Es un momento complejo para la economía y mucho menos para el empleo que, como consecuencia de la caída en la actividad, sufrió las secuelas con una destrucción de 400.000 puestos de trabajo registrados a junio de este año según las cifras más confiables del Sistema Integrado Previsional Argentino. En este contexto, el Gobierno viene tomando medidas para proteger el empleo como la persistente prohibición de despidos que se viene sosteniendo desde el 31 de marzo pasado y que se acaba de prorrogar hasta fines de noviembre, así como la prórroga que en junio se hizo, por 6 meses, de la vigencia de la doble indemnización para los despidos sin justa causa.
Esta situación complica aún más la relación entre el Gobierno y el universo sindical, especialmente con el conglomerado de sindicatos nucleados en la CGT que han venido reclamando, sin demasiado éxito, una mayor participación en la discusión de las políticas y medidas orientadas a mitigar los efectos de la pandemia y a vigorizar la recuperación pospandemia. La ausencia de protagonismo de los dirigentes sindicales en el diseño de las políticas, incluso la ausencia de instancias de diálogo más institucionalizadas como el cada vez más lejano Consejo Económico y Social, le agregan a la conducción de la CGT dificultades para legitimar el apoyo sin fisuras que aún la Central sostiene con el actual proceso político. Este apoyo sin fisuras se ha manifestado en diferentes ocasiones y se ratificará con el acto que la CGT está organizando para el 17 de octubre, donde se propondrá que el presidente asuma la jefatura política del PJ, a modo de encumbrar su liderazgo al frente de una coalición que se muestra multiforme y con terminales de poder descentralizadas.
Paradójicamente, esta mayor tensión redujo, a través de la situación sanitaria extraordinaria, la conflictividad laboral. En un contexto de profunda crisis, esta se ubicó en el nivel más bajo en 10 años durante el primer semestre de 2020, tanto en el Sector Público como en el Sector Privado. Este fenómeno no solo se observa contabilizando los conflictos que finalizaron con medidas de fuerza, sino que se observa aún con mayor nitidez si se contabilizan la cantidad de huelguistas que, tanto en el sector público como en el privado, estuvieron efectuando este tipo de medidas.
La fuerte caída en la conflictividad sindical en el sector público no solo estuvo cruzada por la realidad de la pandemia. El cambio de Gobierno, y la llegada al poder de una Coalición que tiene entre sus filas de apoyo a los principales gremios estatales (tanto en los niveles nacional como provinciales) explica en gran parte esa caída. Esta particularidad política, explica también, en contraste, la alta conflictividad sindical registrada en este sector durante los años de gestión de Cambiemos.
