Author: Juan Pablo Albornoz

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Ganancias y monotributo: ¿qué cambia?

En una sesión particular celebrada un sábado, Diputados dio media sanción a una serie de proyectos entre los cuales se encontraban dos iniciativas que buscan mejorar los ingresos de sectores medio y medios altos de cara a la campaña electoral: las modificaciones en el monotributo y la suba del piso del impuesto a las ganancias.

Ambos proyectos fueron votados casi por unanimidad y ahora deberán ser revalidados en la cámara alta. Se aguarda por un trámite exprés de los mismos: el oficialismo espera ansiosamente la sanción de ambas leyes para ser exhibidas como logros en el marco de la campaña electoral.

¿Cuáles son las principales disposiciones de la modificación del impuesto a las ganancias?

Elevación del mínimo no imponible. Para trabajadores en relación de dependencia, se establece un nuevo “piso” a partir del cual se pagará el impuesto. De esta manera, la ganancia neta sujeta a impuesto será́ igual a cero para los sujetos cuya remuneración mensual –sin considerar el SAC-, no supere la suma de $ 150.000 brutos. La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social). Vale la pena destacar que será́ retroactivo al 1 de enero de este año. El proyecto exime del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

Mínimo no imponible para jubilaciones. Complementariamente, para el caso de los jubilados, la deducción específica se eleva al equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados -actualmente, en 6-. Esto implica que los jubilados comenzarán a pagar a partir de 8 veces el haber mínimo. Para acceder al beneficio de no pagar Ganancias, la ley establece que un jubilado no puede tener otros ingresos distintos a los de la jubilación.

Deducciones especiales. Se faculta a la AFIP para fijar una deducción especial para las remuneraciones superiores a los $150.000 y hasta $173.000 para evitar saltos abruptos en escalar por las deducciones del impuesto.

Otras disposiciones. La nueva ley le permitirá deducir el impuesto a los concubinos. Se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona Patagónica. Además, permite la deducción de gastos de movilidad liquidados en el recibo de sueldo hasta un 40% de la ganancia no imponible. Particularmente, si se trata de transporte de larga distancia, el tope es de 100%. Quedarán exentos del pago del impuesto los ingresos en concepto de provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones y otorgamiento de pagos por capacitación. Por último, el personal de Salud queda eximido del impuesto a las Ganancias por guardias u horas extra hasta septiembre.

Media sanción a las modificaciones en el monotributo: principales disposiciones

El proyecto dispone la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando se apruebe el proyecto.

Por su parte, el proyecto también facilita la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar las personas monotributistas.

Para aquellos monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021. Respecto a quienes superaron ese monto, deberán pasarse al régimen general y se establece una transición para que los contribuyentes puedan afrontar los pagos de Ganancias y de IVA. Además, en el primer año, podrán deducir el 50% del importe que le corresponde pagar de IVA. Las deducciones descienden a 30% en el segundo y a 10% en el tercero.

Para finalizar, resta mencionar un aspecto importante específico para la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” que unifica el pago de Ingresos Brutos con el Monotributo de AFIP. Así, Buenos Aires se suma a 7 jurisdicciones ya adheridas: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan y Salta.

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Empieza el año real, con una mamushka de incertidumbres

Si bien el calendario indica que sucede el 1° de enero, en la Argentina la evidencia empírica demuestra que, salvo excepciones, “el año real” comienza después de Semana Santa. La tradicional celebración religiosa oficia como el último respiro, para algunos espiritual, para otros recreativo o turístico, antes de quedar cara a cara con la realidad. Este año el efecto promete potenciarse. El próximo lunes 5 de abril no quedará más remedio que juntar fuerzas, temple y coraje para adentrarse en la frondosa niebla.

En el último relevamiento cualitativo que hicimos en Consultora W para medir el humor social de los argentinos nos encontramos con una figura que opera como una extraña y novedosa síntesis conceptual del sentir colectivo: “la mamushka de incertidumbres”. Una incertidumbre contiene otra incertidumbre, que a la vez tiene otra incertidumbre adentro y así hasta cubrir prácticamente todos los aspectos relevantes para la sociedad.

La pandemia, las vacunas, la temida nueva cuarentena –que podría ocurrir o no, pero solo que exista la posibilidad, sumado al traumático recuerdo del año pasado, es más que suficiente–, la salud, el trabajo, la escuela, los precios, el consumo, la calidad de vida, las tensiones emocionales, los padecimientos físicos, la inseguridad, las disputas políticas, las elecciones, el presente, el futuro.

La reciente medición cuantitativa del Observatorio de Psicología Social de la UBA –3078 entrevistas a nivel nacional, del 3 al 10 de marzo– convalida nuestros registros. Al pedirle a la gente que definiera con una palabra lo que les dejó 2020, por abrumadora mayoría la dominante fue incertidumbre. Luego tristeza, miedo, angustia, soledad, pérdida, desastre, terror. La única positiva, aprendizaje.

Comparando con la prepandemia, el 41% dijo que sus relaciones en el ámbito laboral están peor, el 30% señaló lo mismo en la relación con sus amigos y el 26% afirma que empeoró la situación con su pareja. Entre los jóvenes se dio el peor indicador: el 47% ve un deterioro en las relaciones con su ámbito de estudios. Los vínculos sociales se deterioraron, los lazos están más débiles.

Al indagar cuáles son las tres palabras que mejor describen su sentimiento actual, una vez más domina incertidumbre: 42% de los entrevistados la mencionan. Cansancio, reflexión y agotamiento, cada una, 26%. Paciencia, 23%. Angustia, temor al futuro y bronca, 19% en los tres casos.

Fragilidad emocional

Como se puede apreciar, el capital emocional con el que la sociedad ingresa al año real es de una fragilidad extrema. Los argentinos tenemos la piel curtida. Estamos acostumbrados al vértigo y a los cambios repentinos. Sabemos girar en el aire. Esta vez es diferente. Tantas variables con una dinámica prácticamente aleatoria en simultáneo “es un montón”, como dirían los centennials.

Nos autopercibimos arriba de un trompo que da vueltas con velocidad creciente y que puede terminar en cualquier parte. Es lógico que estemos mareados, descolocados, desconcertados. La toma de decisiones se dificulta. Tanto en lo trascendental como en lo nimio. El día a día está “trabado” y resulta engorroso lograr que las cosas sucedan.

Concluido “el veranito” del verano, los gestos se vuelven más adustos. Por una cosa o por la otra, “todos” están incómodos. La calle “raspa”. En términos del lenguaje popular, “la mecha está corta”.

El mundo es una gran mamushka adicional. Allí conviven la esperanza, el agobio y la tragedia. El premier británico, Boris Johnson, anunció el 22 de febrero un plan de reapertura en etapas que concluirá el 21 de junio abriendo desde entonces todo “para siempre”. Los británicos esperan con ansias el 12 de abril: ese día vuelve la vida a la calle. Reabren los pubs, los restaurantes y el resto de los comercios no esenciales. El plan es creíble. Gran Bretaña ya vacunó con al menos una dosis al 43% de su población. Es decir, más de 28 millones de personas.

El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el próximo 4 de julio, cuando se celebre el Día de la Independencia de su país, no será un aniversario más. Le prometió a su población que esta vez quedarán libres del virus y podrán regresar a una vida relativamente normal. También es verosímil. A una velocidad récord, ya les aplicaron al menos una dosis de la vacuna a 84 millones de personas, el 25% de la población.

Y sin lugar a dudas “el caso” de donde brota la esperanza global es Israel. Lidera el ranking mundial de eficiencia en la inmunización. El 60% de la población ya recibió una dosis por lo menos y el 53%, ambas. Tanto los contagios como los fallecimientos se redujeron drásticamente. Las vacunas funcionan.

La otra cara de la moneda es la Unión Europea. Allí los niveles de vacunación son mucho más bajos y la pandemia sigue teniendo altísimos niveles de complejidad. Tanto Italia como España, Francia e incluso Alemania todavía no llegaron a vacunar al 10% de su población. Todos sufren fuertes restricciones desde hace meses. Tuvieron segunda ola y segunda cuarentena.

Las ventas de los comercios que crecieron prácticamente durante todo el año pasado en Alemania, con una gran gestión de la primera ola, y que concluyeron el fatídico 2020 con un +4%, en enero cayeron un 9% (último dato oficial disponible). Si los que venden no pueden abrir y los que compran no pueden salir, es muy difícil que el resultado sea bueno. Ese mismo mes las ventas cayeron en Italia el 7%, en España el 9,5% y en Francia 4,5%. La cercanía afectiva hace que sean países a los que los argentinos miran mucho. La mamushka global de incertidumbre incrementa la ansiedad: casi “no hay escape”.

Fenómeno global

En un artículo que publicó el 21 de marzo en el diario El País de España, el filósofo coreano Byun Chul Han plantea que así como la pandemia aceleró tendencias que ya existían en la tecnología, como el comercio electrónico, el home office y las videoconferencias, hizo lo mismo con los trastornos sociales. “El SARS -CoV-2 es un espejo que refleja las crisis de nuestra sociedad. Hace que resalten aun con más fuerza los síntomas de las enfermedades que ya se padecían antes de la pandemia. Uno de estos síntomas es el cansancio. De un modo u otro, todos nos sentimos hoy muy fatigados y extenuados. Se trata de un cansancio fundamental, que permanentemente y en todas partes acompaña nuestra vida como si fuera nuestra propia sombra. Durante la pandemia nos sentimos incluso más agotados que de costumbre. Hasta la inactividad a la que fuerza el confinamiento nos fatiga”.

El fenómeno de una sociedad agotada, como todo lo que se vincula con la pandemia, es global y sincrónico. Para comprenderlo en toda su dimensión es un error abordarlo de un modo parcial. El único eje ordenador posible es partir de la condición humana. Porque es justamente lo humano aquello que está amenazado. Peligran tanto la vida en sí misma como el estilo de vida que teníamos, disfrutábamos y queríamos. Abruman los pesares, desapareció la alegría. Es lógico entonces que estemos “a flor de piel”.

En la Argentina, las dificultades extras, tanto estructurales como coyunturales, hacen las cosas aún más difíciles. Ahora que comienza el año real habrá que calibrar muy bien la toma de decisiones. Tanto las políticas como las económicas, así como las empresariales y comunicacionales, requerirán mucha precisión.

Estamos patinando sobre hielo. Delgado y quebradizo.

La presente nota fue publicada en el diario La Nación el 28/3/2021. 

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Monitor de Crisis

Acceda a nuestro Monitor Quincenal de Crisis para conocer las proyecciones por escenarios para 2021, de las siguientes variables:

– Tipo de cambio

– Inflación

– Producto Bruto Interno

– Consumo Privado

Haga clic en “VER INFORME” para acceder al reporte que publicamos quincenalmente.

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Ingreso Disponible Ecolatina, un nuevo indicador para medir la capacidad de compra de las familias

El salario real cayó en 2020 y también lo hará en 2021, pero eso es solo una parte de la historia

Los salarios del sector privado crecieron en diciembre pasado solo 1.9% en términos nominales, es decir, menos de la mitad de una inflación que durante aquel mes llegó a 4%. De esta manera el poder de compra del salario cayó, respecto a diciembre del 2019, más de 3% y se mantiene en terreno negativo desde febrero de 2018, es decir, el salario real no crece desde hace 35 meses y no creemos que esta situación cambie hasta, por lo menos, junio de este año. El crecimiento que esperamos para el segundo semestre no compensará la caída previa y, por lo tanto, 2021 será el cuarto año consecutivo de reducción del poder de compra del salario.

Sin embargo, el seguimiento de esta variable para analizar la salud del poder adquisitivo de las familias es incompleto. Si solo observamos la dinámica de los ingresos de los asalariados formales del sector privado, estaremos viendo 27 de cada 100 perceptores de ingresos y a $39 de cada $100 de la masa de ingresos. Si sumamos a los públicos apenas llegaremos a 37 y 55$. Es decir, ver solo el salario real del sector privado registrado implica no ver 73 de cada 100 perceptores de ingresos y $61 de cada $100 de la demanda potencial.

Esto no sería particularmente problemático si todo lo que no vemos (jubilaciones, asalariados informales, cuentapropistas, etc) se moviera de la misma manera que lo que sí vemos, pero este no es el caso. Existen heterogeneidades muy marcadas en la evolución de cada una de las distintas fuentes de ingreso. Para diciembre de 2017 las jubilaciones crecían en torno a 35% mientras que en ese mismo momento el salario formal lo hacía al 27%. Durante los años siguientes la magnitud de esas diferencias se acentuó aunque la posición de cada variable cambió.

Además, la importancia de cada fuente de ingreso no es la misma para todo tipo de hogar ni se mantiene fija en el tiempo. Previo a la pandemia, un hogar de nivel educativo bajo (proxy de su capacidad estructural de generar ingresos) dependía solo en un 30% del salario registrado, mientras que la ayuda social alcanzaba el 17% del total y las jubilaciones otro 30%. La situación de un hogar de alto nivel educativo fue diametralmente opuesta, la ayuda social, el empleo no registrado o el cuentapropismo no profesional fueron prácticamente irrelevantes mientras que el salario registrado explicó casi el 60% de la masa de ingresos. Un único indicador no podrá captar esta heterogeneidad tan olvidada como relevante a la hora de hacer foco en los distintos grupos sociales.

Medir la temperatura de la demanda usando el salario real tiene otro inconveniente. El deflactor utilizado típicamente para medir este indicador es el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), bajo el cual se asume una canasta de bienes y servicios fija para todos los hogares. Como sabemos, esto no ocurre en la realidad donde cada tipo de hogar tiene una estructura de gasto distinta. Tampoco esto es irrelevante cuando lo que analizamos es el poder de compra que los hogares tienen para el gasto en grupos de bienes puntuales (como, por ejemplo, consumo masivo). ¿Es igual un salario real estancado en un contexto en el que suben las tarifas de servicios públicos en relación a uno en el que no lo hacen? Definitivamente no, en el primer caso los hogares deberán pagar servicios públicos más caros con un mismo poder de compra (no pueden decidir no consumir electricidad) y por lo tanto destinarán menos recursos a la compra del resto de los bienes.

Si el salario real es un indicador incompleto, ¿qué podemos hacer?

Concluimos entonces que el salario real es un indicador incompleto si lo que se busca es un termómetro del poder de compra de las familias, es por esto que desarrollamos un indicador nuevo que resuelve buena parte de los problemas planteados. Usando información de distintas fuentes logramos agrupar todos los tipos de ingresos (laborales y no laborales) en un único indicador, al mismo tiempo que sumamos la evolución del empleo de forma tal de llegar a una masa de ingresos total. Luego, le restamos el gasto en consumo de bienes y servicios que consideramos que difícilmente los hogares puedan dejar de consumir como alquileres, expensas, educación, salud o servicios públicos. El ingreso que quede se comparará con la evolución del resto de los precios de la economía (dentro de los cuales los bienes de consumo masivo tienen un rol importante) generando de esta manera el Indicador de Ingreso Disponible Ecolatina.

De este modo desarrollamos un indicador de ingreso que busca agregar una mayor especificidad al salario real y lograr una medición más completa del poder adquisitivo. El resultado es una variable más volátil que el salario real, lo que es consistente con las distintas características que se han ido mencionando. Se observa cómo impactan los incrementos de tarifas debido a que es un gasto inelástico, capta la dinámica pro-cíclica del ajuste de jubilaciones y asignaciones por la fórmula de movilidad y contempla el efecto del empleo en la masa de ingresos, algo que resulta evidente durante la significativa destrucción de puestos de trabajo informales y cuentapropistas en los meses de restricciones mas fuertes el año pasado. Además, la metodología nos permite ponderar las distintas fuentes de ingreso y estructura de gasto de cada hogar generando tantas series como tipos de hogares se quieran analizar.

Por último, este indicador nos permite proyectar. Qué esperamos para 2021? Una contracción promedio anual cercana a 2%, explicada por un comienzo muy negativo (comparando contra el último período pre pandemia) que a partir de abril mostrará un crecimiento interanual sostenido, el cual recién se desaceleraría durante el último trimestre del año. Detrás de estos números se esconden dinámicas heterogéneas, entre las cuales encontramos que las jubilaciones podrían retroceder más del 5% mientras que el salario real del sector privado le empataría a la inflación y tendría lugar una recuperación del empleo del orden del 7%, motorizada por los puestos de trabajo no registrados y cuentapropistas.

En suma, el indicador de Ingreso Disponible Ecolatina permite obtener información mas profunda y detallada sobre un hogar objetivo al mismo tiempo que brinda información precisa respecto a cuándo y quiénes tienen una mayor o menor capacidad de compra. Su seguimiento ayudará al sector público a entender la situación de cada grupo de hogar y al sector privado a analizar el timing correcto para su política de precios, lanzamientos y producción.

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Uruguay | Lacalle Pou: tras un año en el poder, balance del 2020 y perspectivas de cara al 2021

Economía

El pasado 1º de marzo se cumplió el primer año de gobierno del Presidente Dr. Luis Lacalle. En el deber de informar al Parlamento el estado de la República al inaugurar las sesiones legislativas, el Presidente destacó en el ámbito económico: i) cumplimiento de las proyecciones y metas económicas (déficit fiscal, aumento del gasto primario, y del endeudamiento); ii) disponibilidad de recursos para atender las exigencias sanitarias; iii) no aumento de impuestos; iv) cumplimiento de la meta de inflación; v) mantenimiento del grado inversor. Debe puntualizarse que el cumplimiento referido a la inflación corresponde a lo considerado en el presupuesto del gobierno (9,5%) y no al rango meta del Banco Central que se encuentra entre 3% y 7%.

El éxito en el manejo financiero de las cuentas públicas, en el marco de una pandemia extraordinaria, no merece objeción alguna. Sin embargo las ayudas del Gobierno no detuvieron la caída de la actividad (en algunos sectores determinaron el cierre permanente de empresas) y suba del desempleo.

Política

La llegada al gobierno del Dr. Lacalle fue el resultado de una amplia alianza entre los partidos de centro y centro/derecha que condicionaría la conformación del gabinete ministerial y el resto de las estructuras públicas. La coalición gobernante nacía con la interrogante de su duración y si las diferencias impedirían su eficiente funcionamiento.

Cerrado el primer año la coalición se mantiene firme y los partidos que la conforman se encuentran encolumnados detrás de Presidente de la República. Entre los principales hitos del primer año se encuentra el manejo sanitario de la pandemia de COVID-19 – incluyendo la restricción a la movilidad y a ciertas actividades económicas – con recursos económicos limitados. Si bien se han levantado voces – dentro de la coalición y desde la oposición – exigiendo un mayor apoyo financiero para atender el efecto de la pandemia sobre las empresas y el empleo el Gobierno mantiene un ajustado manejo de las cuentas públicas. Ello no ha impactado en la imagen del Presidente quien goza de un nivel de aprobación del 64% – mayor al 60% de un año atrás -.

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¿Cuándo empezará a bajar la inflación?

Entre enero y febrero, la inflación acumuló casi 8%. Asimismo, según el IPC GBA de Ecolatina, la suba de precios alcanzó 3,3% en la primera mitad de marzo -comparado con la primera mitad de febrero- y rondaría 3,7% en el mes, totalizando cerca de 12% en el primer trimestre del 2021. Con estos números, la inflación mensual debería promediar 1,7% entre abril y diciembre para cumplir la meta oficial del 29%. Considerando la complejidad del proceso desinflacionario -que todavía siquiera empezó-, este objetivo está virtualmente descartado.

Sin embargo, no todo está perdido: luego de un comienzo de año complicado en la materia, la suba de precios podría empezar a ceder desde abril. Por qué, cómo y hasta dónde son las preguntas que nos intentaremos responder en el siguiente informe.

En los últimos años, la inflación tuvo tres grandes motores en nuestro país: el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y los salarios. Más allá de por qué suben estas variables, su dinámica servía como explicación última del movimiento de la mayoría de los precios. Por lo tanto, analizar qué pasará en estos rubros nos permitirá precisar qué se vendrá en este frente.

A tono con los últimos períodos electorales, el ministro Martín Guzmán viene afirmando que el dólar oficial desaceleraría su marcha en los próximos meses. De esta manera, el tipo de cambio dejaría de moverse en línea con la inflación pasada, buscando preservar la competitividad-precio, para ubicarse por debajo de ésta, priorizando relajar las tensiones sobre la inflación. Dado el régimen de control de cambios e importaciones vigente, es probable que esta menor tasa de devaluación se materialice, descomprimiendo tensiones en varios rubros.

No obstante, corresponderá ver cuán fluido será el acceso de los importadores al dólar oficial para saber así cuán relevante será éste en la determinación de los precios. Una demanda de divisas muy restringida relajaría las tensiones en el mercado oficial, pero volvería menos relevante su cotización. La recuperación de las exportaciones, impulsadas por la mejora de los precios internacionales, y las intervenciones del Banco Central en el mercado paralelo vía la recompra de bonos en dólares con Reservas, determinarán este margen de acceso.

Más allá de cómo sigan las restricciones, es probable que las presiones por el lado cambiario se relajen en el corto plazo. De esta manera, la desaceleración inflacionaria comenzaría en abril. Para determinar su magnitud, será clave conocer qué pasará con las tarifas residenciales de servicios públicos: éstas llevan más de un año y medio congeladas -el gasto en subsidios como porcentaje del PBI casi se duplicó en 2020 y sigue en aumento- y deberían actualizarse en las próximas semanas; sin embargo, todavía no está claro cuánto ni cuándo. En este sentido, proyectamos que el driver tarifario se recalentaría en las próximas semanas, pero que su impacto sería limitado y puntual: habría un solo ajuste antes de las elecciones.

Por último, aparece el factor salarial. Entre 2018 y 2020, el poder adquisitivo de los trabajadores formales se redujo un 20%, de modo que es imperioso recuperarlo este año, al menos una parte. Sin embargo, la destrucción de 200.000 puestos de trabajo formales durante 2020 (y de más de 400.000 desde que empezó la crisis a mediados de 2018), no permitiría que las recomposiciones del poder adquisitivo fueran muy significativas. Por lo tanto, si bien habrá presiones inflacionarias por el lado salarial, las mismas no alcanzarían a impedir la baja de la inflación.

Alcanzado este punto, vale notar el “nuevo” abordaje del problema inflacionario en la Argentina. Entre 2007 y 2015, intervención del INDEC mediante, la suba de precios fue negada en un primer momento, para ceder a algunos programas laterales después -Precios Cuidados, por caso-. Por su parte, entre 2016 y 2019, la estrategia antiinflacionaria reposó excesiva y exclusivamente en la política monetaria. En este marco, una tasa de interés mayor a la inflación esperada y una reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro constituyeron los pilares de la política oficial. Como es sabido, ambas estrategias obtuvieron magros resultados: su exceso de dogmatismo terminó jugándoles en contra.

En cambio, en 2021 una parte importante del equipo económico comenzó a pensar la lucha contra la inflación como un problema macroeconómico, donde la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la coordinación de expectativas son relevantes. En este sentido, el acuerdo de precios y salarios permitiría coordinar las políticas oficiales con los distintos agentes implicados en el proceso inflacionario. En la misma línea, las menores presiones del Tesoro sobre el Banco Central y una política monetaria y cambiaria “consistentes” ayudarían a relajar las presiones. Aunque los excesivos pedidos de información y los controles de precios van en otra dirección que la descripta, hay una parte del gobierno con un enfoque más “integral” en la materia que permite ser menos pesimista -que no es lo mismo que más optimista-.

Ahora bien, si se materializaran algunos riesgos, la desaceleración comentada podría no concretarse. Por ejemplo, apuntar a una apreciación cambiaria mayor a la sostenible o extender indefinidamente el congelamiento tarifario residencial podrían volverse en contra. Un dólar oficial demasiado quieto alimentaría la brecha y las intervenciones del Banco Central con Reservas en el mercado paralelo, complicando el acceso al mercado oficial de cambios de muchos importadores. En un sentido similar, un aumento del gasto en subsidios que profundice el rojo fiscal y obligue a financiarlo con emisión tendría efectos parecidos. Por lo tanto, será clave no forzar en exceso al proceso desinflacionario: caso contrario, sus efectos podrían ser opuestos a los perseguidos.

En otro orden, el viento de cola internacional -suba de precios de commodities-, que ayuda en el frente externo, podría jugar en contra en materia inflacionaria. A modo de ejemplo, la suba de precios acumuló 1,1% en el primer bimestre en Brasil, duplicándose respecto del comienzo del 2020, mientras que en Estados Unidos alcanzó 1,0%, 0,3 p.p. más que en igual período del año pasado. Si bien esta variable no es determinante para una economía con tanta inflación “local” como la Argentina, sí facilita o complica las cosas.

En síntesis, a pesar del arranque caliente de la inflación en 2021, es probable que la misma se desacelere en los próximos meses, especialmente cerca del período electoral. Sin embargo, incluso con esta baja, la meta del 29% seguirá siendo imposible: la suba de precios no perforará el 2% mensual en todo este año y el objetivo del Presupuesto quedará cada vez más lejos. Por otro lado, vale destacar que la baja no será sostenible: luego de las elecciones, es probable que tanto las tarifas de servicios públicos como el tipo de cambio oficial aceleren su marcha, desandando el camino “ganado” en los meses anteriores (abril-octubre). De esta forma, la suba de precios acumularía cerca de 40% en 2021, marcando una suba respecto del del año pasado y dejando atrasos pendientes para 2022.

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Vacunatorio VIP: en el centro de la opinión pública

El Gobierno de Alberto Fernández registró en marzo la peor valoración de la opinión pública desde el comienzo de su mandato. Entre las posibles causas se pueden ubicar el escándalo del Vacunatorio VIP, un discurso elevado de tono del presidente en el Congreso y el reposicionamiento de los temas judiciales (con la renuncia de Marcela Losardo al Ministerio de Justicia de por medio).

Como consecuencia de estos hechos, la imagen negativa del Gobierno se vio seriamente afectada y registra niveles inéditos desde su asunción. Específicamente, se registró una valoración negativa del desempeño gubernamental del 63,9%. En sintonía con el aumento de la imagen negativa, la imagen positiva se hundió al valor más bajo de la serie: tan sólo 27,1%. De esta manera, el diferencial negativo de la imagen del Gobierno se ubica en -36.8%, el más amplio del registro.

A su vez, la confianza de la opinión pública para con el manejo de la pandemia por parte del Gobierno también sufrió una caída significativa en marzo. Ciertamente, el resultado se vio influenciado en gran medida por el escándalo que se generó con la aplicación de vacunas a funcionarios y dirigentes amigos por parte de las autoridades sanitarias que culminó con la eyección del ministro Ginés González de su cargo. Así, el 58,1% de los encuestados desaprueba las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, mientras que un 29,7% evalúa positivamente la gestión sanitaria del Gobierno. Completa el cuadro un 12,2% que caracteriza a las medidas adoptadas por el Gobierno como “Regulares”.

El dato de marzo marca un quiebre respecto a la recuperación que habíamos registrado en febrero, luego de que a fines de enero se confirmara la efectividad de la vacuna Sputnik V, que había sido la gran apuesta del Gobierno, y de que el proceso de vacunación comenzara a tomar velocidad luego de la lentitud de principios de año. De esta manera, sigue habiendo un diferencial de casi 30 p.p. entre los que aprueban lo hecho por el Gobierno en materia sanitaria y quienes lo desaprueban.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama de Opinión Pública” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para clientes de Ecolatina.

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Atraso cambiario 2021: mismos fines, distintos medios… y riesgos

Las elecciones de este año determinarán la política cambiaria. Mientras que en 2020 la depreciación del dólar oficial le ganó levemente a la inflación (+40% vs. +36%), en pos de preservar la competitividad-precio, todo parece indicar que el gobierno buscará revertir esa dinámica en los próximos meses, intentando de esta forma desacelerar la inflación en el corto plazo. Nada nuevo hasta acá: se repetiría la lógica de 2011, 2013, 2015 y 2017 y enero-julio de 2019, donde el tipo de cambio real se aprecia, más explicado por las necesidades políticas que económicas.

Sin embargo, al enfocarnos en cómo se fortalecerá al peso este año aparecen algunas diferencias importantes. Por caso, en 2011, 2013 y 2015, las ventas de Reservas fueron una constante, a la vez que el cepo a la compra de dólares para ahorro durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ayudó a relajar las presiones sobre el mercado oficial. Por su parte, en 2017 y 2019, una tasa de interés que se ubicó por encima de la inflación esperada, volviendo más atractivas las colocaciones en pesos, a la par que el ingreso de capitales financieros privados en la primera mitad de la gestión Cambiemos, y la autorización del Fondo Monetario Internacional de vender las divisas del préstamo en stand-by en el mercado desde abril de 2019, ayudaron a contener al dólar.

Ahora bien, en 2021 las Reservas netas están lejos de los USD 20.000 millones promedio de marzo 2011-2015, y más cerca de los USD 3.000 millones, un nivel crítico que impide llevar adelante cualquier proceso de apreciación. A la vez, el cepo cambiario ya afecta a todas las operaciones de ahorro, de modo que su endurecimiento casi no relajaría este factor de demanda en el mercado oficial. Por su parte, la tasa de interés está por debajo de la inflación esperada hace varios meses, y priorizando la situación de las empresas endeudadas por sobre el aliento al ahorro en pesos, el Banco Central parece negado a subirla. Por último, un riesgo país por encima de los 1.500 puntos básicos y una renegociación abierta con el FMI desestiman la entrada de cualquier tipo de capital financiero capaz de ayudar al peso.

¿Cómo se logrará la apreciación entonces? Mediante un endurecimiento de los controles a las compras de divisas para importaciones, algo que se empleó en 2013 y 2015, pero como parte secundaria y lateral de la “estabilidad” cambiaria, y vendiendo los dólares extra que la suba de precios de los commodities y el giro de DEGs del FMI aportaría.

Siguiendo este argumento, a diferencia de 2011-2015, en 2021 se usarían flujos -que posiblemente sean extraordinarios, dado que la suba de términos de intercambio sería transitoria y el FMI no repetiría el giro de DEGs-, en lugar de stocks (básicamente Reservas) para atrasar al tipo de cambio real. Por lo tanto, y en primera instancia, la estrategia actual parece más arriesgada y costosa, además de insostenible consumido este shock positivo.

En segundo lugar, vale destacar que la brecha cambiaria actual es mayor a la del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En la actualidad, la misma está apenas por encima del 60%, mientras que en 2013 y 2015 se acercó al 50% durante el proceso electoral. Para peor, considerando que los valores actuales de los dólares paralelos están sostenidos a fuerza de compras con Reservas de bonos en divisas, y que la dolarización aumentará a medida que se acerquen los meses electorales, los riesgos por este lado también serían mayores: más brecha es más expectativas de devaluación y menos oferta neta de divisas en el mercado oficial, sea por exportaciones que se posponen e importaciones que se adelantan o por ventas que se subfacturan y compras que se sobrefacturan.

Por otro lado, el punto de partida inflacionario es sensiblemente mayor al de la etapa anterior. Mientras que la suba de precios promedió 3,5% en el último semestre (50% anualizado), en 2011-2015 se ubicó entre 2 y 2,5% (30% anualizado). Por lo tanto, un dólar oficial virtualmente quieto se atrasaría mucho más rápido que en el pasado reciente. Si bien es cierto que una menor tasa de devaluación ayudaría a desacelerar la inflación -suponiendo que las importaciones sigan tomando referencia a este tipo de cambio, algo que no está garantizado-, no lograría llevarla al 2,5% mensual tan rápido, de modo que, una vez más, los riesgos son mayores que en las etapas anteriores.

Como si esto fuera poco, la situación actual nos encuentra con un mayor déficit fiscal primario y con mayores obligaciones de deuda, tanto en pesos como en dólares. En consecuencia, las necesidades de emisión y el grado de vulnerabilidad de nuestra economía son sustancialmente mayores que durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; por ende, los riesgos también lo son.

Más allá de todas estas malas noticias, se pueden destacar algunos aspectos positivos. Mientras que en 2013 y 2015 el tipo de cambio real (bilateral con Estados Unidos) estaba muy cerca de los niveles de salida de la convertibilidad, de modo que el atraso generaba importantes problemas de competitividad en el sector productivo, en la actualidad el mismo se ubica un 60% por encima de estos valores. Por lo tanto, el encarecimiento relativo de nuestra producción no sería un golpe tan importante para el aparato productivo. En un plano similar, los salarios reales encadenan tres años en caída libre, acumulando un retroceso de 20% desde 2018. Teniendo presente la fuerte la correlación inversa que existe entre tipo de cambio real y poder adquisitivo, atrasar al dólar podría recuperar esta variable, aunque sea en el corto plazo.

En síntesis, la “economía electoral” de 2021 apelará a una receta conocida para la historia argentina: atrasar al tipo de cambio, para desacelerar la inflación en el corto plazo y mejorar el poder adquisitivo. Ahora bien, aun cuando el objetivo final sea poco novedoso, la forma de alcanzarlo sí lo será: no se malgastarán las Reservas acumuladas en los últimos años, sino que se usarán los dólares -transitorios- del salto del precio de la soja y el giro de DEGs del FMI, además de los mayores controles a las importaciones. La apuesta es arriesgada y las complejidades son muchas; el resultado sigue abierto.

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Monitor de Crisis

Acceda a nuestro Monitor Quincenal de Crisis para conocer las proyecciones por escenarios para 2021, de las siguientes variables:

– Tipo de cambio

– Inflación

– Producto Bruto Interno

– Consumo Privado

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Las dos velocidades del mercado de trabajo en 2020

En 2020, la actividad cayó 10%, mostrando su peor retroceso desde 2002. Como era de prever, este deterioro impactó en casi todos los frentes de la economía: la demanda, los salarios y el empleo, entre otros, sufrieron la crisis del año pasado. En este sentido, sobresale que durante 2020 se perdieron 220.000 (-1,8%) puestos de trabajo formales, acumulando una destrucción de 446.000 (-3,6%) puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2017.

Si bien la crisis que se agravó por la pandemia es tan profunda como generalizada, no todos los sectores sufrieron de la misma manera. Por caso, a lo largo del año pasado, los rubros esenciales cayeron menos que los no esenciales. En la misma línea, la producción de bienes se redujo menos que la producción de servicios.

Esta dinámica heterogénea también se verificó en el mercado de trabajo formal: los asalariados privados, los empleos de mayor calidad, fueron los que más sufrieron la crisis (-202.000 puestos, -3,4%), mientras que los monotributistas y autónomos cayeron “solo” 1,4% (-40.000 puestos). En sentido contrario, el empleo púbico creció 0,6% en sus tres niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal-, sumando poco más de 19.000 trabajadores y resaltando el carácter contracíclico del gasto público.

Estas diferencias fueron más allá de la modalidad de contratación: también se verificaron entre las distintas ramas de actividad. Por caso, los segmentos asociados a la producción de bienes -a excepción de construcción, que por la pandemia tuvo una dinámica más parecida a servicios- destruyeron “sólo” el 1% de sus plantillas durante el 2020, mientras que la contracción alcanzó el 5% en el resto de las ramas de actividad.

Ahora bien, ¿por qué el empleo registrado cayó menos que la producción? Por un lado, la posibilidad de suspender trabajadores en los rubros paralizados contribuyó a conservar algunos puestos de trabajo, en tanto que las dificultades para despedir personal formal que provocaron la doble indemnización y la prohibición de despidos también ayudaron a contener la sangría. En la misma dirección, el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo -ATP-, donde el Estado Nacional pagó parte del sueldo de algunas firmas golpeadas por las restricciones a la circulación, contribuyó a cuidar los puestos de trabajo registrados. Como resultado, la actividad sintió más el impacto del Coronavirus que el empleo.

Siguiendo estas explicaciones asociadas a la coyuntura, podría pensarse que el mercado de trabajo formal recuperaría el terreno cedido en cuanto reaccione la demanda. Sin embargo, esto no se daría, y no solo porque la destrucción de puestos de trabajo registrados fue un tercio de la del nivel de actividad: el cierre de más de 20.000 empresas (-4%) durante el año pasado ralentizará la creación de puestos de trabajo en la pos-pandemia. A riesgo de sonar repetitivos, vale destacar que la destrucción del stock de capital tampoco fue homogénea entre ramas de actividad: mientras que “solo” cerraron el 1,5% de las empresas que operan en rubros esenciales, este número superó el 5% en las ramas no esenciales.

El retroceso del nivel de actividad fue mucho mayor que el del empleo formal: el PBI cayó casi el triple que los puestos de trabajo registrados, estableciendo un piso para la reactivación la demanda. Sin embargo, este análisis es incompleto: 4 de cada 10 trabajadores se mueven en el circuito informal, de modo que es fundamental incorporar este segmento al análisis para obtener conclusiones más precisas.

El tenue “optimismo” del mercado formal se diluye al sumar el mercado no registrado. Según la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre del año pasado -sin datos todavía para el cierre del año-, se perdieron casi un tercio de los puestos de trabajo no registrados entre septiembre de 2019 e igual mes del 2020, afectando a 1,25 millones de personas.

Las dificultades de regular este segmento del mercado de trabajo, y de lanzar planes de estímulos para las firmas afectadas, intensificaron el impacto del Coronavirus en la parte informal de la economía, que sufrió una destrucción de puestos de trabajo largamente superior a la caída del nivel de actividad. De esta manera, aunque es probable que la recuperación de empleos no registrados sea más acelerada que la del PBI, la pérdida total de ingresos para un tercio de los trabajadores no registrados ralentizará la recuperación del nivel de actividad.

Vale destacar que los no asalariados también tuvieron dificultades. Como se observa en la siguiente matriz de transición del empleo, la probabilidad de que un cuentapropista del primer trimestre se encuentre inactivo en el tercer cuarto del año fue de 25%, más de 10 p.p. respecto del promedio 2018-19, períodos donde ya se verificaba una alta volatilidad económica. Algo similar ocurrió con el resto de las categorías, poniendo de manifiesto una mayor dificultad a la “reconversión” en otra ocupación en un contexto como el actual.

En 2021, el empleo crecería alrededor de 8%, recuperando parcialmente la caída de 9,5% del 2020. La velocidad y la magnitud de la reactivación dependerán de la profundidad del rebrote de Coronavirus y su impacto sobre la producción: cuanto menor sea este, más acelerada será la mejora del nivel de actividad, impulsando la restauración de una parte de los puestos de trabajo perdidos durante los peores meses -económicos- de la pandemia. En respuesta, proyectamos que el consumo privado avanzará durante este año electoral, aunque más impulsado por la recuperación de los puestos de trabajo que por una mejorar del salario real: para ver un avance significativo del poder adquisitivo habrá que esperar, al menos, hasta 2022.