El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra el ingreso necesario para que un individuo pueda acceder a un conjunto de alimentos que se consideran necesarios para ubicarse por encima de la línea de indigencia, subió 17% en agosto, 4,7 p.p. por encima de la inflación (+12,3% GBA), ubicándose en $42.262. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que indica el ingreso que un individuo debe tener para poder comprar una canasta de bienes y servicios que lo sitúen por encima de la línea de pobreza, mostró en agosto un aumento del 14,3%, superando a la inflación GBA por 2 p.p y situándose en $92.132. Asimismo, si comparamos la evolución interanual del IPC y de las canastas, veremos que tanto la CBA como la CBT también crecieron por encima de la inflación (+21,2 p.p. y +12,5 p.p. respectivamente).
Como mencionamos en un informe reciente, los precios de la hacienda en pie en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (ex Liniers) tuvieron una suba promedio del 50% en agosto, luego de la devaluación post PASO. Esto generó un traslado a los precios minoristas y el precio de la carne vacuna aumentó un 30,2% en GBA, luego de tres meses en los que subió muy por debajo de la inflación (promedio 1,9% mensual), y 125% i.a, acoplándose a la dinámica inflacionaria.
Considerando que la carne es uno de los componentes con mayor incidencia en el costo de las canastas (que representa un 11% de la CBA), la fuerte suba de sus precios en agosto es uno de los factores que mejor explica el aumento de las canastas por encima del dato de inflación. Lo mismo ocurre con las Verduras, tubérculos y legumbres, que sufrieron un aumento del 19,3% mensual y 165% i.a.
Los ingresos y las asignaciones no alcanzan para cubrir las necesidades básicas
En un contexto de aceleración inflacionaria caracterizado por aumentos en los precios de los alimentos, acceder a las necesidades medidas por las canastas se vuelve cada vez más difícil. Observamos que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ,que tiene un valor de $13.861, cubre una proporción cada vez menor de la CBA: en agosto, sólo alcanzó a cubrir el 47% de las necesidades calóricas de un niño, en contraste al máximo del último tiempo, en diciembre de 2021, que con el bono de ANSES llegó a cubrir un 168% de la canasta.
Sin embargo, la escasa cobertura de la CBA se revierte si consideramos la Tarjeta Alimentar otorgada a los beneficiarios de la AUH ($17.000 para familias con un hijo). En este caso, se logra cubrir el 104% de la CBA de un niño. Si observamos la serie de datos desde enero de 2022, podemos notar una tendencia en la que la Asignación Universal por Hijo (AUH) no fue suficiente para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria para un niño equivalente. En consecuencia, durante todos los meses fue necesario un refuerzo a través de la Tarjeta Alimentar para lograr una cobertura completa de las necesidades alimentarias.
A su vez, un ingreso familiar compuesto por dos salarios mínimos y dos AUH no es suficiente para cubrir la CBT familiar, lo que coloca a la familia en situación de pobreza. Esta tendencia fue recurrente en los últimos años pero se profundizó a partir de agosto de 2022, tras la crisis económica-financiera en el marco de la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán. Durante 2022 y lo que va del 2023, los ingresos de una familia tipo llegaron a cubrir en promedio el 90% de la CBT. Para hacer frente a esta situación, fue necesario implementar un refuerzo a través de la Tarjeta Alimentar que, en promedio, contribuyó a satisfacer las necesidades básicas de las familias en esos años.
¿Qué esperamos hacia adelante?
El agravamiento de la sequía desde principios de 2023 tuvo un impacto significativo en los principales desafíos que enfrentó la economía durante ese año: el “Frente de los Dólares”, el “Frente de los Pesos” y el “Frente de la Inflación”. Esto explica en gran medida la tendencia que observamos de los precios de los alimentos aumentando por encima de la inflación en la primera mitad del año.
A pesar de que el problema de la sequía está comenzando a revertirse, no puede decirse lo mismo del incremento en los precios de los alimentos, que actualmente se ve impactado por la devaluación posterior a las PASO. Es importante tener en cuenta que una devaluación afecta principalmente a los productos transables, entre ellos los alimentos. De esta forma golpea directamente a la canasta básica alimentaria, haciendo que su aumento sea aún mayor que el nivel general de precios y generando un impacto significativo en los ingresos de las familias de bajos recursos. Este fenómeno se debe a que la inflación general tiene en cuenta otros factores, como bienes no transables y regulados, que no son tan vulnerables a la devaluación en el corto plazo.
Por este motivo, el Ministro de Economía, Sergio Massa, puso en marcha una serie de medidas con el objetivo de compensar el impacto de la aceleración de la inflación sobre los ingresos. El programa está enfocado en ayudar a pymes, trabajadores registrados, monotributistas, personal doméstico, jubilados y trabajadores de la economía social.
Pese a estas recomposiciones, el contexto social es muy frágil: la pobreza alcanzó al 40,1% de la población en el primer semestre de 2023, previo al impacto de la reciente devaluación, y esperamos siga en ascenso en la segunda mitad del año. Asimismo, la pobreza alcanzó a más de la mitad (56,2%) de los niños de 0 a 14 años, siendo este el grupo de edad con mayor cantidad de pobres.
En cuanto a las medidas, se estableció un aumento del 23% a partir de septiembre para jubilados y la jubilación mínima pasará a ser de $87.460. También anunciaron un refuerzo de $37.000 a cobrar en septiembre octubre y noviembre para los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo llevando el mismo a $124.460 durante esos meses.
Otra de las medidas puesta en marcha fue el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, que está orientada a ser una ayuda económica para acceder a la canasta básica. El refuerzo anunciado por Massa es de $10.000 para madres con un hijo, $17.000 para dos hijos y $34.000 para tres hijos o más. También aseguró que, una vez terminada la ayuda económica, habrá un aumento del 30% de la Tarjeta Alimentar.
Por otra parte, se anunció un refuerzo de $25.000 en dos cuotas mensuales para el personal doméstico y comenzó a eximirse a los monotributistas de pagar el componente tributario durante 6 meses. Esta última medida beneficiará a quienes facturen hasta $3.656.604 por año.
Por último, luego del dato de inflación de agosto, el ministro anunció el reintegro del IVA para las compras de jubilados, algunos monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, empleados domésticos y titulares de la AUH. La devolución se hará para compras de la canasta básica y realizadas con tarjeta de débito.
Si bien estas medidas buscan recuperar el poder de compra de los hogares, es necesario evaluar si los bonos y los aumentos en las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) son suficientes para enfrentar el aumento acelerado de los precios de la canasta básica. Si es así, es posible que en los próximos meses se pueda observar una mejora parcial en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Sin embargo, será una tarea difícil.
En septiembre, el IPC GBA Ecolatina registró un aumento mensual del 12,4%, mientras que el rubro de Alimentos y bebidas aumentó un 14%. En este contexto, cabe esperar que continúe la tendencia del incremento de los precios de las canastas por encima de la inflación.
No esperamos una mejora en la situación para 2024. La futura corrección de precios relativos tendrá un impacto inmediato en la inflación y en el precio de los alimentos en particular. Hay que tener en cuenta que la situación actual difiere de la que enfrentó el cambio de mandato en 2015. Actualmente, los salarios reales se encuentran cerca del 20% más bajos que en aquel entonces y la pobreza es más de 10 puntos superior.
En este contexto, es fundamental que la instrumentación de un plan de estabilización, además de contemplar el pilar fiscal-monetario y cambiario, tenga como uno de sus pilares a las políticas de ingreso, incluyendo una mejor focalización de la política fiscal y acuerdos de precios y salarios que contribuyan a una mejora sostenida en las condiciones de vida.
