Buscando canalizar la puja distributiva que comienza a tener lugar en el plano político pasados los meses más complejos de la pandemia, el Gobierno nacional se apresta a lanzar el demorado Consejo Económico y Social. Intentará lanzarlo aún sin una ley que le de una mayor institucionalidad, no solo a causa de una creciente puja distributiva, sino que también apunta a dar respuesta a los reclamos de la CGT.
El título de la carta publicada el 11 de noviembre por el Consejo Directivo de la entidad gremial es determinante: “La pandemia no terminó”. En el documento se detallan fuertes críticas a las medidas de ajuste fiscal (suspensión del IFE, cambios en la movilidad jubilatoria, etc.) que el Ministerio de Economía ha anunciado en las últimas semanas. Vale la pena recordar que dicho “giro hacia la ortodoxia” en la orientación de la política económica se da en el marco de las renegociación de la deuda con el FMI.
Ante la crítica de la confederación gremial, el Gobierno tomó tres principales medidas. Prorrogó la prohibición de despidos por 60 días más, extendió la doble indemnización hasta el 25 de enero y anunció que evalúa lanzar el Consejo Económico y Social sin esperar la ley para ponerlo a trabajar en la agenda pospandemia.
Sin embargo, la tensión en la relación entre el oficialismo y los principales referentes de la CGT no quedó en evidencia únicamente con la mencionada carta. También fue notoria la ausencia del sindicalismo cegetista en las marchas del 17 de noviembre en apoyo del aporte a las grandes fortunas (día en que sí movilizó el moyanismo), por ejemplo.
Otra de las señales que emitió el Gobierno este último mes se relaciona con la difícil realidad financiera que atraviesan las obras sociales. En noviembre se le giraron a éstas más recursos para cubrir el desfasaje en la recaudación que están teniendo como consecuencia de la pandemia, las suspensiones y la destrucción de empleo. Fueron 1.000 millones de pesos en concepto de adelanto.
Por último, no solo hubo un apoyo financiero. El Gobierno intenta avanzar en una ley complementaria que atienda la problemática del desfinanciamiento que sufren las obras sociales. Los gremios, por su parte, reclaman un aumento de la cápita mensual que abonan los monotributisas y, a su vez, quieren definir la obligatoriedad del pago por parte de todo el grupo familiar.
