La actividad legislativa siempre se ve resentida en los años electorales. Ello se puede corroborar viendo los registros de actividad legislativa históricos, donde el promedio de leyes sancionadas se reduce de 133 en años no electorales, a 115 en los años electorales. Esa actividad se verá aún más resentida en este particular 2019 por dos motivos: 1) un calendario electoral muy cargado de elecciones provinciales a lo largo del todo el año, y 2) la incertidumbre electoral presidencial, que no deja ver con claridad quién gobernará el país a partir del 10 de diciembre.
Claramente habrá temas que no podrán ser discutidos en el año electoral, y entre ellos destaca la despenalización del aborto. El nivel de conflictividad que generó el debate durante el año pasado llevó a todos los espacios a preferir evitar el tema este año electoral para no agregarle tensión al interior de los diferentes partidos, en momentos en los que están compitiendo en elecciones. Algo parecido pasaría con el debate del Nuevo Código Penal, que el oficialismo ya tiene redactado y que debería ser discutido en el Congreso para su aprobación final.
Hay otros temas que también tiene una suerte de veda en momentos electorales, como todo tipo de Reforma Electoral que pretenda modificar las reglas de juego (voto electrónico y lista única).
La dinámica legislativa estará condicionada por el contexto electoral y por la instancia de minoría del oficialismo en el Congreso. Estas dos condiciones hacen prever que solo prosperarán aquellos proyectos con un sentido más electoralista (medidas para Pymes, beneficios impositivos, Régimen Penal Juvenil, etc.).
El riesgo con el que convivirá el oficialismo es que, por no tener total control de lo que se debata y se apruebe en el recinto, cada vez que quiera avanzar con la sanción de una ley, deberá mensurar el riesgo de facilitarle a la oposición un escenario propicio (el recinto) para hacer campaña contra el Gobierno o aprobar medidas que el oficialismo luego tenga que vetar.
