Author: Juan Pablo Albornoz

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Política electoral defensiva: mantener a los propios

Los discursos presidenciales de inauguración de las sesiones ordinarias suelen ser más que interesantes para entender la dinámica política, dado que allí se fijan las prioridades para la gestión. El discurso de este año se volvió aún más especial de lo habitual, dado que el presidente llegaba en un momento de elevada debilidad. Su imagen personal y la de su Gobierno se encontraban en el peor momento del ciclo. Para colmo, en simultáneo estallaba el escándalo más dañino para la reputación del oficialismo: el “Vacunatorio VIP”.

Con un discurso particular, Alberto Fernández mostró un tono más confrontativo del que mostraba al comienzo de su gestión. Particularmente, levantó algunas de las banderas que reclamaba Cristina Kirchner, tales como la judicialización de la deuda con el FMI, la ratificación de que las tarifas aumentarán según las posibilidades económicas de la sociedad y, por último, los cuestionamientos a la justicia.

Por el tono y el contenido, fue uno de los discursos más cercanos al kirchnerismo de Alberto Fernández. En términos de percepción de la opinión pública, probablemente haya contribuido a que la sociedad vea a Alberto Fernández más en sintonía con Cristina y a su Gobierno más parecido a lo que fue el Gobierno de su vicepresidenta.

La estrategia que denota el tono y el fondo del discurso del presidente es la de decir cosas que pudieran caer bien entre los votantes más convencidos del Frente de Todos que, además, son quienes reconocen el liderazgo de Cristina Kirchner. Pero no solo lo reconocen, sino que son quienes hoy sostienen su apoyo al Gobierno. Hacia ese público pareciera haber estado dirigido el discurso, con el objeto de fidelizar los apoyos que hoy el presidente conserva. Bajo esta lógica, la estrategia discursiva podría ser razonable.

Sin embargo, fue también un discurso que alejó a Alberto Fernández de una figura moderada, dialoguista y diferenciado de Cristina Kirchner: lo apartó así de un electorado más independiente, que hoy le quitó el apoyo y que difícilmente pueda volver a apoyarlo frente a una estrategia de radicalización de las posiciones. De hecho, entre los votantes del Frente de Todos, quienes creían que la coalición iba a ser distinta al Gobierno de Cristina Kirchner y actualmente hacen una lectura diferente, es donde el oficialismo retiene la menor cantidad de votos (solo el 14,7% de quienes creían que iba a ser distinto y lo ven parecido volvería a votar al oficialismo).

Otro de los aspectos que dejó el discurso fue la evidencia de que la política económica quedó subordinada a la estrategia electoral. La evidencia fue elocuente, porque la decisión del Gobierno de judicializar la deuda contraída con el FMI no puede ser leída sino como una confirmación de que el Gobierno decidirá postergar un eventual acuerdo con el organismo para después de las elecciones.Mala noticia para las negociaciones que está intentando encarar Martín Guzmán con el fondo, sobre todo porque el Gobierno busca penar judicialmente a quienes la contrajeron (es decir, a la oposición), en el momento en que el propio organismo está reclamando un acuerdo que tenga amplio apoyo de todo el arco político.

Lo cierto es que, a la luz del discurso del presidente, queda más claro que la política económica del Gobierno ya quedó subordinada a su estrategia electoral y se parece -y mucho- a las estrategias que utilizaban los Gobiernos de Cristina en años electorales: pisar las tarifas lo más posible, aumentar el gasto (sobre todo el que tiene destino en el consumo) todo lo posible dentro de las restricciones -o al menos no ajustar lo que el FMI quería-, y frenar al dólar para contener la inflación y para favorecer una percepción de recuperación del poder adquisitivo.

La vacunación ayudará a todo este proceso, en un contexto donde la unidad del peronismo está garantizada, porque nadie querrá sacar los pies del plato antes de corroborar que el plato sigue estando lleno o vacío (eso será después de las elecciones). Pero de las tres claves que el Gobierno cree que lo ayudarán a ganar la elección (la vacunación, la unidad del peronismo y la economía), esta última es decididamente la variable independiente.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para los clientes de Ecolatina.

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Perú | La economía rebotaría un 10% en el 2021

La pandemia y la economía

La segunda ola del covid-19 ha sobrepasado la capacidad del sistema sanitario. El exceso de fallecidos diarios supera ya lo registrado en la primera ola (casi 800, en promedio). Esto ha generado que el gobierno disponga de nuevas medidas de restricción social, esta vez focalizadas en las zonas con mayor incremento de casos y sobre las actividades con mayor riesgo de contagio. Esto tiene un impacto económico marginal que calculamos en 0.5% del PBI del año, por cada mes de confinamiento.
De esta manera, asumiendo, entre otras cosas, que dicho confinamiento se extiende durante todo febrero y que las actividades que no paran mantienen su dinamismo reciente (incluyendo el delivery), el PBI de 2021 rebotaría a 10% (desde -11.1% en 2020). De extenderse a marzo, el rebote sería más acotado, hacia 9.5%. Por el lado sectorial, tal rebote sería liderado por los primarios (en particular minería, por la entrada de dos proyectos cupríferos importantes – Mina Justa y Ampliación de Toromocho-), la construcción y sus industrias relacionadas. Como correlato, las exportaciones y la inversión pública destacarían por el lado del gasto.

Política

El panorama político, que inició el año con cierta calma, vuelve a ser un importante factor de riesgo. Por un lado, el Congreso adelanto el reinicio de sesiones al 1 de febrero (antes 15 de marzo). Con esto, regresa la promoción de iniciativas legislativas populistas y dañinas para el sistema económico. De hecho, una de ellas es la reforma del Sistema de Pensiones, la misma que se buscaría aprobar de manera exprés.
Por otro lado, aunque las preferencias electorales están dominadas por la indecisión (29% entre viciados y “no precisa”), llama la atención el rápido ascenso de uno de los principales candidatos anti-establishment. Yohny Lescano, candidato por Acción Popular, ha pasado de 4% en (dic-20) a 10% (feb-21) de intención de voto, ubicándose en el segundo lugar en las preferencias. No obstante, el alto nivel de indecisión indica que las cosas pueden moverse mucho hasta las elecciones.

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Ecuador | Superávit comercial récord

Economía

En 2020, según el Banco Central, el Ecuador alcanzó un superávit de $3.240 millones en su balanza comercial. No sólo se trata de un superávit récord en dolarización, sino también de un resultado muy distinto al que se preveía al inicio de la pandemia, cuando se temía que las exportaciones ecuatorianas pudieran sufrir una caída importante como consecuencia de la reducción en la demanda global, lo que podría derivar en una crisis de balanza de pagos. Las exportaciones totales, de hecho, registraron una caída de 9%, pero esa caída se explica enteramente por el desplome de 40% en las exportaciones petroleras; las no petroleras crecieron 10%, impulsadas por productos como banano, cacao, madera y minerales. Las importaciones totales, en tanto, cayeron 21% y se ubicaron en un nivel algo mayor al de 2016. Las que más cayeron fueron las de combustibles (-36%), pero las no petroleras –bienes de consumo, bienes de capital y materias primas– también sufrieron una contracción importante (-17% en conjunto).

Política

El escenario político en Ecuador, tras las elecciones del 7 de febrero, es muy incierto. Se sabe que el candidato del correísmo, Andrés Arauz, disputará la segunda vuelta el 11 de abril, pero todavía no se sabe contra quién. En un primer momento parecía que el segundo finalista sería Yaku Pérez, representante del movimiento indígena, pero tras la incorporación de los resultados de las actas con “novedades” (inconsistencias), el conservador Guillermo Lasso pasó al segundo lugar, con una pequeña diferencia de votos (ambos en torno al 20%). Eso ha llevado a representantes del movimiento indígena a hablar de fraude electoral, aunque no han presentado pruebas. Al momento de redactar este informe, Pérez y Lasso han acordado reunirse para definir el proceso para el reconteo de votos. Ese acuerdo inicial ha generado expectativas sobre la posibilidad de que los dos candidatos –junto con el candidato de la socialdemocracia, Xavier Hervas, quien alcanzó un inesperado 16%– alcancen un acuerdo para enfrentar de manera conjunta al correísmo. Por lo pronto, un acuerdo de ese tipo aún luce lejano. Finalmente, cabe señalar que en la Asamblea el correísmo será la primera fuerza (aunque sin mayoría propia), lo que hará difícil avanzar en las reformas estructurales (tributaria y laboral, principalmente) que forman parte del acuerdo con el FMI.

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Dólar a 100 pesos para fin de año: ¿misión imposible?

En febrero, el tipo de cambio oficial subió 2,9%, ubicándose por debajo de la inflación del mes (+3,4% según el IPC GBA Ecolatina). En la misma línea, el dólar MEP retrocedió 4%, el contado con liquidación 3,5% y el dólar blue 5%. De esta forma, la brecha se redujo casi 10 p.p., pasando de la zona del 70% al cierre de enero a 60% en febrero. Como si todo esto fuera poco, el Banco Central compró más de USD 560 millones de Reservas en el mercado oficial, estirando a USD 750 millones sus compras netas en 2021.

Mirando esta foto, pareciera que las cosas marchan muy bien en el frente cambiario: los dólares están calmos y la autoridad monetaria compra divisas. Sin embargo, a pesar de que el Banco Central acumuló Reservas en el mercado oficial, éstas se mantuvieron prácticamente inalteradas a nivel agregado. Para peor, las Reservas netas cayeron más de USD 400 millones en el mes, quedando muy cerca de los USD 4.000 millones.

¿Qué pasó en el medio? Por un lado, hubo un pago de USD 300 millones al FMI a comienzos de febrero, que deterioró el poder de fuego del Banco Central. Por el otro, la cuenta “Otros”, con un movimiento históricamente acotado, sufrió una caída de casi USD 370 millones -las operaciones de efectivo mínimo con los bancos explican la diferencia con el saldo final-. Aparece así el primer punto a resolver: las intervenciones de la autoridad monetaria incluyen cada vez más compras de títulos públicos en dólares con divisas que “salen” de las Reservas netas.

Por lo tanto, dado que la calma de comienzos de año en los mercados paralelos se explicó mayormente por las intervenciones de las entidades públicas, la misma tuvo un costo creciente, en tanto la compra de divisas en el mercado oficial no revirtió el deterioro de las Reservas a nivel agregado. Por otro lado, especialmente en la segunda parte del mes pasado, las ventas de dólares billete por parte de los privados alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas complementaron a la oferta pública en los mercados paralelos, relajando un poco las necesidades de intervención del Banco Central. No obstante, este influjo puntual es esporádico y no permanente, de modo que en el corto plazo desaparecería.

¿Qué podemos esperar entonces para los próximos meses? ¿se puede cumplir la meta del Presupuesto, que incluye un tipo de cambio oficial apenas por encima de los 100 pesos a fin de año? ¿a qué costo?

A partir de marzo, la dinámica del dólar oficial empezaría a parecerse cada vez más a la de los anteriores años electorales. Dicho de otra manera, a partir de marzo, el dólar oficial iría quedando cada vez más lejos de la inflación, que posiblemente también se desaceleraría, influida en parte por la menor tasa de depreciación. En este marco, aunque complicada, la meta cambiaria del Presupuesto es alcanzable: una suba de 13% del dólar oficial durante los diez meses restantes del año, equivalente a 1,4% mensual. Más aún, si bien el objetivo mencionado por Martín Guzmán pone a diciembre 2021 como horizonte, entendemos que las chances de atrasar al dólar hasta las elecciones de octubre -verdadero objetivo- son todavía mayores. Sin embargo, estos “logros” no se alcanzarían sin algunos ajustes previos.

Por un lado, la salida de la cosecha gruesa en un mundo de precios altos de commodities fortalecerá la liquidación de divisas por exportaciones en los meses venideros, especialmente entre abril y julio. De esta manera, el Banco Central tendría algo de oxígeno “genuino” para calmar al dólar oficial en el corto plazo. Sin embargo, en un contexto de alta inflación (4% en diciembre y enero, por encima del 3% en febrero), para planchar a la divisa hace falta una mayor oferta neta.

Las idas y vueltas en las negociaciones con el FMI marcan que, al menos por ahora, no habrá fondos frescos por la vía financiera para el sector público; por el contrario, posiblemente haya desembolsos netos. Además, un riesgo país en la zona de 1.500 puntos básicos descarta cualquier posibilidad de toma de deuda con acreedores privados. Por último, casi ninguna inversión productiva es rentable para remitir utilidades en tanto los dólares se valúen a 90 pesos para la venta y a 140 para la compra. Por lo tanto, si las tensiones recrudecen en la previa electoral habrá que ajustar por el lado de la demanda.

Luego del endurecimiento del cepo de septiembre del año pasado, la compra de dólares oficiales para ahorro pasó a ser despreciable, de modo que endurecerla no reportaría un mayor excedente. Asimismo, los pagos de deuda pública a organismos internacionales -no hay compromisos con privados-, que rozan USD 7.000 millones antes de octubre, se cubrirían en buena medida harían con los Derechos Especiales de Giro que el FMI repartiría en las próximas semanas a los países asociados.

En este marco, restringir importaciones con criterios más cambiarios que productivos sería, otra vez, el camino a transitar frente a las mayores presiones. El crecimiento económico de este año traerá mayores necesidades de compras externas; sin embargo, es probable que una parte de estas, o bien tenga que comprarse con “dólares propios”, o bien no pueda ser satisfecha, especialmente en los rubros “de lujo” o “no esenciales”. De esta forma, es probable que el gobierno logre controlar al tipo de cambio oficial, pero no mediante una recuperación de la confianza que genere un avance genuino y sostenible en el tiempo, sino endureciendo los controles a las importaciones.

Esta decisión conllevaría algunos costos en materia de inflación, en tanto un “dólar propio” cuesta 140 pesos, a la par que uno comprado en el mercado oficial cuesta 90. En simultáneo, podría generar algunos problemas de abastecimiento en diversos mercados: no se puede trasladar toda la suba de costos a los precios, por lo que varios bienes podrían dejar de importarse.

Alcanzado este punto, vale recordar que la política de atraso cambiario en años electorales es una costumbre en nuestro país: se adoptó en 2011, 2013, 2015 y, también, en 2017. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes con esos años. Por un lado, entre 2011 y 2015, el dólar quieto se sustentó en un stock, las Reservas netas, que promediaban los USD 15.000 millones en marzo de esos años. Como dijimos más arriba, al momento, esta variable ronda los USD 4.000 millones, de modo que no alcanzará para contener las presiones: para eso se usarán las agrodivisas y las restricciones a las importaciones, es decir, flujos. Por este lado, entonces, la estrategia es más arriesgada.

Además, se intentará “planchar” al dólar oficial con una inflación y una brecha mayores a los del período 2013-2015 (en 2011, al no haber cepo, no había brecha). Esta decisión también implica mayores riesgos, en tanto la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo es un incentivo para posponer las ventas, adelantar las compras, subfacturar las exportaciones y sobrefacturar las importaciones, es decir, a reducir la oferta neta de divisas en el mercado oficial.

Como si todo esto fuera poco, en 2021 el rojo fiscal será mayor al del período 2011-2015. En consecuencia, es probable que las necesidades de emisión y el exceso de liquidez también lo sean. Esto implicará un mayor exceso de pesos, capaces de presiones sobre los dólares paralelos y ampliar, todavía más, la diferencia entre las cotizaciones.

Sin embargo, no son todas negativas. Por un lado, el tipo de cambio real es sensiblemente más alto que durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, de modo que los problemas de pérdida de competitividad serían menores. A la vez, por esta razón, el salario en dólares se pulverizó en los últimos años, de modo que las menores necesidades de importaciones y el mayor superávit comercial también aportan algunas señales de tranquilidad.

En resumen, podemos afirmar que la calma de mercado cambiario es solo aparente: al analizar la dinámica de las Reservas netas esta tranquilidad se diluye. El poder de fuego del Banco Central está demasiado golpeado como para sostener las intervenciones en los mercados paralelos pasados algunos meses. Por lo tanto, el dólar oficial podría avanzar lentamente en los próximos meses y el Palacio de Hacienda alcanzar su objetivo de un dólar oficial apenas por encima de los 100 pesos para fin de año, pero este logro sería una victoria pírrica: se volvería insostenible por los propios esfuerzos realizados para alcanzarlo.

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Colombia | La pandemia elevó la tasa de desempleo al 16%

Economía

Colombia cerró con una tasa de desempleo de 16.1% y una inflación del 1.6%. Ello implica que la recuperación del mercado laboral colombiano será bastante holgada, dado que la recuperación del empleo no implicará mayores presiones inflacionarias. De esta manera, no se espera una inflación mayor a 2.6% a finales de 2021, bajo el supuesto de que el programa de vacunación propuesto por el gobierno, que busca vacunar a cerca de 35 millones de personas empezando desde el 20 de febrero de 2021 hasta finales del año (cerca de 110 mil diarios), logre su objetivo y se logre restablecer la demanda interna. Bajo este entendido, se esperaría que la economía durante el primer semestre de 2021 tenga una dinámica similar a la presentada en el último trimestre de 2020. Con lo anterior, se justifica la proyección de la tasa de crecimiento de la economía de 4.5% para 2021. Lo anterior depende del logro de un programa de vacunación del nivel propuesto, lo que es un gran reto para el gobierno de Colombia.

Política

El mes de febrero se nombraron dos miembros nuevos de la junta directiva del Banco de la República: Mauricio Villamizar y Bibiana Taboada. Dichos nombramientos fueron cuestionados por su falta de experiencia en política monetaria. Lo anterior pone en riesgo la independencia del Banco central pues el gobierno de Iván Duque habría elegido a la mayoría de los miembros de la junta.

Por otra parte, la crisis económica ha llevado a un incremento importante en el nivel de inseguridad en Colombia. Ello se ha reflejado en un incremento en la violencia en varias ciudades, como en el caso de la ciudad de Buenaventura donde se encuentra el principal puerto de Colombia sobre el océano pacífico, lo cual ha llevado a protestas ciudadanas exigiendo la presencia del Estado en la ciudad puerto.

Finalmente, este año estará marcado por la preparación de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en mayo de 2020. Ya se comienzan a conocer alianzas políticas, como la primera alianza de centro anunciada entre varios partidos.

 

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Precios Máximos: éxito chico y problemas grandes

Una vez que lo peor de la cuarentena quedó atrás la inflación comenzó a acelerarse a una velocidad elevada. Lejos del 1.5% registrado en mayo, el año cerró con una inflación de 4% (un número no visto desde el salto cambiario posterior al resultado de las PASO) y el comienzo de 2021 tampoco mostró signos de desaceleración.

Entendiendo que esta situación atenta contra su popularidad, el gobierno decidió aplicar un amplio set de medidas. Por un lado, Guzmán manifestó su deseo de disminuir el ritmo de devaluación, al mismo tiempo que busca que las paritarias se firmen en torno a una expectativa de inflación que por ahora se encuentra muy por debajo de la que tienen los privados. Pero además se dispusieron o profundizaron medidas de tinte voluntarista como el programa Precios Máximos y Precios Cuidados.

¿Qué es Precios Máximos?

Precios máximos nació en el mes de marzo de 2020 y continua hasta el día de hoy. Los más de 800 productos incluidos en el plan mostraron aumentos que van desde 4% hasta 9% acumulados en dos rondas, la primera en julio y la segunda en octubre. El plan busca acotar la inflación de los bienes de consumo masivo (especialmente alimentos de primera necesidad) y convertirse en una guía para el resto de los productos del rubro. Además tiene el objetivo de brindar opciones económicas a hogares vulnerables en un momento de crisis especialmente profunda.

¿Cuál fue su efecto?

En el siguiente gráfico podemos ver los aumentos observados para distintos grupos en dos canales de comercialización: canal moderno (supermercados e hipermercados) y canal tradicional (comercios de cercanía y autoservicios) entre el momento de imposición del programa y diciembre 2020. La línea negra marca el aumento máximo permitido por el programa durante el período.

El programa logró su objetivo de contener la inflación en supermercados, pero el comportamiento de los precios en ambos canales fue disímil. El canal moderno respetó casi en su totalidad el programa mientras que en los comercios de cercanía (con menos posibilidad de ser controlados y menor trato directo con el gobierno) la inflación fue mucho mayor (solo se mostró inferior a los aumentos permitidos en fideos).

Los supermercados respetaron el acuerdo, pero no los comercios de cercanía, en este marco nos preguntamos, ¿cuál fue el efecto sobre los hogares de menores ingresos?

Según la última Encuesta de Gasto de los Hogares los hogares del 10% de menores ingresos solo destina el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas al canal moderno mientras que ese porcentaje aumenta a 45% en los hogares del 10% de mayores ingresos.

Es decir, el plan tuvo todo el impacto que el gobierno esperaba (los supermercados respetaron), pero es probable que el congelamiento no se haya sentido en los hogares más vulnerables ya que estos no compran en supermercados. Por otro lado, a pesar del cumplimiento de las principales cadenas, la inflación en alimentos y bebidas se aceleró producto de aumentos en alimentos no controlados como carne, frutas y verduras que son al mismo tiempo los grupos que más peso tienen en la canasta de consumo de los hogares más vulnerables.

Además, el plan implicó una extraña disociación entre la inflación de bienes de consumo masivo y el resto de los grupos. Se puede ver en el siguiente gráfico que los bienes de consumo masivo mostraron una dinámica similar a la de los servicios regulados mientras que el resto de los precios de la economía mostraron aumentos entre el 47% y el 70%.

¿Cómo continuará la dinámica en los próximos meses?

El hecho de que la inflación se haya acelerado incluso con la contención que significó el programa complica su levantamiento. Liberar los precios de consumo masivo tendrá un impacto directo sobre una inflación en ascenso, pero no liberarlos no es sostenible. Las empresas de consumo masivo no pueden continuar en el plan si los aumentos autorizados no siguen el movimiento de la estructura de costos de la misma manera que las tarifas de los servicios públicos no pueden continuar congeladas. Incluso habiendo “funcionado” el plan contiene muy marginalmente la inflación de hoy a costa de incrementar la inflación futura.

 

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Chile | Vacunas, commodities y liquidez global: drivers de la recuperación

Economía

En el margen se observa alguna mejoría en las expectativas económicas para el presente año. Un efectivo proceso de vacunación permitiría a Chile liderar la inmunización de rebaño a nivel de las economías latinoamericanas, situación que podría alcanzarse antes del término del primer semestre. Paralelamente las condiciones externas son favorables, con buenos precios de exportación y un importante incremento en los volúmenes exportados a China. Se esperan fuertes flujos de capitales externos para economías emergentes, en el contexto de mucha liquidez global y alto precio de los activos en el mundo desarrollado. Se puede destacar que, aunque a costa de un importante deterioro en la situación previsional en el largo plazo, los retiros de fondos de las AFP´s contribuyeron a mantener el ingreso disponible de las familias y su capacidad de compra, acotando el impacto sobre la demanda agregada. En lo negativo, la recuperación de la inversión y el empleo será lenta, en un escenario de alta incertidumbre político-institucional. La inflación registra un alza transitoria, producto de un mercado de bienes aún algo desabastecido, sin embargo hacia fines de año retomará una tendencia dentro de los objetivos de la autoridad. Esto es compatible con la mantención de una política monetaria muy expansiva por un prolongado período de tiempo. Finalmente, el tipo de cambio fluctuaría en torno a los niveles actuales (730 pesos/US$), al ritmo de la valoración del dólar a nivel internacional y la situación política interna.

Política

Se observa alguna recuperación en el apoyo al gobierno, de la mano de un buen manejo frente a la crisis sanitaria. Se inicia un año extraordinario en materia política, donde a las elecciones periódicas habituales se suma ahora la de gobernadores regionales y, lo más importante, la de una convención para la redacción de una nueva constitución. La carrera presidencial está lanzada, con un gran número de candidatos, con una inmensa mayoría de la población que aún no define sus preferencias. Se observa una fragmentación en la oposición, la que es consistente con la falta de una narrativa y proyecto compartido, que se traduciría en un negativo impacto electoral. La violencia en manifestaciones callejeras registra algún aumento, lo mismo que acciones de corte terrorista en la región de la Araucanía. Sin embargo, el cuadro político antes reseñado obligaría a la centro-izquierda a buscar al electorado de centro, lo que restringe el potencial “apoyo” político hacia las movilizaciones violentas. De ser así, la violencia quedará más aislada, tema de particular importancia por el impacto que tiene sobre la incertidumbre político-institucional y su respectivo efecto en la postergación de la inversión y la mantención de un bajo dinamismo económico.

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Monitor de Crisis

Acceda a nuestro Monitor Quincenal de Crisis para conocer las proyecciones por escenarios para 2021, de las siguientes variables:

– Tipo de cambio

– Inflación

– Producto Bruto Interno

– Consumo Privado

Haga clic en “VER INFORME” para acceder al reporte que publicamos quincenalmente.

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Suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias: ¿y el “primero los últimos”?

Con el paso del tiempo, los argentinos aprendimos a convivir con las consecuencias nocivas de una inflación crónica y sus variados efectos sobre la economía real. Algunos de ellos, a pesar de ser inmediatos, son ampliamente tolerados, como el “impuesto inflacionario” y la dispersión de precios que obliga a pedir y comparar siempre varios presupuestos. Por el contrario, otros efectos colaterales son menos soportables producto de ser “muy explícitos”.
En este último grupo se ubica el impuesto a la renta de las personas físicas, comúnmente llamado impuesto a las ganancias. Este tributo, aunque de larga existencia, cobró notoriedad con el aumento de su peso en los últimos años y, en particular, a partir de 2016 cuando se regularizó la situación de más de 700.000 trabajadores eximidos en el período 2013-15 que comenzaron a tributar. En consecuencia, el impuesto llegó a alcanzar a 1 de cada 4 trabajadores registrados en 2020.

Adicionalmente, el Mínimo No Imponible comenzó a actualizarse en función de los salarios. Como estos crecieron menos que el nivel de precios, el impuesto a las ganancias se volvió antipático para muchos trabajadores que veían una merma de su poder adquisitivo en conjunto con una mayor presión impositiva. De esta manera, su reducción se volvió una promesa política constante, especialmente de las oposiciones, tanto de uno como del otro lado del espectro ideológico. Ahora bien, ¿tiene sentido bajarlo? ¿es óptimo desde el punto de vista de la equidad y el crecimiento? ¿cómo impactaría en las cuentas fiscales?

El impuesto a las ganancias a las personas físicas alcanza a los trabajadores registrados de mayores ingresos, es decir, a la parte más alta de la pirámide salarial. Por lo tanto, es uno de los impuestos más progresivos que tiene nuestro sistema tributario. Si bien es cierto que una persona soltera que cobra ARS 75.000 está lejos de ser “rica”, no es menos cierto que se encuentra dentro del 20% de mayores ingresos en un país en el que 4 de cada 10 argentinos están bajo la línea de pobreza. En consecuencia, no parece ser deseable desde el punto de vista de la equidad relajar este tributo.

Ahora bien, tal como dijimos más arriba, el impuesto a las ganancias se cobra a partir de un descuento muy explícito, de modo que no pasa desapercibido como otros tributos que ya están incorporados en los precios. En este marco, el Congreso parecería pronto a aprobar una deducción especial en el MNI para que comiencen a tributar quienes perciben ARS 150.000 -hoy lo hacían los solteros y casados que cobran ARS 75.000 y ARS 100.000, respectivamente- y a restringir la cantidad de haberes mínimos que empujan a los jubilados a pagar este tributo, subiéndola de 6 a 8. Como se desprende de la suba del MNI sin un aumento generalizado de salarios, la cantidad de personas comprendidas bajo este impuesto se reduciría: solo quedarían alcanzados el 10% de los contribuyentes actuales en el corto plazo.

Si bien mejorar los ingresos de cualquier sector de la población siempre es deseable, en este contexto de crisis también hay que considerar el costo de la medida. En este sentido, el impacto fiscal de la medida pasaría a ARS 40.000 millones (+0,1% del PBI), un esfuerzo que puede parecer acotado, pero representa dos meses de la Asignación Universal por Hijo y duplica el gasto de capital destinado a escuelas y vivienda realizado el año pasado. Por lo tanto, cabe también la discusión de dónde están asignándose las prioridades.
Por otro lado, para compensar parte de esta pérdida el proyecto contempla endurecer la presión impositiva sobre las empresas, desandando la reforma de 2017, que llevaba de 30% a 25% la carga para las firmas. Además de que esta decisión iría en contra de la lógica mundial, que se esfuerza cada vez más por alcanzar a las personas físicas en lugar de las empresas, golpearía la inversión. Esta dinámica negativa obedece a que se encarecería el costo del capital -hará falta una mayor rentabilidad antes de impuestos para que el mismo proyecto sea atractivo-, a la par que dará otra señal más de que la discrecionalidad “supera” a las reglas, agregando incertidumbre a un contexto ya de por sí bastante complejo.

Más allá de las críticas mencionadas, la medida también presenta aspectos positivos. Por ejemplo, apuntalará el ingreso disponible de un porcentaje significativo de los trabajadores formales. En consecuencia, podría impulsar la recuperación de la economía en el corto plazo, a través de una mejora en las variables asociadas al consumo. No obstante, considerando que la población de más altos ingresos es también la que posee una mayor capacidad de ahorro (en términos porcentuales), es probable que una parte del costo fiscal no vuelva a la economía a través de la demanda privada. En el extremo, si la economía no lograra reducir la incertidumbre -y los rendimientos de las colocaciones en pesos siguieran en terreno negativo- esta “masa de ingresos” podría volcarse al dólar paralelo, generando nuevas fuentes de presión cambiaria.

En síntesis, la relajación del MNI del impuesto a las ganancias es una medida que no mejora la regresividad de nuestro sistema tributario y profundizará el bache fiscal en un contexto de aumento de la pobreza y de déficit récord. Por lo tanto, no parece ser la medida más adecuada: aunque ayudará a muchos trabajadores que están lejos de ser ricos, lamentablemente, una economía con 40% de pobreza y niveles similares de inflación tiene otras urgencias.

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Por la pandemia, 2020 fue el año con menor conflictividad sindical de la década

Entre las curiosidades de que nos deja la pandemia, una bien llamativa es que de los últimos diez años, el 2020 terminó siendo el de menor cantidad de conflictos con paro según las estadísticas de conflictividad laboral del Ministerio de Trabajo, tal como puede verse en el siguiente gráfico.

Está claro que gran parte del dato se explica por la pandemia, que paralizó las actividades y también la conflictividad. Paradójicamente, 2020 fue el año de mayor caída de la actividad económica desde la debacle del 2002. En términos de cantidad de conflictos, el año cerró con 982. 554 se dieron en el ámbito público, apenas superando a los que tuvieron lugar en el ámbito privado (449).

La mayor conflictividad laboral en el ámbito público no es un nuevo fenómeno, es una tendencia que se ha repetido en los últimos 10 años. Queda aún más claro cuando se lo analiza en términos de huelguistas en paro según ámbito de actividad. Medido de esta forma, son considerablemente más los huelguistas estatales que los huelguistas del ámbito privado: en 2020, el 71,3% fueron del ámbito estatal, mientras que solo el 28,6% procedieron del ámbito privado.

Otro aspecto interesante de la conflictividad del año pasado fue el contraste entre los motivos de conflictividad según el ámbito de trabajo. Los trabajadores del Sector Público registraron una conflictividad por reclamos de mejora salarial considerablemente mayor que los del ámbito privado. Mientras que en el Sector Público en 2020 se registraron 225 conflictos con paro por mejoras salariales (el nivel más bajo de los últimos 10 años), en el ámbito privado solo 82 tuvieron lugar. Contrariamente, los conflictos motivados por la renovación de contratos o por despidos son mayoría en el ámbito privado, tal como se observa en los gráficos a continuación.

En definitiva, la conflictividad por ingreso sobresale en el ámbito estatal, donde tiende a haber mayor estabilidad laboral, mientras que la conflictividad por la estabilidad laboral sobresale en el ámbito privado, donde suele haber más riesgos de destrucción de empleo. Esta caracterización de las fricciones no llama la atención, sino que es propia de estos dos diferentes ámbitos de trabajo.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Sindical” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para los clientes de Ecolatina.