Economía
Como resultado de los eventos políticos, las agencias calificadoras de riesgo Fitch y Moody´s disminuyeron la calificación del país, indicando que se debe reducir la incertidumbre y dar señales claras sobre el rumbo de la economía después de los conflictos. Pese a la magnitud de la interrupción, la variación del IPC en noviembre fue de 1,1%, lo cual reforzaría que la inflación estaría en torno a 3% al cierre de año. En términos económicos, calculamos que la interrupción implicó $us1.000 millones de menor actividad y un recorte de la proyección a un entorno de 2% para el presente año. El gobierno de transición envió la propuesta de presupuesto para 2020, en la que proyecta un déficit fiscal de 6,8% del PIB. Esta propuesta fue preparada por el gobierno anterior y se presentó sin reformas para su aprobación en un congreso dominado por la anterior legislatura. Posterior a su aprobación deberá ser revisado puesto que el crecimiento proyectado es de 2,5%, por debajo del 4,2% de presupuesto.
Política
Un hito importante fue la promulgación de la Ley de Convocatoria para las elecciones generales en 2020, por parte de las cabezas del poder ejecutivo, Jeanine Añez, y del legislativo Eva Copa. Esta ley señala que en el plazo más breve debe constituirse el ente electoral, el cual determinará la convocatoria en el plazo más breve posible. El órgano legislativo está evaluando los antecedentes de varios candidatos para liderar el poder electoral y conducir la votación de la manera más transparente, para enmendar el fraude electoral de las elecciones del pasado 20 de octubre. De hecho, la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó el informe final donde demostró la existencia de delitos penales y de errores institucionales en las elecciones. A su vez, la presidenta Añez designó al experto electoral Salvador Romero para conducir este proceso. Al presente, manifestaron abiertamente su intención de participar el expresidente Carlos Mesa y el líder cívico Luis Fernando Camacho, al igual que el partido de Evo Morales.
