Author: Juan Pablo Albornoz

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Ecuador | Compromiso con la consolidación fiscal

Economía

El 7 de octubre Richard Martínez renunció al cargo de Ministro de Economía y Finanzas que ejerció desde mayo de 2018. La renuncia se dio pocos días después de que el directorio del FMI aprobara el nuevo acuerdo con el Ecuador y que el país recibiera el primer desembolso por $2.000 millones. En reemplazo de Martínez el presidente Lenín Moreno designó a Mauricio Pozo, quien ya estuvo al frente del Ministerio de Finanzas entre 2003 y 2004. El nombramiento de Pozo, a quien se lo ve comprometido con el proceso de consolidación fiscal, ha sido bien recibido en la comunidad internacional (el riesgo país cayó ligeramente entre el 7 y el 9 de octubre de 969 a 938 puntos básicos) y por buena parte de la opinión pública ecuatoriana. Pozo ha dicho que quiere dejar al próximo gobierno los borradores para las reformas tributaria, laboral y a la seguridad social que el país necesita para su reactivación. Al respecto, cabe señalar que a finales de septiembre el Banco Central publicó los resultados de las cuentas nacionales del segundo trimestre de 2020. Según la institución oficial, en ese período la economía ecuatoriana se contrajo 12,4% en términos interanuales. Se trata de la caída más pronunciada en dolarización y fue provocada por un desplome de todos los componentes del PIB por el enfoque del gasto a consecuencia de la pandemia y el confinamiento.

Política

El Ecuador celebrará en febrero del próximo año elecciones presidenciales. Al 7 de octubre (fecha tope para la inscripción de candidaturas) se habían inscrito 17 binomios, lo que muestra la fragmentación política del país. De esas 17 candidaturas, algunas de las cuales podrían ser eliminadas por las autoridades electorales si se verifica que no cumplen todos los requisitos, las que se muestran como las más opcionadas son la del banquero Guillermo Lasso (centro-derecha), el ex prefecto del Azuay y líder indígena Yaku Pérez (izquierda) y la del correísta Andrés Arauz (también de izquierda). No obstante, los resultados de las diversas encuestas difieren mucho entre sí, pero la mayoría de ellas coinciden en que el porcentaje de indecisos sigue siendo muy elevad

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No es la gobernabilidad, es la centralidad para gobernar

El actual escenario político no presenta dificultades en términos de gobernabilidad. El reciente empoderamiento al presidente y al ministro no se deben a un problema de gobernabilidad, sino a uno de centralidad en la toma de decisiones.

Aún dejando de lado los errores no forzados (errores en las decisiones), hay ciertos condicionantes del proceso de toma de decisiones que han provocado errores en las decisiones tomadas. Principalmente, los condicionantes son dos: sociales y políticos.

Los primeros son propios de la situación socioeconómica y de un gobierno que prometía el fin del ajuste y se chocó con la pandemia. Los segundos son internos y consecuencia de la heterogeneidad de la coalición. El formato de la coalición de Gobierno, el contexto social y un particular tipo de liderazgo político consensual que ejerce Alberto Fernández, están provocando que, además de los errores no forzados, se estén cometiendo errores forzados por la falta de centralidad en la toma de decisión que caracteriza al actual proceso político.

El éxito en política está directamente relacionado con la capacidad de administrar correctamente los condicionantes de la realidad. Para ello, es esencial contemplar no solo los beneficios de una decisión, sino también los costos. Cuando los últimos superan ampliamente a los primeros, sostener una decisión deja de ser viable.

Esto es precisamente lo que hizo la vicepresidenta en su carta del 26 de octubre. Los objetivos explícitos de su comunicación ya han sido extensamente analizados: diferenciarse del rumbo de Gobierno, reconocer la autoridad de Alberto Fernández al frente de la coalición y legitimar al presidente como interlocutor del FDT para dialogar (negociar) con todos los actores.

Ahora bien, hay un cuarto objetivo implícito en su carta que se relaciona con el análisis costo-beneficio previamente mencionado y con el cambio (o intención de cambio, al menos) de rumbo en la política económica que se ha visto en las últimas semanas. CFK reconoció implícitamente que los condicionantes de la realidad estaban transformando la relación costo-beneficio de una política económica laxa en lo fiscal.

Los beneficios de una expansión fiscal que buscó evitar una ruptura total de la demanda interna comenzaban a ser ampliamente superados por las tensiones cambiarias. Las presiones propias del “bimonetarismo” de nuestra sociedad, amplificadas por las políticas económicas del gobierno, empezaban a poner en jaque la competitividad política del FDT de cara a la elección de medio término.

Por este motivo, la carta buscó darle más capacidad de acción al presidente y a Guzmán para llevar a cabo una política de mayor responsabilidad fiscal (léase, ajuste). Y aquí es donde toma sentido la diferenciación inicial que hace la ex-presidenta: no gobierno yo y “hay funcionarios que no funcionan”.

En definitiva, no es la gobernabilidad sino la centralidad. Y a ello apuntó la carta y apuntan las medidas recientes.

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Llegó noviembre, ¿llegó el verano al mercado cambiario?

Después de haber saltado más de 35 pesos en las primeras tres semanas de octubre, los dólares paralelos se desinflaron casi 20% en los últimos quince días, revirtiendo la tendencia alcista. En este marco, cobran sentido algunas preguntas: ¿por qué bajó? ¿caída transitoria o permanente? ¿chau crisis cambiaria y expectativas de devaluación?

En octubre, el gobierno cambió el enfoque de su política económica: dejó de castigar a la demanda y endurecer las restricciones para incentivar más a la oferta. En este giro se enmarcan la baja de retenciones, la suba de la tasa de interés de pases pasivos y las licitaciones de algunos instrumentos en pesos atados al dólar oficial, entre otros. En la misma línea, recientemente el Palacio de Hacienda dejó entrever que podría endurecer su meta fiscal del año próximo, llevándola del -4,5% del PBI aprobado en el Presupuesto a -3,5%. De esta forma, se restringiría no solo la liquidez privada actual, sino también la futura, relajando parte de las presiones.

Sin embargo, estas políticas llegaron tarde y en dosis bastante acotadas. Por lo tanto, no son los únicos factores detrás de la baja del dólar. La venta de bonos del Tesoro por parte de algunos organismos públicos contra pesos (oferta de dólares en los mercados paralelos) y las intervenciones “indirectas” en el mercado informal también ayudaron a reducir el precio de la divisa. Hay entonces dos grandes explicaciones: cambios en la política económica e intervenciones oficiales.

Pasando a la segunda pregunta, un análisis histórico ayuda a pensar hasta dónde podría bajar el tipo de cambio paralelo. En el peor momento de 2002, el dólar se vendió a 150 pesos de hoy -3,8 pesos de entonces-. En la misma línea, a valor actual, la divisa promedió los 100 pesos entre 2002 y 2007, la época del tipo de cambio real competitivo y estable, donde las exportaciones de bienes agropecuarios e industriales experimentaron un boom. En consecuencia, un dólar blue en la zona de 160 pesos sigue siendo caro al contrastar con nuestra historia reciente.

Sin embargo, los análisis históricos o de la economía real pueden no servir cuando se piensa a las variables nominales o financieras. El exceso de liquidez que genera la emisión de ARS 1,6 billones para solventar el déficit del Palacio de Hacienda está provocando tensiones cambiarias, aun cuando ARS 1,3 billones se hayan esterilizado a través de la venta de Reservas y operaciones de pases y LELIQs. En respuesta, la base monetaria creció casi 40% nominal en lo que va de 2020, duplicando a la inflación y dejando un exceso de pesos capaz de presionar sobre la divisa.

En este contexto de elevada incertidumbre y muchas dudas sobre el rumbo del gobierno, además una débil relación con los mercados -y la clase media-, muchas personas optan por dolarizar sus ahorros. Para peor, la tasa de interés sigue estancada en 34%, un rendimiento que no alcanza para desalentar la demanda de divisas, máxime en un escenario de aceleración inflacionaria y expectativas de devaluación. El dólar paralelo opera también como refugio financiero entonces, y las referencias reales sirven todavía menos.

Por lo tanto, la baja pareciera ser más transitoria que permanente: aunque un dólar en 160 pesos está caro en términos históricos -quien venga con divisas desde el exterior, se encontrará con la Argentina más barata de los últimos treinta años-, la extrema volatilidad, liquidez e incertidumbre que atraviesa nuestra economía provocan que la cobertura sea una opción muy atractiva. Además, el impuesto PAIS (30% sobre el dólar oficial) y la retención del impuesto a las ganancias (35%), le ponen un piso a la brecha cercano al 65% (es decir, un dólar a 135 pesos).

Por último, y antes de cerrar, corresponde marcar que no desaparecieron las posibilidades de un salto cambiario en el mercado oficial. Por el contrario, este frente sigue (casi) tan complicado como hace dos semanas. Las Reservas netas orillan los USD 5.000 actualmente y el poder de fuego del Banco Central está muy deteriorado. En la misma línea, producto de las expectativas de devaluación, el superávit comercial empezó a sufrir en los últimos meses: impulsadas por el adelantamiento de compras, en septiembre crecieron las importaciones por primera vez desde 2018 (+3% i.a.), y en octubre las compras a Brasil saltaron 12,5% i.a. -todavía sin datos agregados- reduciendo la oferta neta de divisas en el mercado oficial. En consecuencia, aunque algunas variables se relajaron respecto de algunas semanas atrás, la batalla recién empieza; y el campo está minado.

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Uruguay | La economía caería un 4,4% en 2020

Economía

En el segundo trimestre del año el PBI cayó 10,6% interanual (ia), superando el retroceso observado en la crisis económica de 2002. La caída fue generalizada – con excepción de Comunicaciones – en toda la economía aunque el más afectado fue Comercio, Restaurantes y Hoteles (-31,4% ia.) actividades restringidas por el Gobierno por la pandemia de COVID-19. La industria sufrió una caída de 10,8% ia. en su producción y las actividades primarias un 4,2% ia. La mayor demanda de servicios de datos impulsó el alza (7,2% ia.) de la actividad de Comunicaciones producto del desarrollo del teletrabajo en el marco de la pandemia.

Desde el enfoque del gasto, el consumo privado tuvo una caída de 13,8% ia, y el público 12% ia., la inversión privada 9% ia. y la pública 22,5% ia., mientras que a nivel del sector externo las exportaciones lo hicieron 16,8% ia y las importaciones 15,5% ia.

Con esta caída mayor a la estimada, Oikos C.E.F. proyecta una contracción del PBI en 2020 próximo al 4,4%

Política

La ley de presupuesto se encuentra en su etapa de discusión en ambas Cámaras sin cambios significativos. La oposición política ha planteado su rechazo en el entendido que debería realizarse una política pública expansiva en el actual contexto recesivo, mientras que la coalición de Gobierno argumenta que las cuentas del fisco no soportan mayores erogaciones que la planteadas sin tensionar aún más el déficit fiscal y el endeudamiento público – lo que podría poner en riesgo el grado inversor -. Caída del salario real para los trabajadores en general y para los empleados públicos en general, así como de la reducción de las inversiones proyectadas para el sector público, se encuentran en el centro de la diferencias entre los dos bandos políticos (Gobierno y oposición).

Un elemento que generará rispidez en al ámbito político provendrá de los resultados de las auditorías económicas y de gestión que encomendó la nueva administración de Gobierno sobre su antecesor, a efectos de evaluar la situación heredada. El Gobierno espera la definición de la Ley de Presupuesto para encomendarse a este tema que seguramente ocupará la discusión política en lo que resta del año.

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Acortamiento de plazos en acuerdos salariales

Es evidente que el proceso paritario del presente año no brinda una fotografía representativa de la dinámica laboral de nuestro país. Sin la irrupción de la pandemia hubiera sido impensable que se dieran, por ejemplo, negociaciones salariales nominales a la baja en un contexto de elevada inflación y suspensiones temporarias.

Por este motivo, la radiografía del proceso de negociación salarial ha sido heterogénea en distintas medidas. Entre las principales se encuentran subas salariales porcentuales por debajo de la inflación, bonos no remunerativos y aumentos de suma fija para las escalas de menores ingresos. Además, ha sido dispar en aumentos. UTA y Camioneros lideran el ranking con acuerdos por encima de la inflación (16,7% y 11,5% respectivamente), mientras que Luz y Fuerza, Unión Ferroviaria y UPCN arrojan caídas en el salario real de hasta el 19,9% (paritarias 2019/2020 en comparación con el IPC INDEC). No obstante, datos del Ministerio de Trabajo dejan entrever una dinámica bastante homogénea en la gran mayoría de los acuerdos paritarios en convenios de alta cobertura (que abarcan a más de 10.000 trabajadores): una clara reducción en la duración de los contratos.

Del total de los trabajadores del sector privado registrado, más de 4.400.000 (73%) pertenecen a un convenio colectivo de alta cobertura. De este porcentaje, un 84% (aproximadamente 3,7 millones) lograron firmar un acuerdo paritario a fines de octubre. Ahora bien, tan solo 1,1 millones (30%) acordaron paritarias anuales, mientras que los 2,6 millones de trabajadores restantes firmaron acuerdos de menos de un año. Vale destacar que de estos últimos, únicamente 2 de cada 5 trabajadores tuvieron aumentos porcentuales, mientras que el resto experimentaron aumentos de sumas fijas. Este es un dato no menor si se considera que faltan tan solo 3 meses para finalizar el año con perspectivas de aceleración de la inflación en el corto plazo.

La preocupación no se encuentra únicamente asociada a los rezagados acuerdos salariales respecto de la inflación: también comienzan a florecer líneas internas en la propia CGT de cara a la renovación de autoridades. Originalmente planeada para el 2020, ésta fue postergada por la Secretaría de Trabajo para el 2021 por cuestiones sanitarias. En un contexto sumamente delicado para la economía y el gobierno, comienzan a emerger tres grandes líneas al interior de la confederación a pesar de la aparente unidad que ha acompañado desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. En primer lugar, el sector liderado por Hugo Moyano, que ha venido impulsando la reincorporación de sectores de la CTA a la CGT, crítico de la conducción actual y con Pablo Moyano como principal candidato para la conducción de la CGT. Luego, en el sector que formalmente lidera la CGT emerge la figura de Héctor Daer como principal candidato a la conducción, quien tiene un estrecho vínculo con el propio presidente. Finalmente, Carlos Acuña aparece como referente antikirchnerista (incluso criticado por el propio Máximo Kirchner por las suspensiones) quien, acompañado por Luis Barrionuevo, intenta mantener su disidencia respecto a las otras dos ramas.

Las divisiones internas en el universo cegetista son un claro reflejo de las posiciones que cada rama tiene respecto al Gobierno del Frente de Todos. Resulta difícil pensar que pueda emerger una unidad unipersonal representativa de las tres ramas sindicales y luce más probable que surja nuevamente una conducción tripartita, en paralelo con lo sucedido en 2016.

 

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A pesar de un buen arranque del año, el PBI caerá 2,5% en 2018

En el segundo trimestre de 2018 el PBI cayó 4,2% i.a. cortando la evolución de cinco trimestres consecutivos en terreno positivo. Asimismo, en términos desestacionalizados la actividad se desplomó 4% respecto al primer trimestre del año.

La caída respondió principalmente a la sequía que afectó a la producción de agropecuaria (-31,6% i.a.). De hecho, excluyendo este sector, el nivel de actividad se mantuvo estable en términos interanuales.

A nivel de componentes, la demanda interna (Consumo más Inversión) cayó 2% i.a. durante el segundo trimestre. Por otro lado, el frente externo mantuvo la dinámica que venía presentando durante el 2017: las cantidades importadas crecieron 2,7% i.a. mientras las exportadas cayeron 7,5% i.a.

Luego de haber crecido 3,6% i.a. en el primer trimestre y con la baja registrada de 4,2% i.a. entre abril y junio, el PBI acumuló en el primer semestre una contracción de 0,5% i.a., causado principalmente por la baja en la producción de bienes (-5,4% i.a.), mientras los servicios continuaron creciendo (+1,9% i.a.).

Más allá del shock de oferta generado por la sequía en el segundo trimestre, la recesión se profundizó en los últimos meses, producto de los saltos cambiarios, la aceleración de la inflación y la fuerte suba de tasas de interés. El cambio de precios relativos modifica la dinámica de las principales variables macroeconómicas. La recesión pasará de ser un shock de oferta (la sequía que afectó el 2 trimestre) a una contracción de la demanda interna (caída del consumo y la inversión) que se contraerá más que el PBI en el segundo semestre. De hecho, el único driver del crecimiento provendrá de las exportaciones gracias a la significativa mejora de la competitividad cambiaria.

En síntesis, pese al buen comienzo del año, la actividad económica caerá en torno a 2,5% durante 2018. Esta situación dejará un arrastre estadístico negativo para el año que viene de casi 3%, lo que significa una pesada herencia para la actividad económica en 2019.

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Brasil: Risco político crescente para a economia brasileira

A combinação entre um governo mal avaliado e a farta oferta de candidatos antecipava uma campanha eleitoral bastante volátil. Os eleitores chegaram à campanha formal sem nenhuma associação com os candidatos, reforçando o peso do debate político no comportamento eleitoral. O atentado contra Jair Bolsonaro (extrema direita) , contudo, representou um choque nos candidatos e nos eleitores, alterando a dinâmica esperada para o restante da campanha. O risco para projetos reformistas são crescentes. A tendência é de segundo turno entre os extremos da política brasileira. Haddad e Bolsonaro devem estar no segundo turno.

Nossa percepção é de que o risco é mais significativo para os tucanos, diante da cristalização das preferências por Bolsonaro. A composição do segundo turno deve responder ao possível “voto útil” do eleitorado. Assim, esperamos a definição da disputa apenas na última semana antes da votação.

O efeito do episódio é o reforço os polos do sistema. A tensão na política brasileira não é nova e não será resolvida às vésperas da votação. A gravidade do episódio envolvendo Bolsonaro, naturalmente, vai ser politizada pelos diferentes candidatos. Os dois extremos dos polos têm representantes na corrida: PT e Bolsonaro. A moderação está dispersa entre diferentes nomes. A reação nos veículos de comunicação foi pela defesa da pacificação da eleição no Brasil. Tal discurso tem dificuldade de ser canalizado no plano eleitoral justamente pela fragmentação das candidaturas de centro.

A expectativa é de que o atentado reforce a cristalização das preferências eleitorais de Bolsonaro, reforçando as chances de segundo turno. Nossa avaliação, contudo, é de que tal movimento não seja suficiente para alterar qualitativamente os desafios de Bolsonaro. É verdade que seu nome ganha força no segundo turno, mas os desafios para redução da sua rejeição continuam grandes. Em outras palavras, as chances de vitória de Bolsonaro no segundo turno só aparecem em um cenário contra o PT. A corrida eleitoral apenas reforçou a percepção de risco dos agentes econômicos.

A eleição brasileira reforça o cenário de elevado risco político. Os dois nomes mais prováveis de participarem do segundo turno representam riscos elevados para agenda reformista. Nenhum dos favoritos resolveria o problema da polarização política.

Assim, a tendência é de redução do crescimento esperado para 2019. Nossa expectativa é que muita volatilidade nos últimos dias da campanha. O quadro eleitoral segue indefinido. A tendência é de continua depreciação dos ativos brasileiros.

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Bolivia: El dilema del pago del bono adicional de fin de año (CEBEC)

En los días previos a esta edición, se ha intensificado la discusión sobre el pago del bono “Esfuerzo por Bolivia”. Éste consiste en el pago de un salario adicional en diciembre siempre y cuando el crecimiento del PIB entre el tercer trimestre de 2017 y el segundo de 2018 supere el 4,5%.

La cifra de crecimiento del primer trimestre fue 4,4%, por debajo de las expectativas, puesto que el último trimestre de 2017 la actividad creció por encima de 5%. Los indicadores líderes hacen prever que el segundo trimestre el crecimiento estaría en torno a 4%. De esa forma, la cifra para el periodo relevante estaría muy cerca del umbral.

Las autoridades han señalado que la probabilidad de pago de este beneficio es altísima. Como señalamos en versiones anteriores, existen varios problemas con el diseño de este programa.

Por un lado, está que relaciona implícitamente el crecimiento real con las ventas y utilidades, cuando las primeras habrían crecido 1% en promedio en los últimos tres años y las últimas cayeron al 6% anual en similar periodo.

De hecho, calculamos que el efecto del pago de este bono implicaría un alza de los costos salariales del 14%, que incluso es superior al 11% planteado implícitamente por la organización de trabajadores boliviana.

Por otra parte, implicaría una mayor vulnerabilidad para el sector público, dado que su pago incrementaría casi un punto porcentual el ya abultado déficit planeado de 8% del PIB. Esto se agravaría si se toma en cuenta que las empresas dejarían de tributar por concepto de utilidades más de un punto porcentual del PIB.

Otro problema importante es que desconoce la situación de los sectores, las regiones y de las empresas, porque es una regla general. En ese sentido, genera problemas de flujo de caja y rentabilidad para las empresas bolivianas.

Es importante señalar que existen los incentivos políticos para el pago de este bono, puesto que al año habrá elecciones generales en el país. En tal sentido, el pago podría genera algún efecto en la popularidad de la actual administración, aunque otros sondeos indican que la señal no sería recibida positivamente incluso por quienes reciban el bono, debido a que la situación económica se percibe como complicada.

Frente a ello, varios analistas como organizaciones empresariales observaron las estadísticas oficiales. De momento, nuestro análisis indica que no existen manipulaciones estadísticas en cuentas nacionales, puesto que el primer trimestre del año está reportado con cifras desalentadoras en varios sectores de la economía.

Nuestras proyecciones no se han modificado todavía, puesto que ya incluimos este bono en las perspectivas para este y el siguiente año, tomando en cuenta consideraciones políticas del caso. Respecto al mes anterior, estamos evaluando hacia la baja la proyección del crecimiento, por un eventual menor crecimiento del segundo cuarto del año.

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Venezuela: Agosto, ¿A las puertas de un Gran Viraje?

Con poco más de siete meses a cuestas, el camino transcurrido pesa. Obviando la narrativa propuesta durante los últimos meses por parte del oficialismo, el cuadro económico vigente al cierre del mes de julio refleja una crisis económica y social aún más dramática y difícil de revertir en el corto plazo. Al cierre de julio, la inflación acumulada se ubica en 15.812,2% -124.395,8% en cuestión de 12 meses- la producción petrolera promedio se ubica 642 kb/d por debajo del registro acumulado hasta la fecha en 2017, la economía continúa en su senda recesiva y la incertidumbre en torno al devenir político del país prevalece.

No obstante, tras seis meses de inacción en el plano económico, la propia inercia de la crisis pareciera haber obligado al gobierno a tomar la “ofensiva” de cara a un segundo semestre del año (IIS2018) cuya dinámica esperamos refleje un nuevo estadio de la crisis en términos de complejidad, drama y deterioro. “Ofensiva” que, aunque limitada, esperamos mantenga una serie de efectos reales que consideramos relevantes destacar.

En principio, la columna vertebral de la propuesta del oficialismo -el Plan de Recuperación y Prosperidad Económica- cuenta con seis puntos:

  1. Reconversión monetaria de 1:100.000 entre el bolívar soberano (VES) y el bolívar fuerte (VEF).
  2. Eliminación de ciertos aranceles, particularmente relacionados con la importación de bienes de capital e insumos agrícolas.
  3. Derogación del Régimen de Ilícitos Cambiarios.
  4. “Anclaje” del nuevo Bolívar Soberano al instrumento “Petro”
  5. Inclusión de las reservas petroleras del bloque Ayacucho II de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) dentro de los activos contables del BCV.
  6. Expansión de las facultades del Carnet de la Patria como instrumento para un censo del parque automotor venezolano y un posible subsidio focalizado a la gasolina.
  7. Beneficios tributarios para la industria petrolera, entre los cuales destaca la exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para el ejercicio fiscal del 2018.

Más allá de ciertos arreglos cosméticos y una mejoría parcial para algunos sectores, en Ecoanalítica vemos probable que estas medidas, tal como están concebidas y considerando el contexto donde se suponen harán vida, logre frenar el descalabro hiperinflacionario y estabilizar la economía en el corto plazo. Ello se ve reforzado por la no intencionalidad de la gestión actual por reducir sus niveles de gasto, ni menos de dejar de acudir a la creación de dinero como mecanismo de apalancamiento del déficit.

Por otro lado, las recientes acciones legales que parecen facilitar un potencial embargo de Citgo (principal empresa de Pdvsa en el mercado norteamericano) ponen en jaque la generación de flujo de la ya golpeada industria petrolera nacional, mientras añaden un mayor peso sobre la solvencia de la República y su capacidad de endeudamiento en los mercados internacionales.  En tal sentido, considerando que la flexibilización cambiaria (sobretodo para los agentes privados) ha sido uno de los requerimientos de algunos de los acreedores de la deuda venezolana (particularmente China), resulta imperiosa la celeridad de los hacedores de política en la construcción y aplicación del nuevo esquema frente a estas nuevas dificultades.

¿Un gran viraje? Los días por venir lo dirán.

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En julio la producción industrial cayó por tercer mes consecutivo

En julio la producción manufacturera se retrajo 5,7% en relación al mismo mes del año anterior y se mantiene estancada en los primeros siete meses del año. Por su parte, en términos desestacionalizados, el índice se mantuvo estable.

Cabe destacar que, sin considerar alimentos y bebidas –afectados por la sequía- el retroceso ascendió a 3,4% i.a. Al igual que en junio, la caída fue generalizada: 10 de los 12 bloques que componen al entramado productivo mostraron números en rojo. Peor aún, en 7 de estas 10 ramas la caída anual se agravó entre junio y julio.

Repitiendo la dinámica de los meses precedentes, Alimentos y Bebidas lideró la merma, principalmente por el desplome de la molienda de cereales y oleaginosas, golpeadas por factores exógenos. Por su parte, la refinación de petróleo, la industria textil, la producción tabacalera y la industria metalmecánica registraron caídas en el orden de dos dígitos. Por lo tanto, se observa cómo, pese a la mejora de la competitividad cambiaria (en julio, el tipo de cambio real multilateral era 20% i.a. más alto que en igual mes del 2017), los resultados positivos tardarán en llegar.

A contramano del retroceso generalizado se ubicaron la producción automotriz (+12% i.a.) y de metálicas básicas (13% i.a.). En estos casos, al ser sectores con fuertes relaciones comerciales internacionales pre-existentes (sectores exportadores), un importante grado de concentración que alienta las ganancias de escala y fabricas bienes de escasa capacidad de diferenciación (especialmente en el caso de metálicas básicas), el menor costo de producción en dólares tuvo un correlato sensiblemente más rápido que en el resto de las ramas.

De cara al futuro, esperamos que la producción industrial continúe en baja. Si bien el peso de alimentos y bebidas irá cediendo con el año (la salida de la cosecha gruesa ya tuvo lugar), una demanda local deprimida, un costo de financiamiento en niveles sensiblemente elevados y el manto de incertidumbre que cubre a la economía local serán más fuertes que el incremento de las exportaciones que podrá generar la reciente ganancia de competitividad cambiaria –además de implicar plazos más largos para afinar canales comerciales- y la salida externa como una alternativa contracíclica para paliar la recesión local.