Ayudado por ingresos extraordinarios, el déficit primario continúa por debajo del de 2018

¿Cómo fue el desempeño fiscal en julio?

En el séptimo mes del año, las cuentas fiscales del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) mostraron un déficit primario de algo menos de ARS 100.000 M (0,2% del PBI) y un rojo financiero de más de ARS 160.000 M (0,4% del Producto). Estos montos son muy inferiores a los del mismo mes del año pasado, cuando los saldos negativos habían sido de 0,6% y 0,7% del Producto, respectivamente. Sin embargo, es destacable que en esta ocasión se registraron dos tipos de ingresos extraordinarios que ayudaron la dinámica de los recursos. Por un lado, se incluyeron aportes de las grandes fortunas por más de ARS 19.000 M. Además, se registraron casi ARS 12.000 M de impuesto PAIS colectados el año pasado. De este modo, los números previos tuvieron un impulso extra de casi 0,1% del PBI. Aun si descontáramos estos, la mejoría sigue siendo notoria en comparación con 2020.

En línea con lo anterior, el déficit acumulado de los primeros siete meses del año muestra una contracción muy importante con respecto al observado en igual lapso del 2020. El déficit primario (ARS 300.000 M, 0,7% del PBI) se redujo 3,1 p.p. del Producto, ayudado por la mejora de los términos de intercambio, el aporte solidario, la reducción en términos reales de las prestaciones sociales y la dilución de los programas por covid. Mientras tanto, el resultado financiero (ARS 680.000 M, 1,6% del PBI) se desplomó en 3,4 p.p. del Producto, por la conjunción de estos factores y la reestructuración de la deuda que redujo los pagos de intereses.

¿Qué explicó esta evolución?

Los recursos siguen mostrando un importante crecimiento en términos reales (+14% i.a.) de la mano de un mayor nivel de actividad y unos precios externos más favorables. Sin embargo, al comparar los ingresos con aquellos obtenidos en igual mes de 2019, los de este año fueron 7% menores. Además, hay que considerar que en julio se registraron recursos extraordinarios: si omitiéramos el aporte de las grandes fortunas y la imputación adicional del impuesto PAIS, los ingresos todavía serían 10% superiores a los de julio de 2020, pero 11% inferiores a los de julio de 2019 (siempre en términos reales).

La contracción de los gastos también contribuyó a que el déficit siguiera su camino descendente: las erogaciones primarias cayeron 5% i.a. en términos reales. Esta caída estuvo motivada por la significativa reducción de los programas efectuados por la pandemia y la licuación de las prestaciones sociales por la inflación (el pago de jubilaciones volvió a contraerse 7% i.a. en términos reales). En el mismo sentido, las transferencias corrientes a Provincias se recortaron en 36% i.a. real, debido a que el año previo se habían realizado muchos envíos extraordinarios por la emergencia sanitaria. Por el contrario, los subsidios energéticos continúan creciendo significativamente (+65% i.a. deflactado), los gastos de capital treparon 26% i.a. real y los gastos de funcionamiento se incrementaron en 12% i.a., explicado casi en su totalidad por la adquisición de vacunas para covid. Sin considerar este rubro, la suba habría sido de apenas 1% i.a. real.

¿Qué esperamos para lo que viene?

El resultado fiscal hasta el momento viene mostrándose mejor de lo que se preveía. Luego de un 2020 de déficits récord, el saldo primario está lejos de parecerse al de 2019 (cuando el resultado de los primeros siete meses había sido positivo), pero sí se asemeja -e incluso es menor- al de 2018. En una mirada algo más positiva, el déficit financiero es el menor de los últimos años. Mejor aún, hoy ingresarían los DEGs girados por el Fondo, que marcarían un agosto superavitario si fueran considerados como ingresos corrientes.

A pesar de eso, también resaltan algunos problemas en la dinámica respecto a los años previos. En particular, vemos dos obstáculos en el horizonte: los subsidios y el financiamiento. Por un lado, la dinámica de las tarifas no es sostenible. Los precios de los servicios públicos acumulan más de dos años casi sin aumentos, lo que está disparando el gasto en subsidios.

Adicionalmente, a pesar de la mejoría fiscal, el Tesoro está teniendo dificultades para rollear sus vencimientos en pesos, probablemente debido a la incertidumbre sobre cómo seguirá la macroeconomía en 2022. Que el objetivo fiscal de 2021 (4,5% del PBI de déficit primario) se sobrecumplirá está descontado. Más allá de esto, con aspectos a favor y en contra, la evolución futura de las cuentas públicas no parece definida. La presentación del proyecto de Presupuesto nacional en tres semanas podría ser un buen momento para aportar algunas certezas.

Bolivia | Polarizado ambiente político

Economía:

El ministerio de hacienda ratificó las cifras preliminares, pero todavía no oficiales, de actividad y gasto, enfatizando la recuperación económica desde fines de 2020. Esta visión tiene una lectura con matices mixtos. La desaceleración previa a la pandemia, que implicó una caída del crecimiento desde 6,8% en 2013 a 2,2% en 2019, y las secuelas de ésta han impactado en cada uno de los sectores, haciendo que hasta el presente Bolivia saga, en el mejor de los casos, como en 2019. Al primer cuatrimestre del año, la industria, comercio y la mayor parte de servicios estaban en un nivel similar al observado en 2019. Pero otros están duramente golpeados: la construcción estaba más de 25% por debajo de 2019, transporte en niveles parecidos a los de 2015 y 2016 y la actividad hotelera está en un tercio de lo observado antes de la pandemia. La caída del desempleo desde julio de 2020 (11,8% desestacionalizado) hasta junio de este año (7,5%) es alentadora, aunque todavía por encima del mismo mes de 2019 (4,5%).

Política:

El ambiente político se ha polarizado aún más respecto a la versión de la salida de Evo Morales del poder en 2019, con el oficialismo apuntando a que fue golpe de estado y la oposición que fue fraude. Contribuyeron a este enardecimiento el cierre judicial del caso de fraude por parte de la Fiscalía boliviana, sustentada en un estudio encargado a académicos de la Universidad de Salamanca. Eso desató movilizaciones civiles principalmente en Santa Cruz porque limpia la imagen del presidente Morales y podría habilitarlo para las elecciones de 2025. Los ánimos también están exaltados porque el presidente
Luis Arce utilizó el discurso por el aniversario patrio del 6 de agosto para reafirmar la hipótesis del golpe de estado con apoyo internacional, lo cual generó discusión ciudadana y mayor división. A eso se sumó la reafirmación de parte de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea de que las elecciones de 2019 fueron irregulares, lo cual provocó el rechazo del partido oficialista.

Déficit fiscal, déficit externo: la urgencia de hacer virtud de los defectos

La crisis todavía no terminó. El segundo semestre, probablemente, traerá los mejores meses desde 2017: la actividad se recuperará y la inflación bajará. Sin embargo, quedarán muchos desequilibrios pendientes que tendrán que corregirse en los próximos años: una reestructuración con el FMI, un déficit fiscal relevante y el desarme del esquema de control de cambios, más conocido como cepo, son algunos problemas inevitables que la economía argentina tendrá que resolver en el corto plazo.

Lamentablemente, parece difícil salir de estos problemas sin una nueva ronda de aceleración de la inflación y recesión, a lo que podría sumarse otra caída más del poder adquisitivo. Pensar qué políticas podrían minimizar estos golpes, tanto sobre la economía real como sobre los indicadores sociales, es un desafío que conviene encarar cuanto antes.

Hace poco más de diez años que la Argentina tiene dos grandes déficits, fiscal y externo. Un sector público que necesita más pesos de los que recauda para funcionar y una economía que demanda más dólares de los que genera. Estos dos problemas se retroalimentan mutuamente. Por ejemplo, el rojo del sector público se cubre con emisión, algo que más temprano que tarde termina devaluando a nuestra moneda y alentando el ahorro en divisas, o con más impuestos, lo que deteriora la competitividad del sector privado, complicando su inserción internacional vía exportaciones y reduciendo el superávit de cuenta corriente.

Por su parte, el rojo externo suele motivar el endeudamiento en dólares del sector público, tal como pasó en 2016 y 2017, aumentando el riesgo de descalce de moneda del Tesoro Nacional -ingresos en pesos y compromisos en moneda extranjera, que se encarece después de las devaluaciones-. A la vez, las recurrentes crisis que provocan los estrangulamientos externos golpean al sector privado, achicando el nivel de actividad y la recaudación potencial del Palacio de Hacienda.

En consecuencia, aunque estas dos variables podrían parecer independientes a priori y resolubles “por partes”, tienen que corregirse de manera simultánea. En una lectura rápida, esto podría dar la idea de agravar la crisis y complicar la situación. Sin embargo, también puede hacerse del defecto virtud y aprovechar estas conexiones para solucionar ambos problemas.

El acuerdo con el FMI exigirá corregir los desequilibrios de las cuentas públicas. El desarme -progresivo- del cepo obligará a achicar la brecha entre la oferta y la demanda de dólares de nuestra economía; de lo contrario, la normalización del mercado cambiario solo se logrará mediante un nuevo salto devaluatorio, tanto o más relevante que los de 2018 y 2019.

En el corto plazo, hay una salida que permitiría equilibrar el déficit externo de manera paulatina, siempre que haya un sendero creíble y consistente de corrección fiscal: la llegada de inversiones, productivas y financieras. Dado que las exportaciones no pueden crecer a la velocidad que nuestros desequilibrios necesitan, en tanto que nuestras urgencias no son las del resto del mundo, la entrada de dólares por la cuenta capital podría salvar este descalce de tiempos, más no sea de manera transitoria y parcial.

En la primera mitad de la gestión Cambiemos se intentó algo de esto. Sin embargo, la velocidad del endeudamiento fue inconsistente con la tasa de reducción del déficit fiscal, a la vez que la desregulación total a la entrada y salida de las inversiones financieras facilitó primero el sobre-ingreso de capitales especulativos de corto plazo y su desarme después. Peor aún, en lugar de abordar a este período de endeudamiento externo como transitorio, y aprovechar el tiempo que daba para mejorar la capacidad de generación de divisas genuinas, es decir, la competitividad del sector productivo y su capacidad exportadora, se lo trató como permanente, atrasando al tipo de cambio y recostándose en la idea de que la confianza era tan eterna como espontánea.

En 2015, la economía argentina tenía un solo activo relevante, el bajo nivel de endeudamiento externo, y muchos desequilibrios por corregir: atrasos de precios relativos, cepo y rojo fiscal, entre otros. En 2019, por el contrario, el nivel de endeudamiento externo era un problema urgente, pero los pasivos de cuatro años atrás estaban en vías de corregirse -a excepción del cepo, que había vuelto en septiembre de 2019, luego del salto cambiario pos-PASO y un apetito dolarizador que parecía no tener techo.

En 2021, el nivel de endeudamiento externo sigue siendo un problema, menos urgente por la reestructuración de la deuda con privados y el posible acuerdo con el FMI, pero igual de relevante. A la vez, los puntos fuertes de 2019 desaparecieron, en parte producto de la pandemia y las políticas que motivó. La ausencia de activos es un problema, dado que reduce las chances de recostarse sobre una variable y aprovecharla para suavizar los costos de las correcciones. No obstante, y por la misma razón, nos obligará a llevar adelante las correcciones: ya no hay sobre qué recostarse, ni herencia que explotar.

Corregir las dos brechas, de manera simultánea y sostenible, sin generar nuevas recesiones ni transferencias de ingresos de pobres a ricos es el desafío. La velocidad de los ajustes y su consistencia recíproca, más allá de cuál sea esta velocidad, la clave del éxito. Parece fácil de decirlo, tanto como difícil de lograrlo. La cuenta regresiva ya empezó. Ojalá esta vez sepamos frenar el reloj a tiempo.

 

La presente nota fue publicada en el diario elDiarioAR el 22/08/2021.

Cepo de ayer, cepo de hoy: ¿hasta cuándo durarán los controles cambiarios?

La economía argentina presenta profundos desequilibrios macroeconómicos. En gran parte de nuestra historia, la volatilidad provocó una inflación persistente y un tipo de cambio con amplios movimientos. Así, nuestra moneda sufrió una sostenida pérdida de valor, resultado de estos procesos de depreciación y suba de precios, forzando a los argentinos a refugiarse en el dólar para evitar la licuación de sus ahorros. Pero, ya que la disponibilidad del billete verde no es ilimitada, esta tendencia muy instaurada agrava los desequilibrios y perpetúa el ciclo escasez de dólares-devaluación-inflación.

Estos movimientos cambiarios no son inocuos para la sociedad: en el corto plazo, empeoran los ingresos reales y la calidad de vida. Esta relación causal es conocida por las autoridades económicas (y políticas), que intentan, frente a presiones cambiarias, evitar el ajuste de los precios forzando un control de las cantidades. De esta manera, durante la última década, en dos de cada tres meses los argentinos tuvimos restricciones a la compra de divisas.

No obstante, los “dos cepos” (octubre 2011 – diciembre 2015 y septiembre 2019 hasta la actualidad) fueron introducidos en dos contextos macroeconómicos bien distintos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo evolucionó la economía en cada período? ¿Será más sencillo levantar el cepo actual que el anterior?

¿Cómo se llegó a cada cepo?

En 2011, Cristina Kirchner logró su reelección con más de la mitad de los votos. En esta línea, la economía venía creciendo a una tasa promedio del 8% en los dos años previos. Sin embargo, las principales variables habían empezado a mostrar algunos signos de deterioro, que complicarían el desempeño futuro. Por caso, los superávits gemelos se estaban esfumando, mientras la inflación se aceleraba. A la vez, el dólar aumentaba la mitad que el nivel general de precios y el tipo de cambio real se apreciaba: a pesar de ser competitivo todavía, en 2011 esta variable era un 24% menor al promedio 2003-2006.

Producto del crecimiento de la actividad y el encarecimiento de nuestra en economía en dólares, los salarios reales en 2011 eran un 20% mayores al promedio del 2007-2010 (y +50% en moneda extranjera). Esto generaba que la dolarización de ahorros tuviera un peso mayor sobre la disponibilidad de divisas del Banco Central. Simultáneamente, la tasa de interés de referencia se mantuvo persistentemente por debajo de la inflación en todo el período previo a la implementación del cepo, desincentivando el ahorro en pesos. Por último, el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos (no por el saldo del comercio de bienes, sino por el de servicios y rentas) también implicaba una necesidad de financiamiento que presionaba sobre las reservas.

En este contexto, se instaló el programa de “consulta de operaciones cambiarias” de la AFIP, dando lugar al inicio de las restricciones a la compra de divisas. Desde entonces, las regulaciones y la rigidez del control de cambios fueron in crescendo: prohibición al giro de dividendos y regalías al exterior, límites a la extracción de dólares fuera del país, interrupción de hecho a la compra de dólares, recargo por compras con tarjeta de crédito en el exterior, entre otras.

El cepo actual se introdujo en un contexto muy diferente, además que de otra manera -mediante una comunicación del Banco Central-. En 2019, la economía acumulaba casi una década de estancamiento y 2 años consecutivos en recesión (con una caída acumulada de 5%). A su vez, el tipo de cambio real era un 15% más competitivo que en octubre de 2011. Por su parte, el poder de compra de los salarios también acumulaba una caída de 17% en cuatro años. Sin embargo, el reperfilamiento de la deuda y la corrida cambiaria post-PASO en un contexto en que las reservas netas eran 40% menores a las de octubre de 2011, llevaron a las autoridades a reinstalar el control de cambios.

¿Cuál fue la performance de la economía en ambos períodos?

Las regulaciones a la compra y giro de divisas permiten al Banco Central restringir la demanda y administrar la asignación de la oferta, reduciendo la volatilidad en el mercado del dólar oficial. Estas medidas, al mismo tiempo, desincentivan la llegada de nuevos dólares, ya que aquellos capitales (financieros o productivos) que ingresen no podrán salir o girar sus ganancias a sus casas matrices. Lo ideal, en estos casos y dado el cepo, sería utilizar el tiempo “ganado” con las restricciones para corregir los desequilibrios que dieron origen al problema, para poder levantarlo y revertir los problemas iniciales. Ahora bien, ¿pasó esto?

Entre el comienzo y el final de la primera de estas etapas, el tipo de cambio real siguió apreciándose hasta volverse un 34% menos competitivo. Este proceso erosionó todavía más el resultado de la cuenta corriente, que fue deficitaria en todo el período. Aunque la apreciación en los primeros dos años de este proceso coincide con la acumulada del cepo actual (13% y 14% respectivamente, como puede verse en el gráfico 1), el evento actual parte de un nivel de competitividad muy superior (+15% al comienzo), como puede observarse en segundo gráfico. A partir de la devaluación de comienzos del 2014, la apreciación cambiaria se aceleró a un ritmo mayor que en la primera mitad del cepo anterior.

Centrándonos exclusivamente en la dinámica del tipo de cambio real y su nivel actual, parecería que el Gobierno tiene margen para repetir el proceso 2014-2015. Sin embargo, esto difícilmente podrá repetirse en adelante: como puede verse en el tercer gráfico, mientras que desde que se impuso el cepo del 2011 el Banco Central compró más de USD 9.000 millones en los primeros 24 meses de vigencia, apenas compró USD 1.000 millones en los primeros 2 años del cepo actual (ayudado por la mejora en el precio de los commodities y algunas trabas a las importaciones). Esto indica que la capacidad de maniobra de la autoridad monetaria en el mercado de cambios es menor a la de aquel entonces.

Para peor, la inversión extranjera directa (IED) se deterioró más en el cepo actual que en el de 2011: durante el primero de estos controles de cambios cayó un 54%. Pandemia y cuarentena mediante, la IED de los últimos 12 meses es un 76% menor que la análoga de septiembre 2019 y un 44% menor que la de septiembre 2015 (la menor IED anual del cepo anterior).

Además, el cepo segmenta el mercado de cambios, dando lugar a múltiples dólares paralelos. Esto origina brechas cambiarias (gráfico 4) que dan incentivos de hacer arbitrajes y operaciones con el exterior que muchas veces inciden de manera negativa sobre la economía. En términos reales, el dólar blue actual es mucho más alto en comparación con el del cepo anterior. A la vez, durante el cepo previo, la brecha cambiaria promedió mensualmente un 43% (77% promedio mensual de máxima), mientras que la actual ronda el 62% y llegó a alcanzar el 150% en octubre del año pasado. Un atraso del tipo de cambio oficial añadiría presiones sobre los paralelos, traccionando la brecha, algo que el equipo económico está buscando evitar mediante diversas medidas. Al mismo tiempo, con una distancia de este tamaño entre el dólar oficial y el paralelo, un Banco Central al que le cuesta acumular divisas y una inversión extranjera en mínimos, el poder de fuego como para seguir apreciando es acotado.

Eliminar el control de cambios implica convalidar una mayor demanda de dólares oficiales, ¿podemos permitírnoslo?

Los dólares que necesita la economía real para funcionar hoy son menores que los que demandaba durante el cepo anterior. La actividad es menor, de modo que las importaciones también lo son, a la par que los salarios en dólares se derrumbaron 45% en relación con 2015, reduciendo la capacidad de ahorro y su poder de compra. Más aún, la mejora de las exportaciones y la disminución del turismo -al menos en el corto plazo- provocarán que la cuenta corriente sea superavitaria este año.

Sin embargo, las aristas financieras revierten este superávit. A diferencia de ese momento, el Sector Público Nacional se encuentra fuertemente endeudado, y requerirá muchas divisas para el pago de obligaciones en los próximos años. Mientras que a fines de 2015 la deuda en moneda extranjera representaba dos años de exportaciones, al término de 2020 implica casi cuatro. Para peor, mientras que a fines de 2015 había un total de vencimientos programados en dólares por USD 12.000 millones para el año siguiente, actualmente se espera que estos pagos superen los USD 31.000 millones en 2022. Y estas obligaciones deberán afrontarse sin acceso al mercado internacional de capitales, al menos mientras que el riesgo país siga en niveles tan elevados. Por último, la ausencia de rendimientos reales positivos en pesos (únicamente alcanzables con plazos fijos UVA o instrumentos en CER, sin acceso masivo del público) y la perspectiva de que la inflación seguirá elevada en los próximos años dificultan pensar en que la demanda de dólares por motivos de ahorro ceda.

Por último, pero no menos importante, liberar el acceso al mercado de cambios podría llevar al dólar a valores muy elevados, que a priori no parecen necesarios en materia de competitividad. En conclusión, difícilmente las autoridades convaliden una devaluación contractiva cuando los dólares se requieren para el pago de la deuda. Por lo tanto, el control de cambios habría llegado para quedarse algunos años más. ¿Se aprovechará esta vez para corregir los desequilibrios de fondo o se perderá otra oportunidad?

De la mano de los precios de exportación, el superávit comercial sigue creciendo

¿Cómo fue el resultado comercial en julio?

En el séptimo mes del año, el superávit comercial rondó USD 1.500 millones. Con este dato, el saldo favorable del intercambio de bienes acumula más de USD 8.300 millones en lo que va del año. Aunque este monto es levemente inferior al del mismo lapso del año pasado, cuando la pandemia afectó seriamente a las importaciones, es el máximo superávit para enero-julio desde 2009.

Dicho resultado se compuso de un aumento de las exportaciones, que alcanzaron los USD 7.200 millones, junto con una suba de las importaciones, que se ubicaron en USD 5.700 millones. Aunque la variación de las compras fue superior a la de las ventas (66% i.a. y 47% i.a., respectivamente), la baja base de comparación de las primeras hizo que el saldo creciera 4% respecto a julio del año pasado. Al comparar estos montos con el mismo mes del 2019, las subas son de 17% y 24%, respectivamente. Así, las exportaciones superan los USD 42.600 millones (+31% i.a.) en lo que va del año, mientras que las importaciones fueron de USD 34.300 millones (+51% i.a.).

¿Qué influyó en el avance de las compras y ventas?

Las exportaciones de julio fueron traccionadas principalmente por sus precios. Mientras que éstos crecieron 33% i.a., las cantidades se incrementaron 9% i.a. Esta suba estuvo vinculada al aumento de los commodities agrícolas: el precio de los productos primarios y las Manufacturas de Origen Agrícola (MOA) trepó 33% i.a. y 35% i.a. respectivamente. Sin embargo, también influyó en el mismo sentido el salto del precio de los combustibles y energía (+128% i.a.), aunque este rubro no tiene un peso tan importante en la canasta de exportación. Por último, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) también se encarecieron un 22% i.a. Las cantidades exportadas, en cambio, tuvieron un avance más magro: a pesar de que las MOI saltaron 45% i.a. y los productos primarios 15% i.a., las MOA cayeron 5% i.a. y los combustibles se derrumbaron 48% i.a. De este modo, a nivel agregado, se vendieron 2% menos productos (en volúmenes) que en julio de 2019.

Por el lado de las importaciones, la composición del aumento entre precios y cantidades estuvo más repartida: mientras que los primeros crecieron 23% i.a., las segundas treparon 35% i.a. Así, los volúmenes importados fueron 2% superiores a los comprados en julio de 2019.
En definitiva, la variación de precios contribuyó con la mitad del superávit comercial del mes. En este sentido, si los precios de 2020 se hubieran mantenido estables, el saldo comercial habría sido menor a USD 800 millones. A lo largo del 2021, este efecto fue incluso mayor: a precios del año pasado, el superávit acumulado habría sido menos de la mitad del que efectivamente fue (USD 3.400 millones).

¿Qué esperamos para los próximos meses?

Considerando que los buenos resultados en el frente comercial se deben a la mejora de los términos de intercambio, estos podrían ser transitorios. Sin embargo, no esperamos que la suba de nuestros precios de exportación se revierta en el segundo semestre. Además, la demanda brasileña (principal demandante de MOI) sigue pujante, en particular en lo que hace a su industria manufacturera. Por último, aunque el saldo comercial de los primeros siete meses del año fue inferior al del año pasado, el superávit se contrajo fuertemente en el último cuatrimestre del 2020. Para este año, esperamos que esta contracción no se repita en la misma magnitud. De este modo, proyectamos que el balance se ubique nuevamente por encima de los USD 12.000 millones.

Con la vuelta de los instrumentos cortos, el Tesoro obtuvo un buen resultado en la licitación de ayer

Ayer, el Ministerio de Economía realizó una nueva colocación de deuda en el mercado local. Luego de algunos traspiés en los últimos intentos, en esta ocasión volvió a conseguir un importante monto de financiamiento neto, ya que captó casi ARS 95.000 millones en una semana en que los pagos son prácticamente nulos. Así, el porcentaje de rollover de agosto (financiamiento obtenido como proporción de los vencimientos de capital e interés) volvió a ubicarse por encima del 100%, a falta del vencimiento de Letras del último día del mes. El éxito de la licitación estuvo vinculado con que se volvieron a ofrecer instrumentos de corto plazo. Estos son los más demandados por el mercado, ya que sirven como cobertura frente a posibles cambios en la coyuntura a comienzos del año próximo (modificaciones regulatorias, saltos del tipo de cambio o los precios). En este sentido, los títulos ofrecidos fueron tres Letras a tasa fija (a 2, 4 y 5 meses) y una ajustable por inflación (con vencimiento a fines de marzo). Además, se licitó un Bono al 22% pagadero a fines de mayo.

A pesar de que el giro en la estrategia parece haber funcionado, la estacionalidad en el gasto público y las licitaciones fallidas hicieron mella en el financiamiento del Estado: la asistencia monetaria se aceleró en julio y continúa haciéndolo en los primeros días de agosto. Luego de un primer semestre en que la monetización del déficit fue muy acotada, el monto total transferido por el BCRA al Tesoro alcanza los ARS 710.000 millones (1,6% del Producto) en los primeros ocho meses del 2021. De este modo, la proporción entre deuda de mercado y emisión se ubica en 36%-64%, algo peor que el 40%-60% pautado (y significativamente deteriorado respecto al 62%-38% con que concluyó el primer semestre).

Por el lado de los vencimientos en dólares, agosto es un mes sin mayores obstáculos. Por el contrario, se recibirían los DEGs transferidos por el FMI, lo que permitiría ampliar las Reservas Netas en casi 60%. De cualquier manera, estos recursos no podrán utilizarse para fortalecer la posición patrimonial del BCRA ya que se insumirían casi por completo en los pagos restantes al Fondo en este año (programados para septiembre, noviembre y diciembre).

Deuda con el FMI: el camino legislativo para aprobar un eventual acuerdo

Luego de la decisión del Gobierno de postergar para después de las elecciones la posibilidad de cerrar un acuerdo con el FMI y así reprogramar sus compromisos de deuda, resta saber cuándo podría ocurrir este acuerdo. Por lo pronto, el Gobierno deberá afrontar dos vencimientos con el FMI en lo que resta a 2021 (uno en septiembre, y otro en diciembre), ambos de 1.800 millones de dólares.

En lo que respecta al pago del primer vencimiento en septiembre, Cristina Kirchner confirmó que el Gobierno usará los fondos recibidos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) para afrontarlo. La duda que surge gira en torno a saber si el acuerdo se celebrará inmediatamente después de las elecciones del 14 de noviembre, para evitar de esta forma un nuevo desembolso en diciembre que debilite aún más las reservas del Banco Central.

¿Qué debería suceder para que el Gobierno pueda evitar pagar ese compromiso en el último mes del año?

Debido a la ley de “fortalecimiento de la deuda” que el propio oficialismo impulsó este año, cualquier reestructuración de deuda con el FMI deberá ser aprobada por ambas cámaras en el Congreso.

Si al Gobierno le va bien en las elecciones y logra cosechar más bancas de las que pone en juego, podría estar en mejores condiciones para aprobar el acuerdo con el FMI después del 10 de diciembre. Pero si quisiera lograr un acuerdo antes, para evitar el pago del vencimiento de diciembre, también
el Frente de Todos contaría con los votos necesarios apoyándose en algunos aliados.

La duda no está en el Senado, donde el Gobierno no necesita de más apoyo del que ya tiene, sino en Diputados, donde necesita conseguir 10 votos más con la flamante incorporación del Diputado Eduardo “Bali” Bucca, que se sumó luego de abandonar el bloque de Consenso Federal.

No obstante, los votos sí estarían: a los diputados del bloque de Unidad Federal (6) – que habitualmente acompañan al oficialismo – podrían sumárseles los diputados que responden al Gobernador Juan Scharetti (4) y al Gobernador Omar Gutiérrez (1), que acompañarían a de que se lograsen acuerdos convenientes para sus provincias. A su vez, podrían también acompañar al oficialismo los diputados del interbloque Acción Federal, (Felipe Álvarez y Antonio Carambia). Sin embargo, no serían estrictamente necesarios.

Con este núcleo de apoyo, el Gobierno podría aprobar rápidamente una potencial reestructuración de deuda con el FMI en la cámara de diputados, si quisiera que ello ocurra antes del 10 de diciembre.

 

*El presente articulo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina suscriptos al Módulo Político.

 

 

Monitor de Escenarios Económicos

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A su vez, debido a la relevancia de la situación sanitaria, encontrará un tablero de seguimiento de la vacunación contra el COVID-19 , donde se analiza dicha evolución a nivel nacional e internacional.

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Argentina y su década estancada: sin crecimiento sostenido hace más de diez años

Hace diez años que la economía argentina no crece sostenidamente. Por el contrario, nuestro PBI per cápita se redujo 12% entre 2011 y 2019. Más aún, esta variable cayó 16% si sumamos 2020 y 2021 al análisis, años en que la pandemia afectó gravemente a la actividad. Este comportamiento no fue la norma en la región, donde el PBI per cápita creció 3,6% entre 2011 y 2019. Resultado de este estancamiento, la Argentina quedó en el puesto 175 sobre un total de 192 países en el ranking de crecimiento de la década en cuestión.

Mirando estos números y entendiendo que nuestro desempeño fue particular, tiene sentido preguntarnos por qué tuvimos esta performance tan mala: ¿cómo llegamos hasta acá? ¿hay algo rescatable, una suerte de recesión actual que siente las bases para el crecimiento futuro? O, por el contrario, ¿la década estancada también complicó los cimientos para recuperarse en los años siguientes? Veamos.

Entre 2003 y 2011, el PBI promedió una suba del 7% anual, habiendo alcanzado en 2005 los niveles pre-crisis de la Convertibilidad y expandiéndose genuinamente después. Un escenario de superávits fiscal y de cuenta corriente, en un contexto de pagos de deuda externa acotados -a excepción del FMI en 2005- impulsaron a la inversión, que crecía a una tasa interanual de dos dígitos y lideraba la recuperación de la demanda. Además, un mundo de buenos precios internacionales de commodities, en especial desde 2006, y un dólar competitivo fortalecieron la entrada de divisas y alejaron potenciales expectativas de devaluación.

Sin embargo, esta época de bonanza no duraría para siempre. De hecho, en ella se generaron algunos problemas que complicarían luego la situación posterior. Concretamente, una inflación que se instaló en la zona del 20% desde 2007 -a excepción de un 2009 de crisis internacional- y un resultado fiscal que se deterioró sistemáticamente impidieron que el crecimiento sostenido perdurara. La mejora de la demanda interna y la recuperación del salario en dólares impulsaron a las importaciones, erosionando también al superávit de cuenta corriente, que pasó a terreno negativo en 2010. Los pilares del crecimiento de la década anterior, entonces, se habían esfumado.

En este marco, en 2011-2012 recrudecieron las tensiones en el mercado cambiario, que se “resolvieron” con el cepo -de manera transitoria y postergando una solución más duradera-. Ahora bien, en lugar de promover correcciones de fondo, las restricciones del mercado cambiario se aprovecharon para abaratar al dólar oficial, impulsando así al poder adquisitivo y el consumo de las familias. El objetivo se logró, y este componente de la demanda creció 4% entre 2012 y 2015 -ayudado también por el congelamiento tarifario, que elevó el gasto en subsidios, volviéndolo una porción tan relevante como difícil de sostener del déficit fiscal primario de 2015-. A la vez, el consumo público también trepó, motivando que el consumo total escalara 6% durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, más allá de este buen desempeño, y en parte producto de las causas que le dieron origen, el resto de los componentes de la demanda se deterioraron (a modo de ejemplo, la inversión cayó 8%, en tanto las exportaciones se redujeron 16%) y el PBI de 2015 fue solo 1,5% mayor al de 2011. Considerando el crecimiento poblacional del período, el PBI per cápita marcó una caída de casi 5% en esta etapa.

En diciembre de 2015, la economía argentina tenía importantes pasivos por el lado fiscal y cambiario, además de distorsiones relevantes de precios relativos. No obstante, tenía un activo clave: el bajo nivel de deuda pública relevante -es decir, con acreedores privados y organismos multilaterales de crédito-.

Apalancándose en esta virtud, el gobierno de Cambiemos intentó corregir los desequilibrios heredados y estimular el crecimiento al comienzo de su gestión. En la primera mitad del mandato logró algo de esto, y el PBI avanzó casi 3% entre 2016 y 2017. Sin embargo, un acelerado incremento de la deuda en un país que no resolvía sus problemas de fondo frenó el influjo de capitales privados a comienzos de 2018, para luego provocar una salida constante de estas inversiones durante el año y medio siguiente.

Un déficit de cuenta corriente que había alcanzado los USD 30.000 millones en 2017, equivalente a 5% del PBI, y una deuda en moneda extranjera que había crecido USD 80.000 millones en dos años marcaban que la economía argentina necesitaba demasiadas divisas para funcionar; divisas que, al momento, empezaban a dejar de llegar. En este marco, y para evitar una devaluación todavía mayor -o una vuelta del cepo- el gobierno de entonces recurrió al FMI en mayo de 2018.

El préstamo del organismo multilateral aceleró el proceso de ajuste fiscal, pero limitó severamente las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios, motivando sucesivos saltos del dólar en la segunda mitad de 2018. En respuesta, se aceleró la inflación, que superó la barrera del 50% anual, y los salarios perdieron casi un quinto de su poder de compra. El consumo se desplomó y el PBI cayó casi 5% durante la gestión Cambiemos -y casi 8% a nivel per cápita-.

La llegada de la pandemia agravó la situación anterior, como era de imaginar. Por un lado, las restricciones operativas en una economía con demanda deprimida y sin financiamiento provocaron una caída del 10% en el PBI durante el año pasado. A la vez, el arribo del Coronavirus motivó ciertas distorsiones que, no por necesarias fueron menos problemáticas. Si cuando Macri dejó el poder el stock de deuda era un problema, pero el esquema de precios relativos parecía más estable y el resultado fiscal primario se había equilibrado, en 2020 se atrasaron las tarifas y se disparó el déficit fiscal primario. Aunque este último se está revirtiendo en 2021, su financiamiento generó un aumento de la deuda y la emisión monetaria a lo largo del año pasado. Por este motivo, se endurecieron sensiblemente las restricciones a la compra de divisas, que ya habían sido reimpuestas en 2019 (y que alejan a los inversores de nuestro país).

Si bien la reestructuración de la deuda con acreedores privados relajó el perfil de pagos hasta 2024, y un posible acuerdo con el FMI -en 2022- despejaría los vencimientos inmediatos, lo cierto es que el stock de deuda relevante del Estado Nacional sigue siendo un problema en la actualidad. Por lo tanto, los problemas de 2019 siguen vigentes en 2021, a la vez que algunos de los desafíos que se habían corregido entre 2016 y 2019 reaparecieron durante -y en parte por- la pandemia. La década estancada, entonces, generó los cimientos para seguir estancados un tiempo más.

Si nuestro país creciera los próximos diez años a la tasa promedio a la que creció la región entre 2011 y 2019 (+2,5%), recién en 2032 recuperaríamos el PBI per cápita de 2011. Este escenario distaría de parecerse a la economía argentina de los últimos años, que nos tiene acostumbrados a una inestabilidad mayor. Sin embargo, esta tasa de crecimiento tampoco es exagerada si tenemos en cuenta los números observados a principios de siglo. Más allá de esto, el punto es que, incluso en un futuro “auspicioso”, nos tomará al menos una década para volver a los máximos anteriores.

En la última década, las variables más relevantes de la economía se deterioraron en nuestro país: actividad, inflación, resultado fiscal y situación del mercado cambiario, entre otros, están hoy más complicados que hace diez años. Además, como consecuencia de esta caída, los indicadores sociales -pobreza e indigencia, principalmente- también empeoraron. La situación es difícil, pero los resultados no están puestos: nunca es tarde para volver a crecer y empezar a parecerse más a la norma global que ser la excepción. El futuro nunca está determinado ni condenado.

Los salarios todavía no pueden pasar al frente en la carrera nominal

Será dificil de evitar una nueva caída del salario real durante 2021

Los salarios de la economía crecieron 2,3% durante junio, acumulando un incremento de 22,8% en el primer semestre. Al descontar el avance de los precios (+25,3%), encontramos que el poder adquisitivo retrocedió casi 2% durante la primera mitad del año.

Esta tendencia es algo heterogénea. Beneficiados por los reajustes a comienzos de año y una pauta paritaria más cercana a 40-45% que la planteada originalmente, los salarios registrados cayeron apenas 0,2% (compuesto por un aumento de 0,1% en el caso de los del sector privado y una caída de 0,8% para los públicos), contra un deterioro de casi 10% del salario informal.

Sin embargo, la comparación interanual de los salarios implica un deterioro de 6,3% i.a. en el promedio semestral y alcanza 6,7% en el caso de los trabajadores registrados, que tuvieron virtualmente suspendidas sus paritarias durante buena parte del año pasado. Pese a que esperamos que el efecto de mayores acuerdos salariales se profundice en el segundo semestre y que la inflación se desacelere hasta las elecciones, esta caída será difícil de revertir: el poder adquisitivo mostrará su cuarto retroceso al hilo en el promedio anual, marcando una pérdida cercana a 3% i.a. en 2021 y de más de 20% desde 2018.

No obstante, considerando que nuestras proyecciones para el salario registrado indican una mejora de casi 4% en la comparación punta a punta a fin de año, esta racha se podrá romper el año entrante siempre que no exista una sorpresa inflacionaria producto de una abrupta devaluación del tipo de cambio oficial o una profundización de la brecha cambiaria.

Una mirada de largo plazo

Como mencionamos, la tendencia del poder adquisitivo en los últimos años es preocupante. En el caso de los trabajadores registrados, este año el salario real se ubicará casi 20% por debajo del nivel de 2017, será aproximadamente 22,5% inferior al de 2015 y será un cuarto menor al de 2012, una década atrás.

Esta dinámica está en línea con lo que fueron los últimos diez años de estancamiento, donde sucesivas “olas” inflacionarias deterioraron el poder adquisitivo, alentando la dolarización e incrementando la incertidumbre sobre el devenir de la economía. Desde este punto de vista, se podrá argumentar que la salida de la pandemia y una ideal vuelta a un sendero de crecimiento marcará la gradual recuperación del poder adquisitivo.

Sin embargo, el camino puede no ser tan amable en el corto plazo. La profundización del atraso tarifario y cambiario -o un incremento en la brecha producto de mayores restricciones- son factores que presionarán la inflación en los años venideros, atentando contra la recuperación sostenida del salario real.

En este escenario, la recuperación de la actividad en la post-pandemia no parece ser una condición suficiente para que el poder adquisitivo de los trabajadores formales “pegue la vuelta” y, al menos en el corto plazo, distintos programas -de financiamiento, asistencia a familias- serán necesarios para sostener la recuperación del consumo privado.