¿Cuánto aumentarán las jubilaciones?
El último viernes el gobierno de Alberto Fernández decretó un aumento en las jubilaciones que tendrá efecto desde el próximo marzo. Para algunos, el aumento fue un ajuste sobre un sector vulnerable al que se le había prometido mucho durante la campaña. Para otros fue, no solo justo desde un punto de vista distributivo, sino parte de una nueva estrategia que, integralmente, no puede considerarse un ajuste. ¿Cuánto de cierto hay en estas posiciones aparentemente antagónicas?
La definición fue que cada beneficio aumente solo 2.3% y al valor resultante se le agregue una suma fija de $1.500. De esta manera, un jubilado con la mínima vería aumentar su prestación en 13%, mientras que aquellos que cobran más de $16.200 perderían con el cambio. En promedio, el aumento llegaría a 9,2%, algo por debajo del 11.6% que hubieran aumentado de haber mantenido la formula de movilidad previa. Al mismo tiempo, la distribución cambia, achicándose la diferencia entre la prestación mínima y la media (pasó de ser 55% superior a 50%).
Con estos números sobre la mesa se entienden algo mejor las distintas posturas. Aquellos más preocupados por la distribución ponderaron el uso más progresivo de los fondos, mientras que otros entienden que, dado que el promedio es menor a lo que hubiera sido con la antigua formula de movilidad, hay innegablemente un ajuste.
¿Cómo varió el ingreso real de los jubilados?
Sabemos como evolucionaron los ingresos de los jubilados, pero poco sabemos qué pasó en estos últimos meses con la inflación que sufren. Dado que las pautas de consumo de los adultos mayores son significativamente distintas a las del promedio (mayor gasto en medicamentos y alimentos y menos en entretenimiento y educación, por ejemplo) y que los precios lejos estuvieron de aumentar homogéneamente en estos meses, sabemos que el ingreso real varió de forma distinta a la del resto de la población, pero ¿cuánto?
Tomando los datos del IPC Ecolatina y los de la Encuesta de Gastos de los Hogares elaborada por INDEC podemos calcular el aumento de precios de la canasta de los adultos mayores. Se observa que en un jubilado que cobra la mínima recuperó parcialmente lo perdido en 2019, pero su poder de compra continúa 13% por debajo del observado a fines de 2017, mientras que uno que cobra el promedio se mantiene 15% por debajo y uno que cobra 4 veces la mínima 18%.
¿Fue un ajuste fiscal?
Nuevamente las posturas se contradicen. Dado que el aumento promedio otorgado fue inferior al que hubiera surgido de aplicar la formula previa, hay un ahorro fiscal cercano a los $3.500 millones por mes ($3.400 si contamos el resto de las prestaciones sociales, como AUH, las cuales sí aumentaron 13%), el cual se ampliaría si a partir de junio se aplica una fórmula de movilidad similar a la anterior. De hecho, entre marzo y diciembre el ahorro llegaría a $40.000 millones, 0,1% del PBI. Ahora bien, ese ahorro no compensa el gasto extra que implicaron los bonos otorgados en diciembre de 2019 y enero de este año.
En ese marco, ambas posturas son razonables. Sí hubo un ajuste que dejará un arrastre para los próximos meses y posiblemente años, pero también es cierto que el gobierno no gastará menos de lo que hubiera gastado de haber mantenido la fórmula anterior.
En suma, se logró darle más progresividad al gasto previsional, a costa de atentar contra la institucionalidad (seguramente comenzarán a abrirse juicios durante los próximos meses) y sin lograr un ahorro fiscal significativo, al menos hasta el próximo año.
