El inicio de la actividad legislativa en la era de Alberto Fernández estuvo marcado por el tratamiento de un mega proyecto de Ley que el Gobierno denominó Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. Se trata de un conjunto de medidas que le dan marco al nuevo Programa Económico del nuevo Gobierno y que contempla una sesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y medidas impositivas orientadas a fortalecer los recursos fiscales del Estado. La medida no recibió el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio pero sí colaboraron con el quórum para habilitar del debate los otros bloques legislativos (el interbloque Federal y el bloque UFD).
En el proyecto, se destaca la disposición de nuevos topes para las alícuotas de los derechos de exportación, las modificaciones a las alícuotas de Bienes Personales, la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, moratoria para PYMES, congelamiento tarifario, el impuesto “país” -que grava el 30% la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjetas de crédito y
débito en el exterior, entre otros.
El trámite del proyecto fue celerísimo, ya que tuvo un trámite exprés en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, donde el oficialismo logró un dictamen favorable con 44 firmas, pero el texto que ingresó al Congreso y el que finalmente ingresará al Senado con media sanción sufrió varias modificaciones. Entre las más relevantes se encuentra la supresión de facultades de reorganización del estado, exenciones a la suspensión de la movilidad jubilatoria, segmentación de los derechos de exportación y se determinó la no retroactividad del gravamen de 30% para las compras efectuadas en el exterior antes de la entrada en vigencia de la ley.
Tal como lo deseaba Alberto Fernández, el proyecto se encaminaba a ser convertido en Ley por el Senado en un trámite veloz que permitió que en poco más de 72hs la primer y más importante iniciativa que el Gobierno envió al Congreso pueda convertirse en Ley.
