La segunda ola de contagios no encuentra aún su techo, y las terapias intensivas empiezan a llegar a su límite de capacidad. Por este motivo, el Gobierno nacional y sus pares subnacionales ajustaron las medidas sanitarias que habían tomado en los días previos. En el área metropolitana de Buenos Aires, foco central del Covid, se impuso un toque de queda de 20 a 6 horas, se limitó el acceso al transporte público y se suspendieron las clases presenciales (aunque, en la CABA, un fallo judicial habilitó a que las escuelas permanezcan abiertas). El conflicto entre niveles de gobierno por la modalidad de cursada escaló hasta la Corte Suprema y tensa los consensos acerca de cómo actuar frente a la enfermedad que nos rodea hace algo más de un año. Del mismo modo que sucedió con la discusión sobre los runners en 2020, la estacionalidad del virus pareciera coincidir con la del conflicto político, que se enmarcará esta vez en la campaña legislativa de medio término.
En paralelo, en la última semana se redujo el ritmo de vacunación, ya que escasearon las dosis disponibles. Sin embargo, entre el fin de semana y el lunes arribaron al país nuevas dosis con las cuales se podría reactivar el ritmo de aplicaciones. A la fecha, se recibieron casi 9 millones de vacunas (incluyendo Sputnik V, Covishield, Sinopharm y las recibidas por el mecanismo COVAX), de las cuales 8 millones fueron distribuidas a las Provincias. De estas, se aplicaron 6,4 millones a 5,6 millones de personas, de quienes el 87% recibió una única dosis y el 13% restante ambas aplicaciones. Además, se espera que llegue un millón de inyecciones de Sinopharm este fin de semana y otro más el próximo. Como si esto fuera poco, un laboratorio local anunció recientemente que ya está produciendo dosis de Sputnik V en Argentina.
El nivel de conflictividad política de las últimas medidas tomadas limita la capacidad de restringir más actividades, máxime en la previa de las elecciones. A la vez, incentiva a acompañar estas acciones con transferencias a las personas y empresas afectadas. Las primeras de estas -ya fueron anunciadas, pero todavía no implementadas- serían un bono de $15.000 a titulares de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas y otro de $6.500 al personal de la salud. Por ahora, el costo fiscal de estas medidas no es relevante macroeconómicamente (0,13% del PBI o 0,6% del gasto primario total), pero si la situación sanitaria o política llevara a aumentar estos programas a la magnitud que mostraron el año pasado, podrían generar problemas de financiamiento del fisco.
En definitiva, esperamos que las restricciones impacten principalmente a determinadas ramas de servicios, pero no golpeen a la industria y la construcción, que tendrán un 2021 más favorable. En este marco, mantenemos nuestra proyección de que el PBI crecerá 6%, mayormente debido al arrastre estadístico positivo que dejó el 2020 (+5%). De todas formas, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica podría seguir empeorando, la magnitud y alcance de las restricciones continúa siendo una incógnita. No descartamos que terminen comprometiendo a una mayor proporción de sectores y regiones, infringiéndole un golpe a la economía mayor al esperado. Tampoco, que el incremento del gasto y su financiamiento gatillen aumentos de los precios, la brecha cambiaria y, finalmente, el dólar oficial, que también impacten en la actividad económica. No obstante, todavía falta para eso: esperemos que los contagios bajen entonces, evitando una profundización de la crisis.
