Gasto público y crecimiento: pensando más allá del Estado Nacional

El déficit fiscal nacional es una variable macroeconómica clave, en la medida en que determina cuánto impulso le da el Gobierno a la actividad económica, cuánto trepará la deuda soberana y cuánto será necesario emitir. Sin embargo, muchas veces se habla de las decisiones del Sector Público como las de un ente único, cuando en realidad éste se compone de centenares de organismos descentralizados en mayor o menor medida.

Las funciones (tanto de recaudación como de gasto) del Estado se organizan en tres niveles de Gobierno: nacional, provincial y municipal. Considerando la importancia relativa del primero de ellos, el análisis suele enfocarse en él. En este informe, en cambio, indagaremos en los datos de las cuentas fiscales consolidadas y subnacionales para explicar la evolución de cada nivel de gobierno, su rol y el signo de su balance financiero a lo largo de los últimos años.

El sector de gobierno de mayor proximidad es el municipal. Este ámbito abarca a más de 2.000 gobiernos locales (municipios, comunas, comisiones municipales y otros), que reciben recursos principalmente cedidos por las Provincias de las que forman parte (además de cobrar tasas). Por su escala y dispersión, este nivel es el que menos datos provee, a la vez que representó menos del 10% del presupuesto del Sector Público Argentino consolidado en 2017 -último año con datos-. Por este motivo, entonces, no lo tendremos en cuenta al momento de analizar el efecto macroeconómico de las cuentas públicas: su incidencia no es relevante a esta escala.

Los Gobiernos Provinciales, por el contrario, son una porción muy importante del Estado: las 24 jurisdicciones (23 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) representan 4 de cada 10 pesos del gasto público. Estos Gobiernos tienen a su cargo funciones muy relevantes de la provisión de servicios públicos como la educación (alrededor del 80% del gasto en educación es provincial) y la salud (más del 60% de esta función es pagada por administraciones subnacionales). A su vez, muchos de ellos tienen sistemas previsionales propios no transferidos a la ANSES, por lo que se encargan de cobrar aportes y contribuciones, además de pagar jubilaciones. Las Provincias también realizan obras públicas y pagan subsidios económicos en algunos casos (por ejemplo, a la Tarifa Social Eléctrica).

Para concretar estas finalidades, la principal fuente de recursos de las Provincias es la coparticipación de la recaudación nacional. Muchos tributos (como IVA y Ganancias) se giran parcialmente a las arcas subnacionales, por haberse recolectado en su territorio. En segundo lugar, las mismas Provincias tienen fuentes propias de recaudación impositiva (principalmente, los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y a los Sellos). Además, algunas de ellas cuentan con los aportes y contribuciones a las cajas previsionales provinciales. Por último, también reciben transferencias del Estado nacional, tanto definidas en el Presupuesto para programas específicos como extraordinarias. Aunque las primeras suelen ser mayoritarias, representando alrededor del 80% del total, las últimas fueron especialmente relevantes en 2020, ya que, con motivo de la pandemia y la caída de los ingresos provinciales, se brindaron muchas transferencias de emergencia, alcanzando un volumen comparable a las presupuestarias.

Considerando los distintos niveles de Gobierno, podemos observar que la presión tributaria (recaudación nacional y provincial y aportes y contribuciones a cajas previsionales de ambos niveles) alcanza a algo más del 30% del PBI. Este indicador fue creciente en el período analizado, pasando de 26% en 2005 a un máximo de 33% en 2015, para caer levemente después. Esta evolución fue similar en ambos niveles de gobierno, aunque la reducción de los impuestos provinciales comenzó con posterioridad (el pico se alcanzó en 2017, justo antes de la reducción de alícuotas acordada en el consenso fiscal de ese año). Del mismo modo, los ingresos totales del Estado crecieron, tanto por la suba de impuestos como por la incorporación del cobro de intereses, la venta parcial del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y de otros activos públicos.

A pesar de la mejoría por el lado de los ingresos, los gastos fueron más rápido, provocando que el sector público consolidado mostrase un déficit financiero -incluyendo el pago de intereses- desde 2009 y primario -sin contar intereses- desde 2011, con excepción de 2019. Aunque el desbalance global es compartido por ambos niveles de gobierno, las Provincias muestran, desde 2018, un resultado primario superavitario. Esta no es una característica homogénea, ya que existen algunas jurisdicciones que presentan un déficit operativo en relación con sus ingresos totales (siendo Chubut, Río Negro y San Luis las más destacadas), mientras que muchas otras (Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja, en los primeros puestos) tienen un importante ahorro fiscal previo al pago de intereses.

El crecimiento del gasto que llevó a la reversión del resultado fiscal se dio en ambos niveles de gobierno, aunque fue más acelerado en el ámbito nacional. Así, el gasto público del Estado Nacional pasó de 15% del Producto en 2005 a un máximo de 26% en 2016, reduciéndose luego. Por su parte, el gasto provincial trepó de 13% del PBI a 18% entre 2005 y 2017. A nivel país, la suba estuvo vinculada en gran parte con el crecimiento del sistema de seguridad social público que se dio después de la estatización de las AFJP, las moratorias previsionales y la creación de programas de transferencias condicionadas como la Asignación Universal por Hijo. Además, se observó un aumento de los servicios económicos por los mayores subsidios y obras públicas. Estos mostraron una participación máxima sobre el presupuesto de 28% en 2014, y luego fueron recortados. Por último, el pago de deuda tomó una posición preponderante en 2018-19, por la suba de las tasas y el tipo de cambio que traccionó la crisis cambiaria. Así, esta finalidad llegó al 20% del gasto nacional en ese año, para descender luego con la reestructuración de 2020.

Respecto a los gastos de las Provincias, su composición fue mucho más estable, mostrando apenas un crecimiento del 11% al 14% del total en seguridad social y una caída en otros servicios sociales (del 12% al 8% del presupuesto). Por último, la deuda también tomó relevancia en los Gobiernos subnacionales, pasando del 1% del gasto en 2015 al 5% en 2019.

El crecimiento del Estado (mayores recursos y más gasto) vino acompañado de un aumento del empleo público. Esta modalidad de contratación alcanza al 26% de los asalariados formales de centros urbanos a nivel país, mostrando una concentración mayor en algunos aglomerados (Viedma-Carmen de Patagones, Río Gallegos, La Rioja) que en otros (Río Cuarto, Gran Córdoba, San Nicolás–Villa Constitución). Estos trabajadores incluyen docentes, médicos, policías y toda persona con una relación de dependencia con el sector público de cualquier jurisdicción, y treparon 27% desde que comienzan las estadísticas (enero de 2012). En el mismo lapso, el empleo registrado privado cayó 3%, y otras modalidades de empleo (empleados domésticos e independientes) crecieron 26%.

Estos datos indican un problema en la dinámica del mercado de trabajo, replicable al nivel de actividad en general: mientras que el sector público y el informal crecen, a pesar de una mayor injerencia del Estado, el empleo privado formal cae. En este marco, la presión tributaria creciente recae cada vez más sobre un sector privado formal que se achica, generando un problema. En 2017, el gobierno de Cambiemos introdujo una reducción en las contribuciones patronales con la intención de fomentar las contrataciones, análogamente al programa de reducción de contribuciones para empleo joven lanzado la semana pasada, marcando que hay un consenso en las necesidades de relajar ciertos tributos.

Ahora bien, dado que es difícil recortar la importancia de los gastos públicos -por ejemplo, la AUH y el sistema público de jubilaciones parecieran ser políticas de Estado-, el desafío pasa a ser cómo financiar las diversas funciones sin generar tensiones cambiarias o de deuda, ni agobiar al sector privado formal, tal como viene sucediendo desde 2012. Los puntos de llegada parecen tan claros como difusos los caminos.

México | La inflación de junio cerca del 6%

Economía:

Durante las últimas semanas, el ojo de los analistas ha estado en la dinámica de los precios. La inflación que se ha acercado a 6% por ciento al cierre del mes de junio y que se mantendrá sobre este nivel en los siguientes meses, ha motivado cambios en la política monetaria, de inicio el Banco de México ha debido aumentar 25 puntos base la tasa de interés objetivo, por primera vez en un año. Las causas principales del aumento generalizado han sido los elevados precios internacionales de las commodities, incluyendo el petróleo que ha tenido fuerte impacto en el precio de los combustibles como el gas y la gasolina.
Se espera que la liquidez en el mercado de Estados Unidos comience a disminuir y que incluso haya aumentos en las tasas de interés de corto plazo, en tanto que la inflación en dicho país se ha mostrado al alza, lo que podría derivar en una disminución de la demanda de importaciones, con afectaciones al aparato manufacturero mexicano y a la recuperación. Al respecto, en Consultores Internacionales, S.C.® estimamos que el crecimiento del PIB al cierre de 2021 podría estar entre 4% y 5%.

Política:

Los altos precios petroleros han derivado en un periodo de inflación en diferentes energéticos, uno de los más importantes ha sido el Gas L.P. que en lo que va del año ha tenido un crecimiento de hasta 50%. A decir del presidente López Obrador, se debe también a la falta de competencia, razón por la cual ha propuesto crear una empresa de comercialización y distribución de este producto, utilizado hasta por 79% de los hogares en México, para cocinar. El planteamiento no parece sólido, en tanto que requiere de grandes inversiones, implica una fuerte complejidad logística, infraestructura y personal altamente capacitado.
Recientemente, el presidente buscará una reforma constitucional para que CFE, la empresa paraestatal de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en México controle hasta el 54% del mercado. El mensaje genera aún más incertidumbre en un sector en el que se ha buscado por varios medios la rectoría del estado, incluso contraviniendo en algunos casos los acuerdos internacionales pactados por México.

Monitor Cambiario Semanal

El tipo de cambio oficial aumentó 25 centavos en la semana, ofreciéndose al viernes a una cotización de 96,69 pesos por dólar. De este modo, en el último mes se depreció un 1%, muy por detrás de cualquier inflación previa o futura (la cual, si bien se mantiene en niveles elevados, perforaría en julio la barrera del 3% por primera vez en el año). Así, en los primeros siete meses del año, el tipo de cambio oficial camina 14 puntos porcentuales por detrás de la inflación del período, la cual superaría el 28%. No obstante, la apreciación real en lo que va del año fue menor (7,8%), en gran medida producto del repunte de la inflación internacional.

Por su parte, desde la instauración de las nuevas regulaciones cambiaras, el mercado de dólares financieros quedó segmentado. Las divisas financieras tradicionales (MEP y CCL AL30 segmento PPT) aumentaron un 1% en la semana (finalizaron al viernes a $168,2 y $168,9 respectivamente). Mientras que el contado con liqui tradicional avanzó poco más de $2 desde el refuerzo del control de cambios, el “CCL SENEBI” subió más de $9 en estas tres semanas, se ofrece (en promedio) a $180 y exhibe una brecha superior al 6,5% con el CCL tradicional. Mientras que las brechas financieras tradicionales rondan el 74%, la del SENEBI supera el 86%.

Una semana atrás, el dólar blue había alcanzado su máximo valor del año ($185) y acumulaba 17 ruedas consecutivas de aumentos. Desde ese entonces, el paralelo revirtió su dinámica alcista y se ofrece actualmente a $180,5. Si bien llegó a ofrecerse $10 por debajo de su máximo histórico de $195 en octubre de 2020, la comparación no es acertada producto de la inflación acumulada. Traído a precios actuales, esos $195 pesos representan $265 pesos de hoy.

Con cuatro días hábiles de rezago en la información, el Banco Central compró menos de USD 100 millones en el mercado de cambios en las últimas 5 jornadas. Sin embargo, según fuentes extraoficiales, en las últimas 3 ruedas habría vendido divisas en el mercado de cambios para defender la paridad oficial (hecho que no sucedía desde noviembre del 2020). Aunque no es un hecho menor que la autoridad monetaria comience a revertir su posición en el mercado de cambios, aun así, muy probablemente julio sea el mejor mes de la última década en materia de compra de divisas para el Central. A su vez, y a pesar del pago de de aproximadamente USD 230 millones al Club de París, el Banco Central recompuso Reservas Netas por casi USD 500 millones en los días transcurridos del primer mes del segundo semestre. Así, el verdadero poder de fuego de la autoridad monetaria aumentó más de un 70% en el año (aunque sigue más de 35% por debajo del promedio de diciembre 2019).

El presente artículo acompaña al informe “Monitor Cambiario Semanal” que podrá visualizar haciendo click en “Ver Informe” desde Appvisor, la App de Ecolatina. 

Ecuador | Avanza el plan de vacunación

Economía:

El Banco Central del Ecuador presentó los resultados de las cuentas nacionales para el primer trimestre de 2021. Según esa información, la economía ecuatoriana sufrió una contracción de 5,6% frente al primer trimestre de 2020 (en el cual el país entró en confinamiento apenas a partir de la segunda quincena de marzo). Por el enfoque del gasto, todos los componentes del PIB, salvo las importaciones, registraron una caída interanual en el primer trimestre del año. El consumo privado y las exportaciones se contrajeron 3%, la formación bruta de capital 6,3% y el consumo público 8,5%. De manera similar, casi todas las actividades registraron una caída en su producción, siendo las más golpeadas la construcción, la administración pública y el sector de restaurantes y hoteles. Pese al mal resultado del primer trimestre, es posible que en el año completo la economía registre un crecimiento superior al esperado (el Banco Central proyecta una tasa de 2,8%, el FMI una de 2,5% y CORDES una de 2,1%, que revisaremos el próximo mes). Esto se debe, principalmente, al rápido avance del programa de vacunación, que en las primeras semanas de julio ha alcanzado niveles récord.

Política:

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) eligió como su nuevo presidente a Leonidas Iza, quien tuvo una participación central en las violentas protestas de octubre de 2019 (cuando el gobierno de entonces eliminó, transitoriamente, los subsidios a los combustibles)
y tiene posiciones radicales de izquierda tanto en lo económico como en lo político. Iza ya ha dicho que quiere que el gobierno elimine el decreto por el cual los precios de los combustibles se actualizan mensualmente, con un tope de 5% cada vez, y ha amenazado con paros y movilizaciones si su
exigencia no se cumple. Otros sectores, como el arrocero (que exige un alza en el precio mínimo para su producto), también se muestran dispuestos a tomar medidas de fuerza. Al respecto, el presidente Guillermo Lasso ha dicho que el gobierno está abierto al diálogo, pero también advirtió que quienes corten rutas irán a la cárcel. Así, si bien el avance en el plan de vacunación ayuda a la popularidad del gobierno, el ambiente político no está exento de potenciales conflictos.

La Argentina dual: corazón de clase media, bolsillo de clase baja

En todos los ámbitos, la pandemia, más que crear tendencias, aceleró y profundizó las que ya estaban delineadas. Ahora que podemos apreciar y dimensionar los acontecimientos con mayor precisión, esta conclusión resulta evidente. Del mismo modo que no es una sorpresa la velocidad exponencial con la que se integraron el mundo físico y el digital en una única fuente de sentido y realidad, tampoco debería serlo que la nueva configuración social de la Argentina ahora esté a la vista de todos.

Su carácter bifronte se viene gestando desde hace años. La pandemia más la extensa cuarentena lo único que hicieron fue cristalizarlo.

Como todo ser dual, es complejo de definir y de predecir. Sus conductas resultan paradójicas, erráticas, en apariencia contradictorias. No encajan dentro de las características clásicas del juicio y del prejuicio. Y es justamente por ello que pueden conducir a errores de interpretación.

A un extremo de la grieta se preguntan: ¿cómo es posible que un laburante vote a la derecha?, sin llegar a comprender que para ese trabajador no se trata de derecha o izquierda. Del otro lado sucede lo mismo, solo que en sentido inverso. ¿Cómo se explica que un profesional formado, educado, con acceso a una vida confortable pueda adherir a propuestas que a la larga pueden terminar atentando contra su propio confort?

Parafraseando a Pascal, ¿de qué manera ese corazón de clase media tiene razones que la razón no comprende? Interrogando desde el otro lado del fenómeno cabe recordar a Juan Carlos Pugliese, aquel ministro de Economía de Alfonsín que asumió en plena hiperinflación de 1989 y dejó para la historia una frase arquetípicamente argentina: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.

El problema de la hibridez es que siempre se torna complejo dilucidar la proporción de carga genética de cada una de las partes. ¿Qué pesa más, el corazón de clase media o el bolsillo de clase baja? ¿El acervo cultural y la carga de valores o los apremios de la economía cotidiana? ¿Cómo se influencian mutuamente lo uno con lo otro? ¿Hasta dónde el problema son las siempre ascendentes expectativas de la clase media, que por lógica no hay bolsillo que pueda satisfacer? ¿Es la clase media una construcción simbólica e identitaria que siempre se corre el arco a sí misma y por eso “nunca llega”? ¿O en realidad estamos asistiendo a un proceso de degradación en cámara lenta donde nos encontramos pidiendo siempre lo mismo en un espiral descendente?

Por ser un espiral no llegamos a percibir que aunque el requerimiento sea el mismo, en cada ocasión lo hacemos desde un escalón más abajo y eso nos aleja más y más del objeto de deseo.

¿Tiene la sociedad argentina, por su configuración dual, una insatisfacción crónica, o en realidad la velocidad del deterioro es superior a la de readecuación de sus demandas?

En pocas palabras: ¿siempre queremos más de lo que podemos o a pesar de querer cada vez menos no llegamos ya ni siquiera a eso?

Números para el análisis
Si le ponemos números al análisis, tal vez quede más claro el dilema.

Entre 2012 y 2020, la economía de la Argentina cayó 13%, la inflación fue del 1438% y el desempleo subió 3,5 puntos porcentuales.

A pesar de haber caído 7 puntos, como lo demuestra el estudio publicado recientemente por el Banco Mundial, la clase media sigue abarcando en nuestro país al 45% de las familias. Y si lo vinculamos ya no con lo fáctico, sino con el imaginario, lo que expresa la clase media continúa siendo atractivo para 3 de cada 4 argentinos. Tanto nuestros estudios como los del Observatorio de Psicología Social de la UBA lo confirman. El 75% de la población se autopercibe integrando este gran colectivo social.

El punto hoy es cómo se articulan el componente simbólico con la realidad constante y sonante de la economía cotidiana. Corazón y bolsillo.

Al cierre del cuarto trimestre de 2020, para considerarse como parte de la clase media alta, una familia de la Argentina tenía que tener ingresos mensuales totales “piso” de $120.000 y “techo” de $250.000. El promedio, $150.000. Con esos valores se pertenecía al 17% de la familias que en la pirámide social se ubican en el segundo escalón, inmediatamente debajo de la clase alta. A la cotización del dólar blue del cierre del año, esos valores eran: US$720 piso, US$1500 techo, y US$900 promedio.

Si nos detenemos a analizar el otro segmento que integra la clase media, que es la clase media baja, mucho más frágil y vulnerable, la situación resulta más apremiante. El piso de ingresos era $60.000, el techo $120.000 y el promedio, $75.000. Llevado a dólares blue, US$360, US$720 y US$450 respectivamente.

La conversión de los ingresos familiares de la clase media a dólares está lejos de ser trivial. Responde a que justamente sus expectativas de consumo están vinculadas en gran medida con bienes icónicos que tienen “dólares adentro”. Simplificando, y a riesgo de ser demasiado lineales, para la clase media alta, el viaje, el auto, la tecnología y la ropa. Para la clase media baja, el celular, la computadora y las zapatillas.

Podrá decirse, con razón, que esos bienes, en el caso de ser importados o tener componentes que llegan del exterior, entran al país a dólar oficial, lo cual es cierto. Pero no puede desconocerse que en la Argentina lo que sucede con el dólar blue se filtra en todas las cadenas de valor disfrazado de inflación. Al fin de cuentas es lo mismo, o bastante parecido.

El shock de los precios
Es lo que, al “salir de la caverna” en la que hibernaron buena parte del año pasado llevó a los consumidores a shockearse con ciertos precios haciéndose una pregunta simple y casi infantil: ¿qué pasó? ¿Un celular cuesta entre $150.000 y $250.000? ¿Un par de zapatillas, entre $10.000 y $20.000? ¿Un kilo de asado entre $600 y $800? ¿Qué pasó?

Buena parte de la explicación hay que buscarla justamente en el dólar blue. Entramos a la cuarentena con un dólar de $86 y salimos con uno que valía casi el doble.

Si no queremos tomar este parámetro y pasamos a pesos, basta registrar que hoy la inflación interanual es del 50%, según la medición del Indec de junio. Por donde se lo que quiera mirar el problema es similar. El poder adquisitivo de los hogares argentinos se redujo 8% en promedio durante el primer trimestre de 2021. Medido en pesos, considerando ingresos de los hogares e inflación publicados también por las estadísticas oficiales. Y medido en dólares blue, la caída fue del 19%, con un dólar “contenido”.

La Argentina dual le está encontrando sus propias respuestas al dilema. Son de orden práctico más que filosófico.

Se consolidan patrones de consumo más sajones que latinos. Prima la sensatez, la austeridad y la conveniencia. Lo que antes se escondía ahora se socializa. La cultura low cost gana cada vez más adeptos. Crecen los outlets, los mayoristas, las ferias, los showrooms, las segundas marcas y, por supuesto, el comercio electrónico, propio de la nueva era donde físico y digital ya son una única cosa.

Otro símbolo de la época es que muchos consumidores ya no hablan tanto de segundas marcas, sino de “primeras marcas desconocidas”, sutileza que busca calmar a ese corazón de clase media que se inquieta cuando siente que su bolsillo ahora es de clase baja. Al menos para su percepción y sus expectativas.

¿De qué manera esta dualidad que se venía gestando, pero que ahora se transparentó y quedó expuesta, reconfigurará la narrativa de nuestra identidad nacional? ¿Será aceptada con resignación o, por el contrario, provocará enojo? ¿Se procesará el dolor que produce un movimiento descendente de este calibre o se manifestará en el decir y el hacer de los ciudadanos?

Interrogantes que se abren ahora que todo está a la vista.

 

La presente nota fue publicada en el diario LaNación el 26/07/2021.

Dólar, elecciones y después: la pelota está en el Fondo

Las devaluaciones pos-electorales son una casualidad recurrente en nuestro país. Por distintos motivos y con distintos resultados, el dólar saltó después de las cuatro elecciones que tuvieron lugar entre 2013 y 2019. Previendo este escenario, en las últimas semanas reaparecieron las tensiones. Aunque el tipo de cambio oficial siguió moviéndose lentamente en julio (subió menos de 0,7% en las primeras tres semanas), el dólar blue saltó más de 10% y la brecha pasó de la zona del 75% a la del 90%. A la vez, preocupado por estas presiones, el Banco Central endureció los controles sobre los tipos de cambio financieros a comienzos de mes, impidiendo una suba mayor.

Ahora bien, la historia no es lineal y esta vez será diferente, afirman desde el Gobierno. ¿Qué razones hay para pensar que podría serlo? ¿Por qué no, qué tienen en mente los que proyectan una devaluación? Contraponer los distintos argumentos nos permitirá entender un poco más a ambas partes y precisar el panorama, para así intentar llegar a una conclusión.

La primera variable que suele analizarse en estos casos es la competitividad. Cuando el dólar está barato, la industria tiene problemas para operar, ya que sus costos se ubican por encima de los de otros países, de modo que las importaciones se abaratan relativamente y un ajuste cambiario ayuda a nivelar las cosas. A precios de hoy, el tipo de cambio oficial estaba a 65 pesos antes de las devaluaciones de 2013, 2015 y 2017. No pareciera entonces haber razones para un salto por este lado.

Por otra parte, los movimientos cambiarios suelen acelerar la inflación, golpeando al poder adquisitivo y afectando al consumo y al nivel de actividad. Después de un arranque muy complejo en la materia, la suba de precios pareciera haber empezado a bajar en los últimos meses, acercándose a la zona del 3% mensual. En la misma línea, reapertura de paritarias mediante, los salarios formales se aprestan a tener su mejor semestre desde 2017. Esta recuperación fortalecería al nivel de actividad, que también mejoraría en los próximos meses. Un salto cambiario borraría todos estos avances, argumentando a favor de la estabilidad pos-electoral.

Las razones no son sólo de tasas: también son de niveles. Mientras que en las devaluaciones comparadas la inflación acumulaba poco menos de 30% en los últimos doce meses, en la actualidad está por encima del 50%. A la vez, los salarios formales eran un 20% más altos que en 2021, en tanto que el nivel de actividad estaba, en promedio, casi un 10% por encima de la actualidad. Otra vez, motivos para no ajustar el tipo de cambio después de noviembre.

En otro orden, sobresale que las reservas netas casi se duplicaron en el primer semestre, acercándose a los U$S 8.500 millones. Mejor aún, el ingreso de divisas que reportará la aplicación de Derechos Especiales de Giro que realizará el FMI en agosto traerá U$S 4.500 millones más, devolviendo a este stock fundamental a los niveles pre-pandemia. Sin embargo, a pesar de estos avances, esta variable sigue un 40% por debajo del promedio 2011-2019, marcando que el poder de fuego para contener al dólar es limitado. Y acá el panorama empieza a cambiar.

Entre septiembre y diciembre, hay vencimientos de capital por casi U$S 5.000 millones con el FMI, que sin un acuerdo tendrían que cancelarse con reservas. Además, es probable que el Banco Central intervenga en el mercado de cambios oficial y paralelo en los próximos meses, en pos de contener las tensiones pre-electorales, debilitando todavía más a este stock. En respuesta, esta variable terminaría el año cerca de los U$S 5.000 millones, un valor crítico.

Reforzando el argumento devaluatorio, aparece el calendario de vencimientos con el Fondo: en 2022 hay que compromisos por casi U$S 20.000 millones, es decir, más del doble de las reservas netas actuales. El acuerdo, entonces, parece inevitable. Mirando lo que pasó en 2018, podríamos pensar que el organismo multilateral exigirá menores intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios a cambio de su firma, sinónimo de una devaluación, tal como lo hizo en 2018.

Sin embargo, en abril de 2019 el FMI flexibilizó esta postura, permitiendo algunas intervenciones. A la vez, la pandemia y el cambio de autoridades parecieran haberle hecho rever algunas posiciones al Fondo, volviéndolo un poco más pro-regulaciones. Aunque este organismo sigue siendo un enemigo del cepo y los esquemas de restricciones, es posible que exija un desarme paulatino de estos, no inmediato como hubiera demandado algún tiempo atrás. Del otro lado, los vencimientos “fuertes” con los acreedores privados recién arrancan en 2024, de modo que hay oxígeno por este lado.

La dinámica de la inflación y del nivel de actividad juegan a favor de la estabilidad cambiaria después de las elecciones. A la vez, a pesar de las subas de impuestos y aumento de la brecha de productividad de los últimos años, la competitividad tampoco exige una devaluación. Al mirar las reservas netas y los vencimientos de deuda, la situación cambia, y la demanda de dólares empieza a sobrepasar a su oferta. La pelota está en el Fondo: habrá que ver si decide salir jugando, lentamente, o la revienta para arriba.

 

La presente nota fue publicada en el diario ElDiarioAR el 25/07/2021.

Costa Rica | La Asamblea Legislativa aprobó acuerdo con el FMI

Economía:

Recientemente, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentó las cifras del Producto Interno Bruto correspondientes al primer trimestre de 2021. Los datos muestran que la economía decreció 1,3% en términos interanuales, caída ligeramente más fuerte que la estimada en abril (1,2%). Las actividades de alojamiento y servicios de comida fueron las más afectadas (-40,4%),
seguidas de transporte y almacenamiento (-19,1%) y construcción (-10,6%). Por su parte, las actividades de manufactura crecieron 6,1%, sector que tuvo el mejor desempeño en este período. Asimismo, el sector de enseñanza y actividades de la salud humana creció 4,5%, la segunda actividad con mayor crecimiento en este trimestre. Otro sector de la economía que presentó un
comportamiento favorable fue el de información y comunicaciones, el cual creció 2,0%. Adicionalmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó recientemente su proyección de crecimiento para Costa Rica este año, la cual estima en 3,2%, cifra más optimista que la anunciada por el BCCR en abril (2,9%).

Política:

El pasado 29 de junio la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el acuerdo de servicio ampliado de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de $1 778 millones. La aprobación definitiva le permitiría a Costa Rica acceder a uno de los seis desembolsos, por $292 millones, que incluye la operación financiera. Este primer tracto únicamente requiere la luz verde del Congreso y el resto dependerían de evaluaciones que haga el FMI sobre el avance que tenga el país en su ruta propuesta para enderezar sus finanzas públicas. No obstante, dado que el Gobierno aún mantiene el nombramiento de Ottón Solís como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –decisión que varios diputados han pedido revocar–, la aprobación en segundo debate se ha postergado por la presión del Congreso sobre el Ejecutivo para revertir esta decisión.

El consumo de durables también está condicionado por el ingreso disponible

Cómo evolucionó la venta de motos en los últimos años?

Saltos cambiarios, incertidumbre, cuarentena y caída del poder adquisitivo fueron las variables que moldearon el derrotero en el que el país se encuentra desde que comenzó el 2018 y que todavía no queda claro cuándo terminará. En este escenario la venta de motos, como la mayoría de los bienes durables, mostró una pésima dinámica. Las ventas pasaron de 75 mil unidades a comienzos de 2018 a apenas 4 mil durante la etapa más estricta de la cuarentena. Actualmente y luego de una recuperación importante, las ventas superaron el nivel previo a la cuarentena, pero las 29 mil unidades vendidas durante junio no alcanzan la mitad de aquel máximo.

En este marco de extrema volatilidad e incertidumbre es razonable buscar herramientas que nos permitan proyectar la tendencia que el mercado mostrará en los próximos meses. Es por esto que recurrimos al Indicador de Ingreso Disponible Ecolatina (IDE) el cual podemos manipular para que capte la dinámica del mercado

Qué impacto tuvieron los cambios en el IDE?

El IDE busca captar los cambios en el ingreso que los hogares tienen disponible para gastar en bienes de consumo masivo, ciertos servicios privados no esenciales y bienes durables. Es por esto que en su versión original dificilmente sea un buen proxy de la venta de motos.

Ahora bien, la metodología aplicada nos permite ser flexibles y acotar el universo que el indicador puede analizar. Tomemos el IDE de un hogar promedio, restemos el consumo de alimentos y bebidas y, lo que queda, pasemoslo a dólares. De esta manera tendremos una serie del poder de compra del ingreso no destinado a bienes y servicios esenciales ni alimentos y que sigue la evolución del precio de buena parte de los bienes durables. Es decir, es el mejor acercamiento posible a la evolución potencial del mercado de motos.

Un mercado tan cambiante y complejo no puede medirse con una sola variable, pero el IDE hace un muy buen trabajo y expone de forma muy clara los determinantes secundarios de la dinámica del mercado. Cuando el mercado cambiario estuvo unificado (2018/2019), incluso en un contexto de muchísima incertidumbre, el indicador logra captar casi perfectamente la evolución de ventas del sector. Posterior a las PASO de 2019 la venta de motos comienza a moverse muy por debajo de lo que debería dada la evolución del IDE lo cual es lógico dada la situación altísima incertidumbre (la brecha cambiaria era acotada y con expectativas de que crezca). Con la cuarentena y el aumento de la brecha cambiaria las ventas de motos se disparan muy por encima de la evolución del IDE.

Noten que si bien las magnitudes de las variaciones son distintas las direcciones son muy similares (cuando uno sube el otro también!), esto es importante pensando en la posibilidad de armar un modelo econometrico que analice el peso de cada variable.

En conclusión, al usar el IDE logramos captar buena parte de la dinamica del mercado y entender que tanto la situación del mercado cambiario (expectativas y brecha) como la cuarentena son variables que deben considerarse para entender el futuro de la demanda. El próximo paso podría tomar la forma de un modelo econometrico que calcule el peso de cada una de estas variables y nos ayude a proyectar, pero también a entender la relación entre las distintas variables y las razones del comportamiento pasado.

Colombia | Se espera un crecimiento del 6,5% para 2021

Economía:

En el mes de junio, la economía colombiana ha empezado a recuperarse de los efectos nocivos de las protestas del 28 de abril. La inflación intermensual en el mes de junio fue de -0.05% lo que empieza a contrarrestar el efecto de los bloqueos en los precios de alimentos. Por otra parte, los efectos del paro en variables como desempleo no fueron tan fuertes como se preveía, puesto que la tasa de desempleo sólo aumentó en 0.2 puntos porcentuales relativo al mes de abril, aunque sí se vio una afectación importante en Cali (4.4 puntos porcentuales). De esta manera, se mantienen los pronósticos de crecimiento de 6.5% para 2021, inflación de 3.6% a fin de año y una tasa de desempleo de 14% en 2020. Sin embargo, la celeridad que ha tenido el proceso de vacunación en las últimas semanas podría justificar aumentos en el pronóstico de crecimiento y de inflación. Un evento que puede modificar los pronósticos de inflación es la aprobación de la reforma tributaria.

Política:

El 13 de julio el gobierno presentó la nueva propuesta de reforma tributaria. Dicha propuesta busca recaudar cerca de 15 billones de pesos (1.5% del PIB de 2020) y su financiación está ligada al incremento del impuesto de renta de las empresas de 33% a 35%, una sobretasa al sector financiero del 3% hasta 2025 y la normalización tributaria. Además, 2.7 billones recaudados serían resultado de la lucha contra la evasión. Con esto se busca preservar hasta 2021 el programa de ingresos solidario y el programa de apoyo a la nómina PAEF hasta 2021. Además, con estos nuevos ingresos se busca financiar un subsidio del 25% del salario mínimo para jóvenes (18 a 28 años) con el fin de aumentar la empleabilidad formal. El gobierno y varios centros de investigación han resaltado que si bien esta reforma no es la mejor técnicamente si es políticamente viable. A pesar de esto, para el 20 de julio se
convocaron marchas en contra de esta nueva reforma tributaria.

PyMEdemia: Argentina, con menos empresas que hace diez años

En la primera mitad del año, tanto el consumo como la inversión mostraron algunas señales de reactivación. El primero, alentado por la recuperación de parte de los puestos de trabajo perdidos en 2020, y la segunda por la obra pública y el impulso privado a la construcción. A pesar de estas mejoras, la cantidad de empresas, una variable clave para pensar no sólo en el crecimiento actual, sino también en el futuro, no está logrando seguirle el paso.

Durante el año pasado, más de 20.000 empresas cerraron sus puertas, según los números de AFIP. De esta forma, la plaza total se redujo 4,2% y volvió a los niveles de 2008. En los últimos años, se observaron tres etapas bien diferenciadas en esta variable: entre 2003 y 2011, la cantidad de empresas del sector privado formal saltó 60%, ayudada principalmente por una economía pujante. Entre 2012 y 2018, el estancamiento del PBI tuvo en su correlato en la cantidad de firmas, que permaneció invariante. Finalmente, entre 2018 y 2019 cerraron cerca de 18.000 empresas netas (-3,9%).

La radiografía de las razones sociales es, como podría esperarse, tan amplia como dispar. Excluyendo del análisis a las firmas unipersonales (asociadas al cuentapropismo), más de la mitad del total emplea a menos de 25 trabajadores formales. Sin embargo, estas empresas explican menos de 1 de cada 3 empleos. A la vez, estas firmas pagan salarios un 35% más bajos que la media, que se encuentra “inflada” por las empresas grandes que remuneran mejor.

En el otro extremo, casi 1 de 4 trabajadores lo hace en firmas de más de 500 personas, quienes cobran un salario 50% por encima del promedio. Así, estas disparidades también se reflejan en la masa salarial: en el último marzo, las pequeñas empresas concentraron menos de un quinto de ésta, mientras que las grandes explicaron casi el 40%.

Por otro lado, sobresale que 3 de cada 4 empresas argentinas se desempeñan en servicios. Aunque a nivel agregado no hay diferencias significativas en el tamaño en relación con el otro sector de la economía, las productoras de bienes, sí hay algunas disparidades al analizar rubro por rubro. Por caso, las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras, al suministro de electricidad y gas y a la enseñanza tienen en promedio más de 75 trabajadores, mientras que, en el otro extremo, las empresas agropecuarias, comerciales y de servicios profesionales y personales cuentan con menos de 10 empleados formales por razón social.

Volviendo a la evolución del número de firmas, observamos que, en marzo, casi un año después del piso del nivel de actividad, las empresas netas no volvieron a crecer de manera significativa; por el contrario, su número sigue estancado en torno a 520.000. De esta forma, el saldo de la pandemia está siendo la pérdida de aproximadamente 20 mil unidades productivas (-4%), junto con la destrucción de 100 mil puestos formales de trabajo (-1,6%). El segmento más afectado son las proveedoras de servicios: el 95% de las firmas que cerraron pertenecían a este rubro, representando una caída de 5%. Más de la mitad de los cierres se concentró en empresas de comercio (-4,1%), transporte (-8,1%) y gastronomía y hotelería (-13,8%), casualmente, los rubros más golpeados por las restricciones. Por su parte, las empresas productoras de bienes se redujeron “solo” en 0,8%, mostrando una pérdida neta de 700 firmas.

Al igual que en el análisis sectorial, también hubo desempeños dispares en el impacto de la pandemia al comparar según tamaño de empresa. Mientras que las firmas de hasta 25 empleados formales se redujeron en un 4,2% -lo que implicó una caída de casi 4% del empleo en este segmento-, las razones sociales de más de 500 empleados apenas cayeron 0,4% i.a., marcando un avance de 0,7% en la nómina de trabajadores. Como se ve en el gráfico, parece haber una relación directa entre la performance durante los últimos meses y el tamaño de las firmas, evidenciando que las PyMEs fueron las que peor parte se llevaron.

Sea por sector o tamaño, la dinámica de las empresas es una buena caracterización del estado general del mercado laboral y sus desafíos en la pos-pandemia. Más de un año después del comienzo de la crisis sanitaria, la cantidad de empleadores del sector privado no muestra señales de recuperación, dejando en el camino a muchas de las firmas más vulnerables. Esto también sucede en el mercado de trabajo: si bien la dinámica del empleo formal privado parece no ser tan alarmante, el empleo informal -típicamente de mayor inestabilidad y menores ingresos- todavía se encuentra por debajo de los niveles del último trimestre de 2019, según la Encuesta Permanente de Hogares.

El empleo privado de calidad no se recuperará sensiblemente si no hay una creación neta de empresas relevante que lo permita antes. En la actualidad, la cantidad de firmas está en los niveles del primer año del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y, si bien la cantidad de trabajadores creció un 6% desde entonces, la población habría saltado alrededor de 15% en el período, no alcanzando para absorber a todos los nuevos ingresantes al mercado laboral -las cifras de desempleo de entonces son poco fiables, de modo que no son comparables con las de hoy en día-. Sin un crecimiento sostenido de la cantidad de empresas, pequeñas, medianas y grandes, dedicadas a bienes y a servicios, es muy difícil proyectar una recuperación sostenida del empleo y la economía en nuestro país.

Ahora bien, y antes de cerrar, vale destacar que el stock de empresas es un buen indicador, no solo de la dinámica actual, sino, también, del futuro -y de qué esperamos los argentinos-. En una economía pujante con opciones de inversión, se abrirían empresas, en tanto el sector privado se mostraría dispuesto a asumir riesgos y emprender nuevos proyectos, confiando en su rentabilidad. Lamentablemente, la situación es la opuesta y el rebote de la pandemia pareciera ser eso: un rebote, que no se transformará en despegue.