México | La inflación interanual de abril fue la más alta desde 2017

Economía

En el primer trimestre de 2021, el PIB registró un ligero crecimiento respecto del periodo anterior del orden de 0.4% y una disminución anual de -2.9%. Con este resultado, las expectativas de Consultores Internacionales, S.C.® al cierre del año se mantienen entre 2.5% y 3.5%.
Destaca que Indicador Mensual de la Actividad Industrial, índice de volumen físico, publicado por INEGI, durante marzo de 2021 registró un repunte de 1.7% a tasa anual, luego de 28 periodos consecutivos de resultados negativos, desde noviembre de 2018. El principal impulso fue la industria manufacturera que en marzo creció 6.2% a tasa anual.
Respecto de las variables de la economía financiera, en abril la inflación interanual cerró en 6.1% su nivel más alto desde 2017. Las expectativas son que hacia el cierre del año converja hacia la meta de 3% en el primer semestre de 2022 por lo que el Banco de México ha decidido mantener la tasa de interés objetivo a un día en 4.0%.

Política

El Poder Judicial ha ordenado la suspensión temporal de las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley de Hidrocarburos, que suspendían y cancelaban permisos de importación, comercialización y almacenamiento de petrolíferos, además de permitir al gobierno ocupar instalaciones privadas y entregarlas a empresas estatales para su operación. La suspensión ha sido calificada por el presidente como un apoyo directo al sector privado y ha revelado su intención de hacer cambios constitucionales para garantizar esta política de rectoría sobre el sector energético.
Otro tema de relevancia, ha sido el accidente en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México. El pasado 3 de mayo, colapsó uno de los tramos elevados del tren, lo que dejó 26 personas muertas y más de 70 heridos. Por un lado, la actual jefa de gobierno y el jefe de gobierno en 2012 que ordenó e inauguró la obra, son dos de los principales allegados al presidente y sus posibles sucesores. El trágico evento sucede a unas semanas de la elección federal intermedia, lo que posiblemente afectará al grupo político y su carrera hacia la presidencia.

Brasil | ¿Qué sucederá en el frente cambiario?

Economia

A atividade econômica continua sob efeitos da pandemia, especialmente pelo canal do reforço das medidas de isolamento social. Os resultados mais recentes, contudo, sugerem a possibilidade de um efeito menos negativo do que o período da “primeira onda”, mantendo um viés ligeiro de alta para atividade em 2021. Para o curto prazo, os dados ainda devem mostrar recuperação moderada ainda afetada pelo calendário com atrasos da vacinação. O segundo semestre, especialmente depois da consolidação dos programas de governo, deve trazer números mais relevantes para o ciclo econômico. O balanço de riscos para o câmbio foi alterado de forma significativa entre os componentes domésticos e externos. A paisagem internacional pesa no sentido da desvalorização do dólar em relação às demais moedas, por conta das preocupações inflacionárias crescentes. De todo modo, a questão fiscal é ainda uma restrição para o comportamento da taxa de câmbio, o que deve limitar a trajetória da moeda ao que seria um patamar de equilíbrio em linha com os fundamentos econômicos.

Política

Os vetos presidenciais ao orçamento de 2021 tiraram o quadro político do foco dos agentes econômicos, devido ao efeito benéfico na emenda do teto. Dito de modo mais direto: a recomposição das despesas obrigatórias sugere que o teto constitucional dos gastos fica preservado até o final da atual administração. Tal visão minimiza os riscos prospectivos do quadro fiscal/orçamentário e, especialmente, não capta o viés negativo para o ambiente político no curto prazo. A CPI da pandemia no Senado deve manter o governo sob agenda negativa, gerando tensões político-institucionais por parte do presidente, em uma estratégia de minimizar os danos das investigações. As portas não estão fechadas para as algumas das reformas por conta, especialmente, das mudanças regimentais em tempos de trabalho remoto. Os líderes partidários e os presidentes da casa legislativa têm maior autonomia para levar um projeto ao plenário. A janela de governabilidade é curta por conta da falta de planejamento e de um governo que tensiona com os legisladores.

Uruguay | Inflación interanual de marzo dentro de la meta del Banco Central

Economía

Por primera vez desde abril de 2018 el registro inflacionario de marzo se ubico dentro del rango meta del Banco Central de entre 3% y 7%; el dato de 6,8% representa una caída de 1,6 puntos porcentuales (pp.) frente al inmediato mes anterior y de 4,1 pp. frente a marzo de 2020. Los precios en marzo crecieron 0,5% impulsados por el alza de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,7%), Prendas de vestir y calzados (1,9%) y Transporte (1,4%). El descenso inflacionario fue el resultado de varios factores coyunturales en lugar de una política monetaria restrictiva que podría profundizar el escenario recesivo actual; por un lado la fuerte contracción del nivel de actividad generó una menor demanda que se trasladó a precios; por otro, la producción de frutas y verduras no sufrió efectos climáticos adversos que encarecen el precio; y finalmente, el gobierno a decidido posponer el ajuste de tarifas de los combustibles lo que tiene una incidencia importante en la formación de precios de la economía.

Según las proyecciones de Oikos C.E.F. los precios se mantendrían durante lo que resta del año en niveles próximos a los actuales y en 2022 podrían situarse más próximo a 6,5% producto de la implementación de una política monetaria restrictiva anunciada por la autoridad monetaria y dejada en suspenso por la pandemia.

Política

De forma muy gradual y progresiva el gobierno se encuentra diseñando un plan de retomar la actividad de las actividades que actualmente se encuentran restringidas; al retorno de la presencialidad en la enseñanza primaria en el medio rural, en junio se sumaría el resto de primaria y paulatinamente secundaria. De igual manera, se retomaría a partir de junio las actividades deportivas amateurs.

No se ha planteado el retorno de la presencialidad plena en el sector público el cual se mantiene en “teletrabajo” y con dotación mínima para atender los servicios esenciales.

A las medidas existentes desde el año pasado, recientemente se sumó que la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social anunciaron la aplicación de facilidades de pago en aportes patronales, personales y monotributistas. La DGI también asignará exoneraciones a las multas, recargos e intereses de las financiaciones. Ello genera un efecto importante para el mantenimiento de la actividad empresarial.

La bimonetaria economía argentina: consecuencia de un peso demasiado liviano

El dinero tiene tres funciones: medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. El peso argentino cumple enteramente la primera función, a medias la segunda y para nada la tercera. Por el contrario, en nuestra economía, a pesar de que el dólar no sirve como medio de cambio en la gran mayoría de los mercados, sí es la moneda de ahorro de muchas familias y empresas, a la par que es una buena y rápida manera de sortear los problemas y distorsiones cotidianos que trae la inflación.

En este marco, podemos afirmar que nuestro país tiene una economía bimonetaria: los argentinos ganamos y gastamos en pesos, pero ahorramos y pensamos en dólares. En respuesta, se suma un componente a la demanda usual de divisas que tienen los demás países -cancelar importaciones, pago de deudas y remisión de utilidades y dividendos-. Este factor extra provoca que nuestra economía necesite más dólares para funcionar que las demás, agravando la escasez crónica de divisas que solemos enfrentar. Por lo tanto, la economía bimonetaria es una de las causas de la inestabilidad y desvalorización constante del peso.

Sin embargo, esta bimonetariedad no aparece ex nihilo: surge de la inestabilidad y desvalorización constante del peso, de que los argentinos no elijamos -lógicamente- a nuestra moneda como reserva de valor ni la usemos como unidad de cuenta. La economía bimonetaria es, por ende, causa y consecuencia de nuestras crisis recurrentes. Dado que esta característica es propia del sistema local, y que salvo contadas excepciones no suele repetirse en otros países, tiene sentido preguntarnos por qué la sufrimos, para desde ahí pensar en cómo podríamos cambiarla y qué beneficios nos traería superarla.

En los últimos largos años, ahorrar en pesos no fue una buena decisión, en tanto la tasa de interés de plazos fijos estuvo sistemáticamente por debajo de la inflación y, no menor, de la devaluación en el mediano plazo. En números, en los 220 meses que van desde enero de 2003 a abril de 2021, tan sólo en 20 la tasa de interés en pesos le ganó a la inflación mensual y a la tasa de devaluación mensual. Por el contrario, en 200 perdió contra una de estas variables al menos. En consecuencia, el peso no fue un buen activo financiero, es decir, buena reserva de valor, y de ahí la bimonetarización de la economía, que ya existía de antes, pero se reforzó en la última década.

Revertir esta dinámica es el primer paso para abandonar este esquema perverso: el dólar no saldrá de nuestras cabezas por decreto o a la fuerza, sino, de mínima, cuando el peso sea reserva de valor. En este marco, sobresale que en la actualidad la tasa de interés de plazos fijos minoristas se ubica apenas por encima del 2,6% mensual, un nivel muy inferior a una inflación que promedió el 4% en el último semestre. Por lo tanto, no estamos siquiera en vías de desandar el largo camino recorrido.

Los plazos fijos UVA, que ajustan por la inflación pasada, podrían solucionar parte de este problema. En este sentido, sobresale que crecieron 80% en términos reales durante el último año, mientras que los plazos fijos tradicionales avanzaron solo 7%. Sin embargo, aun con esta marcha dispar, los plazos fijos ajustables por inflación representan solo un 3,5% del total del stock de depósitos a plazo. En consecuencia, su impacto sigue siendo muy acotado y no está cambiando la dinámica de los ahorros.

Por el lado cambiario, si bien desde febrero el dólar oficial se viene depreciando lentamente, a un promedio del 2% mensual, de modo que el ahorro en pesos fue una mejor opción -el contraste es aún mayor con el dólar paralelo, que se encuentra un 6,6% por debajo del cierre de 2020-, esta relación no se sostiene al mirar un plazo algo más extendido. Por caso, durante el año pasado, la tasa de interés en pesos promedió 2,3% efectivo mensual, mientras que el dólar blue avanzó 6,9% en la media mensual. Peor aún, esta dinámica se refuerza al retrotraernos al 2018 y 2019: alguien que tenía 100 pesos al comienzo de 2018, habría terminado con 188 pesos en 2019 si los hubiera puesto en un plazo fijo, 227 si los hubiera ajustado por inflación y 407 si hubiera comprado dólares. En consecuencia, se observa cómo en los últimos años esta dinámica se viene fortaleciendo en lugar de atenuarse.

Entre las consecuencias de la bimonetariedad de nuestra economía están las devaluaciones recurrentes, y también el actual cepo. La demanda de dólares para ahorro se suma a la de importaciones, pagos de deuda y giros de utilidades, provocando que la oferta de divisas no alcance, y traiga como resultado correcciones vía precio del tipo de cambio. A la vez, la falta de profundidad del sistema financiero en moneda local limita la expansión del financiamiento al sector privado -en este caso, a mayor oferta, menor costo, es decir, menor tasa de interés activa-, dejando a nuestro país muy por debajo del promedio de la región.

A modo de ejemplo, en el promedio de la última década, sobresale que el crédito bancario representó el 42% del PBI en Colombia, el 61% en Brasil y más del 75% en Chile. En cambio, en nuestro país este número estuvo por debajo del 15% del PBI, según los datos del BIS. Para peor, a la par que este ratio más que se duplicó en los últimos veinticinco años en Brasil y Chile, en nuestro país se redujo en 5 p.p. en igual período. Este menor stock de ahorros en pesos reduce el monto prestable en nuestro país. En consecuencia, invertir en la Argentina suele ser más caro -además de inestable e incierto- que en otros países de la región.

La existencia y persistencia de colocaciones masivas en pesos que le ganen a la inflación y a la devaluación es condición necesaria para desandar el camino de la bimonetariedad. Sin embargo, no es suficiente: por caso, durante la década del 90, los precios casi no aumentaban y el tipo de cambio estaba fijo, pero la dolarización de la economía solo se redujo marginalmente, en el mejor de los casos. Por lo tanto, no alcanza solo con un cambio económico que se sostenga en el tiempo: también habrá que dar otras certezas. Por ahora, estamos en la dirección contraria, pero a tiempo para cansarnos de correr. El futuro podría no repetir el pasado.

Ecuador | El Legislativo podría poner en jaque las reformas que busca Economía

Economía

El presidente electo, Guillermo Lasso, ha dado a conocer varios nombres para su gabinete. La persona a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será Simón Cueva, doctor y magíster en economía por la Universidad de París I (Panteón-Sorbona) y quien, entre otros cargos, fue alto funcionario del Banco Central del Ecuador y representante del FMI en Bolivia. El nombramiento de Cueva ha sido bien recibido porque se lo considera un economista bien formado, que tiene clara la necesidad de avanzar en un proceso de consolidación fiscal y de mantener una buena relación con los multilaterales, pero que a la vez tiene una visión más social que el círculo de economistas cercanos a Lasso. Pese a haber trabajado en el FMI, la renegociación del acuerdo con ese organismo no será fácil, porque Lasso se ha pronunciado en contra de un aumento de impuestos, que es lo que el FMI sugiere que el Ecuador debería hacer –junto con reducir el gasto – para cerrar el déficit. El panorama fiscal se agrava incluso más con la reciente aprobación de una ley que eleva significativamente el salario de los profesores del sector público y que, según estimaciones del MEF, generará un aumento en el gasto anual superior al 2% del PIB.

Política

La composición de la Asamblea, donde el correísmo es la primera fuerza política con 49 de 137 asambleístas y el partido oficial tiene apenas 12 (más 19 del Partido Social Cristiano -PSC-, con el que formó alianza en las elecciones presidenciales), genera serios desafíos para el nuevo gobierno, porque muchas de sus reformas tienen que contar con aprobación del Legislativo. En ese contexto, se están llevando a cabo negociaciones entre los distintos movimientos para ver quién es el nuevo presidente de la Asamblea. Al momento de escribir este reporte (13 de mayo), suena con fuerza la opción de un acuerdo entre CREO (el partido de gobierno), el PSC y el correísmo, para que un diputado socialcristiano sea presidente y un correísta primer vicepresidente. Esa opción, absolutamente impensada hace apenas semanas, ya está generando reacciones en la opinión pública, pues gran parte de los votos con los que ganó Lasso fueron precisamente de personas que querían evitar el retorno del correísmo.

Colombia | Sumergida en una profunda crisis política y social

Economía

La economía colombiana enfrenta una situación difícil. Por un lado, el tercer pico de la pandemia de Covid-19 obligó a nuevos confinamientos. Por otro lado, los altos niveles de déficit fiscal y endeudamiento público hacen necesaria una reforma tributaria. Ante esto, el gobierno presentó una propuesta que detonó muy fuertes críticas que terminaron con el retiro del proyecto de Ley. A raíz de esto, aumentó la percepción de riesgo de Colombia en los mercados financieros internacionales y la tasa de interés de los bonos de largo plazo del Gobierno subieron a niveles de un país sin grado de inversión. Lo anterior generó a una pronunciada devaluación en los últimos días. Por otra parte, las protestas y los bloqueos han encarecido los alimentos. Por los anteriores motivos, se ajusta el pronóstico de inflación para 2021 en 3.1%. Se estima que la tasa de cambio se mantendrá cerca de los 3.700 COP/USD, en los próximos 6 meses. La aprobación de una nueva reforma tributaria puede revertir estos efectos lesivos.

Política

La propuesta de reforma tributaria fue el detonante del estallido social que vive Colombia en estos momentos. La propuesta fue objeto de oposición tanto por los partidos políticos como por la población de las principales ciudades del país. Lo anterior ha llevado a manifestaciones que han desencadenado graves eventos de violencia, el saldo ha sido la muerte de más de 10 civiles y un policía, además de saqueos de comercios, y enfrentamientos entre algunas comunidades y los manifestantes en el marco de las protestas. El Ministro de Hacienda y su equipo técnico renunciaron. Si bien el gobierno retiró el proyecto de ley, las protestas continúan y reúnen diversas reclamaciones que incluyen desde protestas contra el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, hasta protesta contra la propuesta de reforma al sistema de salud y muchas más demandas. Aunque ya se han anunciado conversaciones con los líderes de la protesta, el escenario para el gobierno es complejo.

El oficialismo impulsa una bicameral para controlar la hidrovía

La Hidrovía, es la vía navegable troncal más importante del país. Es una ruta fluvial de 1.635 km que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga, y su traza se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y Río de la Plata. Bajo su cauce de salida circula el 80% de la exportación nacional. Por allí se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores del país.

El contrato entre el Estado argentino y la empresa que se encarga del dragado de la hidrovía (Hidrovía S.A.), integrada por el grupo belga Jan de Nul y la empresa local Emepa, recibió una extensión temporaria, ya que expiraba a fin de abril. El dragado constituye una tarea esencial para conservar la funcionalidad de la vía navegable. Sin embargo, la decisión de cómo continuar una vez finalizado este contrato está siendo discutida muy fuertemente al interior del oficialismo.

El Presidente había anunciado, en agosto del año pasado, la intensión de crear una empresa estatal que se encargue de controlar la concesión de la hidrovía, al tiempo que anunciaba que era imposible que el Estado se encargue de dragar la vía navegable. Por ello, el Gobierno avanza en llevar adelante una nueva licitación para concesionar ese dragado.

De hecho, el Ministro Mario Meoni había firmado el 8 de abril un acuerdo para que la OCDE lleve adelante la gobernanza de la próxima licitación como forma de garantizar la transparencia del proceso. No obstante, desde el oficialismo no son menores las voces que reclaman estatizar la hidrovía (sobre todo desde el kirchenrismo), reclamando tomar el control en defensa de la soberanía nacional.

En ese marco, el Senado, con un fuerte impulso por parte de los senadores más cercanos a Cristina Kirchner, le dio media sanción a un proyecto que crea una Comisión Bicameral no solo para controlar la licitación, sino también para intervenir en el funcionamiento de la hidrovía.

La Comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del Sistema de Navegación Troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo. La Comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados, los cuales serán designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara e iniciarán sus funciones a partir de la vigencia de la presente ley.

Algunas de las facultades y atribuciones de la Comisión son las siguientes:
– Solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del público y de organismos locales como internacionales
– Elaborar informes brindando propuestas concretas y asesorando en el avance de las acciones propuestas, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente.
– Auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía.
– Ejercer el contralor del proceso licitatorio.

En definitiva, este proyecto de creación de la Bicameral de la Hidrovía debe enmarcarse en esa pelea interna entre diferentes sectores del oficialismo respecto de qué hacer con la Hidrovía (estatizarla, licitarla, a quién, qué intereses intervendrán, etc.). Una pelea que enfrenta nuevamente a sectores del kirchnerismo con los que representan a Sergio Massa, los Gobernadores y el propio Alberto Fernández.

El presente artículo es un extracto del Panorama Legislativo que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina.

Monitor Quincenal de Crisis

Acceda a nuestro Monitor Quincenal de Crisis para conocer las proyecciones por escenarios para 2021 del PBI, Consumo Privado, Inflación, Tipo de Cambio Oficial y Brecha Cambiaria.

A su vez, debido a la relevancia de la evolución de la situación sanitaria para el funcionamiento económico, encontrará un tablero de seguimiento de la vacunación contra el COVID-19 , donde se analiza dicha evolución a nivel nacional e internacional.

Haga clic en “VER INFORME” para acceder al reporte que publicamos quincenalmente. El mismo también lo podrá encontrar en Actividad-Informes Corporate. 

Brasil | Fragilidad fiscal y falta de coordinación política

Economia

As projeções para a atividade econômica em 2021 passaram a ter um viés negativo em linha com o recrudescimento da pandemia, com aumento de casos e óbitos em grande parte do País. As novas restrições à mobilidade social e à atividade econômica dos setores não essencial explicam a parte relevante desse ambiente mais perverso para o ciclo econômico. Esse efeito da pandemia é naturalmente relevante, especialmente em função do ritmo ainda lento de vacinação. A instabilidade macroeconômica aparece como resultado direto de um risco fiscal mais elevado em linha com a paralisia decisória em torno do orçamento. Basicamente, o mundo da política não encontrou acordo para realocação de gastos na atual conjuntura. Se, no passado, essa instabilidade não trazia efeitos mais relevantes para além da depreciação cambial, a realidade atual já mostra outros impactos da não resolução do componente fiscal.

Política

O ambiente político continua gerando um viés pessimista para o ciclo econômico em meio ao quadro alarmante de saúde pública. As bases de um quadro fiscal mais sólido seguem frágeis. Ainda, a descoordenação entre os tomadores de decisão prolonga os efeitos econômicos e sociais da pandemia. A tendência é de manutenção desse viés ao longo dos próximos meses. A expectativa é de que uma recuperação pouco mais consistente se materialize no segundo semestre. A raiz da instabilidade política é a baixa popularidade presidencial. As pesquisas de opinião pública mostram sistematicamente o aumento da rejeição à atual administração, contribuindo para um quadro de polarização crescente. O baixo capital político deve reforçar a fraqueza do governo no controle da pauta legislativa. A novidade de 2021 é que a popularidade passou a ser afetada pelo quadro pandêmico. Se somarmos os efeitos políticos da inflação em alta, chegamos à explicação da fraqueza do capital político do governo.

El Estado de los subsidios

Los subsidios económicos saltaron más de 100% en 2020 y crecieron casi 80% i.a. en el primer trimestre del 2021, duplicando a la inflación. Se desprende de estos números cómo vienen ganando peso como porcentaje del PBI, pasando de 1,6% en 2019 más de 3% este año. Esta dinámica encendió algunas luces de alerta hacia el interior del Ministerio de Economía, desnudando las distintas miradas existentes. En este marco, es importante repasar algunos aspectos de esta línea del gasto: ¿qué se subsidia en Argentina? ¿quiénes se ven beneficiados por las tarifas baratas? ¿cómo se financian estas partidas?

La Administración Pública Nacional paga actualmente subsidios por la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas; por el consumo residencial de garrafas; al transporte automotor, ferroviario y aerocomercial; y a otros (sector agropecuario e industrial, provisión de agua y saneamiento y otras empresas públicas). De estas transferencias, las que tienen un mayor peso son las destinadas a abaratar los servicios energéticos, disociando el costo de la electricidad y el gas del precio pagado por los hogares. El año pasado, los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del producto.

Estas transferencias buscan evitar que los movimientos en los costos del servicio (vinculados a las condiciones de producción, el tipo de cambio y los precios internacionales) afecten a las tarifas. Para esto, el Estado paga una porción de éstas, que varía según la evolución de los tres factores arriba mencionados y el precio del servicio pagado por el público. El volumen de los subsidios depende inversamente del precio de electricidad y gas pagado por los hogares. Esto es así, en primer lugar, porque los aumentos en el precio unitario que pagan los consumidores reducen el monto que desembolsa el Sector Público por cada kw o metro cúbico de gas utilizado. Pero, además, porque el uso de energía es sensible al precio (por caso, la demanda residencial trepó 76% entre 2005 y 2015, mientras que el PBI corriente subió la mitad). Por este motivo, al elevar el precio de estos servicios se reduce su consumo, disminuyendo el monto total a financiar por el Tesoro. Por último, y asociado a lo anterior, porque al necesitarse menos gas y electricidad, la demanda puede cubrirse con producción local, achicando la necesidad de importarlos, lo que es mucho más costoso e insume divisas en poder del Banco Central.

Actualmente, los subsidios vienen elevándose al ritmo del retraso tarifario, generando una distorsión de precios poco sostenible, que eventualmente deberá corregirse (aunque más no sea parcialmente). Esta situación se remonta a más de una década atrás, cuando la inflación volvió a tomar fuerza en nuestro país, sin que las tarifas se actualizaran en línea con esta, generando a la vez inequidades geográficas (al subsidiarse la distribución en el AMBA, esta zona pagaba tarifas más baratas que el resto del país). Así se llegó a que, en el momento de la asunción de Cambiemos, los usuarios minoristas de electricidad pagaban alrededor del 15% del costo monómico de generación. A lo largo de dicho mandato, el monto de subsidios se redujo sistemáticamente a fuerza de saltos muy importantes de tarifas (principalmente, en el área más subsidiada), llevando este porcentaje de cobertura al 63%, pero causando efectos sobre la inflación general y el nivel de actividad. A pesar de esto, desde la primera mitad de 2019, los mandatarios salientes decidieron interrumpir el proceso de aumentos y congelar el precio de estos servicios, que empezaron un nuevo proceso de atraso. Esta decisión no fue revisada por el Gobierno entrante, que mantuvo dichos precios congelados (primero de forma transitoria, por 180 días, y luego de forma más duradera, por la irrupción de la pandemia). De esta forma, a dos años del inicio del congelamiento, las tarifas de los servicios públicos perdieron la mitad de su valor en términos reales, generando un desequilibrio relevante.

Ahora bien, aunque aporta sostenibilidad a la dinámica de las cuentas públicas, subir las tarifas de gas o electricidad no es inocuo: tiene impactos sobre los ingresos de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo, y, además, sobre la dinámica inflacionaria. Desde este punto de vista puede comprenderse el motivo para postergar las actualizaciones, ya que las mismas agravarían la caída del salario real en una economía muy golpeada y a poco de las elecciones. A la vez, sumarían tensiones a una inflación que no da tregua.

Sin embargo, del lado contrario, se esgrime que es posible segmentar a los usuarios, con la intención de incrementar el pago únicamente de aquellos sectores que puedan afrontarlo. Este contrapunto es fundamental, ya que, dadas las características de los subsidios energéticos en la actualidad, el diseño de la transferencia es progresivo, pero pro-rico. En primer lugar, esto significa que el monto recibido por los usuarios de menores recursos representa un porcentaje mayor de sus ingresos, en tanto las tarifas tienen un peso mayor en su canasta de consumo. Sin embargo, a la vez, quienes más poder adquisitivo poseen reciben una mayor porción de subsidios totales, en tanto utilizan más gas y electricidad. Este problema de equidad podría ser resuelto diferenciando a los usuarios. Considerando las experiencias del IFE y la Tarifa Social Eléctrica, las bases de datos de AFIP y de ANSES, entre otros, esto pareciera ser viable técnicamente -y así argumenta el ministro Guzmán-. Este procedimiento agudizaría la progresividad y ayudaría a corregir el carácter pro-rico de dicho gasto. Sin embargo, la implementación de este esquema sigue postergándose, provocando que el desfasaje entre las tarifas y la inflación del resto de productos sea cada vez mayor.

Por su carácter pro-rico, los subsidios actuales no representan el mejor uso posible de estos recursos: si el objetivo fuera ayudar a los sectores vulnerables o estimular su demanda, existen herramientas más idóneas para hacerlo. Por llevarlo al extremo, si se eliminaran completamente los subsidios energéticos, podría recortarse en 7 puntos la alícuota del Impuesto al Valor Agregado o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo, ya focalizada en las familias de menores recursos.

Además, esta partida del gasto impacta en las cuentas externas. Las importaciones de energía se multiplicaron por más de 12 desde 2004 hasta 2013, deteriorando la balanza comercial energética. Así, el crecimiento de la actividad del período, pero también el congelamiento de tarifas, hicieron que nuestro país pasara de tener un superávit de USD 6.000 millones por esta vía en 2006 a ser un importador neto de energía por más de USD 7.000 millones en 2013. Pensando en el bajo nivel de Reservas netas y los compromisos con organismos multilaterales de crédito que hay por delante, podemos afirmar que los subsidios son un gasto ineficiente, costoso en pesos y dólares, en un país con un déficit fiscal y una necesidad de divisas importantes.

Aumentar las tarifas puede ser indeseable en lo inmediato y afectar al humor electoral. Sin embargo, si su congelamiento demanda crecientes recursos fiscales y de dólares, el resultado podría ser incluso peor: mayores expectativas de devaluación o un salto de los tipos de cambio paralelos afectarían más al humor electoral que una actualización del precio de los servicios públicos.