Economía:
El gobierno divulgó en semanas previas el plan de desarrollo para el quinquenio 2021-25 así como el presupuesto 2022. Estas leyes apuntan a un fuerte énfasis en retomar la industrialización con sustitución de importaciones, una política popular pero infructuosa en Latinoamérica a mediados del siglo pasado, con la construcción de fábricas de medicamentos y productos industriales básicos el siguiente año. Pese al fuerte énfasis en el fortalecimiento estatal, no se visualizan políticas para revertir la declinación del sector hidrocarburos y minería. En lo público, ensalza el rol de la demanda interna promovida por la inversión pública, mientras que, en lo privado, ambos documentos oficiales señalizan que aumentará la fiscalización a las empresas en los ámbitos laboral y ambiental, deteriorando aún más el clima de negocios en el país. En este entorno, la evolución reciente de la actividad apunta a que el crecimiento este año estará en torno a 6%, con una fuerte desaceleración a 3% en 2022.
Política:
El líder cívico potosino y excandidato a la vicepresidencia Marco Pumari fue detenido preventivamente por la fiscalía boliviana, acusado de ser responsable de la quema del tribunal electoral de su departamento durante los conflictos políticos de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales. La oposición ve esta detención como una señal de persecución a los líderes cívicos y políticos que estuvieron contra la reelección de Morales por los indicios de fraude electoral encontrados por la Organización de Estados Americanos en 2019. Sin embargo, el partido de Morales retornó al poder a través de Luis Arce en noviembre del año pasado y éste último ha mostrado una posición contraria al rol de la oposición en 2019 apelando a que la justicia procese a los líderes de esos eventos. Además, ha mostrado su peso político en las calles mediante una marcha masiva hacia la sede de gobierno (La Paz) a la cabeza de Morales y Arce a fines de noviembre, pero con acusaciones de alta participación de funcionarios públicos.
