Author: Juan Pablo Albornoz

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México | La inflación de marzo fue la más alta desde 2018

Economía

Cerrado el primer trimestre del año y las estimaciones sugieren una variación a tasa anual negativa, de entre -2% y -3%, principalmente debido a las restricciones a la operación productiva y comercial en el mes de enero y a los periodos de asueto en el mes de marzo. La recuperación, para México sigue siendo compleja y aunque instituciones como el Fondo Monetario Internacional han sido optimistas, existen razones técnicas para mantener previsiones moderadas.
Al cierre del mes de marzo, la inflación se ubicó en 4.8%, la más alta desde 2018, razón por la cual las autoridades del Banco de México han decidido detener los recortes a la tasa de interés objetivo, quedando en 4%. Se observan incrementos en los costos de producción, las gasolinas que han llegado a superar los 22 pesos por litro, un máximo histórico y las exportaciones manufactureras se han contraído en los primeros meses del año, lo que indica que el aparato económico nacional aún se encuentra lidiando con los efectos de la crisis económica.

Política

El gobierno de México ha buscado consistentemente mantener la rectoría del sector Energético (hidrocarburos y eléctrico), argumentando seguridad nacional, control y eficiencia de recursos que son propiedad de la nación. Luego del esfuerzo legislativo realizado para modificar la Ley de Industria Eléctrica, que impide la participación de los inversionistas privados a través de la generación de energía procedente de energías renovables, se ha aprobado otra iniciativa para cancelar los contratos a la importación de gasolinas por parte de inversionistas privados.
A este contexto de incertidumbre que posterga las decisiones de inversión e inicio de proyectos productivos en todo el aparato industrial, debe agregarse la eliminación de la subcontratación, dejando en su lugar un esquema llamado “servicios especializados” distintos a su actividad económica preponderante. En principio, tiene como objetivo garantizar a los empleados mejores condiciones laborales y el acceso a prestaciones de Ley; no obstante, supone un alza de los costos operativos, que afectarán la rentabilidad y los precios finales de los productos y servicios producidos.

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¿Cambios en el impuesto a las ganancias para empresas?

Luego de la aprobación de una Ley para elevar el mínimo no imponible, el Gobierno envió un nuevo proyecto de ley que busca modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se buscan establecer nuevas alícuotas que determinan lo que deben pagar las sociedades comerciales.

El proyecto del Ejecutivo tiene por objetivo compensar parcialmente el mayor gasto que el Estado asumirá por la elevación del mínimo no imponible a $150.000 para personas físicas, sancionado recientemente.

Antecedentes del impuesto a las ganancias para sociedades comerciales

Hasta el año 2017, en la Argentina las sociedades pagaban por el Impuesto a las Ganancias una alícuota del 35% sobre los beneficios. A su vez, en su carácter de personas humanas, los accionistas estaban alcanzados por un 10% adicional sobre los dividendos distribuidos, desde que rige la Ley N° 26.893 y hasta el año 2016.

Con la reforma tributaria de 2017 se estableció una reducción gradual de la alícuota societaria combinada con un impuesto cedular sobre las utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones indivisas y beneficiarios o beneficiarias del exterior, de acuerdo con lo siguiente:

Mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones se suspendió por un año la reducción en la alícuota de beneficios empresariales que debía regir a partir del período fiscal 2020. En consecuencia, hasta los ejercicios iniciados el 31 de diciembre de 2020 estuvo vigente la alícuota empresaria del 30% y la alícuota del 7% sobre los dividendos distribuidos.

¿Cuáles son las disposiciones del proyecto actual?

La iniciativa propone modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias, para reducir las alícuotas que deberán pagar las sociedades comerciales. Se propone una estructura de alícuotas escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada:

– Un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones.
– Un segundo escalón de 30% para ganancias netas acumuladas de entre $5 millones y $20 millones.
– Un tercer escalón de 35% para ganancias netas cumuladas superiores a $20 millones.

Según el Gobierno, este esquema permitirá reducir el impuesto que pagarán las empresas de menores beneficios y mantenerlo para las de un tramo intermedio (que quedan en 30%), mientras que solo se aumentará para empresas con mayores beneficios. Con este nuevo esquema el 90% de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020.

El artilugio que esconde la decisión del Gobierno

No debe pasar por desapercibido que la rebaja para el 90% de las empresas anteriormente mencionada es posible gracias a que la rebaja a 25% se había congelado en 30% a comienzos de 2020. Es decir, el Gobierno suspendió previamente una rebaja y ahora la otorga promocionando la decisión. De esta manera, habría que interpretar la decisión de la siguiente forma:

En definitiva, el proyecto retoma la baja prevista por la reforma fiscal de 2017 solo para quienes facturan hasta $ 5 millones. Para el resto, las alícuotas se mantienen (para el caso de los que facturan entre $ 5 y $ 20 millones) o se incrementan (para los que facturan más de $ 20 millones).

 

El presente artículo es un extracto del Panorama Legislativo que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

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Uruguay | 2020: la caída más fuerte del PBI desde la crisis de 1999-2002

Economía

El PBI en 2020 se contrajo 5,9% lo que significa la primera caída desde la crisis económico/financiera de 1999-2002. Todos los sectores productivos evidenciaron bajas en relación al año previo con excepción de Construcción – explicado por el comienzo de las obras en la tercera planta de producción de pasta de celulosa -. Los más afectados fueron Comercio, Hoteles y Restaurantes producto de la restricción a la movilidad de las personas. Por el lado del gasto, el Consumo privado y las Exportaciones mostraron fuertes caídas.
Transcurrido el primer cuarto del año y sin señales manifiestas de una fuerte recuperación del nivel de actividad Oikos C.E.F. proyecta un crecimiento de 2,6% para este año. El mismo está supeditado al levantamiento gradual de las restricciones a la movilidad; en caso de extenderse a la segunda mitad del año, podría verificarse un escenario de mínima suba próxima a un punto porcentual.

Política

El pasado 7 de abril el Presidente Dr. Luis Lacalle brindó una conferencia de prensa para divulgar las acciones del gobierno en el combate a la pandemia de COVID.19. La instancia se esperaba con incertidumbre dado que varios actores políticos y sociales reclamaban una restricción mayor a la movilidad de las personas. Medidas en esta dirección fueron descartadas por el mandatario. Se anunció que la suspensión de la presencialidad en la enseñanza se mantiene hasta el 3 de mayo (antes hasta el 12 de abril) al igual que la de toda actividad deportiva amateur, se continúa con el teletrabajo obligatorio en el sector público, y se exhorta a que el sector privado haga lo mismo.
El gobierno estima que los primeros resultados del plan de vacunación comenzarán a observarse en mayo cuando se haya vacunado – con dos dosis – al 20% de la población.
En breve se anunciarán nuevas medidas de apoyo económico dirigidas principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

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Reflexión y acción antes de que sea tarde (otra vez)

Precios que arden

Si bien el dato de inflación de marzo fue preocupante, solo con la inflación acumulada a febrero igualábamos la suma de las inflaciones anuales de Colombia y Perú del 2020. Con el dato del tercer trimestre, acumulamos más inflación que la suma de las de estas dos economías más las del año pasado de Bolivia, Chile y Brasil. Mientras tanto, en solo un trimestre nos consumimos más de dos quintas partes del objetivo oficial de inflación previsto para el 2021. El 29% pautado en el Presupuesto se desdibuja a pasos agigantados.

Esta patología históricamente irresuelta (transversal a cada gobierno de turno, salvo por el impasse de la convertibilidad) derrite mes a mes el ya colapsado poder adquisitivo argentino. Entonces, ¿qué puede hacer el Gobierno para comenzar a resolver el problema inflacionario?

Atacar el problema

El reconocimiento por parte de las autoridades de que la inflación es un fenómeno multicausal es un gran avance (al menos en los dichos). Esto no implica que la célebre, aunque tautológica, frase de Friedman no tenga muchas certezas: la emisión sí genera inflación. Obviarlo sería una necedad, aunque atribuirle el 100% de causalidad seguramente sería un análisis incompleto. ¿Es la emisión la causa última de la inflación? No es el objetivo de esta nota responderlo, aunque sí sabemos que la emisión en Argentina es la consecuencia de un Sector Público que cubre su exceso de gasto recurriendo a la monetización del déficit, lo cual nos lleva a la importancia del ahorro fiscal.

El ahorro fiscal per se no tiene por qué ser un objetivo de política económica. Ahora bien, experiencias recientes argentinas deberían llamar a la reflexión a todo el arco político.

La experiencia del gobierno anterior de recurrir al endeudamiento sin una corrección genuina y perdurable del déficit fiscal es simplemente patear el problema para más adelante. El año pasado, un shock imprevisible nos encontró con el mercado de deuda cerrado. Sin voluntad de reducir la presión impositiva, para sostener la demanda agregada con políticas fiscales expansivas (como en todas las economías del mundo) la única vía de financiamiento restante fue la financiación monetaria de éstas (a diferencia del resto del mundo). La aceleración inflacionaria de estos últimos meses es consecuencia (al menos en parte) de la gran expansión monetaria del año pasado, con sus rezagos. Por los motivos mencionados, una vez que la política mire más allá de la próxima elección, el ahorro (o al menos equilibrio) fiscal debe ser un primer paso.

El problema actual es la coyuntura: estamos sumergidos en lo profundo del ciclo económico con la mayor crisis mundial desde el crac del 29. Una contracción fiscal sería contraproducente en el cortísimo plazo, como también inviable por la dinámica electoral. Por ello, acertadamente, se recurre a la reconstrucción del mercado de deuda en pesos para financiar más de la mitad del desequilibrio fiscal proyectado. Sin embargo, esto solo es posible ofreciendo tasas de interés reales positivas. Chocamos nuevamente contra la coyuntura: tasas reales positivas raspan la actividad económica y elevan el déficit financiero. Sin corregir el déficit primario, se recurrirá a una mayor monetización para cubrir los intereses. Volvimos al punto de inicio.

Además, por el maltrato histórico que recibió nuestra “moneda” (¿acaso podemos llamar moneda al peso?) para fomentar el ahorro en moneda local deben ofrecerse tasas reales doblemente positivas, ya que deben ganarle tanto a la inflación como a la depreciación del tipo de cambio. Nos chocamos con dos paredes: la coyuntura y la restricción externa.

Dejando de lado la inefectiva política de controles de precios y el atraso tarifario (que representa un mayor costo fiscal hoy y una mayor presión inflacionaria futura), la gran ancla de precios del 2021 parece que será el atraso del tipo de cambio oficial. Si con estos niveles de inflación el gobierno pisa el tipo de cambio, volveremos a un mini-ciclo de apreciación real con una mejora (no genuina) del salario real que se destinará en parte al consumo y en parte a la demanda de dólares. A pesar de un ingreso de divisas mayor a lo esperado (por el boom de los precios de los commodities y por el potencial ingreso dólares vía Derechos Especiales de Giro), la coyuntura se topará con la restricción externa que sigue latente debido al históricamente bajo nivel de las reservas netas del Central.

Pasado el flujo positivo estacionalmente alto de divisas, se presentará nuevamente la clásica disyuntiva argentina: comprimir más las importaciones y poner en jaque cualquier recuperación económica, o devaluar para corregir el atraso cambiario que surgiría de cumplirse la meta oficial de devaluación. Un tipo de cambio que no pierda contra la inflación puede atentar contra la desinflación en el corto plazo pero es necesario a mediano plazo.

Pasada la emergencia sanitaria: estabilizar para volver a crecer

Si bien es un cliché, se necesita un shock de expectativas. Una mayor demora del acuerdo con el FMI, un Ministerio de Economía dividido en distintas autoridades con diferentes concepciones respecto al problema inflacionario y un arco político guiado por una dinámica electoral miope y cortoplacista es todo lo contrario a lo que necesita el país en este momento. En Argentina, la política económica es más política que económica y el primer paso lo tienen los políticos.

Es necesario un consenso de todo el arco político respecto al problema inflacionario que sea perdurable en el tiempo más allá del gobierno de turno. Ningún modelo económico (independientemente de su orientación) es viable con estos niveles de inflación. Ningún proceso de reducción de la pobreza ni de mejor distribución del ingreso es posible si arrastramos más de una década de elevada inflación. Pasada la emergencia sanitaria, para escapar de la coyuntura y empezar a hablar sobre recuperación y crecimiento económico, Argentina necesitará un plan de estabilización consensuado por todo el arco político cuyo principal objetivo sea la reducción de la inflación.

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Opinión pública: Es la economía, no la pandemia

La preocupación por la inflación continúa liderando la lista de preocupaciones ciudadanas con un 33,7%. Ante el preocupante dato de marzo, en los primeros tres meses del año la evolución del IPC INDEC acumula un 13%. En respuesta, esta semana el Jefe de Gabinete ordenó a la AFIP que refuerce los controles de precios y el programa de precios máximos, movimiento que deja entrever la preocupación y la desorientación del Gobierno a la hora de encarar esta problemática.

La segunda variable más mencionada en nuestro relevamiento de opinión pública continúa siendo la corrupción. Debe tenerse en cuenta que dicha variable proviene mayoritariamente de los sectores de la población opositores al Gobierno. En tercer lugar se ubica el desempleo con un 15,6% de las respuestas: esto implica que las preocupaciones económicas en su conjunto (inflación y desempleo) lideran ampliamente el ranking.

Si desagregamos las preocupaciones según al voto de la elección presidencial del 2019, podemos notar que la preocupación principal de los votantes oficialistas es económica: el 39.2% ubica a la inflación como máxima preocupación y un 21.1% hace lo propio con el desempleo. Por otro lado, quienes votaron al espacio conducido por Mauricio Macri en 2019, vuelcan su máxima preocupación a la corrupción, ubicándola en un 52%.

Por último, ordenamos las urgencias según la ciudadanía en cuatro variables de la agenda. Un 61.4% atendería con urgencia la crisis económica, mientras que un 21.4% se abocaría a la pandemia. La inseguridad y las reformas judiciales quedan completamente relegadas. Al Gobierno le costará muchísimo la elección legislativa de este año si la economía no logra rebotar algunos puntos.

Como lo hicimos a lo largo del año 2020, volvimos a preguntarle a la gente si en estas circunstancias le preocupa más el coronavirus o su situación económica. Nuevamente, no observamos grandes cambios de lo registrado en noviembre del año pasado. Un 64,4%, respondió que le preocupa más su situación económica, y un 33,7% que le preocupa más el coronavirus. La evidencia sugiere que pareciera haber habido un proceso de asimilación de la situación sanitaria, dando lugar a una mayor preocupación por las consecuencias económicas de un fenómeno que pareciera estar dado y sin solución hasta no tener vacunas.

Dado que más de 3 de cada 5 personas se encuentran más preocupadas por la situación económica que la sanitaria, les preguntamos si están o no de acuerdo con la siguiente afirmación: “Estoy dispuesto a asumir el riesgo de contagio antes que perder mi fuente de ingresos” El 52,8% señaló estar Total o Bastante de acuerdo con esa frase, mientras que el 21,1% indicó estar Total o Bastante en desacuerdo. Los números, claramente, muestran una mayor preocupación por la fuente de ingresos que por el riesgo de contagio del virus.

Por último, a la hora de evaluar la predisposición de la sociedad a enfrentar medidas de confinamiento, un 35,5% señaló que lo justo y razonable es no tener ningún tipo de confinamiento, un 49,2% que lo justo y razonable es algún tipo de confinamiento, y solo un 10,3% cree que lo justo es un confinamiento total.

El presente artículo es un exctracto del Panorama Mensual de Opinión Pública elaborado por Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

 

 

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Recuperación heterogénea: las nuevas restricciones profundizarán las diferencias sectoriales

El PBI cayó casi 10% durante el año pasado. Sin embargo, su retroceso no fue homogéneo, ni temporal, ni sectorialmente. Por caso, mientras que la actividad se desplomó 26% entre el cierre de 2019 y abril 2020, esta caída fue de “solo” 3% entre puntas, y de 1,3% si sumamos enero 2021 al análisis. En un sentido similar, el deterioro de la actividad fue muy distinto entre sectores. Mientras que algunas ramas de actividad lograron recuperar los niveles pre-pandemia, especialmente aquellas asociadas a la producción de bienes, otras se ubicaron más de 40% por debajo, como es el caso de Hoteles y Restaurantes. Por su parte, la Industria y la Construcción cerraron el primer mes de 2021 5% y 6% por encima de los niveles pre-pandemia, respectivamente.

Las distintas posibilidades de operar con protocolos, las menores opciones de gasto -caída del salario real, pero mayor reducción de las alternativas de consumo- y la producción atrasada explicaron estas diferencias. Asimismo, sobre el cierre del año pasado, una brecha cambiaria que rondaba el 100% y alimentaba las expectativas de devaluación impulsó la compra de bienes dolarizados, alentando su demanda en el corto plazo. Por su parte, algunos rubros de servicios pudieron comenzar a operar lentamente, aprovechando la flexibilización de restricciones que trajo el verano. Sin embargo, su nivel de actividad permanecía casi 8% por debajo de la pre-pandemia, en tanto que la producción de bienes estaba por encima del primer bimestre del año pasado (+0,8%).

En este escenario dispar llegó la segunda ola de Coronavirus, y con ella el endurecimiento de las restricciones sanitarias, principalmente en el AMBA. Por lo tanto, tiene sentido preguntarnos ¿cómo impactarán las nuevas medidas? ¿configurarán la misma dinámica sectorial de crecimiento y caída que en 2020? ¿qué cambiará?

Servicios, nuevamente los más vulnerables

En términos generales, los servicios se encontrarán, otra vez, mucho más expuestos que los bienes. En este sentido, las nuevas restricciones perjudicarán principalmente a los sectores que ya venían más golpeados del año pasado: la gastronomía, la recreación, los servicios personales y culturales y el turismo, actividades que seguirán operando en niveles muy por debajo de la pre-pandemia durante todo el 2021. Como resultado, la segunda ola ampliará aún más la brecha existente entre los distintos sectores de la economía, profundizando la heterogeneidad de la crisis.

En el grupo más golpeado sobresale Hoteles y restaurantes, rubro que se ubicó en enero casi un 40% por debajo de los niveles del primer bimestre de 2020; y Servicios sociales y personales (teatros, museos, espectáculos deportivos), encontrándose aún 20% por debajo de los niveles pre-pandemia. Si bien son sectores que no poseen un peso tan significativo en el PBI (algo menos del 5%), en conjunto representan casi el 10% del empleo registrado. Por lo tanto, es probable que el trabajo formal se recupere incluso más lentamente que el nivel de actividad.

Por otra parte, las restricciones sobre la movilidad afectarán a una parte del Transporte y con ello a la venta de combustibles y las perspectivas de recuperación de la actividad petrolera. Ambos sectores ya venían rezagados en relación con el resto, registrando en enero niveles 15% y 8% inferiores a la pre-pandemia, respectivamente. Si bien durante los meses recientes la mejora del contexto internacional y la puesta en vigencia del Plan Gas.Ar comenzaron a dinamizar al sector, la extensión de las restricciones al transporte y una menor movilidad general de la población aplazarán todavía más la recuperación de los niveles de cierre de 2019.

 

Industria y Construcción, con menos chances de ser perjudicados

En sentido opuesto, los sectores que vienen motorizando la recuperación económica serían los menos afectados directamente. El primer caso es el de la Industria manufacturera, con un peso muy importante en el nivel de actividad (19% del PBI). Impulsada por el “veranito” que atraviesa la demanda de bienes durables e insumos para la construcción, junto con la actividad de diversos encadenamientos fabriles, en el primer bimestre no sólo estuvo 4% por encima de los niveles pre-pandemia, sino que además registró creación neta de empleo registrado después de más de dos años en rojo en enero (+10.500 puestos de trabajo, +1% i.a.). Más aún, con los anuncios realizados hasta ahora, las nuevas restricciones no afectarían tanto el funcionamiento del sector, de modo que la recuperación podría continuar.

En los últimos meses la reducción en la brecha cambiaria y la ampliación del menú de consumo de las familias fuera del hogar le quitaron atractivo a la adquisición de estos bienes. No obstante, la profundización del atraso cambiario y mayores expectativas de devaluación en las cercanías de las elecciones podrían recrear un entorno más favorable para estos productos. Asimismo, la continuidad del cepo cambiario, tasas reales negativas y programas como Ahora 12 seguirían alentando la demanda. A contramano, la producción de bienes semi-durables como indumentaria, textil y calzado no lograrán consolidar una expansión. La suerte de estos segmentos seguirá limitada por la recuperación del ingreso real y la menor cantidad de reuniones sociales en relación con la pre-pandemia.

La Construcción también sigue erigiéndose como uno de los principales motores, colocándose en enero casi 6% por encima de los niveles pre-pandemia, tal como mencionamos más arriba. Impulsada inicialmente por un auge de la demanda asociada a pequeñas refacciones, ampliaciones o reparaciones, en los meses recientes se ha visto una desaceleración que comenzó a ser compensada por la reanudación de la obra privada de mayor magnitud y la recuperación de la obra pública. Dada la relevancia estratégica del sector en términos de recuperación del empleo (en particular informal) y la dinamización de diversos encadenamientos productivos, no prevemos en lo inmediato limitantes importantes para la actividad. En consecuencia, la construcción también seguiría por el sendero positivo.

Comercio y Agroindustria, con desafíos propios

Por su parte, el Comercio minorista y mayorista fue uno de los dos sectores de servicios que superó los niveles pre-pandemia en el inicio del año (+5%), lo cual ayudó notablemente a la recuperación agregada dado su peso en el PBI (14,5%). A su vez, explica aproximadamente el 17% del empleo registrado, aunque todavía no logró recuperar los puestos de trabajo perdidos por la pandemia (-23.000 en relación con febrero 2020, -2%). Las nuevas restricciones a la circulación, los mayores temores al contagio y las limitaciones sobre los horarios comerciales implicarán un mayor tiempo en el hogar y menor consumo en la calle, ralentizando la recuperación y afectando a negocios con menor desarrollo del canal online. A su vez, las perspectivas para el Consumo masivo son desfavorables. Si bien menores compras fuera del hogar podrían ayudar a estos canales, la masa salarial real no se recuperará sensiblemente en el corto plazo, complicando una mejora notable del consumo.

En otro orden se encuentra el Agro, cuya evolución depende de factores idiosincráticos tanto de oferta como de demanda, menos vinculados a la pandemia. Resultado de la escasez de precipitaciones sobre las intenciones de siembra y los rendimientos, se prevé para 2021 una merma próxima al 10% en la producción de los principales cultivos (trigo, girasol, soja y maíz). No obstante, producto del rally alcista en el precio de las commodities agrícolas desde finales de 2020, estimamos que la valorización de la cosecha de los principales cultivos trepará cerca de USD 7.000 millones, permitiendo incrementar el valor y la rentabilidad de los productores menos afectados por la seca.

Nuevas restricciones, configuraciones sectoriales parecidas

En síntesis, ante la necesidad del Gobierno de calibrar con mayor precisión las medidas tendientes a frenar la pandemia, y siguiendo las palabras de Martín Guzmán quien afirmó que “la economía no soportaría una cuarentena tan estricta como la de 2020”, esperamos que las restricciones a la circulación y producción sean menores a las del año pasado. En este marco, afectarán principalmente a determinadas ramas de servicios, casualmente aquellas que presentan los menores niveles de actividad en relación con la pre-pandemia. En sentido contrario, la industria y la construcción afrontarían un 2021 más favorable, ayudadas por los mayores protocolos y el restablecimiento de parte de los puestos de trabajo perdidos durante el año pasado. Como resultado, se terminará ampliando la brecha entre los sectores ganadores y perdedores del 2021, al tiempo que no prevemos un impacto significativo de las mayores restricciones sobre el Producto en el corto plazo.

En este marco, proyectamos que la actividad crecerá 6% en 2021, explicado, en mayor medida, por el arrastre estadístico positivo que dejó el 2020 (+5%). De todas formas, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica podría seguir empeorando, la principal incógnita es qué magnitud y alcance adoptarán las restricciones aplicadas. Por este motivo, no descartamos que puedan extenderse y comprometer a una mayor proporción de sectores y regiones, infringiéndole un golpe a la economía aún mayor al esperado.

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Nueva cuarentena, mismas proyecciones

La segunda ola de Coronavirus llegó con fuerza, y el gobierno endureció las restricciones sanitarias. Considerando que “hoy la economía no podría soportar una cuarentena estricta como la de 2020”, tal como afirmó el ministro Martín Guzmán hace dos semanas, las nuevas limitaciones intentaron no golpear demasiado a la producción de bienes y servicios. En este sentido, las medidas anunciadas ayer no alteran nuestras principales proyecciones.

Por lo tanto, mantenemos un crecimiento de 6% del PBI en 2021, en tanto ya contemplábamos algunas restricciones en el marco de la segunda ola. Aun cuando el número pareciera reflejar a priori un avance importante, solo se recuperaría poco más de la mitad de lo perdido en 2020. Más aún, dado que una parte no menor del retroceso que provocaron la pandemia y la cuarentena ya se había recuperado al cierre del año pasado (diciembre 2020 se ubicó solo 3% por debajo de diciembre 2019), la mejora de la actividad a lo largo de este año será prácticamente imperceptible.

Por caso, si el nivel de actividad de enero se mantuviera constante durante todo el 2021, la economía crecería 8% en el promedio anual. Sin embargo, esta variable se contraerá en los próximos meses, de modo que la recuperación sería menor. Concretamente, el nivel de actividad de diciembre 2021 sería solo 0,6% mayor al de diciembre 2020.

El gobierno ya anunció un bono de ARS 15.000 para todos los perceptores de la Asignación Universal por Hijo y monotributistas de las dos categorías más bajas, alcanzando alrededor de dos millones de personas en total. Según nuestros cálculos, el costo directo de esta medida rondaría los ARS 40.000 millones, equivalente a 0,1% del PBI. En orden de magnitud, el año pasado, IFE y ATP mediante, el gasto extra llegó a 2,5% del PBI. De esta manera, se comprende que el bono anunciado no cambiará la salud de las cuentas públicas. Más aún, si bien la caída de la actividad afectará la recaudación, por ahora la meta de déficit primario (-4,5% del PBI) se lograría sin mayores contratiempos.

En este contexto, también mantenemos nuestras proyecciones de inflación. Si bien el año arrancó muy complicado en este frente (+12% en el primer trimestre, lo que representa un valor anualizado de 60%), esta variable se desaceleraría en los próximos meses. Un dólar oficial que entró en modo electoral y redujo su tasa de depreciación, tarifas de servicios públicos sin grandes actualizaciones y negociaciones salariales que no traerán recuperaciones significativas del poder adquisitivo moderarían la suba de precios. Ahora bien, de ninguna manera se alcanzará el 29% de meta oficial: la inflación se acelerará en relación con 2020, acumulando más de 40% en el año.

Por último, vale destacar que ratificamos nuestra proyección de un dólar oficial en torno a 112 pesos para fin de año. No obstante, no descartamos un endurecimiento del cepo si la demanda de divisas se incrementa: las Reservas netas continúan en niveles muy bajos (USD 5.000 millones, marcando una caída mayor al 50% desde el comienzo de la pandemia), y el Banco Central seguiría restringiendo cantidades en lugar de ajustar por precios.

En síntesis, los anuncios de ayer están en línea con nuestras proyecciones. El cambio en las mismas estará asociado a una prolongación y profundización de las restricciones, que terminen por afectar sensiblemente el entramado productivo, el consumo y la inversión. Si ese escenario sucediera, la recaudación sufrirá, la ayuda estatal agrandará el déficit fiscal y, como consecuencia, la emisión presionará sobre el tipo de cambio y la inflación. Lamentablemente, con las medidas anunciadas ayer, estamos un paso más cerca de esa configuración de escenario pesimista. Esperemos se frene a tiempo.

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De cara a las elecciones, el oficialismo corre con ventaja en PBA: ¿caso resuelto?

Lentamente comienzan a avecinarse las elecciones de medio término. Allí, el Gobierno tiene un objetivo práctico (ganar la mayor cantidad de bancas) y uno simbólico (ganar la elección). Precisamente, ambos dependen en gran medida del resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires.

Fue en el bastión actualmente oficialista donde el oficialismo se alzó con el triunfo en la elección presidencial logrando una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales. Dos años después, buscará repetir ese mismo resultado o, al menos, uno que se le asemeje. Si bien una primera mirada sobre la situación electoral en la provincia nos indica una ventaja del Frente de Todos, la situación difiere claramente de la magnitud observada en 2019.

En un estudio realizado entre los días 3 y 7 de marzo, observamos una intención de voto para el oficialismo de 34,6%, mientras que para Juntos por el Cambio resultó del 27,9%. Por su parte, relevamos una intención de voto a un espacio peronista no oficialista de 7,1% y la correspondiente a un espacio de derecha de 6,3%.

A partir de lo sucedido en elecciones anteriores, la ventaja que se observa a favor del Frente de Todos no pareciera ser una ventaja de confiar. Esto se debe principalmente a que hay terceras y cuartas fuerzas que podrían ver centrifugados sus votos, sufriendo una migración del voto útil hacia las dos principales fuerzas, pudiendo cambiar el resultado. Además, aún se observa un alto nivel de indecisos que también podrían modificar los resultados de la elección de sostenerse las presentes intenciones de voto.

La diferencia observada también invita a pensar que el timing de la elección y la forma del calendario electoral podrían volverse estratégicos para el resultado. En estos pequeños, pero no menores, detalles podría definirse la elección que actualmente presenta más incertidumbres que certezas y donde, obviamente, jugará un papel determinante la definición de candidaturas.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina.

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Inflación 2021: incertidumbre sindical

Tan solo un gremio firmó paritaria anual en el primer trimestre del año

Con una inflación acumulada del 7,8% en el primer bimestre del año, y con una perspectiva para nada optimista de cara al dato de marzo, se retrasan los acuerdos de paritarias anuales.

La mayoría de los grandes gremios insiste con sentarse a negociar sus nuevos acuerdos. No obstante, hasta ahora el único gremio que cerró una paritaria anual fue el bancario (29%) con cláusula de revisión. SMATA también hizo lo propio, aunque vale la pena destacar que firma de manera sistemática acuerdos trimestrales.

El gobierno promueve el discurso oficial en el que intenta explicar que la elevada inflación del primer trimestre se encontraba dentro de sus proyecciones. Argumentan que se debió principalmente a fenómenos estacionales. Sin embargo, los gremios comenzaron a desconfiar hace varias semanas de dicho análisis. En este contexto, es muy difícil creer que los gremios negociarán respetando la pauta oficial que el Gobierno había propuesto.

¿Cómo se encuentran posicionados el resto de los grandes gremios de cara a las actualizaciones salariales del 2021?

• SMATA. Los mecánicos firmaron el primer tramo de su paritaria 2021 con un 13.3%. Cerraron el 2020 apenas por debajo del IPC.

• UTA. Los choferes negociaron aumentos no remunerativos equivalentes a $15.000. Fueron de los pocos gremios que finalizaron el 2020 apenas por encima de la inflación.

• COMERCIO. El gremio cerrará su acuerdo 2020 cobrando un 7% mensual hasta marzo y en abril deberán negociar su siguiente acuerdo.

• LUZ Y FUERZA. La regional de Córdoba terminó el 2020 apenas por debajo de la inflación y ya no tiene aumentos pactados.

• UOCRA. Uno de los gremios que peor cerró el 2020, percibió un aumento del 8% pactado para febrero.

• FERROVIARIOS. Los ferroviarios cerrarán su acuerdo 2020 en marzo, cobrando un 18% que probablemente les recompondrá las pérdidas.

• UOM. La UOM percibió, entre enero y febrero, todo lo perdido en 2020. Se encuentra negociando su paritaria y en ese marco se llevaron a cabo dos reuniones en las cuales los representantes sindicales manifestaron su intención inflexible de firmar 35% en 3 cuotas con revisión en el mes de noviembre. Pese a la insistencia de las entidades empresarias de buscar puntos de encuentro, se levantó la reunión, a la espera de la audiencia prevista para el miércoles 7 de abril con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

• UPCN. Los más golpeados: su convenio vence en mayo y con los aumentos pactados no será suficiente para recuperar.

• CAMIONEROS. Con su paritaria semestral firmada, su acuerdo contempla dos aumentos más. Terminarán en línea con el IPC.

• GASTRONÓMICOS. Lograron firmar su paritaria y recomponer gran parte de las pérdidas. Aún les queda percibir un 22%.

• ALIMENTACIÓN. Uno de los mejor parados frente a la evolución del IPC, ganó puntos en 2020 y aún le queda otro aumento.

• SANIDAD. El gremio perdió algunos puntos el año pasado, pero con los aumentos pactados para principio de 2021 podría recuperarlos. El gremio exige la reapertura de las paritarias para los convenios que comprenden a los trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales, instituto de diagnóstico, laboratorios de análisis clínicos, servicios de emergencias, institutos psiquiátricos e institutos geriátricos. A través de un comunicado anunciaron un plan de lucha en reclamo por los salarios y con el objetivo de lograr una recomposición.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Sindical” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para clientes de Ecolatina.

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2020: más superávit de cuenta corriente y menos deuda, ¿2021?

En el último trimestre del 2020, la cuenta corriente del balance de pagos fue deficitaria en casi USD 1.400 millones. Sin embargo, a pesar de este rojo, el año pasado cerró con un superávit de casi USD 3.000 millones en esta cuenta, que contiene al balance comercial de bienes y servicios, más las rentas de la inversión. Como resultado, esta variable se ubicó en terreno positivo por primera vez desde el 2009, cerrando con una década de resultados externos deficitarios.

El saldo de la cuenta corriente muestra en qué sentido fluyen las transacciones comerciales entre nuestro país y el resto del mundo. Este contiene tanto a la compra-venta de bienes como a la de servicios, y también al pago de utilidades y dividendos, además de otros conceptos menores. Su contracara es el flujo de financiamiento: si la Argentina tiene una cuenta corriente negativa, su sector público y/o privado están endeudándose (o desahorrando) con el resto del mundo, mientras que, por el contrario, si la cuenta corriente es positiva, los residentes en el país están ahorrando -acumulando divisas- o desendeudándose con el resto del mundo.

A lo largo la década 2010-19, nuestro país mostró un rojo sostenido en esta variable, ya que el excedente del comercio de bienes -que existió hasta 2016, con excepción del 2015- fue insuficiente para fondear el déficit de servicios, que se cuadruplicó impulsado principalmente por el turismo emisivo. Para peor, el pago de rentas al exterior (intereses, utilidades y dividendos) siempre fue negativo y creciente, generando necesidades de financiamiento particularmente altas entre 2017 y 2019.

Durante este proceso, la fuente de ingreso de dólares que sirvió de contrapartida del déficit externo fue mutando. Mientras que en los primeros años de la década el déficit corriente era afrontado con inversiones productivas (hasta el 2012, el ingreso neto por esta partida era superior al déficit de cuenta corriente sin ser un boom), a medida que se consolidaba el cepo cambiario y el estancamiento de nuestra economía éstas fueron disminuyendo. Así, la salida de divisas por motivos comerciales debió ser pagada con Reservas del Banco Central y con el swap brindado por el Banco Central de China y otros préstamos institucionales.

Con el cambio de gobierno y la “vuelta a los mercados”, la entrada de inversiones financieras privadas de corto plazo se convirtió en la principal puerta de dólares hacia nuestro país. Este fue el elemento de mayor peso en 2016 y 2017, ya que entraron capitales por un promedio de 6,1% del PBI, un monto superior al déficit de la cuenta corriente (-3,8% del Producto). Así, el ingreso neto por inversiones de cartera acumuló más de USD 70.000 millones en el período.

El prolongado déficit de la cuenta corriente comenzó a encontrar su fin en 2018, cuando los inversores externos dejaron de querer financiarlo. A medida que los capitales privados revertían su ciclo y huían del país, el tipo de cambio se encarecía, sumiendo a nuestra economía en una aguda crisis. El cierre de la cuenta corriente no fue completo ese año, y el FMI fue quien aportó los dólares con los que se pagaron las importaciones, intereses y el saldo de servicios. En 2019, esto se repitió, acompañado de una importante pérdida de Reservas del Banco Central (USD -21.000 millones).

Mientras las Reservas internacionales propias y las prestadas por el Fondo pagaban por la salida de capitales y el déficit corriente, la crisis cambiaria ocasionó dos procesos que operaron para corregir nuestro desbalance externo. Por un lado, el derrumbe de la actividad económica generó una disminución en la demanda total de bienes y servicios. Mientras tanto, el encarecimiento relativo de los productos del exterior provocó una ganancia de competitividad-precio de nuestros productos en relación con los de otros países. Así, crecieron los incentivos a reemplazar productos importados por domésticos y a exportar.

Hacia el último trimestre del 2019, ya sin financiamiento de privados ni de institucionales, la suma de ambos efectos, junto con el adelanto de exportaciones por la expectativa de devaluación y las restricciones impuestas al giro de utilidades y dividendos al exterior equilibraron el déficit corriente. En 2020, el nuevo gobierno y la irrupción de la pandemia alteraron la dinámica de esta cuenta. Respecto a la nueva administración del ejecutivo nacional, la reestructuración de la deuda externa hizo que el saldo de rentas se achicara en 43% en el año. A la vez, la pandemia no sólo prolongó la crisis de la actividad -ralentizando junto con el control de importaciones la recuperación de las compras externas-, sino que además prácticamente clausuró el turismo internacional, achicando en 55% el déficit de servicios. Con todos los elementos listados (una recesión que ya lleva tres años en curso, una importante depreciación del tipo de cambio, una larga lista de prohibiciones cambiarias, una pandemia que impide viajar y una reestructuración de la deuda que no logró recuperar el acceso al crédito externo), Argentina pudo alcanzar un superávit anual de cuenta Corriente. Sin embargo, al conocer estos datos surgen dos inquietudes. ¿Logró el Banco Central acumular las Reservas que ingresaron al país como fruto de este proceso? ¿Será duradera la bonanza por la vía comercial? Veamos.

La primera respuesta es no: que hayamos cerrado las necesidades de financiamiento externo en 2020 fue una consecuencia de no haberlas conseguido, y no implicó que el Banco Central engrosara sus Reservas. Por el contrario, esta variable se redujo en casi USD 3.000 millones durante el año pasado. Esto se debió, principalmente, a la compra de dólares por parte del sector privado por más de USD 9.000 millones. Adicionalmente, las salidas (netas) de inversiones de cartera por casi USD 3.000 millones también erosionaron el ingreso de dólares por superávit de cuenta corriente. La falta de confianza y los problemas financieros, evidentemente, impidieron que la recuperación de las cuentas externas se trasladara a las Reservas.

Lamentablemente, la respuesta a la segunda pregunta también es negativa: el superávit de la cuenta corriente fue pequeño (apenas 0,8% del PBI) y muy condicionado por situaciones puntuales, como la crisis doméstica que aplacó las importaciones, la imposibilidad de viajar al exterior y el flujo muy reducido de intereses que dio como resultado el canje de la deuda. Aunque muy probablemente estas circunstancias no cambien notablemente a lo largo de 2021 (y, por lo tanto, el resultado de la cuenta corriente pueda volver a ser superavitario), difícilmente se pueda pensar que este nuevo signo sea estructural. Para peor, la estrategia de aumentar el tipo de cambio por debajo de la inflación esperada puede erosionar el saldo del comercio de bienes.

Teniendo en cuenta la escasez de nuestras Reservas netas y la volatilidad de los flujos financieros, sería deseable que nuestro país pudiera mostrar un saldo positivo de cuenta corriente en los próximos años, para sumar algo de certidumbre a una economía compleja por todos lados y estancada hace una década. Considerando lo costoso que resulta para la actividad y el empleo el ajuste de los desbalances corrientes, la mejor forma de lograr este objetivo es con un aumento sostenido de las exportaciones: estabilizar la economía y dejar atrás esta dinámica errática es el primer paso para lograrlo.