Descargá nuestro Reporte Especial “Covid-19 en Latam y respuesta de los gobiernos a la crisis” (acceso solo para usuarios Full o Corporate).
El reporte adjunto -elaborada por la alianza de consultoras internacional LAECO- incluye el análisis para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
A continuación, el extracto de las medidas adoptadas en Argentina.
El país se encuentra en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo, exceptuando solo a ciertas actividades catalogadas de “esenciales”. En este sentido, el país fue pionero en implementar restricciones al movimiento de las personas apenas se confirmó la circulación local del Covid-19, priorizando la salud por sobre el funcionamiento de la economía. Al 10 de Abril, se registraron 1.890 infectados y 81 muertos.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno en materia de política fiscal?
La situación de la economía argentina era muy compleja antes del shock: arrastraba dos años de inestabilidad cambiaria, inflación en la zona del 50% anual y recesión. Además, el sector público estaba en plena reestructuración de su deuda para evitar un Default. Por lo tanto, el espacio para realizar políticas expansivas es acotado. En este marco, se anunció el siguiente paquete fiscal:
Producto del agravamiento de la recesión que golpeará aún más a una alicaída recaudación, estimamos que el resultado primario cerraría con un déficit de por lo menos 2,5% del PBI este año, avanzando al menos 2 p.p. respecto de 2019, cuando alcanzó -0,4% del PBI.
¿Cuál ha sido la respuesta en materia de política monetaria?
Antes del shock del COVID 19, la morosidad del sector privado estaba en niveles récord de la última década. Para peor, la tasa de irregularidad de las empresas se había disparado, saltando de 3,1% en enero de 2019 a 7,8% en enero de 2020. Por lo tanto, el objetivo de la política monetaria es evitar la ruptura de la cadena de pagos local.
En este sentido, el gobierno anunció un programa de créditos para capital de trabajo (pago de sueldos, cancelación de deudas con proveedores, etc.) a una tasa subsidiada del 24% anual, significativamente por debajo de las proyecciones de inflación del mercado (41% para los próximos 12 meses). Por la delicada situación inflacionaria, y, no menor, una demanda de moneda local deprimida, este programa no se financiará con “nuevos pesos” sino con liberación de encajes de los bancos comerciales.
Vale destacar que más de un tercio de la economía argentina opera en la informalidad, sector que más está sufriendo el aislamiento social. Dado que opera con sujetos pasibles de crédito, el plan está orientado hacia las empresas “registradas”. En consecuencia, si bien el mismo podría ayudar a mitigar los efectos de la crisis en el agregado, no lograría atenuarla en los sectores más vulnerables.
¿Cuál ha sido la respuesta en materia de otras políticas (mercado laboral, sector externo, políticas sociales, etc)?
La situación social era delicada antes de la pandemia: la pobreza se ubicaba en la zona del 35% y los trabajadores informales orillan 40%. En este sentido, el gobierno anunció un bono de ARS 3.000 para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y jubilados que cobran el haber mínimo, se creó un Ingreso Familiar de Emergencia por un monto de ARS 10.000 para trabajadores informales y se eximió del pago de las contribuciones patronales a las empresas afectadas por la cuarentena, a la par que reforzó el seguro de desempleo, prohibió los despidos y suspensiones por 60 días y se encargará de pagar parte de los sueldos de PyMEs afectadas. Pese a que todas las medidas implementadas ayudarán a morigerar el impacto del Covid-19, el golpe sobre la economía y el frente social será igualmente duro.
