Según el último boletín trimestral de cuentas nacionales que publicó el Banco Central del Ecuador (BCE), la economía del país, que creció 3% en 2017, impulsada por un agresivo endeudamiento público que alentó el consumo, registró en el primer trimestre de 2018 un crecimiento de 1,9% frente a igual período del año anterior (respecto al cuarto trimestre de 2017 el PIB se contrajo 0,7%). Esta desaceleración se da pese a que en enero de este año el Gobierno emitió bonos soberanos por US$3.000 (3% del PIB) para no verse obligado a hacer un ajuste demasiado fuerte en el gasto antes de la consulta popular que se celebró el 4 de febrero. Si bien en el primer trimestre el consumo privado se siguió mostrando dinámico (4,6% de crecimiento interanual) y la formación bruta de capital, después de haber acumulado tres años consecutivos de caídas, registró un crecimiento de 5,5% (que se explica en buena parte por el repunte en las importaciones de maquinaria y equipo que en los últimos años habían sido excepcionalmente bajas), las mismas autoridades económicas (como la gerente del BCE) ya reconocen que este año la tasa de crecimiento será más baja que en el anterior.
Esta desaceleración, que nosotros también prevemos, se explica principalmente por un inevitable ajuste en el gasto público frente al registrado en 2017. De hecho, en la primera mitad de 2018 el gasto del Presupuesto General del Estado se contrajo 8,9% frente a igual período del año anterior. En una economía que en los últimos años dependió en gran medida de la inyección de recursos públicos, este recorte, que por lo pronto se ha centrado en el gasto de capital, afecta a la actividad en general y también a los depósitos en los bancos. Pese a ese recorte, que junto con un alza en los ingresos (tanto en los tributarios como en los petroleros) ha permitido reducir el déficit del Presupuesto a una tercera parte, el FMI, que vino al país desde finales de junio hasta inicios de julio, cree que hace falta un esfuerzo mayor, ya que el déficit fiscal sigue siendo alto. El organismo, que ha destacado el avance que representa el proyecto de ley que el Ejecutivo envió a la Asamblea así como la voluntad del nuevo equipo económico de transparentar las cifras, sugiere una “consolidación fiscal más balanceada y anticipada” así como otras medidas que permitan recuperar la competitividad de la economía, entre ellas flexibilizar el mercado laboral y suscribir nuevos acuerdos comerciales. El FMI, de hecho, ha señalado que la economía ecuatoriana aún enfrenta “importantes desafíos”, no sólo en lo fiscal, sino también como consecuencia de un tipo de cambio real sobrevaluado y vulnerabilidades en la balanza de pagos.
Un indicador que parece reflejar la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana, particularmente de la demanda interna, es la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en junio de este año registró su décima caída interanual consecutiva. Conviene señalar que esta última caída en los precios, que afecta a la mayor parte de los productos que componen el IPC, se dio frente a un mes (junio de 2017) en que ya no estaban vigentes las sobretasas arancelarias. Es decir, esta baja en los precios ya no se puede explicar por el desmonte de las salvaguardias.
