Economía
A finales de octubre el Ejecutivo envió dos documentos a la Asamblea: el proyecto de “Ley de Crecimiento Económico” y la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2020. El primero tiene 404 artículos, reforma a una veintena de leyes ya vigentes y trata tres temas principales: reformas de carácter tributario para aumentar los ingresos del fisco (si la ley se aprueba como la envió el Ejecutivo, la recaudación adicional rondaría el 0,7% del PIB), reformas al sector monetario y financiero (incluyen la creación de un directorio para el Banco Central, en principio para darle más autonomía, aunque el Presidente nombraría a los miembros de ese directorio) y reformas fiscales que permitan un manejo más prudente de los recursos públicos (por ejemplo, nuevas reglas macrofiscales y fondos de ahorro). En cuanto a la Proforma, se destaca el esfuerzo del Gobierno por seguir reduciendo el gasto en sueldos y salarios (que bajaría cerca de 5% frente a 2019). No obstante, existe una probable sobrestimación de ingresos (se prevé recibir casi 2% del PIB por monetización de activos) y una subestimación de algunos gastos (por ejemplo, intereses de la deuda), por lo que el déficit podría estar también subestimado.
Política
Luego de los eventos de octubre, el Gobierno se muestra débil y distintos actores están queriendo sacar provecho de esa situación. El movimiento indígena, además de rechazar de plano la opción de focalizar los subsidios a los combustibles (la primera opción del Gobierno era eliminarlos), ahora busca imponer un nuevo modelo económico. Incluso amenaza con nuevas movilizaciones si el Gobierno no acepta. Por otra parte, en la Asamblea el proyecto de “Ley de Crecimiento” ha generado mucho rechazo, tanto por su extensión como por abordar distintos temas. Incluso se ha planteado la inconstitucionalidad de ese proyecto y se ha pedido su archivo. La Proforma también ha generado rechazo de sectores que se sienten afectados (como las universidades), lo que complica la intención del Gobierno de reducir el gasto.
