El 2020 será el tercer año de caída de salario real. La pandemia agravó la complicada dinámica de ingresos mediante la destrucción de empleo. Si bien se logró retomar el proceso paritario luego de la pandemia, la atención comienza a centrarse en la inflación de 2021.
En la recta final del 2020 muchos gremios, haciendo uso de sus cláusulas de revisión fijadas en sus respectivos acuerdos paritarios, lograron recomponer lo que parecía imposible durante los meses más difíciles del año. Gremios como la UTA (BA), UOCRA, Bancarios, Camioneros, Alimentación y Sanidad terminarán el 2020 por encima de la evolución del IPC (comparado a igual período con su convenio). Un escalón más abajo se encuentran SMATA, Comercio, Luz y Fuerza, y UOM, que terminarán en línea con la inflación. Los principales perdedores del 2020 son Gastronómicos, Estatales y Ferroviarios.
Tal como se mencionó, el 2020 terminará siendo el tercer año consecutivo de caida del salario real. Este dato es el más difícil para el universo sindical que ahora pretende revertir esa secuencia en 2021. Por ello, mira con mucha atención el comportamiento de la inflación, que será clave para saber si finalmente el objetivo de recuperar parte de lo perdido se puede empezar a lograr en el año entrante.
Sin embargo, la atención de los principales gremios no está exclusivamente abocada a una posible aceleración inflacionaria que impida una recuperación del salario real en el corto plazo: la reformulación del sistema de salud también está en la agenda principal de los sindicatos (y del Gobierno).
La pandemia terminó de poner como prioridad algo que venía latente de años anteriores: la necesidad de repensar el sistema de salud y, particularmente, el sistema de obras sociales a causa del cuantioso déficit que acarrea. Solo por cumplir la cobertura que exige el Programa Médico Obligatorio (PMO), las obras sociales registran un déficit de unos 1.500 millones de pesos mensuales.
Pandemia mediante, el Gobierno ha asistido a las obras sociales en un contexto donde los aportes se redujeron por el impacto que la crisis sanitaria tuvo sobre el empleo. La asistencia fue principalmente por dos vías. En primer lugar, mediante Aportes del Sistema Único de Reintegros (SUR) que provienen del Fondo Solidario de Redistribución para la cobertura de tratamientos de alta complejidad, los cuales sumaron casi $ 24.000 millones de pesos a lo largo del 2020, duplicando lo entregado en 2019. En segundo lugar, mediante aportes para cubrir la caída en las recaudaciones de cada obra social por la pandemia, donde se llevan girados a las obras sociales más de $ 5.000 millones de pesos.
La sostenibilidad financiera del sistema de salud y de obras sociales es y será un tema de debate en el corto plazo. Los sindicatos son los primeros interesados en discutir estos temas con el Gobierno. De hecho, a mediados de este 2020 la CGT le presentó al Gobierno un documento con algunos puntos que creían debían ser modificados mediante una ley para darle sostenibilidad financiera al sistema. Resta saber hasta dónde llegará el Gobierno con una reforma más profunda del sistema para así darle respuesta a un reclamo histórico de la CGT: atender la salud financiera de sus obras sociales.
