Economía
La última semana de mayo fue una de las más complejas en la historia económica reciente de México. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de un tweet amenazó a México con imponer aranceles a todas las mercancías, primero de 5% y luego gradualmente llegar hasta 25% si México no ofrecía resultados sólidos en materia de contención de la migración ilegal, principalmente de personas procedentes de Centroamérica. El anuncio motivó nerviosismo en los mercados, el tipo de cambio sufrió una depreciación de 3% de un día a otro, pasando de 19.06 a 19.64 pesos por dólar, nivel en el que se mantuvo hasta el día 10 de junio, cuando quedó claro que la amenaza no surtiría efecto. Los efectos de la aplicación de aranceles implicaban la posibilidad de una crisis económica profunda. De hecho, las primeras estimaciones de instituciones financieras vislumbraron un crecimiento para el año 2019 inferior al 1.0% en caso de que se aplicaran los aranceles, a lo que estamos de acuerdo por la mayor incertidumbre en el ambiente de negocios. De momento hay una aparente tranquilidad ante esta coyuntura; sin embargo, las negociaciones con Estados Unidos seguirán y el riesgo aún existe. Las estimaciones de crecimiento económico permanecen en torno a 1.5% para el cierre de 2019 y 1.9% para 2020. Por otra parte, destaca que la calificadora Fitch degradó la nota de la petrolera mexicana de BBB- a BB+, mientras que Moody’s puso la calificación A3 en perspectiva negativa. La razón de esto es la falta de un plan energético convincente y finanzas públicas bajo presión. Es importante recapitalizar a Pemex y que vuelva a ser uno de los detonadores de crecimiento del País; para ello,
el plan debe incluir al sector privado.
Política
El acuerdo al que los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron implica la obligatoriedad de disminuir los flujos migratorios provenientes de Centroamérica, además de convertir a México en la ventanilla de atención de solicitudes de asilo y en paralelo ofrecer asistencia mientras el proceso culmina. Además, en caso de que algún solicitante logre cruzar la frontera, será enviado a México para cumplir su proceso. Si bien, México no es formalmente un tercer país seguro, se compromete a solventar las necesidades básicas de los migrantes, mientras su solicitud de asilo es atendida, un proceso que actualmente llega a tardar hasta dos años. Se prevé que estas acciones puedan generar presiones a los presupuestos locales e incluso descontento social por parte de los nacionales. Como primera medida, el gobierno mexicano ha dispuesto ya de 6 mil elementos de la guardia nacional y ejército mexicano en la frontera. México no debió esperar una presión externa para hacer modificaciones al estado de derecho. Es claro, hay fuertes vínculos con la comunidad internacional y hay una obligación de ofrecer a los socios comerciales un ambiente de seguridad, de respeto por la ley y certeza económica; sin embargo, son también importantes las responsabilidades para con la población nacional.
