La concentración de la toma de decisiones en momentos de crisis, lo que se puede apreciar en las facultades delegadas que logró aprobar Alberto Fernández con la Ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no resuelve por sí solo el problema de las tensiones que genera tomar decisiones que afectan intereses. Además, también se requiere reducir la cantidad de interlocutores para poder genera márgenes de consulta en el proceso de decisión.
Es precisamente en este capítulo que el frente sindical no está ofreciendo resultados, ya que el multifragmentado universo gremial no logra encontrar canales para la reducción a la unidad. Un ejemplo de esa multiplicidad de interlocutores se vio reflejada en la primer reunión oficial del Gobierno con la dirigencia sindical en pasado 20 de diciembre en la Casa Rosada. Fueron allí representantes de todos los sectores sindicales que, en mayor o menor medida, han mostrado la voluntad de comenzar apoyando las decisiones que el Gobierno tome para “poner en marcha la economía”.
Quizás por este motivo fue que Alberto Fernández buscó generar un marco de decisiones que sirvieran como paraguas de legitimidad para sentar a todos los sectores sindicales en la mesa de discusión de las políticas. En este sentido, se entienden las decisiones de reponer la doble indemnización por despidos por 180 días, y la de decretar un aumento para el sector privado por decreto, a cuenta de lo que se discuta en el marco de las negociaciones paritarias, como una forma de garantizarse la buena voluntad de la mayor cantidad de sectores sindicales para encarar una etapa (la del Consejo Económico y Social) donde se deberá contener la puja por recuperar el poder adquisitivo perdido.
El aumento por decreto en cuestión busca capitalizar los esfuerzos del sector privado por colaborar con la reactivación de la economía. El mismo consuste en un bono para los trabajadores del sector que consistirá en una suma de entre $6.000 y $9.000, se pagará a partir de los primeros días de febrero, e irá a cuenta de futuras paritarias.
Las negociaciones no fueron sencillas y todas las partes tuvieron que ceder. El Gobierno anhelaba un aumento remunerativo, en una sola cuota, en torno a los $9.000, y que no fuese afectado por los acuerdos paritarios previos que aún no habían sido cobrados. Por su parte, el sector empresario logró que el bono se pueda pagar en cuotas, y que compense acuerdos paritarios futuros que aún no fueron cancelados, por lo que se entiende que los gremios que tuviesen aumentos próximos a ser percibidos podrían quedarse afuera del acuerdo. También buscan que el bono no tenga carácter remunerativo, aunque a esta altura es improbable que Fernández ceda en este ítem.
Vale destacar que el aumento por decreto frenó las renegociaciones en curso, como las de la UOM y UPCN, mientras que Camioneros, siguen firmes haciendo uso de su cláusula y buscan lograr una recomposición salarial que empate a la inflación.
