. Esto se debe, en una primera instancia a la distorsión de precios relativos que encareció gran parte de los insumos requeridos por la producción manufacturera. Al mismo tiempo, la aceleración de la inflación y la fuerte suba de tasas de interés desplomó la demanda interna.
De este modo, las industrias de bienes transables (no afectados por la sequía) son aquellas que pueden llegar a sufrir menos la caída que se verá en el sector. De hecho, en junio, la producción de metales, rubro con mayor potencialidad exportadora (y cuyas exportaciones crecieron 42% i.a. en junio) es el único que continúa en terreno positivo.
Por el lado del nivel de actividad, considerando la caída en la industria en el segundo trimestre (-2,1% i,a,) y la desaceleración de la construcción (+5,2% i.a.), estimamos una caída del PBI en el período abril-junio de 3,3% i.a. De esta forma, se profundiza levemente nuestra proyección de caída del PBI para 2018 (-0,7% i.a.).
Asimismo, vale remarcar que el empleo industrial está cayendo desde el segundo trimestre de 2016. En particular si consideramos que la industria creció 3% i.a. en 2017 y el empleo cayó en promedio 3,3% i.a. es esperable que ante un panorama más desalentador para el sector este año, el empleo continúe retrocediendo.
A fuerza de endurecimiento de la política monetaria (suba de tasas y encajes) y canje de LEBACs por títulos públicos en moneda extranjera y/o atados al dólar, la nueva conducción del BCRA logró estabilizar el mercado cambiario en julio. De hecho, el tipo de cambio de referencia cerró por debajo de 27,5 ARS/USD, retrocediendo más de 5% en el mes.
El Ejecutivo logró la ansiada calma cambiara, requisito básico para dejar atrás la crisis, pero a un costo elevado: las tasas de interés alcanzaron niveles incompatibles con el funcionamiento del aparato productivo (el costo del financiamiento superó 50% anual). El apretón monetario no puede sostenerse mucho tiempo: la cadena de pagos está resentida y a punto de romperse en el eslabón más débil (PyMEs). Es por ello que el BCRA tendrá que probar la fortaleza de la tregua alcanzada, reduciendo la tasa de interés de referencia.
La clave para que el proceso de normalización del costo del financiamiento sea exitoso (sin sobresaltos cambiarios) pasa por reducir las expectativas de depreciación. Estas dependen en buena medida de la capacidad del gobierno de reabrir el acceso al mercado de capitales externo. En la actualidad, el tipo de cambio real de nuestra economía no está atrasado ni es muy competitivo: alcanza para promover la producción transable y para reducir sensiblemente el déficit externo, pero no es suficiente para cubrir los vencimientos de la deuda pública en moneda extranjera sólo con los desembolsos del FMI.
El problema es que la calma cambiaria no se extendió aún al precio de los bonos soberanos: el Riesgo País se ubica en los 550 puntos básicos (p.b.). Durante julio se notó una leve mejoría (a principios de mes alcanzó 600 p.b.), pero está lejos de los valores de principios de año (350 p.b.) en un contexto de suba de la tasa internacional de referencia. Ya sea porque los inversores: tienen que digerir la masiva colocación de deuda argentina de 2016-17; dudan acerca del cumplimiento del acuerdo con el FMI; o consideran jaqueada la permanencia de Cambiemos en el poder, la batalla por reabrir el acceso a los mercados no está ganada. Por ende, la tregua cambiaria aún luce precaria.
Pese a que el Ejecutivo parece encaminarse a alcanzar un equilibrio tipo de cambio y tasas de interés más sostenible, el deterioro de la economía real-social se profundiza. Los primeros datos de actividad y empleo de junio confirman que la recesión se extendió a las demás ramas productivas (ya no sólo a la agroindustria) afectando al mercado laboral.
Para peor, la inflación no da tregua: rozó 3% en julio y ya se anunciaron importantes incrementos de precios regulados para agosto (prepagas, combustibles, transporte público, y posible suba de electricidad) que llevan el alza de precios a 2,5% el próximo mes. De esta manera, incluso el decreto que permitía a los gremios privados aplicar aumentos salariales de 5% entre julio y agosto se quedará corto frente a la inflación del bimestre. Además, la suba del IPC nacional alcanzó 29% i.a. (banda interior del límite superior acordada con el Fondo), y estaría superando 32% i.a. a fin de año (banda exterior-límite Superior del acuerdo), lo que implica una reunión con el Directorio del FMI para explicar los desvíos.
Pero no todo es negativo ya que hay indicios de mejora en los déficits gemelos. Por el lado fiscal, se observa un posible sobrecumplimiento de la meta ajustada de 2018 (-2,7% PBI): el rojo primario Nacional acumuló menos de 1% del PBI en el primer semestre del año. De hecho, frente a la suba de costos de la provisión de servicios públicos (en buena medida dolarizados), el Ejecutivo priorizó subir tarifas para contener al gasto en subsidios, a riesgo de incumplir la meta de inflación. Es que tanto al FMI como a los acreedores externos les importa la evolución de las cuentas públicas, clave para el repago de su deuda. Por el otro, el déficit externo (intercambio de bienes y servicios) se redujo considerablemente en junio.
La decisión de darle continuidad al Triunvirato en funciones, que tomó el Consejo Directivo de la CGT, no es más que un síntoma de la situación de debilidad en la que quedó el sector dialoguista del sindicalismo cegetista luego de la crisis cambiaria. Un sector dialoguista que prefirió no arriesgarse a abrir las urnas y perder así el control de la Central en manos de los sectores más combativos que hoy se encolumnan detrás de Hugo Moyano y que vienen ganando adhesión en las bases sindicales, cada vez más enojadas por la situación económica. Pero aquella continuidad del triunvirato no cerró el asunto y ahora ambos sectores, empiezan a calibrar fuerzas para ir a discutir el 22 de agosto, en un Plenario de Secretarios Generales, cuál va a ser la posición de la CGT frente a una situación económica que podría cristalizar una ruptura que hoy está latente.
Mientras los nuevos acuerdos buscan acomodarse en torno al 25% de aumento, los viejos acuerdos buscan actualizarse para llegar a esa pauta, no avalada oficialmente pero sí convalidada en privado. Telefónicos, Alimentación, Químicos, Pasteleros, Trabajadores del Calzado y Trabajadores del Seguro, entre otros, cerraron acuerdos en torno al 25% en las últimas semanas. Una nueva pauta que, sin embargo, no deja de lado los mecanismos de revisión para cubrirse de la inflación futura.
Mediante el Decreto 633/18, y con el objetivo de resguardar “los recursos genuinos destinados a la seguridad social” y “a fin de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional”, el Gobierno resolvió no homologar más acuerdos salariales que incluyan las denominadas “sumas no remunerativas”, una herramienta que muchas veces se utiliza para destrabar discusiones paritarias difíciles.
El conflicto docente en las Provincias vuelve al tope de la agenda con el rechazo del Frente Gremial docente bonaerense a una nueva oferta de aumento de 16,7% y una eventual revisión a fin de año. Si bien el conflicto docente bonaerense se lleva toda la atención, sobre todo por tratarse de uno de los poco conflictos docentes aún no cerrados, el impacto de la crisis cambiaria y la mayor inflación dejó desactualizados algunos acuerdos
salariales docentes. En muchos casos hay cláusulas de revisión que permitirán hacer el ajuste, pero en los que no, habrá mayor conflictividad. Hoy hay conflicto docente en otras cuatro provincias: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco y Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno convocará durante la segunda semana de agosto al Consejo del Salario Mínimo para discutir un aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil. La propuesta de aumento será de un 25%, que es la pauta no oficializada en la que están confluyendo la mayoría de los últimos acuerdos alcanzados en el proceso paritario. Teniendo en cuenta los aumentos efectivizados durante el 2017 (cuando se llegó a los $ 10.000), el Salario Mínimo se elevaría a $12.500 pesos.
Si efectivamente lo que sucedió en Argentina es que sobrevino una tormenta -como quiere describir el Gobierno a la crisis cambiaria tratando de deslindar responsabilidades propias y depositarlas en razones de fuerza mayor-, lo que sigue ahora es lo que viene siempre después de las grandes tormentas: calcular el daño producido. Y el daño que dejó la tormenta fue importante:
Si uno deja de lado la indagación cuantitativa (encuestas) que nos permite describir la situación, y complementa el análisis a través de la indagación cualitativa (focus group) que nos permite entender aquella situación descrita, se va a encontrar con que la tormenta dejó daños importantes sobre dos activos fundamentales del Gobierno: su capacidad y su credibilidad.
De los estudios cualitativos surge que el enojo de la gente se focaliza en:
Tanto la indagación cuantitativa, como la cualitativa confirman la necesidad de que el Gobierno debe construir un nuevo relato (explicación) de lo que pasó, porque la explicación dominante en la cabeza de la gente (y en muchos votantes de Cambiemos) es que el Gobierno fracasó y mintió.
Cualquier explicación que el Gobierno pretenda dar de lo que pasó (la sequía, las tasas de la FED, el déficit fiscal) necesitará de la recuperación para convalidarse. Y el Gobierno necesita que esa recuperación tenga el timming necesario para mejorar la competitividad electoral del Gobierno. Todo el crecimiento, toda la recuperación del salario real y toda la baja de la inflación que se pueda registrar antes de la elección, deberá suceder lo antes posible a la votación para ser lo más competitivos posibles.
Pero, crisis de por medio, todo ello no será suficiente sin las dos condiciones que ya hemos marcado anteriormente como necesarias para que el Gobierno pueda sortear el desafío electoral de 2019:
OPOSICIÓN DIVIDIDA: Con una mayoría del electorado con tendencia al voto opositor (48,3% según Synopsis en julio), es necesario que la oferta electoral opositora esté dividida. Lo bueno para el Gobierno es que, no es sólo que la oposición está dividida, sino que el electorado opositor también lo está: algunos votantes opositores están dispuestos a votar ofertas opositoras moderadas (Massa, Urtubey), pero no ofertas más radicales (CFK, Rodríguez Saá); al tiempo que otros sí quieren votar opositores duros, pero no opositores blandos. Esto dificultaría la posibilidad de que la oferta electoral opositora esté unificada, ya que ante la disyuntiva Macri-CFK podría volverse oficialista.
QUE LA OFERTA ELECTORAL OPOSITORA MÁS COMPETITIVA SEA KIRCHNERISTA: Las dificultades que empieza a encontrar el peronismo federal para conformar una oferta electoral opositora alternativa al kirchnerismo (sin candidato dominante y sin candidaturas atractivas en distritos como CABA o Provincia de Buenos Aires), convalida la idea de que hoy, lo más probable es que quien termine siendo más competitivo para enfrentar a Macri en 2019 sea la oferta electoral kirchnerista (sea CFK u otro candidato de su sector), y eso es un escenario deseado para el Gobierno.
De cuándo se produzca la recuperación, de que la oposición siga dividida, y de que el kirchnerismo sea la oferta electoral más competitiva, dependerá en gran medida el triunfo del oficialismo.
Argentina sería “altamente inflacionaria”, según estándares contables internacionales
Si bien hay dos grandes marcos de principios y normas contables a escala mundial (US GAAP para Estados Unidos y IFRS para Europa y otros países) y las metodologías de evaluación no coinciden plenamente, las conclusiones sobre si categorizar o no a un país como “altamente inflacionario” o “hiper-inflacionario” generalmente no divergen.
Según estos principios utilizados por las compañías del exterior, si la inflación acumulada en un período de 3 años supera el 100%, dicha economía debe ser considerada como “altamente inflacionaria” (según US GAAP) o “hiper-inflacionaria” (según IFRS).
En Argentina, la inflación en dicho período efectivamente superó esta cifra, independientemente de las dificultades que presenta la medición de los precios, producto de la intervención del INDEC en el pasado.
Si bien la SEC (Securities and Exchange Commission) de EE.UU. aún no se expidió al respecto, distintas organizaciones privadas que monitorean el status de la inflación en el mundo, y son tomadas en cuenta por la SEC (aunque de manera no vinculante) ya dan cuenta de esta situación.
El más claro ejemplo es el informe del último 16 de mayo del International Practices Task Force (IPTF) del Center for Audit Quality (CAQ), que discutió el estado inflacionario de Argentina, clasificándola como un país con una tasa de inflación acumulada proyectada de 3 años superior al 100% (click aquí para ver informe).
En dicho reporte se utilizaron distintas medidas de inflación (precios minoristas de GBA, de Ciudad de Buenos Aires, a nivel Nacional, de San Luis, etc.) para intentar sortear la falta de credibilidad de las estadísticas del INDEC. Pero como todas las cifras utilizadas por el IPTF se restringieron a publicaciones oficiales de distinta índole, se siguió subestimando la evolución real de los precios, dilatando el quiebre del umbral del 100%. Sin embargo, a principios de 2018 esta cifra se superó de manera significativa, hecho que en relevamientos privados -como el IPC GBA Ecolatina- ya se observaba desde 2014.
En base a esto, estimamos que la SEC se expida en el corto plazo al respecto.
Más aún, si la economía de un país se clasifica como “altamente inflacionaria”, pero luego se observa una disminución en la tasa acumulada de 3 años por debajo del 100%, esto no necesariamente significa que dejaría de ser catalogado como “altamente inflacionario”, ya que puede considerarse como un evento temporario. Por lo tanto, deberán tenerse en cuenta también la perspectiva inflacionaria y la percepción de que el retorno por debajo de dicho umbral es persistente y sostenible.
Las empresas con operaciones en Argentina deberán estar preparadas para considerar a la Argentina como altamente inflacionaria a partir del próximo período fiscal (3er trimestre de 2018 para aquellas con calendario fiscal a fin de año).
De confirmarse dicho status, las compañías que operan en el país y cuya moneda funcional es el Peso argentino, deberán cambiar su moneda funcional a la de su empresa matriz inmediata para propósitos de consolidación contable.
Adicionalmente, las empresas probablemente deban ampliar el reporte de sus operaciones en el país, incluyendo cuestiones como descripciones del entorno económico general y su efecto en los estados financieros históricos y actuales, así como información sobre la inflación y cambios en los ingresos y costos asociados. Del mismo modo, implicaría establecer y notificar de manera detallada el grado de exposición de la compañía a las operaciones en Argentina, tomando en cuenta indicadores como el tamaño de las operaciones en el país, el nivel de importaciones y otros, así como información desagregada sobre la operatoria específica en dicha economía.
La imagen del desempeño del Gobierno de Mauricio Macri se muestra con cierta estabilidad pero aún sin señales de recuperación: la imagen negativa alcanzó en julio el 48,5% (con el dato de que 1 de cada 3 encuestados cree que la gestión de Macri es “Muy Mala”), mientras que la imagen positiva se muestra levemente a la baja y llega a un nuevo piso de 28,8%, dejando el diferencial negativo en -19,7%.
La preocupación por la inflación logra en Julio el mayor registro en todo el ciclo Cambiemos, alcanzando el 40,7%. Si a esto le sumamos la preocupación por el desempleo, que se ubica segundo en el ranking de preocupaciones con un 18%, las preocupaciones económicas llegan a un 58,7% desplazando claramente a un segundo plano otro tipo de preocupaciones, como la Corrupción y la Inseguridad.
Después del registro bien alto que observamos en Mayo de las expectativas negativas con respecto al futuro del país (53,4%), el pesimismo retrocedió en junio (48,6%) y se mantuvo relativamente estable en julio (47,9%). Aunque el panorama continúa siendo adverso: el 74,1% de los encuestados no cree que la situación del país mejore de acá a un año, mientras que solo 1 de cada 4 ve con optimismo el futuro del país.
En julio el 46,1% asegura no estar de acuerdo con el rumbo económico que tomó este Gobierno, confirmando una tendencia alcista observada en los últimos meses. Por otro lado, solo el 19,4% de los encuestados (1 de cada 5) afirma estar de acuerdo con el rumbo económico que escogió el Gobierno.
Se observó una leve mejoría en el nivel de confianza de la gente para que el Gobierno resuelva los problemas económicos: el 41,3% cree que el Gobierno podrá superar la situación (un 3,5% más que hace dos meses), mientras que el 55,7% no cree en que el Presidente Macri pueda resolverlos. Dentro del grupo que desconfía, se observa un 26,5% que afirma haber dejado de confiar, pero que sí lo había hecho en algún momento, mientras que el 29,2% restante afirma que nunca confió.
En un contexto de opinión pública desfavorable, y con la economía dominando las preocupaciones de la gente, un 35,3% manifestó estar más inclinado a votar por Cambiemos que a Otra Fuerza Política, si hoy fueran las elecciones. Un 35,3% de intención de voto son más de 6 p.p. de los que valoran positivamente la gestión de Cambiemos (28,8%), y más de 15 p.p. de los que aprueban el rumbo económico del Gobierno (19,4%), lo que marca que el Gobierno todavía retiene cierto apoyo electoral más allá de las críticas al rumbo económico y a la gestión.
