Durante 2018 y 2019, la inestabilidad cambiaria provocó varias aceleraciones inesperadas de la inflación, que golpearon sucesivamente al poder adquisitivo de los ingresos. Para revertir esta tendencia, el Frente de Todos empezó su gestión dando incrementos de suma fija a los asalariados formales. A la vez, mejoró el ingreso de perceptores de asignaciones y jubilaciones mínimas, intentando cumplir sus promesas de campaña. Si a estas medidas le sumamos la tarjeta Alimentar -una transferencia en especie, alimentos, para familias de bajos recursos-, resalta el carácter progresivo de estas medidas de arranque de 2020.
Sin embargo, la llegada de la pandemia y la cuarentena desbarataron cualquier intento de impulso al consumo por esta vía. Las restricciones de oferta rápidamente se convirtieron en un ataque a la demanda, en tanto el freno a la circulación provocó un fuerte deterioro en el empleo y los ingresos de los trabajadores.
Esta dinámica afectó de manera directa a la mitad de los trabajadores (incluyendo todas las modalidades de contratación). No obstante, este impacto no fue homogéneo: por la prohibición de despidos, garantía parcial del salario vía ATP y otras medidas, quienes pertenecían al sector formal tuvieron una protección mayor que los trabajadores no registrados. Esta asimetría se profundizó con la apertura de paritarias que apuntaló, otra vez, el poder adquisitivo de los empleados registrados. De hecho, el salario registrado creció casi 29% entre abril y octubre del año pasado, ubicándose “apenas” 2 p.p. por debajo de la inflación del período.
Por el contrario, los trabajadores informales y cuentapropistas se vieron más perjudicados. En conjunto, en estas modalidades se ubican más de 8 de cada 10 trabajadores de los últimos tres deciles de ingresos laborales. Si bien hubo asistencia para estos sectores -IFE, bonos para beneficiarios de asignaciones, entre otros-, en la mayoría de los casos estuvo lejos de compensar la pérdida previa de ingresos. A la vez, al estar al margen de las regulaciones laborales, la destrucción de puestos de trabajo fue mayor, dado que no había “prohibiciones de despidos” o doble indemnización que los protegiera en el corto plazo. Para peor, la continuidad de algunas restricciones y un nivel de actividad que no logra alcanzar los valores pre-COVID impiden todavía que el empleo de estos sectores vuelva a los niveles de cierre de 2019.
De este análisis se desprende que el sesgo progresivo de la política de ingresos de comienzos de gestión se fue desvaneciendo con el correr del tiempo -y la pandemia-. Esta dinámica se vio agravada por la evolución reciente de las paritarias. Ante el imposible cumplimiento de la meta de inflación anual (29%), el gobierno comenzó a validar negociaciones del orden del 40%, tanto en el sector público –los trabajadores del Congreso y PAMI como casos testigo- como privado, con Camioneros como primer ejemplo. En la misma línea, más explícita que implícitamente se invita a una reapertura de las negociaciones que ya quedaron desfasadas, y la actualización de la paritaria de los trabajadores bancarios marcó el camino en este sentido. En este escenario, una vez más, los salarios formales les sacarán ventaja a informales.
Esta mejora efectiva de paritarias a los pocos meses de los cierres originales, en lugar de cláusulas gatillo o de renegociación por aceleraciones inflacionarias, refleja que el principal objetivo del Poder Ejecutivo, en este plano, es mejorar la dinámica del consumo antes de las elecciones. Ahora bien, en esta oportunidad, en lugar de alentar los ingresos de los sectores más desprotegidos -algo que pasa, por ejemplo, con los aumentos de sumas fijas- se favorecerá al tope de la pirámide salarial.
En términos de demanda, esta configuración de las recomposiciones alentará la recuperación de la demanda de bienes no básicos y servicios, los consumos de los deciles mejor ubicados. En números, los tres deciles más altos destinan casi un 75% de sus ingresos a compras “no indispensables”. En cambio, al bajar en la pirámide y analizar al 30% más pobre, se verifica que este porcentaje está cerca del 40%. En consecuencia, es probable que las ventas de estos rubros, las más golpeadas durante el año pasado, empiecen a recuperarse en la segunda mitad del año -vacunas y caída de contagios y restricciones mediante-.
Alcanzado este punto, vale destacar que parte importante del rebote y su magnitud dependerán del éxito de la política antiinflacionaria: más allá de qué números se renegocien en paritarias, un traslado a precios moderado será fundamental para que las ventas efectivamente puedan mejorar. La decisión del Poder Ejecutivo de alentar estas reaperturas marca su intención de convalidar un nuevo equilibrio de mayor inflación y mayor salario, que impliquen un mayor consumo, para el período electoral. Aunque el vuelo de este año será menor a los de la década pasada, se intentaría ir a una dinámica similar a la de 2013 y 2015: resignación del objetivo de precios en pos de impulsar la demanda.
Con este escenario, proyectamos que el salario real de los trabajadores registrados crecería 3,5% en la segunda mitad del año, comparado con la primera parte de 2021. De esta forma, más que se revertiría la caída del primer semestre logrando que los salarios les ganen a los precios por primera vez desde 2017. No obstante, la recuperación de los próximos meses no alcanzaría para cambiar el resultado del promedio anual, un número más relevante que la comparación punta a punta, donde se verificaría una caída de 2,5% i.a. De cara a 2022, las claves serán las condicionalidades del acuerdo con el FMI y la corrección cambiaria pos-electoral: 2021 se encamina a ser el cuarto año seguido de caída del salario real, ¿2022 traerá la buena?
