Lentamente comienzan a avecinarse las elecciones de medio término. Allí, el Gobierno tiene un objetivo práctico (ganar la mayor cantidad de bancas) y uno simbólico (ganar la elección). Precisamente, ambos dependen en gran medida del resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires.
Fue en el bastión actualmente oficialista donde el oficialismo se alzó con el triunfo en la elección presidencial logrando una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales. Dos años después, buscará repetir ese mismo resultado o, al menos, uno que se le asemeje. Si bien una primera mirada sobre la situación electoral en la provincia nos indica una ventaja del Frente de Todos, la situación difiere claramente de la magnitud observada en 2019.
En un estudio realizado entre los días 3 y 7 de marzo, observamos una intención de voto para el oficialismo de 34,6%, mientras que para Juntos por el Cambio resultó del 27,9%. Por su parte, relevamos una intención de voto a un espacio peronista no oficialista de 7,1% y la correspondiente a un espacio de derecha de 6,3%.
A partir de lo sucedido en elecciones anteriores, la ventaja que se observa a favor del Frente de Todos no pareciera ser una ventaja de confiar. Esto se debe principalmente a que hay terceras y cuartas fuerzas que podrían ver centrifugados sus votos, sufriendo una migración del voto útil hacia las dos principales fuerzas, pudiendo cambiar el resultado. Además, aún se observa un alto nivel de indecisos que también podrían modificar los resultados de la elección de sostenerse las presentes intenciones de voto.
La diferencia observada también invita a pensar que el timing de la elección y la forma del calendario electoral podrían volverse estratégicos para el resultado. En estos pequeños, pero no menores, detalles podría definirse la elección que actualmente presenta más incertidumbres que certezas y donde, obviamente, jugará un papel determinante la definición de candidaturas.
