Gobernar puede ser un costo político en sí mismo, especialmente cuando se lo hace en condiciones económicas desfavorables. Esto lo puede confirmar Alberto Fernández que tras el favorable impacto que recibió su imagen ante la emergencia de la pandemia del Covid-19, ha venido sufriendo un continuo desgaste de la misma y finalmente alcanzó terreno negativo, según nuestro último estudio.
Resta saber si la repercusión favorable que recogió el acuerdo con privados para reestructurar los compromisos de deuda produce alguna recuperación en términos de imagen. Pero más allá de esto, queda claro que la ausencia de respuestas del Gobierno a las demandas recogidas en la elección presidencial, irán socavando su popularidad, sobre todo en un contexto donde la pandemia vuelve más urgente las necesidades económicas.
Un ejemplo claro de ello se puede observar en una porción interesante de la muestra de nuestro último estudio. Particularmente, el 13% de encuestados que nos dicen que votaron por Fernández en las elecciones del año pasado pero que tienen una imagen negativa de él. En este grupo de encuestados, al que podríamos llamar los “desilusionados”, el 91,3% señalan que les preocupa más su situación económica personal que el coronavirus, el 92,8% cree que la situación económica del país estará peor en un año y el 91,2% cree que su propia situación económica personal empeorará en un año. Como consecuencia de todo esto, el 75,4% de ellos dice que si hoy fueran las elecciones legislativas, votaría por otra fuerza política y no por el Frente de Todos.
En definitiva, esta evidencia resalta el componente económico del desafío que enfrenta Alberto Fernández para conservar los apoyos obtenidos en 2019. Esto no desentona con la idea que venimos sosteniendo: el principal mandato recogido por el Frente de Todos es el económico, y será el incumplimiento de ese mandato la principal fuente para la desilusión.
En este contexto, y considerando que en un año el oficialismo revalidará los votos obtenidos en la elección presidencial, nuestras primeras proximaciones sugieren que el Frente de Todos conserva un 36,8% de intención de voto. Si sumamos un 20% de los indecisos, el Gobierno podría rozar un nivel de apoyo electoral del 40%, un número que no es malo, contemplando que en más de 9 meses de mandato no se ha logrado poner en marcha la economía.
Sin embargo, más allá de conservar o no el caudal electoral, la clave para el oficialismo pasará por lograr una renovación de bancas para la Cámara de Diputados que permita extender la mayoría más allá de las 129 bancas
necesarias para tener el quórum, la llave para hacer funcionar y sancionar las leyes necesarias.
De todas formas, también vale destacar que obtener un resultado similar al de 2019 también es un desafío en sí mismo, ya que en elecciones legislativas los oficialismos tienden a obtener resultados más bajos que los obtenidos en elecciones ejecutivas. Eso sucede por dos motivos: 1) en las elecciones legislativas en presidencialismos se tiende a plebicitar las gestiones de gobierno y siempre es difícil dejar contentos a todos; 2) en elecciones legislativas se registra un nivel de fragmentación electoral mayor ya que desaparece el premio indivisible (la Presidencia), y aparecen incentivos individuales (lograr una banca, lo que en distritos grandes se puede lograr con un porcentaje bajo) que alientan una mayor fragmentación oferta electoral.
Tan fuerte es este fenómeno que aún hoy sigue siendo la elección de Alfonsín en 1985 la mejor elección legislativa de un oficialismo desde el retorno a la democracia a la actualidad.
