Author: Federico Semeniuk

La actividad legislativa siempre se ve resentida en los años electorales. Ello se puede corroborar viendo los registros de actividad legislativa históricos, donde el promedio de leyes sancionadas se reduce de 133 en años no electorales, a 115 en los años electorales. Esa actividad se verá aún más resentida en este particular 2019 por dos motivos: 1) un calendario electoral muy cargado de elecciones provinciales a lo largo del todo el año, y 2) la incertidumbre electoral presidencial, que no deja ver con claridad quién gobernará el país a partir del 10 de diciembre.

Claramente habrá temas que no podrán ser discutidos en el año electoral, y entre ellos destaca la despenalización del aborto. El nivel de conflictividad que generó el debate durante el año pasado llevó a todos los espacios a preferir evitar el tema este año electoral para no agregarle tensión al interior de los diferentes partidos, en momentos en los que están compitiendo en elecciones. Algo parecido pasaría con el debate del Nuevo Código Penal, que el oficialismo ya tiene redactado y que debería ser discutido en el Congreso para su aprobación final.

Hay otros temas que también tiene una suerte de veda en momentos electorales, como todo tipo de Reforma Electoral que pretenda modificar las reglas de juego (voto electrónico y lista única).

La dinámica legislativa estará condicionada por el contexto electoral y por la instancia de minoría del oficialismo en el Congreso. Estas dos condiciones hacen prever que solo prosperarán aquellos proyectos con un  sentido más electoralista (medidas para Pymes, beneficios impositivos, Régimen Penal Juvenil, etc.).

El riesgo con el que convivirá el oficialismo es que, por no tener total control de lo que se debata y se apruebe en el recinto, cada vez que quiera avanzar con la sanción de una ley, deberá mensurar el riesgo de facilitarle a la oposición un escenario propicio (el recinto) para hacer campaña contra el Gobierno o aprobar medidas que el oficialismo luego tenga que vetar.

Los niveles de popularidad del Gobierno en el peor momento del ciclo

Sin dudas este comienzo de 2019 marcó para todo el ciclo de Cambiemos el peor momento en materia de opinión pública. A esta situación se llegó luego de un proceso de deterioro que comenzó en noviembre de 2017, luego del triunfo de Cambiemos en la elección de medio término, y que solo tuvo una ventana de recuperación entre octubre-diciembre del año pasado, luego de la Cumbre del G-20 y de un diciembre tranquilo y con estabilidad financiera. El peor derrumbe se registró en la Imagen de Gobierno, con una caída de 26 p.p. en la imagen positiva, que cayó a menos de la mitad del valor de noviembre 2017.

La imagen de Mauricio Macri tampoco estuvo indemne a la crisis económica de 2018 y al deterioro general que sufrió el Gobierno luego del triunfo en 2017. La imagen positiva del Presidente cayó 23 p.p. desde noviembre de 2017, lo que lo dejó con un diferencial negativo de imagen de -21,9%.

Pero el deterioro no solo estuvo asociado al Gobierno y a la imagen de los dirigentes del oficialismo, sino que también se deprimieron las expectativas, tanto sobre el futuro del país, como sobre el futuro personal. Respecto del país, los que ven con optimismo el futuro se redujeron 18,2 p.p. Por su parte, los que creen que su situación personal va a mejorar en el futuro, que ya eran menos del 40% en noviembre de 2017, cayeron 14,4 p.p. siendo hoy solamente 1 de cada 5 encuestados a nivel nacional.

En definitiva, no hay indicador que no esté, a menos de 6 meses de las Primarias y a menos de 9 meses de la Elección General, en el peor momento del ciclo de Cambiemos.

A pesar de la crisis, el voto al oficialismo resiste por encima del 30%

A pesar del deterioro sufrido por el oficialismo en materia de opinión pública y de la continuidad de un escenario de crisis económica que viene socavando la popularidad del Gobierno, no deja de sorprender que las tendencias electorales vienen mostrando cierta estabilidad, sobre todo por el lado de la intención de voto al oficialismo, que si bien pierde casi 5 puntos desde julio 2018, en los últimos 7 meses el voto al oficialismo no cayó más de 2%, un registro que se mantiene en el margen de error muestral.

Esta suerte de resistencia del voto oficialista puede ser explicada por dos motivos: 1) una identidad muy fuerte entre Cambiemos y su electorado que no se ve alterada por la situación económica; 2) la ausencia de un candidato/espacio alternativo para ese electorado. Muy probablemente concluyamos que es más lo segundo que lo primero lo que retiene a los votantes de Cambiemos, que cuando ven el escenario electoral, ven que aquello que más rechazan y que los identifica como un electorado homogéneo, la figura de CFK, aparece como la alternativa más competitiva y con chances de volver al poder. Mientras la amenaza de CFK permanezca en el escenario, muy probablemente el electorado de Cambiemos no se mueva de donde está, sobre todo si no aparece otra alternativa competitiva que ofrezca garantías a ese electorado de una mejor defensa contra Cristina Kirchner.

¿Hay alguien que pueda ser una amenaza en ese sentido para el oficialismo? Debería ser alguien que reúna dos condiciones: 1) que esté en condiciones de ganarle a CFK; y 2) que exprese con claridad una diferenciación de CFK para darle garantías al electorado de Cambiemos que cambiaran de vehículo para defenderse de un regreso del kirchenrismo al poder. ¿Hay alguien que reúna esas condiciones? Hasta la aparición de Lavagna no. Pero a Lavagna todavía le falta cumplir en pleno las dos condiciones.

El reclamo “hagan algo” de un trabajador de la UOCRA a Mauricio Macri en un acto que realizaba el Presidente en la Ciudad de Buenos Aires, pareció no solo describir el drama que atraviesan los trabajadores por la situación económica, sino también la falta de canalización de esa demanda que se observa en una dirigencia sindical que ha venido conteniendo la conflictividad sindical más que promoviéndola.

Un ejemplo de ello se pudo ver esta semana, cuando la reunión del Consejo Directivo de la CGT, que iba a evaluar la situación económica y posibles medidas de fuerza, fue suspendida, logrando esquivar una vez más la presión para la convocatoria a un nuevo Paro Nacional.

El Gobierno no se ha quedado con los brazos cruzados y ha venido colaborando para contener los niveles de conflictividad sindical. En noviembre pasado logró desactivar una medida de fuerza de la CGT con el otorgamiento de un bono de $ 5.000 para todos los trabajadores del sector privado. Ahora, acaba de adelantar el aumento previsto para junio próximo en el Salario Mínimo Vital y Móvil a marzo, al tiempo que incrementó los montos correspondientes a la prestación por desempleo.

Lo paradójico es que el contexto electoral hace más difícil la convocatoria a un Paro Nacional para la dirigencia sindical que aún permanece en la conducción de la CGT. Y es que entre los sectores dialoguistas, prevalece la idea de que si se promueve una medida de fuerza, a ella se terminarán plegando los sectores más combativos que ya abiertamente actúan en apoyo de la candidatura de Cristina F. de Kirchner, y quienes buscarán capitalizar políticamente la protesta.

El Gobierno sabe que el desafío del sindicalismo para contener la conflictividad es complejo en un contexto económico delicado, y por ello seguirá privilegiando la relación con el sector más estratégico a la hora de definir la efectividad de una medida de fuerza: el sector del transporte. Para lograr ese objetivo, el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, compartió una cena días atrás con la cúpula de la CATT (Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte) donde recogió demandas específicas del sector, que se describen a continuación.

Demandas del Sector de Transporte:

• Reclamo por el impacto de Ganancias en el Sector de trabajadores del Transporte.
• Preocupación por una eventual Reforma Laboral a discutirse en el Congreso (el Ministro lo descartó).
• Impacto de los tarifazos en el salario de los trabajadores del sector.
• Rechazo a cambios que impulsa, Carolina Stanley, en Regímenes Diferenciales laborales del Sector.
• Reclamos por la continuidad de inversiones ferroviarias.
• La inseguridad que sufren los trabajadores del sector del Transporte Automotor.
• Preocupación por el avance en la informalidad laboral en el sector (se citó el caso de UBER)
• La preocupación por el aval del Gobierno a inscripciones gremiales funcionales a las empresas Aeronáuticas (gremios por empresa).

A pesar de no tener expectativas de un gran triunfo en la elección de octubre, Cambiemos no tiene grandes desafíos para mantener su poder en el Congreso: debe renovar el 42% de sus bancas de Diputados y solo el 16% de sus bancas en el Senado.

La renovación legislativa que se producirá con la elección presidencial en octubre próximo se ha vuelto casi tan crítica como la propia elección del Poder Ejecutivo, ya que los desafíos que deberá enfrentar el próximo Gobierno (que podría ser el actual), requerirán de fortalezas parlamentarias para avanzar en las reformas que se deberán encarar para concluir el proceso de corrección de los desequilibrios acumulados que provocaron la actual crisis económica. Reforma Laboral, Reforma Previsional o una nueva Reforma Impositiva podrían ser parte de los desafíos a encarar.

En un contexto donde ninguna fuerza política podrá lograr controlar el Congreso con el resultado electoral, cada fuerza enfrenta desafíos distintos. Cambiemos enfrenta el desafío de renovar solo el 42% de sus bancas. Si bien no es un número importante, no proyectamos que pueda mejorar mucho su situación actual en el Congreso, viéndose obligado a seguir negociando. El FPV, por su parte, deberá renovar el 59% de sus bancas (39 de 66). Si bien el desafío es importante, también es cierto que las proyecciones electorales de una eventual candidatura de CFK lo pueden acercar a ese objetivo. Argentina Federal deberá renovar casi el 50% de sus bancas, un desafío cumplible, pero que dependerá en gran medida de qué candidatura irán colgados los candidatos de los Gobernadores peronistas. Finalmente el desafío más grande es del bloque del Frente Renovador, que pone en juego el 80% de sus bancas. Aunque vale aclarar que los días de este bloque parecieran contados, y muy probablemente esta bancada termine fusionándose con la del peronismo no kirchnerista.

En el Senado, Cambiemos tiene mucho terreno por ganar, ya que solo renueva 4 de sus 25 Senadores. Con una modesta performance, podría mejorar su poder en la Cámara Alta. El FPV, el bloque de Cristina Kirchner, deberá renovar 3 de sus 9 bancas. Muy probablemente logre mejorar esa marca si finalmente la ex presidenta es candidata y logra colar sus candidatos en las listas. Por el lado del bloque Argentina Federal está el mayor desafío, ya que deberá renovar 7 de sus 24 bancas y dependerá, al igual que en Diputados, de quién vayan colgados los candidatos a Senadores en las provincias que renuevan para saber si podrá retener espacios de poder.

Lo que queda claro es que la decisión que tomen los gobernadores del peronismo en junio, respecto de qué candidato nacional colgar sus candidatos, puede ser clave para entender qué Congreso podemos tener a partir de 2020. De ello dependerá en gran medida la posibilidad de que tanto CFK como el Peronismo no K puedan conservar sus espacios de poder en el Congreso. Y de los entendimientos que pueda haber entre CFK y el resto del peronismo, dependerá exclusivamente la posibilidad de que tengamos un Congreso bajo control de un espacio político o si seguiremos teniendo un Congreso dividido con tendencia a la paralización o a la baja productividad.