El 11 de marzo el directorio del FMI aprobó el acuerdo que un equipo técnico de ese organismo ya había alcanzado con el Gobierno ecuatoriano. Al momento de redactar este informe se conocen unos pocos detalles del acuerdo por el cual Ecuador recibirá, en los próximos tres años, US$10.200 millones de financiamiento, procedente del propio FMI (US$4.200 millones) y de otros multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la CAF (US$6.000 millones). Del monto total, US$6.700 millones serán de libre disponibilidad y la diferencia estarán atados a proyectos específicos. Respecto a los compromisos del Gobierno, se habría acordado alcanzar un superávit no petrolero a nivel del sector público no financiero, a fin de que la relación deuda/PIB, que en la actualidad está en 46% según la metodología del FMI, pueda ubicarse por debajo del 40% a partir de 2023. El Gobierno, según declaraciones del viceministro de Economía, también se comprometió a elevar en 1,4 puntos del PIB la recaudación tributaria hasta 2021, para lo cual se preparará una reforma tributaria en los próximos meses. También se espera una reforma laboral que permita reducir las actuales rigideces de la normativa y ayude a que el sector productivo recupere competitividad y empiece a generar más empleo, que es uno de los objetivos del acuerdo.
Más allá de los detalles que el Gobierno brinde sobre el acuerdo, cuyo impacto en un primer momento creemos que será recesivo, un tema central para los próximos meses es la capacidad que tendrá el Ejecutivo para que las reformas legales (tributarias y laborales, principalmente, aunque también se espera dotar de más independencia al Banco Central) que envíe a la Asamblea sean aprobadas. Al respecto, cabe señalar que el bloque oficialista, luego de la ruptura entre “correístas” y “morenistas”, es de aproximadamente 40 de un total de 130 asambleístas. Por el lado de la oposición se espera un rechazo intransigente de parte de los “correístas”, mientras que los partidos de derecha (Partido Socialcristiano y CREO) no tienen todavía una posición claramente definida.
Pero ese no es el único tema político que genera incertidumbre en el país. El 24 de marzo, junto con las autoridades seccionales (alcaldes, prefectos y miembros de juntas parroquiales) se elegirá a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este organismo, creado en la Constitución de 2008, es el encargado de nombrar a las principales autoridades de control del país y sirvió para que el Gobierno anterior montara una estructura de control que le fue funcional. Una parte de esa estructura ha sido desmontada en los últimos meses por un CPCCS transitorio conformado después de la última consulta popular, en la que se cesó en sus funciones a los vocales anteriores. El nuevo Consejo deberá estar conformado por siete miembros (tres mujeres, tres hombres y un representante de las minorías), pero los candidatos a ocupar esos puestos no pueden pertenecer a partidos políticos. Eso ha ocasionado que los 43 postulantes sean personas desconocidas para la mayoría de los ecuatorianos y muchos temen que entre los candidatos haya “correístas camuflados” que busquen retomar el control de una buena parte de la institucionalidad nacional. En ese contexto, en las últimas semanas ha tomado fuerza la campaña por anular el voto en esa elección. El objetivo de quienes promocionan el voto nulo es, más allá del resultado final, enviar una señal clara de rechazo a la existencia del CPCCS, a fin de que el Gobierno convoque a una nueva consulta para eliminar ese organismo. No obstante, esa opción también tiene detractores por dos motivos principales: i) aún no está clara la forma en que se contabilizarán los votos nulos frente a los válidos; y, ii) se teme que el voto nulo sea mayoritario entre “anticorreístas” y, por tanto, los candidatos afines al expresidente sean quienes terminen cooptando el Consejo.
